El acuerdo se firmaría en La Habana pero tendrá que ser cumplido en las regiones. Reinsertar a los desmovilizados, resarcir a las víctimas y evitar que la violencia se recicle son desafíos obvios y cercanos para los gobiernos locales. Y sin embargo no se están preparando*.
John Jairo Uribe**
Regiones y posconflicto
¿Están preparadas las regiones de Colombia para llevar a cabo las tareas que les corresponden en el escenario de un eventual post-acuerdo? Simplemente, no.
Esta, me atrevería a decir, es la verdad preocupante de todas o de casi todas las regiones, cuando se dice –y con razón- que la paz tendrá que ser “territorial” y que deberá ser construida “desde lo local”.
Cierto que se han ampliado los escenarios de discusión sobre el proceso de paz. Cierto también que algunas comunidades cuentan con experiencias de neutralidad activa que les han permitido sobrevivir en medio de las atrocidades de la guerra. Pero apenas en contadas ocasiones, las administraciones locales han diseñado y ejecutado políticas capaces de abordar los principales retos del llamado post-conflicto (como ocurrió en Medellín con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara).
Apenas en contadas ocasiones, las administraciones locales han diseñado y ejecutado políticas capaces de abordar los principales retos del llamado post-conflicto.
Por todo eso el papel que juegan los actores locales de Colombia en la consolidación de los procesos de desmovilización, reparación y reconciliación, sigue siendo marginal.
Más todavía: temo que estamos haciendo muy poco para preparar las respuestas locales a los retos que implica la construcción de “la paz territorial”, a la espera quizá de los lineamientos nacionales y del dinero de las agencias internacionales. Un síntoma diciente de esta situación es la falta o escasez de discusiones sobre este tipo de temas a propósito de las elecciones departamentales y municipales que tendrán lugar en unos pocos meses.
Pero ¿cuáles son los retos del post-acuerdo desde el punto de vista de las regiones?
Reinserción de excombatientes
En primer lugar, uno de los temas más complejos se refiere al hecho de que no se ha “cerrado” todavía el capítulo con los desmovilizados de las autodefensas: buena parte de sus aparatos armados y sus grupos delictivos se han reciclado bajo la forma de las bandas criminales y de los grupos anti-restitución, entre otros.
Por otra parte los procesos de desarme, desmovilización y reintegración han tenido tropiezos, bien porque los ex paramilitares o ex guerrilleros que decidieron hacerlo por su cuenta sienten que el Estado les ha incumplido, bien porque no se consideran plenamente reconocidos como actores integrados y constructivos con disfrute pleno de oportunidades laborales y sociales.
Esta situación remite, en últimas, a la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que los sujetos de la guerra, que se consideran a sí mismos como “héroes” (“Héroes de Tolova”, o “de los Montes de María” para las AUC, “héroes” del ELN como los de los frentes “Domingo Laín” y “Carlos Alirio Buitrago”), comprendan su papel en la reparación de las víctimas y en la reconstrucción del tejido social?
 Presentación de 40 demandas por restitución de tierras en la Unidad de Restitución de Tierras de Tolima. Foto: Unidad de Restitución de Tierras |
Las víctimas
Una segunda y decisiva dimensión del desafío se refiere a la capacidad de las víctimas para convertirse en protagonistas del desarrollo en el plano regional.
De un lado existen grandes dificultades para cumplir con la reparación, ora por la continuidad de diversas formas de violencia que hacen casi imposible restituir las tierras, ora porque se ha hecho poco para que los hechos victimizantes sean reconocidos y condenados, ora porque los mismos perpetradores han evadido su responsabilidad en el proceso (un aspecto más que falta por cerrar en relación con los desmovilizados de las AUC), ora por la precariedad de muchas de las organizaciones de víctimas.
De otro lado, la mayoría de los mecanismos de reparación se ocupan de retribuir económicamente a las familias (lo cual es necesario y debe hacerse cada vez mejor) pero se ha hecho poco en dirección de reconstruir un tejido social que promueva el acceso a nuevas oportunidades dentro de las comunidades locales donde transcurre la vida de las víctimas.
