Cristhian Jaramillo, autor en Razón Pública
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Los cambios en el gobierno y los conflictos entre Congreso y presidente mantienen al Perú en un huracán de confusión política ¿A qué se debe esta “nueva normalidad” de la democracia peruana?

Cristhian Jaramillo*

La crisis y sus causas inmediatas

Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia en 2021, su gobierno ha tenido que enfrentar cargos de corrupción, solicitudes de destitución, cambios en el gabinete y un intento de autogolpe que llevó a la detención del propio presidente de la República.

Aunque la situación es extraordinaria para la mayoría de las democracias, en Perú hace parte de la crisis política e institucional que comenzó en 2017 y que explica por qué este país ha tenido seis presidentes en seis años.

En la Constitución del Perú existe “la cuestión de confianza”, una herramienta del poder ejecutivo para acelerar el trámite de sus propias propuestas. Si el Congreso niega la confianza dos veces, el Ejecutivo puede disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. El rechazo de la cuestión de confianza produce una “crisis total del gabinete” y la renuncia de sus ministros.

Tras las acciones de Castillo, son irreparables los daños a los sectores que presuntamente representaba, tales como las y los peruanos con menos recursos y oportunidades. En lugar de traer una mejora, Castillo gobernó de manera clientelista y fue investigado por un gran número de supuestos delitos de corrupción.

Una de las causas de la crisis es la cuestión de confianza solicitada por el entonces primer ministro, Aníbal Torres. Esta cuestión pretendía derogar la Ley 313555, que limita la aplicación de la cuestión de confianza a temas de competencia del Ejecutivo y prohíbe su uso en procedimientos referentes al Congreso u otros organismos.

El poder Ejecutivo entendió que la Ley 31355 modifica el equilibrio de los poderes públicos y limita su capacidad para presentar cuestiones de confianza. Torres trató de retornar al sistema jurídico anterior a la promulgación de esta ley.

El 24 de noviembre la Mesa Directiva del Congreso rechazó la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo, y todo el gabinete renunció. De aquí salieron la renovación del gabinete y el nombramiento de Betsy Chávez, antes Ministra de cultura, como nueva primera ministra. En caso de que el Congreso niegue una vez más una cuestión de confianza propuesta por el gobierno este podría disolver el Congreso.

Este escenario político es muy similar a la disolución del Congreso en 2019, cuando el presidente Martín Vizcarra cerró el Legislativo y convocó nuevas elecciones tras el rechazo de la segunda cuestión de confianza.

La presentación de la última cuestión de confianza fue una medida del Ejecutivo ante la presión del Congreso. En menos de dos años, Castillo ya había enfrentado dos mociones de vacancia presidencial, y su capacidad de gobernar había sido drásticamente limitada mediante reformas.

Sin embargo, el 1 de diciembre tras la renovación del gabinete, el Congreso admitió con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, la destitución por presunta “incapacidad moral” del ahora expresidente Pedro Castillo. La acusación en su contra es “el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelistas de las instituciones del Estado”.

Asimismo, el Congreso aprobó con 59 votos a favor que la votación de la vacancia del puesto presidencial se llevaría a cabo el 7 de diciembre. A tan solo un año y cuatro meses de asumir el gobierno, Castillo enfrentaba su tercera moción de vacancia.

Castillo de naipes La crisis recurrente del Perú
Foto: Flickr: Presidencia Perú - La causa más reciente de la crisis política peruana fue el rechazo de la cuestión de confianza presentada por el entonces primer ministro Aníbal Torres.

Puede leer: La eterna crisis peruana: más allá de Pedro Castillo

¿Cómo cayó Castillo?

Aunque Castillo contaba con el apoyo de algunos sectores del Legislativo, horas antes de la votación de la vacancia tomó una medida inesperada: anunció la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Asumió facultades para hacer una nueva Constitución, reorganizar el sistema de justicia, el poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Este autogolpe es similar al de Fujimori en 1992, pero Castillo no cuenta con la popularidad ni con el apoyo político o social de su antecesor. El intento de autogolpe fracasó, pues dos horas después Castillo fue detenido por su escolta de camino a la Embajada de México, a donde se dirigía presuntamente para solicitar asilo. Castillo fue enviado al penal de Barbadillo; curiosamente, allí también se encuentra Fujimori.

