Energías Renovables en la Guajira: el dilema entre el clima
Inicio COLUMNA ESPECIAL DEL DÍA Energías Renovables en la Guajira: el dilema entre el clima y la protección ambiental

Energías Renovables en la Guajira: el dilema entre el clima y la protección ambiental

Escrito por Yolima Vargas

Es importante que Colombia apresure la implementación de proyectos de energías renovables, pero es un error sacrificar los controles ambientales para lograrlo. Se deben desarrollar esos proyectos para disminuir emisiones, y a la vez garantizar la protección de la biodiversidad, pues de esto también depende la regulación del clima, además de ser la fuente de las contribuciones de la naturaleza, para la comunidad guajira.

Aunque la ministra de ambiente Susana Muhammad y el director de la ANLA —Autoridad Nacional de Licencias Ambientales— Rodrigo Negret fueron activistas que se opusieron a los recortes del licenciamiento ambiental para acelerar la “locomotora mineroenergética”, hoy deben apoyar los planes presidenciales de disminución del licenciamiento, para acelerar los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER), por ahora, en la Guajira.

El artículo 8 del proyecto de Ley: “Transición Energética Justa del departamento de La Guajira”, radicado por el ministro de minas y energía Andrés Camacho Morales en la Cámara de Representantes, plantea sin ninguna justificación ambiental la disminución del licenciamiento para proyectos de Energía Renovable – FNCER a 3 meses, es decir entre 50 y 60 días hábiles, lo que en la práctica dejaría solo 10 días para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental – EIA- y la visita al proyecto.

En los 90s Colombia fue modelo mundial por su robusta legislación ambiental. La Ley 99, por ejemplo, le daba un máximo de 225 días hábiles a la autoridad ambiental para resolver las solicitudes de licencias; similar a los 250 días hábiles incluidos en la guía de buenas prácticas de la OCDE para países del Este Europa y Asia Central[1]. Pero durante los gobiernos de Uribe y Santos el proceso de licenciamiento fue desmantelado, dando lugar al licenciamiento exprés vigente en Colombia, que obliga a la ANLA a otorgar licencias en 90 días hábiles. En la práctica este plazo es casi imposible de cumplir.

¿Podrían la ANLA o Corpoguajira realizar un correcto proceso de licenciamiento ambiental en menos de tres meses? Es dudoso. Ni si quiera duplicando la fuerza de trabajo este tiempo alcanzaría para poder hacer una revisión seria de los Estudios de Impacto Ambiental.  Como se lee en la página Web de la ANLA[2], centrando todos los esfuerzos de la Agencia, en el 2023 se otorgaron 17 licencias ambientales a proyectos de energías renovables – FNCER en la Guajira. En uno de ellos, el Parque Eólico Trupillo, la Agencia tardó seis meses (120 días hábiles) en dar la licencia, después de que en el 2022 la firma interesada hubiera presentado un estudio de impacto ambiental lleno de falencias.

A las empresas trasnacionales y nacionales interesadas en estos proyectos no les gustan las licencias ambientales, porque implican más tiempo y recursos para realizar los proyectos. Pero en realidad el licenciamiento genera confianza entre el país y las empresas, y a futuro ahorra muchos dolores de cabeza y dinero.

Lo cierto es que el lobby de los proyectos de energías renovables presiona al gobierno del presidente Petro, para implementar estos proyectos sin mayores requisitos.  No es algo único de Colombia. En España también está pasando, en parte por:

  1. nuevas regulaciones europeas debido a la crisis de abastecimiento energético, como consecuencia del conflicto Ruso Ucraniano y,
  2. como justificación a la descarbonización.

Pero de fondo también obedece al gran lobby de empresas trasnacionales, que se repiten entre Europa, España y Colombia[3].

Se ha vuelto común leer en medios de comunicación, que el trámite de licencias ambientales en Colombia demora los proyectos de energías renovables, lo que impulsa la idea de que el licenciamiento es solo un estorbo. Pero esto es erróneo.

Tras la crisis ambiental mundial, en 1983 surgió el desarrollo sostenible como una teoría económica, ratificada por las leyes de Colombia, que busca satisfacer las necesidades presentes, teniendo en cuenta a las generaciones futuras. Y una de sus principales estrategias es el licenciamiento ambiental, que pretende evaluar la viabilidad de diferentes actividades humanas, así como manejar sus impactos socioambientales.

Las energías renovables también generan impactos

La casi eliminación de licencias ambientales, para acelerar proyectos de energías renovables, se presenta como una política para combatir el cambio climático, pero en la práctica es una amenaza para la biodiversidad, cuya pérdida es lo que se busca detener, como una de las consecuencias del cambio climático.

Las energías renovables también pueden generar graves impactos ambientales que afectan a las personas, y éstos deben ser evaluados con rigurosidad para encontrar soluciones que permitan su manejo y garantizar a futuro su viabilidad. El licenciamiento ambiental no es un obstáculo, sino una herramienta para que estas actividades se hagan de la mejor manera posible, planeándolas, manejando sus impactos, generando compensaciones cuando sea necesario y haciendo seguimiento a su cierre al finalizar su vida útil.

Grandes complejos de energía eólica pueden afectar la biodiversidad. En especial de especies de aves migratorias, al alterar sus rutas de vuelo, lugares de descanso y de alimentación. De acuerdo a Corpoguajira y Conservación Internacional[4], dentro de su gran extensión de desierto, la Guajira tiene varios humedales a lo largo de la línea de costa, de gran importancia para aves migratorias; de 263 especies encontradas 63 son migratorias y 7 incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES.

Otro ejemplo son los proyectos eólicos offshore o marinos. Éstos también pueden afectar la biodiversidad, alterar el hábitat y migración de especies marinas, generar ruido submarino, cambios en las corrientes y circulación de los nutrientes, cambios en la erosión marina y calidad del agua, que entre otros podrían afectar actividades de pesca.

Los anteriores, son impactos que pueden mitigarse, y el método para hacerlo son Estudios de impacto Ambiental rigurosos, así como procesos robustos de licenciamiento ambiental y seguimiento, que puedan permitir su manejo al realizar una planeación y ubicación adecuadas, así como un constante monitoreo. ¿Debe renunciar la Guajira a ello, por ceder al lobby de las empresas interesadas?

En el pasado la falta de planeación, control y abandono estatal condenaron a la Guajira a muchos impactos socioambientales y sufrimiento que pudo evitarse. ¿Por qué repetir la historia, cuando se tiene la oportunidad de hacerlo mejor esta vez?

[1] OCDE. 2015. INTEGRATED ENVIRONMENTAL PERMITTING GUIDELINES FOR EECCA COUNTRIES.

[2] https://www.anla.gov.co/noticias-anla/la-anla-da-viabilidad-ambiental-a-dos-proyectos-de-fuentes-no-convencionales-de-energia-renovable-fncer-en-la-guajira

[3] https://forbes.co/2021/04/12/editors-picks/83965

[4] https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/07/AVES-Costeras.pdf

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies