Política social para orientar a Colombia por un buen camino - Razón Pública

Política social para orientar a Colombia por un buen camino

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Por: Clara López Obregón Candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo PDA Unión Patriótica UP

Nuestra política social parte de la universalidad de los derechos sociales y económicos y adopta como valores  de la política de seguridad social integral que proponemos la equidad, solidaridad, universalidad, predominio del interés público y democracia social integral.

Elevaremos a principio la construcción de ciudadanía social, lo que implica eliminar las barreras mercantiles para el acceso a los derechos, eliminar la intermediación financiera  que convierte derechos fundamentales en negocio de particulares y garantizar los derechos como un asunto esencial del Estado.

La equidad estará garantizada por la existencia de un solo asegurador: El Estado Social de Derecho, la titularidad de los derechos se adquiere por la condición de ciudadano, las políticas se adaptaran a las necesidades culturales, generacionales y territoriales de los ciudadanos, a partir de una red regionalizada de prestación de servicios.

Protección integral a los niños, niñas y adolescentes

En nuestro Gobierno se garantizará el respeto y promoción de los derechos  de los niños, las niñas y los adolescentes, y se promoverá su formación integral con el fin de contribuir a su desarrollo físico, sicológico, social y ético. La protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es  fundamental para superar la desigualdad.

Para impulsar la formación del pensamiento desde la primera infancia y garantizar un adecuado aprendizaje y cuidado integral a la niñez se aprovechará la infraestructura física y el talento humano con que cuentan el ICBF y las entidades de integración social que funcionan en el país. Las madres comunitarias serán empleadas públicas y se trasladarán al Ministerio de Educación para que formen parte del sistema de preescolar público de Colombia.

Se realizará un programa de prevención, reeducación y resocialización para niños y adolescentes involucrados en fenómenos de consumo y venta de estupefacientes, alcoholismo, prostitución, delincuencia e indigencia. Adelantaremos una intervención integral centrada en los factores y causas que generan las adicciones y articularemos las acciones interinstitucionales requeridas para el manejo, tratamiento y superación de la dependencia y sus secuelas. Pondremos en marcha un programa de defensa que se encargará de representar debidamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales y que revisará la situación judicial de miles de niños internados.

Igualdad de oportunidades para las mujeres

En nuestro Gobierno se creará el Ministerio de la Mujer, el cual tendrá como fin la planeación, ejecución y seguimiento de la política pública para la mujer y asuntos de género, con un enfoque diferencial y un presupuesto propio. Desde este Ministerio se adelantarán diversas estrategias para enfrentar la estructura patriarcal, machista y sexista de nuestras mentalidades, prácticas e instituciones. Se asumirá la igualdad de oportunidades como el instrumento orientador de las acciones afirmativas que permitan enfrentar de modo sistemático las condiciones de desigualdad que afectan a las mujeres.

Oportunidades para la población con discapacidad

       En nuestro Gobierno se construirá una cultura basada en el reconocimiento recíproco, el respeto por el otro y la solidaridad social con las personas en condición de discapacidad. Se trabajará en el control de factores de riesgo y la detección temprana de las condiciones de discapacidad. Se desarrollarán estrategias para mejorar la calidad y oportunidad de acceso de las personas con discapacidad y sus familias a servicios de habilitación y rehabilitación.

En materia de accesibilidad, realizaremos un programa con impacto nacional para la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas, culturales y tecnológicas que impidan a la población con discapacidad su integración al medio. Se fomentarán los programas de apoyo financiero en la educación técnica, tecnológica y profesional, haciendo énfasis en la población joven en situación de discapacidad.

Garantía de los derechos de las personas LGBTI

En Colombia existen graves obstáculos sociales e institucionales para el disfrute de los derechos fundamentales y económicos, sociales y culturales, por parte de las lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales; por ello, en nuestro Gobierno garantizaremos el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Para ello, diseñaremos e implementaremos una política pública integral y nacional para la garantía de los derechos de las personas LGBTI en la que la diversidad y la interculturalidad sean una oportunidad para incentivar el respeto entre los colombianos.

La salud como un derecho humano.

En nuestro Gobierno construiremos un nuevo sistema que entienda la salud como un derecho fundamental, que priorice la prevención y la atención primaria, que sea de acceso gratuito, que esté por encima de las barreras económicas, geográficas, organizacionales y culturales, y que garantice el principio de la universalidad. Impulsaremos en el Congreso la derogatoria de la Ley 100 de 1993 y se tramitará un acto legislativo para darle constitucionalmente a la salud el carácter de derecho fundamental.

Los elementos esenciales de nuestro sistema de salud serán la atención primaria, el saneamiento básico y la promoción de la salud. La atención primaria de salud será la estrategia que orientará la reorganización del sistema de atención y gestión de salud, lo que le dará a este un carácter integral, intercultural, familiar y comunitario, y facilitará la coordinación y continuidad de la atención y la acción intersectorial para la salud y la participación social. Esto se logrará  prestando el servicio primario de salud en los barrios con una red de médicos y promotores de salud que crearemos y que atenderán a las personas en sus hogares.

En nuestro Gobierno se recuperará la red pública de hospitales y puestos de salud, para ofrecer una atención escalonada, por niveles y con un referente territorial. Se integrarán la perspectiva de género y la visión étnico-cultural al servicio de salud para la adecuada prevención y atención, y se complementará con la vigencia de los sistemas tradicionales de salud. Se incorporarán en el sistema de salud medicinas tradicionales y otras formas de atención de muy alta efectividad, que son el resultado de conocimientos ancestrales y milenarios de diferentes grupos culturales. Este programa se enriquecerá  mediante programas médicos, control efectivo a las patentes que se registran para uso medicinal, e investigación científica para la generación de medicamentos de alta efectividad y menor precio para los usuarios

Educación para todos y todas.