Por otra parte, la crisis de los partidos políticos y su fragmentación hacen casi imposible que el gobierno de turno logre mayorías en el Congreso. Así, en las elecciones generales de 2001, 2006, 2011, y 2021 los gobiernos lograron apenas el 37,5 %, 30 %, 36, 2 %, 13,8 % y 13,4 % de las bancadas, respectivamente.

Como era de esperar, este «autogolpe»  hizo adelantar la votación de la vacancia presidencial, y el Congreso declaró su destitución con 101 votos a favor. Como resultado, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo y se convirtió en la primera mujer presidenta del Perú. Mientras tanto algunas providencias y sectores del país se manifiestan a favor de unas nuevas elecciones.

Sin duda, el accionar de Castillo ha provocado un daño irreparable para los sectores que este suponía representar: las y los peruanos de provincia, con menos recursos y menos oportunidades. Lejos de suponer un cambio, Castillo gobernó de forma clientelar y tuvo un número significativo de investigaciones por supuestos delitos de corrupción.

Pero sería un error reducir a su figura la falta de dirección del sistema jurídico peruano. El Congreso puede iniciar un proceso de destitución presidencial alegando “incapacidad moral”, aunque los argumentos sean completamente subjetivos. Esta es una fuente obvia de disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, que recorta de modo también obvio la capacidad de cualquier presidente para gobernar.

El final de Castillo, pero no de la crisis

Gracias al Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, en febrero del 2021 publiqué un documento sobre las causas de la crisis institucional que llevó a la destitución de Martín Vizcarra, y la elección y renuncia de Manuel Merino. El análisis se centra en la inestabilidad del gobierno anterior para lograr mayorías en el Congreso y en el uso o abuso de la “incapacidad moral” para destituir al presidente.

En diciembre de 2022 estos factores siguen estando presentes en el sistema peruano y parecen indicar que hasta que no se solucionen, el gobierno de Dina Boluarte, o cualquier otro que le suceda, puede ser tan corto como el de Castillo.

Por otra parte, la crisis de los partidos políticos y su fragmentación hacen casi imposible que el gobierno de turno logre mayorías en el Congreso. Así, en las elecciones generales de 2001, 2006, 2011, y 2021 los gobiernos lograron apenas el 37,5 %, 30 %, 36, 2 %, 13,8 % y 13,4 % de las bancadas, respectivamente.

En general no se han podido lograr alianzas efectivas entre los partidos. La diferencia entre las bancadas del gobierno y las de oposición genera intensos y constantes desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Adicionalmente, las elecciones generales de 2021, donde Castillo y Boluarte asumieron la presidencia, fueron conflictivas. La segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori terminó con la victoria para Castillo por un margen de 0,234 %. Fujimori acusó a Castillo de fraude sin presentar pruebas, alegando que ese fraude fue promovido por su organización política y por los organismos electorales.

Fujimori no aceptó su derrota, lo que causó meses de tensión política y polarización en el país. Esto también llevó a una aversión de ciertos sectores hacia la opción que representaron Castillo y Boluarte, que todavía existe hoy.

Los presidentes no pueden gobernar

El segundo factor que explica la permanencia de la crisis del Perú es constitucional: la facultad del Congreso para destituir al presidente por medio del mecanismo de “la incapacidad moral”. Antes del 2016, este término sólo se usó en la renuncia de Fujimori y su salida del país tras un escándalo de corrupción.

La excepción de vacancia del puesto presidencial por incapacidad moral fue interrumpida durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La oposición ha usado este mecanismo con una frecuencia alarmante. Causó la renuncia de Kuczynski, la destitución de Martín Vizcarra y el muy reciente intento de autogolpe por parte de Castillo para evitar su propia destitución.

Aunque Perú ha evitado caer en un régimen autoritario, la toma del poder por parte de Dina Boluarte hace que algunos sectores propongan un nuevo proceso electoral. Algunas bancadas han hecho saber que su apoyo dependerá de las decisiones de Boluarte. El mensaje es claro: no se tienen en cuenta las necesidades de la ciudadanía y sin duda esto tendrá graves consecuencias para el país.

Le recomendamos: Elecciones en Perú: la tercera no fue la vencida

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Cristhian Jaramillo

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Cristhian Jaramillo

* Asistente de investigación para el portal de Reformas Políticas en América Latina e investigador del Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones.

