El primer Secretario de Paz que tuvo Guatemala, el único otro país donde el pueblo no aprobó los acuerdos entre el gobierno y las guerrillas de izquierda, reflexiona a la luz de su experiencia sobre el difícil momento que hoy vive Colombia.
Héctor Rosada-Granados*
Negociaciones de último momento
A finales de 1995, en Guatelamala, el tiempo para negociar se nos estaba acabando y solo nos quedaba consolarnos con la esperanza de que pasaran tres cosas:
- Que el nuevo gobierno, que asumiría al iniciar 1996, estuviera dispuesto a controlar sus rencores y continuara la negociación;
- Que la debilitada comandancia guerrillera lograra sostener lo que ya habíamos avanzado; y
- Que los nuevos acuerdos que se alcanzaran estuvieran al mismo nivel de los que ya habíamos firmado.
Era diciembre y había frío. Desde hacía varios días un pensamiento ocupaba mi mente y me negaba a aceptarlo. No quería reconocer que nos habíamos equivocado: nuestro objetivo no central no debió ser la paz, sino ocuparnos de garantizar que el Estado y las guerrillas seríamos capaces de resolver juntos las causas que generaron una guerra de 42 años. Veinte años después confirmo que ese era el enfoque correcto.
Con el cambio de gobierno nosotros también tuvimos nuestro propio Uribe. La debilidad y los errores hicieron que esa comandancia debilitada y dividida de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) aceptara retroceder en lo ya avanzado, de manare que los nuevos acuerdos coincidieron con lo que aceptaría el segmento político dominante del nuevo gobierno.
La más grave dificultad ocurrió cuando la retribución por un acto delictivo cometido días antes de finalizar el proceso negociador obligó a la URGN a sacar de su delegación al mejor de sus comandantes, para luego aceptar vergonzosamente que una amnistía cubriera las graves violaciones a los derechos humanos que se habían cometido durante la guerra: las de ellos y las del Ejército.
Un acuerdo de todos
 Padre Francisco de Roux. Foto: Agencia Prensa Rural |
Ahora estoy tratando de entender este fenómeno tan complejo al comparar el proceso de paz colombiano con lo que nosotros vivimos. Nos enfocamos principalmente en la paz, en lugar de dar prioridad al análisis de si sería posible empezar a superar las causas que habían producido la guerra dando cumplimiento a lo que habíamos acordado. Se pensó en “la paz” sin dar prioridad al final de la guerra.
Se nos olvidó que para un pueblo muchas veces vale más el fondo que las formas; que la violencia acumulada genera temores, y que esos temores son malos amigos cuando hay que tomar una decisión que nos implicará a todos.
Se pensó en “la paz” sin dar prioridad al final de la guerra.
No podemos desconocer que tanto Colombia como Guatemala poseen una composición político-ideológica que divide a su sociedad. Es posible que la herencia histórica de lo étnico no pese tanto en Colombia como en Guatemala. Sin embargo, uno de los temas que más ha influido sobre los fallidos procesos para lograr reformas en el sistema político y en sus instituciones ha sido la negativa a reconocer que Guatemala es un país pluriétnico, multilingüe y pluricultural, como se indica en uno de los acuerdos de paz.
Esas divisiones obligan a plantear un cambio de estrategia. No se trata de influir sobre la población para que salga “berraca” a expresar su opinión, o de influir para que al no explicar los contenidos de lo acordado la orientación del voto se altere por la emoción y no por la razón.
En ambos países estos tipos de conducta no han ayudado a tomar las decisiones colectivas que podrían fortalecer una cultura política sensata con orientación democrática. No han ayudado a comprender que el fin de una guerra exige un esfuerzo enorme de reconstrucción de país.
Otra de las grandes limitaciones, que posiblemente compartimos, es no querer aceptar que la reconstrucción de un país debe ir por la ruta de pensar en todos para aceptarlos a todos. Solo así podremos, como nos dijo en Medellín el padre Francisco de Roux, “creer en la gente y confiar en ellos”.
