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El plebiscito constituyente en Chile

Escrito por Francisco Espinoza
Francisco-Espinoza

El plebiscito en Chile ordenó redactar una Constitución que reemplazará la que impuso Pinochet. Estas son las causas, contenidos y posibles consecuencias.

Francisco Espinoza Rabanales*

Una Constitución ilegítima

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo un plebiscito nacional en Chile que ordenó dar inicio al proceso para redactar una nueva Constitución.

Esta Constitución pondrá fin al legado de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

La actual Constitución chilena fue redactada en 1980 y, aunque ha habido varias reformas, se considera ilegítima por su origen y su contenido.

● Es ilegítima de origen ya que fue redactada por una Comisión designada por partidarios del golpe militar. El plebiscito de ratificación fue hecho sin registros electorales, sin oposición política y con el dominio absoluto sobre los medios de comunicación.
● Es ilegítima respecto de su contenido porque su propósito era evitar el gobierno de la mayoría, sustento básico de los regímenes democráticos. Tal como dijo Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la Constitución chilena, “la Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a [sic] la que uno mismo anhelaría”.

La anulación del principio mayoritario se puso en marcha con el sistema electoral binominal que tendía al empate entre las dos principales fuerzas políticas. Esto congelaba el sistema político y daba pie a la existencia de quórums contramayoritarios para la aprobación de las leyes y el nombramiento de senadores designados y senadores vitalicios.

Así el objetivo de los redactores de la Constitución de la dictadura era impedir que se gobernara con el principio mayoritario, y que fuera necesario consensuar con la segunda fuerza política (por lo general representada por la derecha chilena), quienes tenían poder de veto de acuerdo con la Constitución del régimen militar.

Foto: IbelConect - La movilización política para el cambio constitucional tiene un historial que se arrastra desde fines de la década de los 90.

Reformas y faltantes

En Chile se han hecho reformas importantes a la Constitución. La principal tuvo lugar en 2005, pues eliminó enclaves autoritarios de la dictadura como:

1. La imposibilidad del presidente de remover a los jefes de las Fuerzas Armadas y al director de Carabineros y;
2. La figura de los senadores designados y senadores vitalicios.

Aunque se han hecho cambios a la Constitución, la realidad chilena ha puesto en evidencia que el Estado no ha disminuido la desigualdad. Esta situación se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto, y desde fines de la década de 1990 ha propiciado el inicio de las movilizaciones políticas para el cambio constitucional.

A lo anterior se suman actualmente:
● La sobrerrepresentación del nivel socioeconómico alto en la toma de decisiones;
● La brecha de género en la representación;
● La percepción de un alto nivel de influencia de los empresarios en el Congreso, y
● Los escándalos de corrupción.

Esto ha traído la percepción de que es imposible influir en la toma de decisiones, lo cual desestimula la participación y aumenta el malestar social con el modelo de desarrollo del país.

El diagnóstico de las deficiencias del sistema no es algo que no se haya visto venir. De hecho, el Informe de Auditoría de la Democracia 2019 del PNUD muestra que entre 2003 y 2012 aumentó el número de protestas de 100 a 400 y la cantidad de personas que participaron en ellas.

En 2011 y 2018 se llevaron a cabo las mayores demostraciones de acción colectiva desde 1989: las marchas del movimiento estudiantil y el movimiento feminista.

Foto: Wikimedia - Casi un mes después del inicio del estallido social, diferentes fuerzas políticas vieron en el cambio constitucional una válvula de escape que pudiese descomprimir la tensión en las calles.

Intentos de nuevas constituciones

Este malestar ciudadano había sido identificado por los sectores políticos del país en la elección presidencial del 2013. En ese año, las nueve candidatas y candidatos propusieron distintas formas de abordar las peticiones de los ciudadanos. Un eje central de estas propuestas fue llevar a cabo un cambio constitucional.

En 2014, luego de ser electa como presidenta, Michelle Bachelet organizó el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía que aseguraba la participación de los ciudadanos para tener una nueva Constitución.

