La Reforma Laboral y las neolumbreras neoliberales

La actual propuesta de reforma laboral busca recuperar derechos que alguna vez estuvieron garantizados en el CST de 1950. Aunque ya aprobada en la Cámara de Representantes y hace su curso por el Senado, la reforma enfrenta resistencia de voces como las de Vargas Lleras y otras “neolumbreras neoliberales”, quienes han advertido que se trata de una propuesta “antiempleo”. 

Una “neolumbrera neoliberal” fue una de las formas como Jaime Garzón se refirió a Álvaro Uribe Vélez a través de su personaje Godofredo Cínico Caspa. Desde mucho antes de su asesinato en 1999, Jaime ya parecía advertir lo que le depararía al país bajo el gobierno del ahora expresidente. Uribe, al igual que otras prominentes figuras de la clase política colombiana, se alineó con las tendencias neoliberales del momento y promovió políticas basadas en los postulados del Consenso de Washington.

En el ámbito laboral Uribe promovió dos reformas clave. Como senador, fue ponente de la Ley 100 de 1993. Posteriormente, ya como presidente y con el respaldo de Germán Vargas Lleras en el Senado, impulsó la Ley 789 de 2002, una reforma laboral que consolidó a Colombia dentro de la lógica neoliberal en el empleo. Este artículo analiza el impacto de esa reforma y la actual propuesta legislativa que busca devolver algunos derechos laborales perdidos como consecuencia de la reforma Uribe-Vargas Lleras en 2002.

Contexto histórico de la legislación laboral en Colombia

Un punto clave en la historia de la legislación laboral en Colombia es la Ley 6 de 1945, considerada uno de los primeros intentos de regular el trabajo formal en el país. Sin embargo, con el objetivo de alinearse con las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Colombia adoptó una pieza normativa fundamental: el Código Sustantivo del Trabajo (CST) de 1950. Desde su promulgación, el CST ha sido reformado en diversas ocasiones, especialmente bajo la influencia de las políticas neoliberales que se expandieron en el mundo a partir de la década de 1980.

En Colombia, Álvaro Uribe fue uno de los principales promotores de este cambio de enfoque económico y laboral. Desde su papel como senador hasta su presidencia, sus políticas modificaron significativamente el CST, destacando la Ley 789 de 2002, impulsada con el apoyo de Germán Vargas Lleras. La ley seguía la lógica neoliberal: flexibilizar el mercado de trabajo con el propósito de aumentar el empleo y reducir la informalidad. Sin embargo, la experiencia de más de dos décadas muestra que estas promesas no se cumplieron y, sin embargo, sí se tradujo en peores condiciones laborales para las nuevas generaciones en Colombia.

La actual propuesta de reforma laboral busca enfrentar este panorama con el objetivo de recuperar derechos perdidos que alguna vez estuvieron garantizados en el CST de 1950. Aunque ya aprobada en la Cámara de Representantes y hace su curso por el Senado, la reforma enfrenta resistencia de voces como las de Vargas Lleras y otras “neolumbreras neoliberales”, quienes han advertido que se trata de una propuesta “antiempleo”. Vamos a revisar algunos de los temas controversiales de la propuesta y su situación antes de la reforma Uribe-Vargas Lleras de 2002.

Jornada nocturna

En el CST de 1950, la jornada nocturna se definía como aquella que empezaba a las 6:00 p. m. y terminaba a las 6:00 a. m. Sin embargo, la Ley 789 de 2002 modificó esta definición y estableció que la jornada nocturna comenzaría a las 10:00 p. m. En 2017, la Ley 1846 ajustó el inicio a las 9:00 p. m. La actual propuesta de reforma inicialmente proponía que la jornada nocturna comenzara a las 6:00 p. m. No obstante, el estado actual de la reforma, después de haber pasado por la Cámara de Representantes, establece que comience a las 7:00 p. m. Es decir, la propuesta no alcanza siquiera el horario original de 1950. Cabe señalar, además, que no re propone modificar el actual recargo del 35 %. 

Recargos dominicales y festivos

Originalmente, el CST de 1950 establecía el recargo del trabajo dominical y festivo al 100 %, es decir, el doble del salario ordinario en días laborales. Sin embargo, la misma reforma Uribe-Vargas Lleras de 2002 redujo el recargo al 75 %, que permanece hasta el día de hoy. La propuesta legislativa actual plantea devolver ese recargo al nivel original del 100 %. Es decir, la propuesta de reforma nuevamente apunta a recuperar derechos laborales perdidos en 2002 bajo el gobierno Uribe y el liderazgo del entonces senador Vargas Lleras.

