Algunas de sus decisiones no parecen fundadas en la ley, sino en el amiguismo y el pago de favores.
Libardo Espitia*
Crisis de la justicia
En 2017, la rama judicial fue sacudida por el grave escándalo de corrupción conocido como “el cartel de la toga”. Algunos miembros de la Corte Suprema, con la intermediación del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, cobraron sumas millonarias por desviar o demorar procesos en contra de quienes los sobornaban.
Puede ser que algunas decisiones tomadas por el Consejo de Estado no tengan ribetes de gravedad siquiera comparables con los del “cartel de la toga” – o aún con las denuncias penales contra Jorge Pretelt, entonces magistrado de la Corte Constitucional-.
Al terminar sus períodos, Susana Buitrago Valencia y Luis Alfonso Vargas fueron contratados por el fiscal Montealegre por 174 y 517 millones de pesos respectivamente.
Pero eso no significa que deban ignorarse los episodios que dejan la impresión fundamentada de amiguismos y pago de favores en el seno del tribunal que encabeza la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
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¿Clientelismo judicial?
 Contralor General de la Nación, Edgardo Maya. Foto: Contraloría General de la Nación |
El 1 de diciembre de 2010, la Corte Suprema eligió como Fiscal a la excongresista Viviane Morales para el período de 2011 a 2014. Una vez Morales tomó posesión del cargo, no se hicieron esperar las demandas contra su elección ante el Consejo de Estado.
El 6 de marzo de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo declaró nula la elección de Morales porque la Corte Suprema no había cumplido con el requisito de las dos terceras partes de sus integrantes para tomar aquella decisión.
Pero la Sala no decidió si el período del Fiscal era institucional o personal, de modo que el Gobierno le formuló la pregunta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo Consejo de Estado. Esta segunda Sala concluyó que los períodos no eran personales sino institucionales, y que estos incluían el tiempo en encargo.
La decisión fue materia de polémica, porque no se ajustaba a la Constitución. En efecto, tanto su artículo 249 como la ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el mismo Estatuto Orgánico de la Fiscalía General señalan que el período del titular es de cuatro años.
El presidente Santos conformó una nueva terna, de la que resultó elegido Eduardo Montealegre el 22 de marzo de 2012. Montealegre complementaría el período faltante de Morales, que terminaba el 11 de enero de 2015.
Pero el 15 de abril de 2013, en fallo acumulado de cuatro demandas de nulidad con ponencia de la consejera Susana Buitrago, la Sala Plena, de la que hacían parte Luis Alfonso Vargas, Danilo Rojas Betancourth, María Claudia Rojas Lasso y Enrique Gil Botero, entre otros, señaló que el período del fiscal Montealegre era de cuatro años. Es decir, que el período se convirtió en personal y se decidió que iría hasta 2016.
Cabe indicar que “la suerte” acompañó a varios de esos consejeros después de la decisión:
- Enrique Gil Botero, al terminar su período en 2015, fue nombrado miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para el periodo 2016-2019. Además, fue beneficiado por el fiscal Montealegre con un contrato de asesoría de 751 millones de pesos y posteriormente nombrado ministro de justicia en 2017.
- Así mismo, al terminar sus períodos como consejeros, Susana Buitrago Valencia y Luis Alfonso Vargas fueron contratados por el fiscal Montealegre por 174 y 517 millones de pesos respectivamente.
Encuentre en RP: Reforma a la justicia 2012: Golpes de Estado.
Los conciliadores de la reforma a la justicia
El 23 de febrero de 2015, la Sala Plena del Consejo de Estado, con ponencia de María Claudia Rojas Lasso, dejó en firme la investidura de los 12 congresistas (6 senadores y 6 representantes) que conciliaron la fallida reforma a la justicia en 2012.
Es claro que el cargo de conjuez le dio a Edgardo Maya ventajas en la resolución a su favor de las demandas contra su elección.
La demanda había argumentado que los congresistas que integraron la Comisión de Conciliación no legislaron en nombre del pueblo, sino en el suyo propio, reviviendo artículos que los beneficiaban y que no fueron aprobados en los ocho debates en Senado y Cámara. Por esta razón los congresistas habrían incurrido en un conflicto de intereses y tráfico de influencias, de manera que habrían de ser despojados de sus investiduras.
Y sin embargo, el Consejo de Estado salvó la investidura de aquellos 12 congresistas.
Irregularidades en la larga trayectoria del actual contralor
 Corte Constitucional. Foto: Centro de Memoria |
El 19 de agosto de 2014, el Congreso eligió a Edgardo Maya Villazón como Contralor General de la República para el período 2014-2018. Maya había sido postulado por la Corte Constitucional. Contra la elección se presentaron cuatro demandas ante el Consejo de Estado.
Las demandas que debían ser tramitadas en Sala Plena fueron trasladas a la Sección Quinta. Dos de ellas fueron asignadas a Lucy Jeannette Bermúdez y las otras dos a Alberto Yepes Barreiro. Posteriormente, los procesos fueron acumulados en agosto de 2015 y resultaron asignados por sorteo a la magistrada Bermúdez nuevamente.
El 30 de septiembre de 2014, Bermúdez debió justificar si estaba o no impedida para decidir, puesto que uno de los cargos endilgados fue el del clientelismo en la Corte Constitucional, el denominado “yo te elijo, tú me eliges”. Los magistrados de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos y Gabriel Eduardo Mendoza habían votado positivamente la postulación de Maya a la terna, a pesar de haber sido procuradores delegados de Maya en la Procuraduría.