En esta iniciativa participaron más de 200 000 personas, y acabó con un proyecto de nueva Constitución presentado al Congreso. Pero con el cambio de Gobierno y de prioridades políticas, esta iniciativa no siguió avanzando y actualmente sigue en su primer trámite en el Congreso.

El proceso participativo quedó estancado, lo que dio cuenta de una oportunidad política desperdiciada y de una falta de visión estratégica y social de la clase política para encauzar un conflicto que las instituciones no han sido capaces de procesar.

El quiebre

El descontento se fue acumulando y llegó a un punto de inflexión el 18 de octubre de 2019. El alza en el precio del pasaje del metro a comienzos de octubre dio lugar a un malestar en Santiago.

Los estudiantes evadieron masivamente el pago del servicio de transporte y luego la protesta se extendió a lo largo del país. Así empezó lo que se ha denominado como “el estallido social”. El eje común era llegar a un nuevo acuerdo que:
● Acortara las brechas sociales;
● Eliminara las desigualdades;
● Mejorara las pensiones de los adultos mayores, e
● Hiciera un cambio al sistema político y económico que sustenta el modelo chileno.

Un mes después de que empezaran las protestas, distintas fuerzas políticas vieron en el cambio de Constitución una válvula de escape que podría disminuir la tensión en las calles.

Así, el 15 de noviembre de 2019, se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito transversalmente por diez partidos con representación parlamentaria, y en donde se definió un plebiscito en el cual se harían dos preguntas:
1. Si se quiere o no una nueva Constitución; y
2. Qué órgano debe redactarla:
● Una Convención Constitucional conformada por 155 personas elegidas democráticamente, en donde además operaría un criterio de paridad en la asignación de los escaños, con un 45% de participación mínima para hombres o mujeres; o
● Una Convención Mixta Constitucional conformada en un 50% por miembros elegidos por la ciudadanía y en un 50% por parlamentarios que sean escogidos para este órgano.

Este acuerdo no logró parar las marchas que se llevaron a cabo todos los viernes hasta marzo de 2020. Pero sí abrió nuevamente la discusión de la nueva Constitución y puso al plebiscito como uno de los ejes centrales de la agenda pública y mediática.

El plebiscito se convirtió en un gran desafío, porque obliga a los políticos a salir de su zona de confort y proponer nuevas formas de acercarse y establecer un vínculo con la ciudadanía.

No hay certeza de que la nueva Constitución sea suficiente para detener la desconfianza en la política. Hay preguntas que le plantean un dilema al sistema político:
1. Cómo deben entender los partidos las nuevas formas de representación política, y
2. Si basta con ponerse del lado de las demandas ciudadanas o si es necesario dar pie a nuevas estructuras de participación y colectivización en la toma de decisiones.

Los resultados

Los resultados del plebiscito fueron claros. La opción “Apruebo”, es decir, que están de acuerdo con redactar una nueva Constitución se impuso con el 78,3% de los votos. La alternativa “Rechazo” para mantener la Constitución vigente obtuvo el 21,7% de los votos.

Además, el órgano que redactará la Constitución será la Convención Constitucional con carácter paritario. Esta es la primera convención de este tipo en el mundo. Obtuvo un 79% de los votos contra un 21% de la opción de la Convención Mixta.

El siguiente paso es la elección de los 155 convencionales constituyentes el 11 de abril de 2021, quienes tendrán un plazo aproximado de un año para redactar una nueva Constitución. El texto será sometido a un plebiscito ratificatorio de la ciudadanía durante el segundo semestre de 2022.

La decisión tomada por Chile el 25 de octubre representa un reto mayor, ya que la alta participación permitirá construir el capital democrático para establecer un nuevo contrato que los defina como sociedad y dé una respuesta a las necesidades de los ciudadanos que puede marcar el devenir del sistema político y de las futuras movilizaciones a lo largo del país. Solo queda esperar.

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