Cielos armados: cómo los drones cambiaron la guerra en Colombia

Con 418 ataques registrados entre 2024 y 2025, los drones no son simples instrumentos de vigilancia: son armas de guerra al alcance de grupos armados no estatales. Colombia enfrenta una amenaza híbrida para la cual el Estado todavía no tiene respuesta.

La guerra ya no se oye: ahora zumba 

Un zumbido que se puede confundir con el de un enjambre de abejas puede ser un dron, un vehículo aéreo no tripulado (VANT) sobrevolando el territorio. Colombia enfrenta hoy una amenaza híbrida que combina tecnología de bajo costo con capacidad letal. 

Este artículo analiza algunos de los retos que trae esta tecnología para el país y herramientas del Desarme Humanitario para contenerla y proteger a la población civil. 

Según cifras oficiales, se han producido al menos 418 ataques entre 2024 y 2025. El costo humano fue de 10 civiles asesinados, 43 heridos, 16 soldados del Ejército muertos, un efectivo de la Armada fallecido, 216 militares heridos, dos policías asesinados y 42 uniformados heridos. En total, 328 personas resultaron afectadas, entre heridos y fallecidos. 

La guerra está cambiando y se pelea también desde el aire, con dispositivos que un adolescente puede comprar en línea y que pueden convertirse en instrumentos mortales. 

Colombia no está sola en este desafío. Brasil, Haití, México y El Salvador también han documentado el uso de VANTs por parte de grupos no estatales y organizaciones criminales. Pero la particularidad colombiana —un conflicto armado que lleva décadas, múltiples actores no estatales y una geografía variada hacen que el problema sea especialmente complejo.

Del juguete al arma

El «dron» suena a juguete navideño, a un camarógrafo captando vistas aéreas de un páramo o una laguna, y esa asociación es parte del problema. Los vehículos aéreos no tripulados son una tecnología de doble uso: pueden fotografiar cosechas o detectar incendios forestales, pero también pueden cargar artefactos explosivos improvisados (AEI), transmitir información de inteligencia en tiempo real o actuar como herramientas de vigilancia y reconocimiento para grupos armados. 

En Colombia, los actores no estatales ya los utilizan en ambas modalidades. El ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC —los tres principales actores armados ilegales del país— han incorporado estos dispositivos a sus arsenales. Los utilizan para el reconocimiento de terrenos y posiciones militares, vigilancia de rutas y control territorial, ataques directos mediante el lanzamiento de AEI y el acaparamiento y protección de recursos estratégicos como cultivos ilícitos, corredores de tráfico y Minas Antipersonal (MAP).

Esta ventaja táctica tiene implicaciones directas para la seguridad humana. Cuando un actor armado controla el espacio aéreo de un territorio tiene acceso la información que fluye en él, los movimientos de la población civil y la capacidad del Estado de intervenir. El dron va más allá del ataque: vigila, intimida y genera desplazamientos. 

Ventaja para los ilegales, desventaja para el Estado

Mustafa Suleyman —cofundador de DeepMind y uno de los grandes pensadores sobre los riesgos de la inteligencia artificial— advierte que la tecnología es, en esencia, una amplificación de la naturaleza humana: saca lo mejor y lo peor de lo que somos. Y como toda amplificación, se acelera sin que nadie la dirija por completo.

Las ideas de Suleyman aplican en Colombia. Las herramientas de destrucción se están mercantilizando y democratizando: entrar a la guerra cuesta menos, en términos materiales y humanos. Atacar es más rápido y barato. Y eso implica que la asimetría entre el Estado y los grupos armados ilegales se está invirtiendo en el plano tecnológico.

Los Estados del mundo, incluido Colombia, van de crisis en crisis apagando incendios. Eso les deja poco margen de maniobra para entender a fondo tecnologías como los algoritmos, la biología sintética o las armas autónomas. La ciudadanía y sus dinámicas se han vuelto ilegibles e incontrolables para las instituciones públicas, lo que hace que la regulación de los VANT esté lejos de ser una prioridad política real para quienes no están directamente involucrados en asuntos de seguridad.

Mientras tanto, los actores no estatales no tienen esas restricciones. No deben ceñirse a presupuestos preestablecidos, no enfrentan procesos de contratación pública, no rinden cuentas a organismos de control. Compran, adaptan y despliegan. El Estado, en cambio, opera en un marco de restricciones legales marcadas por el Derecho Internacional Humanitario, límites presupuestales y de personal que lo pone en desventaja.

Los retos que no estamos enfrentando

El panorama de los VANT en Colombia excede lo militar y afecta los pilares del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de la población civil:

¿Quién dispara los drones que matan en el Catatumbo? ¿Quién ordenó el sobrevuelo sobre esa vereda? Determinar la autoría de un ataque con VANT es difícil y jurídicamente difuso. 

