El Pa´lo mismo o lo que no debe volver

A mediados de marzo apareció en la red un mensaje ingenioso y divertido: ¿Muere el uribismo, Nace el pa’ lomismo? Aunque la primera frase es poco cierta, la segunda es un juego creativo e irónico de hechos y verdades.

Paloma Valencia es de los precandidatos de la derecha uribista la que tiene un poco más de formación intelectual, si bien su ideología es muy elemental: presentarse en sus volantes como “la de Uribe”, decir que “Uribe es mi papá” y afirmar en la entrevista del domingo 15 de marzo a El Tiempo que si es elegida presidenta le consultará a Uribe todos los días, la ubica en una herencia problemática.

Uribe Vélez tiene el mérito histórico de haber golpeado militarmente a las Farc durante su gobierno y haberles propinado una derrota estratégica que posibilitó que el presidente Santos pudiera posteriormente negociar la paz con una guerrilla debilitada, aunque no postrada. Ese logro, que le dio un 70-80 % de favorabilidad durante su mandato (dos indicadores fueron la expulsión de los frentes de las Farc de Cundinamarca y haberlas golpeado en sus refugios selváticos antes inexpugnables con el Plan Patriota), ha sido opacado por el descubrimiento progresivo de los crímenes y delitos que lo acompañaron: su alianza con los paramilitares y más de 50 parapolíticos que fueron juzgados y condenados por sus acuerdos políticos y electorales con los paras; los crímenes y abusos  de sus aliados paramilitares contra los campesinos asesinados, despojados y desplazados  por esas fuerzas de la barbarie y el terror; como también las 6.402 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres cometidas por las Fuerzas Militares para hacerlos pasar como guerrilleros, aumentar el número de bajas y obtener algunos beneficios materiales.

El desempeño institucional del gobierno de Uribe Vélez dista mucho también de ser un modelo: un Departamento Administrativo de Seguridad DAS, bajo Jorge Noguera Cotes, dependiente directamente del presidente de la República, convertido en una policía política para amenazar periodistas y opositores y brindarle información a los paramilitares sobre sindicalistas y académicos a asesinar en la Costa Caribe; luego su directora María del Pilar Hurtado, interceptando ilegalmente los teléfonos de magistrados, periodistas, políticos, críticos u opositores del gobierno, llegando incluso a instalar micrófonos ocultos para escuchar las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a través de una espía que el periodismo llamó la “Mata Hari”. Recordar también los montajes judiciales contra el investigador estrella de la parapolítica, el magistrado Iván Velásquez, apoyándose en testimonios falsos del paramilitar “Tasmania” quien luego se retractaría. 

Buena parte del aparato burocrático de Uribe Vélez se puso al servicio de la compra del voto de los parlamentarios Teodolindo Avendaño y Yidis Medina para aprobar en el Congreso su reelección. Avendaño y Medina van a ser juzgados y condenados por la justicia por vender su voto. Pero también van a ser procesados y condenados el exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, el exministro de la Protección Social Diego Palacios y el ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez. Recientemente la Corte Constitucional negó una tutela a Bernardo Moreno, ex secretario general de la presidencia durante el gobierno Uribe y ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, condenado también por usar su cargo para sobornar a Yidis Medina y para acceder a información reservada sobre los magistrados de la Corte Suprema “en el marco de las chuzadas del DAS. El editorial de El Espectador subraya que es clave seguir hablando de estos casos judiciales porque “tanto Moreno como miembros del uribismo han insistido en todos los espacios judiciales que esto se trata de una persecución y han negado los hechos que han sido probados ante los estrados”.

Si bien Uribe revive hoy como figura pública por las debilidades de la paz total del gobierno del Pacto Histórico y por el agravamiento de la inseguridad en varias regiones (Pacífico, Cauca, Catatumbo, Arauca), a la luz de lo que la justicia y la investigación social conocen ya de los fenómenos delincuenciales y criminales que acompañaron a la “seguridad democrática”, la opinión pública bien informada no puede considerarla como una política deseable para la Colombia de hoy. Hay que inventarse otra política de seguridad y si es la izquierda la que llega al poder con el candidato Iván Cepeda, tendrá que ir más allá de la seguridad humana y  la equidad, para asumir con seriedad y conocimiento los temas de la seguridad militar y policial.

Una eventual llegada de Paloma a la Presidencia resultaría altamente problemática: no solo por su defensa incondicional de Uribe y su gobierno, en un contexto en que amplios sectores de colombianos abrieron sus ojos ante lo sucedido en aquellos años, sino además, por su odio al ex presidente Juan Manuel Santos al que sigue considerando “traidor”, de cuyo gobierno no acepta el proceso de paz con las Farc ni 

las instituciones de la Justicia Transicional derivadas de ese acuerdo e integradas a la constitucionalidad. 

Un último elemento a considerar en un eventual gobierno del Pa´ lo mismo, es la recurrente descalificación de la izquierda, ya que después del proceso de paz de Santos con las Farc se ha roto definitivamente la asociación simbólica izquierda=guerrilla, dominante durante tantos años en la cultura política colombiana. Luego de los cuatro años de Gustavo Petro y de las elecciones del 8 de marzo -aún si Cepeda no gana la presidencia-, la izquierda llegó para quedarse y ser parte integrante y aportante del sistema político colombiano. Con ella no se puede plantear hoy la vieja política de estigmatización y exclusión.