Voto electrónico en Colombia: ¿es buena idea?
Foto: Wikimedia Commons

Voto electrónico en Colombia: ¿es buena idea?

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A dos meses de las elecciones presidenciales, los mecanismos de voto siguen siendo los tradicionales. Algunos quisieran ver modificaciones para adaptar el voto electrónico. Pero la evidencia técnica y la experiencia latinoamericana sugieren que la alternativa puede causar más problemas que soluciones.

El voto sigue siendo una de esas pocas acciones en las que tienes agencia real sobre tu futuro. En un país donde la distancia entre ciudadanos e instituciones es enorme, marcar un tarjetón sigue siendo un acto de poder. Y aun así, cada ciclo electoral, alguien hace la misma pregunta: ¿por qué seguimos votando con papel y lápiz en pleno siglo XXI?

La pregunta parece razonable. Haces transferencias bancarias desde el celular. Firmas contratos digitales. Declaras impuestos en línea. ¿Por qué no puedes votar así? El voto es más que una transacción: es un acto de legitimidad. La evidencia acumulada por expertos en criptografía y seguridad informática demuestra que digitalizar no es la mejor opción. El problema no radica en las formas, sino en lo que está en juego.

Para implementar el voto de forma electrónica, hay dos sistemas: uno en Brasil y otro en Argentina. Los que tienen internet y los que no. A lo largo de este artículo, discutiremos cada uno de ellos con sus pros y contras. Pero antes, hay que entender algo: 

Las tres leyes de los sistemas informáticos 

El criptógrafo mexicano Francisco Rodríguez-Henríquez ya ha realizado investigaciones sobre los aspectos criptográficos del voto electrónico. Para hacerlo, tuvo en cuenta tres leyes que rigen la seguridad de cualquier sistema de información. 

La primera ley: -«los sistemas absolutamente seguros no existen». Esta es una limitación técnica que no se supera con más inversión ni con mejores ingenieros. Es una condición de todos los sistemas de información. Cuando el Tribunal Superior Electoral de Brasil declaró que sus máquinas de votación eran «100 % seguras», lo que decía era técnicamente imposible.

La segunda ley: para reducir la vulnerabilidad a la mitad, hay que duplicar la inversión. La seguridad sigue una curva de rendimientos decrecientes. Cada mejora exige recursos exponencialmente mayores. Eso impone un techo práctico a lo que cualquier sistema de voto electrónico logra, sobre todo en países con recursos limitados como Colombia. 

La tercera: «la criptografía no se penetra, se evade». Quienes quieren alterar los resultados de una votación electrónica no alteran los sistemas de encriptación. Explotan las fallas de implementación: errores humanos, almacenamiento inseguro de claves, prácticas de desarrollo descuidadas, vacíos en el diseño.

Brasil: la ficción del sistema invulnerable

Las elecciones brasileñas registran a más de 140 millones de votantes. La participación ronda el 79%. Desde el año 2000, el país opera un sistema completamente electrónico basado en máquinas de grabación directa (DRE, por sus siglas en inglés) sin respaldo en papel. 

No obstante, un grupo de investigadores de la Universidad de Brasilia documentó una realidad muy distinta. La investigación «The Return of Software Vulnerabilities in the Brazilian Voting Machine«. Identificaron seis vulnerabilidades graves.

El mecanismo de aleatorización de votos, diseñado para desvincular la identidad del votante del contenido de su voto, presentaba fallas explotables. Las claves criptográficas se compartían de forma masiva y se almacenaban sin protección, lo que generaba una exposición sistémica. El sistema no garantizaba el secreto del voto ni la integridad del software o de los resultados. Otra falla que encontraron fue que el proceso de desarrollo carecía de controles de seguridad. El modelo de amenazas era incompleto. Y la cultura institucional era cerrada, resistente a las auditorías independientes.

Ninguna de estas fallas fue un quiebre de la criptografía. Todos fueron problemas de implementación, de proceso, de cultura institucional. 

Argentina: el diseño híbrido que no funcionó

El caso argentino es distinto. En junio de 2015 el Congreso aprobó el sistema Vot.Ar, basado en la Boleta Única Electrónica (BUE). Aquí el votante selecciona su opción en una pantalla táctil, la máquina imprime la selección en una boleta electrónica y esta se deposita en una urna tradicional. La idea era combinar lo electrónico con la seguridad del papel.

Nueve investigadores argentinos publicaron un estudio titulado «Vot.Ar: una mala elección» que expuso las fallas del sistema. Encontraron que terceros no autorizados lograban leer la información almacenada en la boleta electrónica. El secreto del voto quedaba comprometido. Peor todavía, personas externas accedían a la máquina de votación. Eso les permitía forzar comportamientos incorrectos, cancelar o modificar votos, y extraer datos del sistema.

La «huella de papel» que supuestamente protegía el proceso resultaba ineficaz porque el componente electrónico de la boleta era vulnerable. El diseño híbrido también falló. 