Eso significa que no es fácil llevar ante la justicia a quienes violan el DIH en estas operaciones. El principio de responsabilidad —uno de los pilares de la justicia transicional y del Derecho Humanitario no están siendo evaluados en este tipo de ataques. 

Otro problema serio es la deshumanización del combate mediante dispositivos remotos como los VANT. Cuando hay una distancia entre el operador y la herramienta que produce la muerte, el acto de matar pierde su peso psicológico. A diferencia de un combate cuerpo a cuerpo o en el área de operaciones, el operador de un VANT observa su objetivo a través de una pantalla, como si jugara un videojuego. Esta “gamificación” de la guerra debilita  los frenos morales y facilita la comisión de crímenes contra civiles. 

Otro riesgo de los VANT es la disputa de los campos electromagnéticos y aéreos. Los VANT operan en frecuencias electromagnéticas específicas, lo que convierte el espectro radioeléctrico en un nuevo campo de batalla. El hackeo de drones, los sistemas de bloqueo de señal (jammers) y los equipos de interceptación ahora son activos estratégicos. Los VANT son sistemas frágiles e interconectados: una vez interceptados, pueden caerse y perderse. Esto añade una dimensión de guerra electrónica al conflicto colombiano que las instituciones apenas están comenzando a entender.

Colombia todavía no ha vivido ataques coordinados con múltiples drones operando en forma de enjambre, pero esto es solo cuestión de tiempo. Los actores no estatales están aprendiendo de los conflictos en Ucrania, Gaza y Myanmar. Cuando ese salto tecnológico ocurra en el país, las capacidades de respuesta del Estado serán insuficientes si no se fortalecen desde ahora.

Existe un riesgo paralelo: que la incapacidad del Estado para contrarrestar los VANT acabe por justificar el uso de tecnologías de vigilancia masiva en los territorios. Un dron gubernamental que ‘protege’ también puede convertirse en un mecanismo permanente de vigilancia sobre comunidades enteras, erosionando derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de movimiento y la autonomía territorial de las comunidades —como hoy sucede en Haití o en El Salvador. 

Uno de los principales riesgos para la población civil en Colombia es la desinformación sobre los VANT. Los habitantes de las áreas rurales más afectadas por los ataques muchas veces desconocen qué es exactamente un VANT, cómo distinguir un dron recreativo de uno armado, o qué deben hacer si uno sobrevuela su territorio. La desinformación se vuelve una vulnerabilidad adicional que facilita el control de los grupos armados sobre las poblaciones locales.

No se pueden prohibir: hay que contenerlos

Prohibir la circulación de VANT es imposible. Son tecnologías de uso civil masivo, de venta libre, accesibles globalmente. Pretender su erradicación desconoce la realidad. Lo que sí es posible y urgente es construir a los mecanismos de contención y prevención. 

Desde esa perspectiva, cuatro líneas de acción resultan prioritarias:

1. Difundir información sobre los VANT entre las poblaciones susceptibles de ataque, para que los civiles puedan identificar la amenaza, reportarla y protegerse.
2. Crear protocolos de asistencia a sobrevivientes y víctimas de ataques con VANT, que incluyan atención psicosocial, médica y jurídica diferenciada.
3. Establecer y difundir líneas de reporte y denuncia para que los civiles puedan alertar a las autoridades sobre la presencia de estos dispositivos en sus territorios.
4. Mantener un registro riguroso y actualizado de la adquisición y operación de VANT, tanto por parte de actores estatales como de particulares, que permita rastrear desvíos y usos indebidos.

Estas medidas pueden marcar la diferencia entre una comunidad completamente desprotegida y una que tiene herramientas de resiliencia ante el conflicto armado. La tecnología debe adaptarse a las personas y no al contrario. Eso requiere voluntad política, inversión pública y, sobre todo, reconocer que los problemas sociales no se resuelven solo con tecnología —pero tampoco sin ella.

No hay que olvidar que la tecnología se fabrica para generar ganancias. Y en la medida en que la destrucción sea rentable, estos y muchos otros dispositivos seguirán produciéndose, vendiéndose y llegando a manos de quienes paguen más. Los Estados y actores no estatales continuarán buscando ventajas geopolíticas y militares. Y lo harán.

La pregunta que Colombia debe hacerse es cómo construir una sociedad más resiliente, más informada y capaz de proteger a sus ciudadanos frente a una guerra que ya no tiene fronteras físicas ni horarios. Una guerra que suena como un enjambre de abejas, o a veces, no hace ningún ruido.

Le recomendamos: Seguridad fragmentada en 2025: expansión armada y persistencia de la violencia