Política y Gobierno mayo 19, 2014

La reforma a la justicia de la Colombia por un buen camino

Por Clara López Obregón

Por: Clara López Obregón Candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo PDA Unión Patriótica UP

Reviste especial trascendencia para el país la crisis en la administración de justicia pues además de no ser pronta ni expedita como la requieren los ciudadanos, se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, sin precedentes en nuestra historia. Si bien, en el pasado se ha hecho referencia en múltiples ocasiones a la morosidad de la justicia y, en otras, a casos aislados de corrupción, hoy en el imaginario de los colombianos, los administradores de justicia han perdido credibilidad y en el sentir de la gente el peso de la ley es sólo para “los de ruana”.

Alimentar esta imagen ha contribuido en gran medida la politización en el acceso a los altos cargos de la rama judicial y la filtración de noticias judiciales (antes de la reserva del sumario), por parte de funcionarios y abogados inescrupulosos, a grandes medios de comunicación que convierten algunos casos, donde están involucrados miembros de las élites sociales y/o políticas, en escándalos mediáticos en los que se rompe del todo la precaria independencia judicial.

Adicionalmente ese sentimiento de que hay justicia “para los ricos” también tiene asidero en el gran peso del sistema financiero en los juicios que adelanta contra ciudadanos deudores por créditos bancarios. Para citar sólo un ejemplo: en abril de 2014 en Bogotá, del total de procesos ejecutivos, un 53.8% tiene como demandante a entidades del sector financiero en un 92% en procesos hipotecarios contra ciudadanos deudores que, en la mayor parte de los casos son vencidos en esos procesos.

De otra parte en la implementación del sistema acusatorio y la oralidad no se han obtenido los resultados esperados.

El ruta que llevaremos

En nuestro propósito de democratizar el acceso para el ciudadano, a una justicia pronta, expedita, independiente y gratuita, propondremos una reforma en la que además del cumplimiento efectivo de los términos judiciales, se eliminen el clientelismo y la politización del aparato judicial, el llamado “choque de trenes” en la altas cortes y se reduzca a cero la corrupción en la rama judicial. Un país cuya justicia repare y garantice derechos humanos es un país democrático.

En tal sentido serán puntos de esta reforma los siguientes:

1.- No habrá intervención del gobierno ni del Congreso en la designación de los magistrados de las altas cortes que accederán a sus cargos por el sistema de concurso de méritos.

2.- Los magistrados de las altas cortes no intervendrán en la escogencia de candidatos para el nombramiento de las cabezas de los órganos de control, ni de ningún funcionario gubernamental.

3.- Se garantizará la doble instancia en el juzgamiento de todos los ciudadanos (incluidos los que hoy ampara el fuero como congresistas, gobernadores, generales, etc.) Para tal efecto se creará una sala de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia y la segunda instancia se adelantará ante la sala penal de la Corte en aquellos casos que hoy conoce la Corte en única instancia.

4.- Los resultados del sistema acusatorio no han sido los esperados. Por ello es necesario el fortalecimiento técnico y financiero del sistema y la exigencia del cumplimiento de los términos judiciales.

5.- Los funcionarios judiciales deben ser formados como garantes de derechos humanos. En los procesos de selección por méritos esta formación debe ser entendida como parte de su idoneidad.

6.- La igualdad ante la ley será una realidad en mi gobierno. La reforma no avalará favorecimientos procesales a ningún sector social, gubernamental o político.

7.- El ámbito de competencia de los procesos que deban adelantarse ante la jurisdicción penal militar está determinado por la relación directa entre el delito cometido por el miembro de la fuerza pública y las funciones asignadas por la constitución a ésta, entendiendo que la naturaleza del fuero militar es excepcional.

8.- Para que la gratuidad de la justicia sea una realidad, no habrá arancel judicial pagado por ciudadanos.

9.- En ningún caso la defensa judicial de un servidor público será pagada con dineros del presupuesto nacional.

10.- Es necesario el fortalecimiento de las jurisdicciones especiales (jurisdicción de las autoridades indígenas y jueces de paz) y la difusión y el conocimiento de sus atribuciones tanto en la jurisdicción ordinaria como en la ciudadanía en general, a efectos de que cumplan la importante función que les asigna la constitución.