Foto: Zapala Argentina

Aún así… 

Todo sistema de voto electrónico debe cumplir simultáneamente once criterios de seguridad: autenticación, privacidad del votante, verificabilidad, integridad del voto, precisión, simplicidad, flexibilidad, unicidad, transparencia, auditabilidad y resistencia a la coerción. Varios de estos criterios se contradicen entre sí. 

Pensemos en algunos casos: para autenticar al votante, el sistema necesita saber quién vota. Pero para proteger su privacidad, no debe saber cómo votó. El sistema tiene que identificar y anonimizar simultáneamente. Si el sistema le entrega al votante un comprobante de que su voto fue contado correctamente, ese mismo comprobante lo utiliza un comprador de votos. La verificabilidad y la resistencia a la coerción pueden chocar. Para auditar una elección necesitas acceso a los datos. Para garantizar el secreto del voto necesitas negar ese acceso. No hay solución técnica para esto. Todo sistema de voto electrónico termina por sacrificar algo. Y decidir qué se sacrifica es una decisión política. 

¿Y Colombia?

A todo lo anterior súmale las condiciones del país. Implementar el voto electrónico en Colombia obligaría a desplegar campañas masivas de alfabetización digital en todo el territorio. Eso resulta institucionalmente complejo cuando aún no existe cobertura móvil completa en las zonas rurales. La conectividad y la infraestructura digital en gran parte del territorio siguen siendo precarias. Las regiones donde más se necesitaría garantizar la integridad del proceso son las que presentan condiciones técnicas más frágiles.

Los costos aumentan si consideramos todo el hardware, el software, las licencias y las certificaciones que requieren renovación y mantenimiento. Las auditorías externas capaces de manejar el nivel de procesamiento de datos que exige una elección nacional son costosas. Pocos actores en el país tienen la capacidad de realizarlas, y no se puede garantizar su transparencia ni su ausencia de interferencia. 

Ahora, si nos vamos a la ciberseguridad, tenemos otro problema: una base de datos electoral centralizada y digital es un objetivo para cualquiera interesado en datos personales, como nombres, direcciones y números de identificación, de millones de ciudadanos. Se pueden vender fácilmente en la deep web. No hay que olvidar que la Registraduría ya ha sufrido este tipo de ataques. 

Existe también una dimensión generacional. Para los adultos mayores, el cambio podría funcionar no como un incentivo para votar sino como un obstáculo y un disuasor, cuando lo que en realidad necesitamos son votaciones más incluyentes. 

Lo que sí debería hacerse

Sin duda, el sistema actual está lejos de ser perfecto y la tecnología sí tiene un papel que jugar. Hay un fuerte argumento a favor de incorporar máquinas de votación electrónica como herramienta de accesibilidad. Para personas con discapacidad auditiva, físico-motora o visual, una interfaz digital con asistencia de audio o pantalla táctil adaptada marca la diferencia entre ejercer el derecho al voto o no. Esto puede hacerse implementando solo una máquina por puesto de votación y no para todo el mundo. 

El voto electrónico simplifica los tarjetones complejos, acelera el conteo y reduce los costos de imprenta a largo plazo. Son beneficios que no representan poca cosa. Pero debes ponderarlos frente a riesgos que, como muestran los casos brasileño y argentino, son varios. 

El único país que ha logrado implementar el voto electrónico en línea a escala nacional, con resultados aceptables, es Estonia. Pero Estonia tiene 1,3 millones de habitantes, un sistema de identidad digital consolidado desde hace décadas y una infraestructura tecnológica que no admite comparación con la colombiana.

No todo debe ser digital

Hay muchas personas brillantes realizando trabajo valioso en protocolos criptográficos de votación. La sociedad debería financiarlas y alentarlas. Pero las elecciones deberían seguir realizándose manualmente. No es una posición antitecnológica, aunque suene así. La brecha entre la teoría y su implementación segura en el mundo real sigue siendo demasiado amplia como para ponerla a prueba en elecciones con consecuencias reales.

En  el libro «Ensayo sobre la lucidez», José Saramago escribió algo que aplica a este caso: «La experiencia nos ha enseñado que hasta las más perfectas y acabadas ideas pueden fracasar cuando llega la hora de su ejecución, tanto por vacilaciones de última hora como por el desajuste entre lo que se esperaba y lo que realmente se obtuvo». Algunas cosas merecen seguir siendo manuales, análogas, tangibles, vintage. El voto —ese pequeño acto de poder individual— es una de ellas. Al menos por ahora. 

Le recomendamos: Anatomía de las candidaturas presidenciales

Acerca del autor

Carolina Barrios Martínez
cbarrios@razonpublica.org | + posts

*Politóloga y periodista de la Universidad del Rosario. Voluntaria en la Campaña Colombiana Contra Minas y varias organizaciones de la sociedad civil.

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Carolina Barrios Martínez

*Politóloga y periodista de la Universidad del Rosario. Voluntaria en la Campaña Colombiana Contra Minas y varias organizaciones de la sociedad civil.

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