Contratos de aprendizaje

En cuanto a los contratos de aprendizaje, la Ley 789 de 2002 derogó tácitamente lo establecido en el CST de 1950. Uno de los principales cambios fue que el pago recibido por los aprendices dejó de concebirse como un salario y se convirtió en un “apoyo de sostenimiento mensual”. En la práctica, esto significó que los contratos de aprendizaje se comenzaron a pagar por debajo del salario mínimo, incluso durante la etapa productiva de los aprendices, después de su etapa lectiva de formación. La propuesta actual busca restablecer estos pagos como salarios mínimos con sus correspondientes prestaciones sociales, lo que significaría una mejora sustancial para los jóvenes trabajadores en formación.

Contratos a término fijo

En cuanto a los contratos a término fijo, Vargas Lleras señala en su columna en El Tiempo que la propuesta de reforma llega “contraviniendo todas las tendencias mundiales en esta materia, que abogan por una mayor flexibilidad y adaptación a las condiciones y exigencias de las empresas”, es decir, por las condiciones neoliberales para el trabajo. Y es justamente ese el problema. La falta de regulación al respecto ha llevado a que la población trabajadora cargue con el peso de la incertidumbre y la falta de garantías laborales. Aunque el CST no ha cambiado en su redacción en relación con los contratos a término fijo, la realidad laboral en Colombia ha cambiado drásticamente. Hoy, el panorama está marcado por la precarización: los contratos de prestación de servicios se han convertido en la norma, lo que disminuye la estabilidad laboral y la posibilidad de acceder a derechos como licencias, primas, vacaciones y cesantías. La reforma actual propone limitar la renovación de estos contratos a cuatro años y convertirlos en indefinidos automáticamente a partir del quinto año, con el propósito de brindar mayor seguridad y garantías laborales.

¿Qué resultados dejó la reforma de 2002?

Las políticas neoliberales, especialmente aquellas derivadas de la reforma Uribe-Vargas Lleras de 2002, se efectuaron bajo el supuesto de que flexibilizar el mercado de trabajo traería una reducción del desempleo y la informalidad. Sin embargo, el balance de estas promesas es limitado. 

En cuanto al desempleo, este no disminuyó de manera significativa. Después de la reforma, los niveles de desempleo en Colombia siguieron oscilando a valores cercanos al 10 %, niveles que se veían desde los años setenta. En el período posterior a la reforma, el desempleo alcanzó un mínimo del 8,6 %, cifra aún por encima del 7,8 % registrado en 1993, el nivel más bajo de desempleo en los últimos cincuenta años.

En cuanto a la informalidad, es difícil establecer el impacto de esta reforma, debido a los cambios de metodología en su medición. La informalidad se empezó a medir con la Encueta de Hogares de 1984. Con la metodología que se adoptó en ese momento, la tasa de informalidad en Colombia oscilaba entre el 52 % y el 56 %. Sin embargo, los criterios de la medición han cambiado en varias ocasiones como lo explica un informe del DANE del 2022. Aun así, algunas estimaciones apuntan a que en la década de los noventa la informalidad rondaba alrededor del 52 % y el 54 %, para luego aumentar a más del 60 % a comienzos del nuevo milenio. Desde entonces la informalidad ha caído lentamente. Según la nueva metodología adoptada por el DANE, la informalidad en 2024 se encuentra cerca del 56 %. En conclusión, la promesa neoliberal de menores niveles de desempleo e informalidad, en el mejor de los casos se ha quedado corta. 

¿Qué alternativas existen para enfrentar estos desafíos?

La experiencia internacional indica que la solución para combatir el desempleo y la informalidad no pasa por seguir flexibilizando y precarizando el mercado laboral. Más bien, el camino es la industrialización estratégica y el desarrollo económico basado en políticas públicas que generen empleos formales y estables. En este sentido, la reforma actual es apenas un primer paso para recuperar derechos laborales perdidos sin imponer mayores niveles de precarización a la población trabajadora en Colombia.

En última instancia, esta reforma busca comenzar a revertir las decisiones tomadas en el pasado reciente, aspirando a crear un sistema más justo en el que la población trabajadora pueda gozar de condiciones laborales que les permitan acceder a una vida digna. El debate está abierto y con él la posibilidad de redibujar el futuro del trabajo en Colombia alejados de los paradigmas de nuestras “neolumbreras neoliberales”.

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