Amazonia: la realidad detrás de la “segunda cifra más baja”

Detrás de ese titular tan positivo hay algo que preocupa: la deforestación creció 74% respecto al año anterior. Más de 113.000 hectáreas fueron destruidas en un solo año. Estas cifras no incluyen la degradación de bosques, que podría duplicar la superficie afectada.

El 31 de julio, el Ideam anunció que en 2024 Colombia alcanzó la “segunda cifra de deforestación más baja de la historia”. El Gobierno celebró el dato como prueba de que sus políticas ambientales están funcionando. Pero detrás de ese titular tan positivo hay algo que preocupa: en la Amazonia —la región más estratégica para el clima y la biodiversidad del país— la deforestación creció 74% respecto al año anterior. Más de 113.000 hectáreas fueron destruidas en un solo año. Estas cifras no incluyen la degradación de bosques, que podría duplicar la superficie afectada.

Es verdad que el país avanzó en algunos aspectos, pero este crecimiento en la Amazonia revela un problema estructural: las cifras nacionales esconden la emergencia en los núcleos más frágiles. Los números totales pueden sonar bien, pero la situación en la Amazonia cuestiona si realmente estamos mejorando nuestro cuidado del medio ambiente. 

La situación que se agrava 

Para quienes seguimos de cerca el pulso de la Amazonia, este repunte no fue una sorpresa. La aparente mejoría de 2022 y 2023 coincidió con dos o tres años de lluvias intensas asociadas al fenómeno de La Niña, que, entre otras actividades, dificultaron el uso del fuego. No fue “el” resultado de una transformación institucional ni un cambio de gobernaza. Con el retorno de la sequía y temperaturas más altas en 2024, regresaron las motosierras y las quemas, impulsadas por actores y motores conocidos: acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, cultivos ilícitos, minería ilegal y expansión vial no planificada.

La situación se agrava porque el control del territorio está cada vez más en manos de estructuras ilegales que se reorganizaron después del Acuerdo de paz, por un lado, y del Covid, por otro. La Amazonia colombiana se ha convertido en un corredor de economías criminales que operan sin límites fronterizos. Disidencias de las FARC, el ELN, grupos brasileños como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, entre otros, controlan rutas, protegen actividades extractivas ilegales y determinan quién entra y quién sale de ciertas zonas. Durante la pandemia, el Estado se retiró parcialmente; ese vacío aún no se ha revertido.

La pérdida de bosques es solo una parte del problema: la deforestación libera millones de toneladas de carbono, altera patrones de lluvia, fragmenta hábitats únicos y pone en riesgo a comunidades que dependen del bosque. Líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados por protegerlo. Pero igual de grave es cómo se presenta esta realidad ante la opinión pública. Cuando las cifras son buenas, se celebran; cuando no, la responsabilidad se diluye entre gobiernos pasados, entes regionales, actores armados e incluso la comunidad internacional, con lo que se evita un análisis autocrítico.

La estrategia de comunicación

Este patrón se refleja en la forma como el Ministerio de Ambiente comunicó avances. Por ejemplo, destacó hace unos meses una reducción del 33% en la deforestación amazónica durante el primer trimestre de 2025. Aunque el dato es correcto, el referente es engañoso: se compara con el trimestre más destructivo de la última década. Mostrar avances frente al peor momento no muestra una solución estructural, sino una estrategia de comunicación.

En este contexto, el liderazgo ambiental ha tenido una alta rotación. La ministra actual se fue un día después de dar a conocer algunas cifras, lo que es bastante sorprendente, o no. Su antecesora posicionó la agenda medioambiental y a Colombia como anfitrión de la COP en Cali, pero sin que ese reconocimiento se tradujera en una gestión territorial sostenida. Este desfase entre la escena internacional y la acción concreta en los focos de deforestación sugiere una tensión entre visibilidad y eficacia.

La política ambiental, cada vez más, se define por su capacidad de generar titulares. Se da prioridad a indicadores que lucen bien en informes globales, incluso si el impacto real en los territorios es limitado. Las redes sociales, los comunicados institucionales y los eventos internacionales se han convertido en el eje de la gestión pública y han desplazado lo esencial: presencia estatal efectiva en las zonas más vulnerables.

Uno de los pilares visibles ha sido la restauración. Se han destinado recursos importantes a programas de reforestación y recuperación de ecosistemas, muchos con componentes valiosos. Sin embargo, parecería que no hay un orden lógico en cómo se enfrenta el problema y no sobra recordar una útil jerarquía de acciones. Primero, deberíamos evitar que se pierda más bosque; luego, reducir la velocidad de esta pérdida, y, finalmente, empezar a reversar el daño. Intentar restaurar un área mientras sigue perdiendo bosque alrededor es como tratar de construir sobre un suelo que se derrumba. 

Las zonas más afectadas —Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo— continúan desbordadas. Las herramientas actuales de monitoreo, aunque útiles, son insuficientes sin una estrategia integral. No se resuelve todo con más vigilancia o acuerdos firmados. Lo que necesitamos es una política que comprenda y se implemente en todo el territorio, que tenga en cuenta la justicia, la salud, la educación, la seguridad y que ofrezca alternativas económicas genuinas. La protección del bosque no depende solo de hablar sobre él, depende de si las personas que viven allí pueden tener una vida decente sin necesidad de destruir el entorno y ni mucho menos que sean obligadas a hacerlo.

La cooperación internacional ha sido un aliado clave, pero también enfrenta desafíos. Muchas veces, sus enfoques se centran en resultados de corto plazo o en modelos replicables que no necesariamente se ajustan a los contextos locales. Puede parecer eficiente, pero olvida algo crucial: el conocimiento y las perspectivas de las personas que viven en esas comunidades. Esto limita la oportunidad de crear soluciones que realmente durarán, porque lo que funciona en un lugar no siempre funciona en otro. Me parece que es hora de reconsiderar cómo trabajamos en la cooperación internacional para asegurarnos de que realmente estamos ayudando a las comunidades a resolver sus problemas de manera sustentable.

Aunque algunas experiencias han demostrado ser prometedoras —como el manejo forestal comunitario y los acuerdos de conservación con pueblos indígenas—, su impacto sigue siendo frágil si no cuentan con respaldo sostenido del Estado. Un estudio reciente liderado por el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia, con participación de la Universidad Nacional de Colombia, mostró que los territorios indígenas y las áreas protegidas no solo frenan la deforestación, sino que sostienen procesos ecológicos clave como la migración de especies y la conectividad hídrica. Pero estos territorios enfrentan una presión creciente y requieren mucho más que reconocimiento simbólico: necesitan garantías jurídicas, seguridad territorial y apoyo real. 

Lo urgente hoy no es mejorar la percepción internacional, sino revertir las dinámicas que están rompiendo la conectividad ecosistémica entre los Andes y la Amazonia. Mientras no se enfrenten las causas estructurales de la deforestación —la especulación sobre la tierra, la falta de presencia estatal y las economías ilegales—, las cifras positivas serán frágiles, reversibles y engañosas.

Colombia necesita una política ambiental que no se limite a administrar cifras. Una política que dé prioridad a la protección real sobre la narrativa. Porque mientras los relatos se afinan para encajar en titulares optimistas, el bosque sigue cayendo. La Amazonia es un recurso invaluable y cuando lo perdamos, no habrá marcha atrás. El reto que queda no es de marketing ambiental, sino de gobernanza real. La Amazonia necesita menos cámaras y más presencia estatal sostenida, menos compromisos internacionales y más articulación local. No se trata de cuidar el relato, sino de cuidar el bosque. Y hacerlo antes de que no quede qué contar.

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