Cómo superar el paternalismo que – salvo algunas excepciones importantes- ha caracterizado tradicionalmente el tratamiento que el Estado da a las víctimas.
En este punto la pregunta es cómo superar el paternalismo que – salvo algunas excepciones importantes- ha caracterizado tradicionalmente el tratamiento que el Estado da a las víctimas. El reto entonces consiste en desarrollar una visión (y una serie de acciones concatenadas) sobre la reparación que logre promover el desarrollo local.
Vale decir que una reflexión análoga se aplica a los procesos de reintegración: se necesita integrar el acompañamiento individual con la oferta de mejores condiciones económicas, sociales y culturales, pues de otro modo los desmovilizados se “reciclarán” en nuevas organizaciones criminales.
No reciclar la violencia
El último reto se refiere a un problema que preocupa a muchos: ¿cómo evitar la creación o fortalecimiento de actores ilegales que “reciclen” a las personas que se desmovilizan, como en Colombia ha sucedido con relativa frecuencia?
Esta tarea implica construir el Estado Social de Derecho en los territorios donde el conflicto armado ha sido más intenso. Aquí vale la pena retomar una anécdota que ilustra los contornos del problema. En un evento donde organizaciones sociales del sur del Tolima y el norte del Huila se ocuparon del el proceso de paz, varias de ellas expresaron su preocupación acerca de quién va a defender a las comunidades de los abusos de las multinacionales que entrarán a sus veredas una vez la guerrilla deje las armas.
 Delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba. Foto: FARC-EPaz |
Debe decirse que muchas organizaciones presentes criticaron la presencia de las FARC en sus territorios porque consideran que su modo de proceder no las fortalece y sienten, además, que ésta guerrilla no los representa. Y sin embargo la pregunta anterior es interesante porque expresa la desconfianza de la mayoría de los asistentes frente al Estado y su duda sobre la decisión de defenderlos, no ya de las guerrillas, sino de las empresas dedicadas a megaproyectos o a explotaciones de gran minería.
En relación con la confianza en el Estado, vale recordar que las guerrillas y los grupos paramilitares, no sólo han regulado la vida cotidiana en los territorios bajo su control, estableciendo horarios, estilos de vestido y formas de comportamiento, sino que los han administrado en un amplio sentido: han definido el tipo de actividad económica permitida, la índole de las organizaciones que allí pueden desarrollarse, etc.
Como se sabe, estos controles han sido motivados por la necesidad de mantener los costosos aparatos militares de guerrillas o de autodefensas, así como por los caprichos de los comandantes. Me explico: la regulación de los territorios responde tanto a la lógica del tráfico de drogas como a los gustos personales del líder militar, y no a un ideal de sociedad que estos grupos pudieran defender.
Ahora bien, ya es un lugar común afirmar que el acuerdo podría (o no) ser suscrito en La Habana, pero la paz se construye en las regiones. En esta coyuntura electoral cabe preguntar si los candidatos y sus equipos de campaña, así como las organizaciones políticas, económicas, culturales o comunitarias involucradas en la elección de ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, reconocen estos u otros retos y si piensan hacer algo ¿es sano que sigamos esperando las “instrucciones” desde Bogotá para construir paz regional?, ¿es sano que se hable poco del tema, quizá con la idea de que este asunto es poco rentable electoralmente?
En todo caso es necesario plantearse la cuestión con seriedad, tanto desde los sectores críticos del proceso de negociación, como desde aquellos que lo ven con optimismo. De lo contrario corremos el riesgo de que las regiones acaben por ser simples espectadoras de lo peor (cualquiera que sea el acuerdo al que se llegue en Cuba): la reproducción de una violencia desaforada, mucho más desordenada de que conocemos hasta hoy.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad de Ibagué. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
**Antropólogo, magister en Ciencia Política, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de Ibagué.