Y a pesar de que la magistrada Bermúdez también había sido procuradora delegada de Maya ante el Consejo de Estado y había ocupado otros cargos en la entidad, señaló que esto no afectaba su “ánimo objetivo e imparcial de juzgadora” y, por lo tanto, que no estaba impedida.
Por su parte el 24 de noviembre de 2014 la consejera Susana Buitrago manifestó a la Sección su impedimento para conocer de las demandas. La consejera manifestó que había elegido a Maya como conjuez de la misma Sección Quinta y que por lo tanto no podía involucrarse en esta decisión.
De manera inaudita, los argumentos de la consejera Bermúdez no fueron aceptados y se decidió que no existían razones para aceptarle el impedimento y menos para separarla del conocimiento de las demandas, situación resuelta por su compañera de sección la consejera Susana Buitrago. Pero el mismo día, la Sala de conjueces de la misma sección, aceptó el impedimento de Buitrago y ella fue separada del conocimiento de las demandas.
Ante una solicitud de junio de 2015 dirigida al presidente del Consejo de Estado y al presidente de la Sala Plena para que el proceso fuera resuelto por la Sala Plena y no por la Sección Quinta, como ya se había hecho en otros procesos -como el del procurador Alejandro Ordóñez, el de la Fiscal Viviane Morales, el de Gustavo Petro y el de Eduardo Montealegre- la petición fue denegada por la misma Sala Plena el 30 de agosto de 2016.
La Sala Plena negó la solicitud de conocer el proceso (acumulado) y otros magistrados diferentes de la Sección Quinta como Roberto Augusto Serrato (Sección Primera) y Danilo Rojas (Sección Tercera) declararon en julio de 2016 su impedimento para conocerlo:
- Serrano, por haber sido procurador delegado cuando Maya era procurador general;
- Rojas, porque su hermana Eddy Lucía era contralora delegada en la Contraloría General desde el 27 de mayo de 2014.
El 12 de julio de 2016, la Sala Plena aceptó los impedimentos y los separó del conocimiento del proceso.
Danilo Rojas Betancourth fue consultor externo cuando Maya ejercía como procurador general de la Nación. De hecho, el 4 de octubre de 2010, en la posesión ante el presidente de la República, Edgardo Maya estaba dentro de los invitados.
Por lo demás, Maya había sido conjuez en la Corte Constitucional al de lado de Alberto Rojas y Jorge Pretelt e igualmente lo fue en la Sección Quinta del Consejo de Estado. En este último Tribunal, para los años 2013 y 2014, la Sección lo designó conjuez en 11 procesos donde fueron consejeras ponentes Lucy Jeannette Bermúdez y Susana Buitrago Valencia.
El 27 de octubre de 2016 el Consejo de Estado, bajo la presidencia de Danilo Rojas a través de la Sección Quinta, profirió fallo de única instancia resolviendo las demandas a favor del Contralor.
Una tutela presentada a fínales del año pasado por un ciudadano ante el alto tribunal buscó dejar sin efecto el fallo (acumulado) proferido a través de la Sección Quinta por diferentes violaciones al debido proceso que se dieron durante el trámite de las demandas.
En vez de estudiar los argumentos del ciudadano, el Consejo decidió declararla improcedente argumentando que ya habían transcurrido más de seis meses desde que fue proferido el fallo favorable al Contralor, razones que fueran expuestas por el Contralor General dentro del proceso.
Las actuaciones del Consejo de Estado han quedado en deuda con la justicia y con el beneficio colectivo.
Así las cosas, es claro que el cargo de conjuez le dio a Edgardo Maya ventajas tanto en la postulación en la Corte Constitucional como en la resolución a su favor en la Sección Quinta de las demandas presentadas, como en efecto sucedió.
Por último frente al tema de la edad de retiro forzoso, la consejera Bermúdez señaló que las disposiciones del Decreto ley 2400 de 1968 no le eran aplicables al contralor general.
Rápidamente se tramitó en el Congreso la Ley 1821 de 2016, que aumentó la edad de retiro forzoso a los 70 años para las personas que prestaran funciones públicas. Desde luego, el primer beneficiado con la modificación fue Edgardo Maya como contralor general de la República.
No sobra recordar, que en el año 2000, Maya Villazón ya había postulado por la Corte Suprema para el cargo de Procurador General de la Nación (2001-2004) y elegido por el Congreso nacional.
Aunque había manifestado su oposición a la reelección, Maya cambió de parecer y fue elegido de nuevo para el período 2005-2009. Durante su mandato fueron presentadas ante su juez natural, la Sala Plena del Consejo de Estado, quejas disciplinarias que rápidamente fueron archivadas.
Ahora, con las demandas y la tutela mencionadas, el efecto teflón vuelve a hacerse visible: todos los escándalos “le resbalan” a Maya. La última queja disciplinaria que fue presentada a la Sala Plena fue archivada precisamente cuando Enrique Gil Botero presidía el Consejo de Estado en el período 2008-2009.
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En deuda con la justicia
En los casos señalados, es claro que las actuaciones del Consejo de Estado han quedado en deuda con la justicia y con el beneficio colectivo. Su imagen no ha ganado legitimidad y credibilidad, pero algunos de sus funcionarios han sido premiados con favores y favoritismos.
*Profesional en Ingeniería con estudios en electricidad y electrónica, especialista en Servicios Públicos Domiciliarios, contratación pública, control fiscal y disciplinario, Magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.