Foto: Facebook: Pedro Castillo - Desde 2017, Perú ha sido un curioso ejemplo de crisis política y de poca gobernabilidad.

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Una explicación sobre la gobernabilidad y por qué analizar el sistema de gobierno peruano es importante para evitar la crisis.

Cristhian Jaramillo*

Crisis tras crisis

Desde 2017, Perú ha sido un curioso ejemplo de crisis política y de poca gobernabilidad. Las crisis entre los poderes Ejecutivo y Legislativo provocaron en un lustro —entre 2016 y 2021— un Referéndum Nacional, cuatro presidentes y que se disolviera una vez el Legislativo.

Las elecciones de 2021 y el cambio en el Ejecutivo y en la composición del Congreso no moderó esta crisis. Es más, los conflictos entre los poderes persisten al punto en que el presidente Castillo enfrentó el pasado 28 de marzo su segunda moción de vacancia presidencial; moción que no fue aprobada por faltar 32 votos.

¿Cómo entender entonces esta crisis política? ¿Por qué los conflictos siguen a pesar de la elección de un nuevo presidente y de un nuevo congreso? Para descifrar el problema peruano es necesario analizar primero su sistema de gobierno.

El sistema de gobierno peruano

En principio, el ordenamiento constitucional de este Estado se asemeja al modelo del sistema presidencialista. Así, Perú cuenta con un ejecutivo monista, es decir que el jefe de Estado es también el jefe de Gobierno. Además, es elegido a través de sufragio universal directo por un periodo de mandato fijo de 5 años.

A pesar de ello, Perú posee ciertas instituciones similares a los sistemas parlamentarios. Este sistema de gobierno añadió tempranamente en su Constitución algunas figuras de las democracias occidentales.

Como señala Milagros Campos, esto se produjo debido a la directa influencia de la Constitución de Cádiz y el ordenamiento constitucional del gobierno español. La introducción de figuras de un sistema parlamentario al sistema presidencialista fue un proceso continuo.

En algunos casos, la incorporación de estas instituciones, en su mayoría mecanismos de control, se realizó mediante la promulgación de nuevas constituciones o reformas a las ya vigentes.

Así, el sistema de gobierno peruano reconoció e hizo suyas instituciones como la observación de leyes (1826), la interpelación ministerial (1860), la censura ministerial (1867), la cuestión de confianza (1920), la disolución del Congreso (1979) y el voto de confianza (1993).

Gran parte de estas medidas se introdujeron para limitar el poder de la Presidencia o para brindarle ciertas herramientas frente a un Congreso obstruccionista. En la mayoría de los casos de América Latina, un Ejecutivo sin controles políticos ha supuesto la ruptura del sistema democrático y su reemplazo por uno autoritario.

Desde este aspecto, es necesario resaltar que tanto la disolución del Congreso (1979) como la vacancia presidencial (1839) han estado presentes durante largos años en el ordenamiento jurídico de este país. ¿Cómo entonces se explica que los procesos de vacancia o la disolución del Congreso tomaran relevancia recién en el último lustro?

La importancia de la mayoría

La gobernabilidad del Perú comenzó a depender de la obtención de una mayoría en el Congreso de la República a pesar del proceso de “parlamentarización” del presidencialismo peruano, que pretendía crear una mayor posibilidad de acuerdo entre ambos poderes.

Por esta razón, cuando el partido de gobierno no contó con un apoyo mayoritario en el Legislativo se produjeron crisis políticas que condujeron a golpes de Estado contra los presidentes o a la ejecución de políticas restrictivas.

Esto último se condice con el estudio de Juan Linz que realiza una crítica al sistema presidencialista. De acuerdo con este investigador, se establecen incentivos para estrategias no cooperativas entre los grupos estatales debido a la aplicación del presidencialismo.

A partir de estos incentivos surgen situaciones de bloqueo institucional, lo que puede conllevar a intervenciones militares y propiciar una crisis democrática. En suma, sin un Ejecutivo con presencia en el Congreso, es posible que la gobernabilidad de un país sea insostenible. El presidencialismo sólo puede tener un buen desempeño si se encuentra acompañado de una mayoría en el Congreso o si existe una coalición que apoye sus políticas.