Pese a ciertos mecanismos que aparentan el reconocimiento de espacios para todos, no hemos sido sinceros en aceptar que la sociedad en su conjunto posee derecho a opinar sobre aquello que quienes tenemos el poder creemos que es lo correcto y lo conveniente. Estos días he reflexionado sobre el hecho de haber limitado la negociación a los representantes de los grupos contendientes, sacándola del espacio de todos y proyectando la imagen de que “en este espacio solo cabemos nosotros”.
Creo que ese fue un error compartido por ustedes y nosotros. Creo que por eso cuando intentamos preguntar si querían y aceptaban lo que habíamos decidido muy pocos emitieron respuesta, y de esos pocos una mayoría nos gritó que no, aunque no hubieran entendido el contenido y el sentido de lo acordado.
¿Qué viene ahora?
 Guerra Civil en Guatemala entre 1960 y 1996. Foto: Wikimedia Commons |
Pese a todo, a estas alturas lo acordado es un diagnóstico y una propuesta que deberían entregarse al pueblo, a quien le pertenecen, para que ese pueblo lo acoja, reflexione y lo modifique, si es que en realidad queremos que todos participen.
Me impactó durante una de las visitas que hice a Colombia entre 2013 y 2014 la disposición de pensar en el posconflicto. Ello significa que existe -y que aceptamos que existe- un momento donde trasladamos a quien le corresponde la continuidad de ese largo y complejo proceso de construir patria.
Para lograrlo el punto de arranque es la reconciliación. Aquí en mi país siempre la capto como “la construcción de la conciliación”, porque antes no hemos estado conciliados. Ustedes sabrán dónde ubican ese punto de arranque y cómo manejan los efectos que ha dejado la guerra en la mente de la población, en especial en aquellos que se vieron afectados por graves violaciones a los derechos humanos. Estoy seguro, porque trabajo en ello, que uno de los temas más complejos será el manejo y los efectos de una eventual aplicación de la justicia transicional.
No obstante, su realidad es distinta y corre en tiempos diferentes con respecto a la nuestra. Podríamos aceptar que cada conflicto ha producido su propia cuota de violencia. Pienso que ahora lo conveniente sería pensar en garantizar que sí se dará el cese al fuego.
El fin de una guerra exige un esfuerzo enorme de reconstrucción de país.
Esto sería una muestra de estar reflexionando sobre la coyuntura, para reconocer que estamos entendiendo el mensaje, que ya nos dimos cuenta de que una solución a la confrontación armada obliga a tomar y a sostener esa decisión -de ambas partes-, y que ese será un paso obligado para madurar las condiciones del posconflicto.
A este respecto, habría que asumir que el contenido de lo que ya fue acordado es el punto de partida para iniciar un esfuerzo que nos permita dar el mensaje de que ahora es la población en su conjunto la que recibe esa herencia, y que esta, tal vez, les sirve para meditar sobre cómo superar las causas que provocaron la confrontación violenta y cómo evitar que se repitan.
Algo debe quedar totalmente claro: el No se orienta en contra de uno de los actores, tal vez por desconocimiento de los contenidos incluidos en alguno de los puntos del acuerdo, pero no trata de negar la necesidad de la paz.
A aquellos que estuvieron en escena durante los cuatro años de la negociación les corresponde ahora meditar sobre los posibles errores cometidos y asesorar a quienes reciban el liderazgo del diálogo.
Este es el momento de pensar en la importancia de ocupar el puesto que ahora le corresponde a cada quien, evitando que los rencores y las distancias ideológicas sean obstáculos en este nuevo proceso encaminado hacia la finalización de una etapa.
Buena suerte para todas y todos mis queridos amigos.
* Guatemalteco, doctor en Ciencias Sociales, politólogo, sociólogo y antropólogo, maestro en Docencia Universitaria, consultor internacional en temas de seguridad, justicia y paz, representante del gobierno de Guatemala en las negociaciones de paz entre 1993 y 1995.