Tenemos el compromiso de superar el viejo enfoque que reduce la política educativa a las categorías de cobertura y calidad, para adoptar el enfoque de derechos. Se ejecutará un intensivo programa de formación de docentes en el lugar de trabajo y se creará un plan de incentivos en favor de la innovación e investigación pedagógicas y se realizará un vasto programa de dotación tecnológica y pedagógica  en los colegios oficiales del país.

Se garantizará de forma gratuita la educación preescolar de todos los niños y niñas del país. Se abrirá a todos los graduados de bachillerato acceso a la educación superior.

Se potenciará la investigación como base del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, haciendo énfasis en aéreas estratégicas para el desarrollo del país como la biodiversidad, el agro, el manejo del agua, la adaptación al cambio climático y la diversidad cultural, materias que han sido relegadas a lo largo de la historia a los estudios de productividad.

Gratuidad para las instituciones de educación superior públicas. Esta gratuidad será  entendida integralmente e incluirá la matrícula cero, los elementos necesarios para la alta calidad, el bienestar adecuado y las garantías para el pleno ejercicio de la autonomía.Pago del déficit y la deuda acumulada para el equilibrio del esquema de Ley 30 de 1992.Creación de un esquema de financiación que garantice el adecuado financiamiento del funcionamiento y la inversión de las instituciones públicas de educación superior. Se duplicara el presupuesto universitario en el primer año de gobierno.

La educación superior privada por ningún motivo podrá constituirse con ánimo de lucro. De conformidad con la Constitución Política de Colombia los particulares podrán fundar establecimientos educativos privados, pero en ningún caso se financiarán mediante la transferencia directa de recursos públicos, ni podrán tener ánimo de lucro.

El Icetex debe ser una institución sin ánimo de lucro y un establecimiento público de orden nacional; no una entidad financiera especial. Los recursos del ICETEX provendrán principalmente de los ingresos corrientes de la Nación, sin prohibir la posibilidad de recibir recursos por donaciones o herencias.Los préstamos educativos serán para el financiamiento del estudio de pregrado y posgrado en entidades privadas y para estudios en el exterior.Todos los préstamos del ICETEX tendrán tasa de interés corriente igual a cero.

Política integral de vivienda

Aplicaremos la reforma urbana en todo el país, así como políticas de vivienda digna, con un sistema financiero con créditos bajos y a largo plazo para la adquisición de vivienda social y el disfrute de arriendos o alquileres bajos y accesibles en un hábitat digno para las poblaciones de menores recursos.

Para subsanar el déficit de viviendas en el país proponemos reorientar la estructura productiva de la vivienda, hacia la vivienda de prioridad social, y estimular la actividad económica y la generación de empleo en la producción de alojamiento para los más necesitados.

También diversificaremos los mecanismos de generación, producción y financiación de la vivienda formal para ampliar las posibilidades de acceso de la población más pobre a los beneficios de vivienda proponemos estimular la oferta de las distintas modalidades de producción de vivienda (vivienda productiva, desarrollo progresivo, autoconstrucción, vivienda en arriendo, vivienda transitoria, vivienda a través de corporaciones, etc.).

Desarrollaremos políticas y programas para superar el déficit cualitativo de vivienda, teniendo en cuenta sus impactos sociales, ambientales y fiscales. Se impulsarán con especial interés la construcción y el urbanismo sostenibles.

El sector privado seguirá teniendo un papel muy importante en la producción de vivienda, pero además se creará un sistema de provisión estatal de vivienda para hogares de bajos ingresos. Adicionalmente, se constituirán un sistema nacional de alquiler social y uno de crédito habitacional alternativo dirigido a hogares con limitaciones de acceso al mercado financiero formal, en el que participen ONG, cooperativas, fondos de empleados y organizaciones populares.

Mínimo vital para todos los servicios públicos.

Nos comprometemos al mínimo vital para todos los servicios públicos domiciliarios: agua, luz, aseo y gas domiciliario. A partir de ese mínimo se harán todos los cobros de ley.Haremos una revisión profunda de la fórmula tarifaria y no se permitirá que se le traslade a ningún consumidor, domiciliario o empresarial, el costo de la ineficiencia de las empresas públicas privatizadas. Estas tienen que cumplir con su función social y prestar sus servicios a costos reales, con cobertura completa, con la calidad que corresponde y con la continuidad del servicio que sea necesaria.

Sistema general y universal en pensiones.

Los problemas de inequidad, cobertura y financiamiento del sistema pensional empezarán a solucionarse  garantizando el acceso, la permanencia o fidelidad al sistema, la eliminación de las altas pensiones, la sostenibilidad financiera del sistema y el uso productivo de las reservas. Se aumentarán la base de aportantes y los recursos del sistema, incluyendo a los trabajadores independientes, a los colombianos en el exterior y a los rendimientos del fondo integral de garantías.

Las reservas acumuladas en el sistema se dirigirán a ampliar la capacidad productiva nacional con inversiones en infraestructura, servicios básicos y la profundización industrial. Se limitará su uso en la adquisición de títulos de deuda y el financiamiento del déficit fiscal. Se implementará la pensión por vejez o invalidez como un derecho, cuyo tope máximo será fijado, mientras su mínimo será equivalente a un salario mínimo legal. Este proceso se iniciará abriendo un período de transición hacia un régimen de prima media.

 

 

 

 

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