Desde el retorno a la democracia, en el año 2000 hasta 2016, la mayoría de los presidentes peruanos no han contado con una bancada mayoritaria, pero sí impidieron la formación de una coalición opositora. Esto último les permitió finalizar sus mandatos.

El sistema de partidos políticos peruano, altamente fragmentado, produjo también una menor posibilidad para que las bancadas oficialistas agrupen un porcentaje significativo de escaños, forzando a que estos dialogaran entre sí.

La bancada ganadora de la presidencia obtuvo en 2001, 2006 y 2011 el 37,5 %, 30 % y 36,2 % del total de escaños respectivamente. Cabe resaltar que durante estos periodos la bancada oficialista no fue necesariamente la primera mayoría.

En 2006, el presidente y su partido no contaron con la mayoría en el Congreso. A pesar de ello, es importante considerar que, en los procesos electorales de 2001, 2006 y 2011, la diferencia entre la bancada oficialista y la opositora no era desproporcionada. Si bien la bancada oficialista no poseía la mayoría, la bancada opositora tampoco tenía un dominio absoluto del Congreso.

La diferencia máxima entre bancadas fue de 17 escaños en las elecciones generales de 2001 y la menor fue de 9 escaños en las elecciones de 2006. Por tanto, el oficialismo y la oposición dependían de la conformación de acuerdos y la cooperación entre bancadas para poder proponer políticas, legislar leyes y ejecutarlas.

Cuando el partido de gobierno no contó con un apoyo mayoritario en el Legislativo se produjeron crisis políticas que condujeron a golpes de Estado contra los presidentes o a la ejecución de políticas restrictivas.

Este patrón fue interrumpido por los resultados del proceso electoral de 2016. En esta elección, Fuerza Popular obtuvo una histórica mayoría de 73 escaños.

A esto se le sumó un aumento de la polarización y los desentendimientos entre la bancada de gobierno y la oposición que llevó a proponer el primer intento de vacancia en contra del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, solo 18 meses después de ser elegido.

crisis en Perú en este 2022
Foto: Facebook: Pedro Castillo - La crisis peruana va más allá de Pedro Castillo y sus posibles desaciertos.

Puede leer: La crisis peruana: algunas notas sobre sus causas y el incierto futuro político

Incapacidad moral o vacancia

Por otra parte, conviene profundizar en la moción de vacancia. La vigente Constitución política peruana considera como una causal para la vacancia la “incapacidad moral” del presidente, sin detallar qué actitudes o acciones califican como tal. Así, el término de “incapacidad moral” posee una interpretación flexible.

Este puede aludir incapacidad mental permanente y, por tanto, estar incluido como parte de la incapacidad física o a una conducta por parte del presidente que lo hace insostenible en el ejercicio del cargo. De una u otra manera, la vacancia por “incapacidad moral” está llena de vacíos conceptuales.

Sin embargo, esta causal solo se empleó una vez: durante la renuncia de Fujimori y su salida del país tras un escándalo de corrupción en 2016. Esta excepcionalidad se interrumpió a partir del gobierno de minoría conducido por Pedro Pablo Kuczynski.

Desde 2016 hasta la actualidad, se han realizado seis procesos de vacancia. Esto ha resultado en la renuncia de Kuczynski, la vacancia de Vizcarra y dos procesos en contra de Castillo que fueron rechazados.

Castillo, ¿responsable de la crisis política?

En este segundo proceso de vacancia, el presidente del Perú fue acusado de supuestas mentiras y contradicciones en las investigaciones fiscales que se están produciendo en su contra, así como de designaciones de ministros de Estado y otros funcionarios.

Estas acusaciones no han sido reconfirmadas tras un juicio civil y se encuentran aún en la fase de investigación. Sin embargo, el aumento de la polarización política y la flexibilidad de la causal de vacancia por incapacidad moral parecen indicar que la moción rechazada por el Congreso no será la última.

La crisis peruana va más allá de Pedro Castillo y sus posibles desaciertos y se vincula con causas institucionales de este país y su sistema de gobierno.

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Cristhian Jaramillo

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Cristhian Jaramillo

* Asistente de investigación para el portal de Reformas Políticas en América Latina e investigador del Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones.

Foto: Gobierno de Perú - Francisco Sagasti, presidente del Perú.

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En menos de dos semanas, Perú ha sufrido una de las peores crisis políticas en décadas. ¿Qué pasó y por qué es muy probable que se repita la crisis?

Cristhian Jaramillo*

La crisis

Desde que Perú volvió a la democracia en los 2000, no se había visto una crisis política como la actual. En las dos últimas semanas:

  • El Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, lo cual provocó una ola de protestas que las autoridades reprimieron con violencia;
  • Dos estudiantes universitarios, Jack Pintado de 22 años e Inti Sotelo de 24 años, fueron asesinados y decenas de manifestantes se reportaron desaparecidos;
  • El nuevo presidente Manuel Merino renunció a su cargo, como consecuencia del rechazo ciudadano,
  • Durante un día entero, el Congreso no se pudo poner de acuerdo para asignar el cargo de presidente;
  • Finalmente, el 16 de noviembre Francisco Sagasti fue designado presidente de la República, el tercero en una semana.

Al igual que otros países de América Latina, y coincidiendo con Tomas Dosek, el Perú es un caldo de cultivo para un estallido social: los altos índices de pobreza, la desigualdad, la informalidad, la pandemia, el abuso de poder y la debilidad institucional han creado un entorno propicio para la crisis.

Pero para entender y explicar el motivo de esta particular inestabilidad política, es necesario detenerse en el sistema de gobierno y el modelo de partidos políticos en Perú. Ambos factores pueden explicar la crisis y prever lo que vendrá.

Los partidos tradicionales estaban en crisis desde los años 90, y sufrieron la estocada final con la victoria del Alberto Fujimori y su discurso antipartidista

Un arma política

Perú posee un sistema de gobierno presidencial, con ciertos elementos de los sistemas parlamentarios, como el voto de censura y el voto de confianza.

Estos elementos buscan balancear el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, de modo que uno no abuse del otro. Una de estas herramientas es la vacancia presidencial por voto del legislativo. Con este instrumento, el Congreso puede acusar y destituir al presidente por:

  • traición a la patria;
  • impedir las elecciones;
  • disolver el Congreso sin haberse cumplido los supuestos previstos en la Constitución;
  • impedir el funcionamiento de los organismos electorales, o
  • incapacidad moral.

Esta última causal se introdujo en la Constitución de 1839 y, antes de 2016, solo había sido aplicada tras el escándalo de corrupción de Alberto Fujimori y su posterior huida del país en 2000.

Sin embargo, desde 2016, la vacancia por incapacidad moral se ha convertido en protagonista de la política peruana. La libre interpretación de la expresión “incapacidad moral” ha terminado por convertirla en un arma política.

Lea en Razón Pública: Perú:¿qué hay detrás de la disolución del Congreso?

El presidente versus el Congreso

En 2016, Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, pero su partido solo obtuvo una minoría en un congreso unicameral. En cambio, el partido Fuerza Popular liderado por su contrincante, Keiko Fujimori, acumuló 73 de los 130 escaños.

De esta forma, Kuczynski se enfrentó a una oposición poco conciliadora y soportó un primer intento de vacancia por la causal de incapacidad moral tras ciertas concesiones a grupos políticos, como el indulto de Alberto Fujimori.

Tras la divulgación de audios sobre estas negociaciones, un segundo intento de vacancia forzó a Kuczynski a renunciar y Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, asumió el cargo.

Al igual que su predecesor, Vizcarra se enfrentó a la oposición fujimorista, de modo que llegó a cerrar el Parlamento tras la repetida negación de confianza y convocó a elecciones extraordinarias de congresistas.

Pero Vizcarra llegó a la presidencia sin una bancada propia. Su mandato logró cierto apoyo ciudadano, que se basó más en la oposición contra el Congreso que en una simpatía por el presidente. Sin embargo, en las elecciones extraordinarias de congresistas de enero de 2020, Vizcarra no presentó candidatos ni apoyó las listas de ningún partido. Tampoco buscó alianzas con sectores del recién formado Congreso.

Un presidente sin partido ni bancada estaba expuesto a un nuevo conflicto con el legislativo. Al igual que Kuczynski, Vizcarra soportó un primer intento de vacancia por supuestos sobornos cuando este era gobernador regional.

Sin embargo, tras la divulgación de unos chats supuestamente incriminatorios, a Vizcarra se le volvió a acusar de incapacidad moral y se abrió un nuevo procedimiento. En este, Vizcarra se mostró menos conciliador y cuestionó la legitimidad de un proceso abierto por parlamentarios que tenían denuncias pendientes de resolverse.

Sus declaraciones representaron la ruptura absoluta con el Parlamento. Finalmente, con 105 votos de 130, Vizcarra fue destituido y asumió el cargo el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino.

La libre interpretación de la expresión “incapacidad moral” ha terminado por convertirla en un arma política

Un sistema de partidos débil

A este sistema donde un gobierno de minoría no puede obtener suficiente estabilidad política se le suma el sistema de partidos.

Como argumentan Levitsky y Zavaleta, el modelo peruano se soporta en partidos políticos poco institucionalizados, altamente personalistas, y con poco o ningún enraizamiento subnacional.

Los partidos tradicionales se encontraban en crisis desde los años 90, y sufrieron la estocada final con la victoria del outsider Alberto Fujimori y su discurso antipartidista.

El panorama no mejoró con el retorno a la democracia: los partidos perdieron representación y confianza, y fueron sustituidos por movimientos regionales o puramente locales.

La debilidad de los partidos ha afectado de forma significativa la elección de candidatos. Muchos políticos usan al partido como un vehículo para conseguir un cargo, pero no tienen ningún otro vínculo con el partido. Por eso, no existe la disciplina partidaria y los parlamentarios responden más a intereses individuales que a objetivos colectivos.

Un claro ejemplo de ello es la relación entre los líderes de partidos políticos y las universidades privadas, de las que son dueños o principales accionistas. Como respuesta a este problema, se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que llegó a negar licencias e incluso a cerrar las universidades que no cumplieran con estándares mínimos.

Durante años, varios parlamentarios pidieron eliminar dicha Superintendencia por ir en contravía de sus intereses. En cambio, el gobierno de Vizcarra respaldó la labor de este organismo, lo que a su vez le granjeó más enemistades.

Una vez destituido, y con Manuel Merino a la cabeza del ejecutivo, los mismos legisladores propusieron crear nuevas universidades. Evidencia de los ánimos de (contra)reforma es la carta notarial enviada por la Telesup, una de las instituciones a las que se negó la licencia, a la Superintendencia en donde advirtió que el poder y la protección que le daba el gobierno se había acabado.

Con la reforma universitaria en peligro, otros pequeños avances en reformas políticas y de protección a los ciudadanos también se vieron amenazados.

Como congresista, Manuel Merino había propuesto eliminar la paridad y alternancia entre hombres y mujeres en las listas de candidatos, reforma recién aprobada y aún por ejecutarse. El entonces premier, Antero Flores-Aráoz, había manifestado en varias ocasiones estar en contra de la igualdad de género, por lo que la Política Nacional de Igualdad de Género también quedó en la cuerda floja.

Finalmente, se produjo un estallido social impulsado por la salida de Vizcarra, el nombramiento de Merino por un congreso impopular, la conformación de un gabinete de derecha y la represión y violencia policial. Todo lo anterior llevó a la renuncia de Merino y de toda la Mesa Directiva del Congreso.

Foto: TV PE Noticias - Martín Vizcarra, quien había reemplazado a Pedro Pablo Kuzczynski, fue recientemente destituido.

Puede leer: ¿Qué está pasando en Perú?

La crisis continuará

Tras una primera elección sin consensos, Francisco Sagasti fue elegido presidente de la República. Pero a pesar de la elección de Sagasti y el supuesto consenso en el Congreso, existen muy pocas razones para pensar que la crisis no se repita en el futuro.

El pasado jueves, el Tribunal Constitucional decidió declarar improcedente la demanda que interpuso el poder ejecutivo ante el poder legislativo sobre la vacancia presidencial. En consecuencia, no se especificarán las causas precisas por las cuales un mandatorio incurre en incapacidad moral.

Ante este vacío normativo, es posible que la causal en cuestión se siga empleando como un instrumento político, cuando el partido de gobierno no tiene mayoría en el Parlamento.

Los congresistas que decidieron la vacancia de Vizcarra siguen siendo los mismos y sus intereses personales siguen estando en juego.

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Cristhian Jaramillo

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Cristhian Jaramillo

* Asistente de investigación para el portal de Reformas Políticas en América Latina e investigador del Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones.

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