Ya es hora de entender que la indignación pasajera y la búsqueda de culpables no sirven para nada. Hay que hacer cosas más serias.
Rocío Rubio Serrano*
El escándalo del momento
En la tarde del pasado 27 marzo un adolescente asesinó a dos hombres en la Comuna 13 de Medellín. El joven huyó a pie pero fue capturado por la Policía. Se le incautó el arma y se inició el proceso de judicialización. Se comprobó entonces que tenía 14 años y que, como tal, era objeto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Pero el SRPA es un sistema en crisis, con serias dificultades para cumplir su finalidad restaurativa y que no parece ser prioridad en la agenda política.
De seguro le dictarán una sanción privativa de la libertad de ocho años por la gravedad de su delito, sin derecho a rebajas, y permanecerá en un centro de atención especializada (CAE). Saldrá cuando cumpla los 22 años, si no se escapa antes y si no cae víctima de las disputas violentas que abundan en muchos de estos centros.
El hecho violento quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial donde el joven llevó a cabo “la vuelta”. El video se hizo viral en redes sociales, alimentando la indignación al igual que el morbo. En redes y medios de comunicación la noticia fue “tendencia” como “¿niño o sicario?”. Una semana después la conmoción ha dejado de ser titular, pero persisten las preguntas sobre el tema.
Una forma de vida
En términos generales, hemos tenido una percepción banal acerca de un fenómeno social que no es reciente, y a pesar de que los analistas llevan tiempo de explicar las deficiencias en el diseño y ejecución de las políticas y programas al respecto. Peor todavía, los niños, niñas y adolescentes solo se hacen visibles cuando ocurren situaciones como esta.
No en vano muchos comunicadores se refirieron al protagonista de los hechos como “el menor infractor”. En otras palabras, se desconoce que toda persona menor de 18 años es un sujeto de derechos, en formación y desarrollo, que merece la protección integral y corresponsable del Estado, la familia y la sociedad.
El uso arquetípico del “niño sicario” no es una novedad ni es exclusivo de Medellín. Desde hace más de 30 años los adolescentes están vinculados a la comisión de delitos, un síntoma del entramado de violencias (familiares, delictivas, territoriales, simbólicas y demás), en cuyas redes quedan atrapados los niños y las niñas.
Peor todavía, los niños, niñas y adolescentes solo se hacen visibles cuando ocurren situaciones como esta.
La figura de “carritos” o “campaneros” puede ser el primer escalón de una carrera delictiva, donde algunos menores de edad ascienden a líderes de unas cuadras del barrio, jefes de ollas o sicarios. La ficción de mando, poder, reconocimiento y sentido de pertenencia queda completada con un “fierro”, una moto de alto cilindraje y un “par de novias lindas” que los pueden llorar si algo les pasa.
Las bandas y “oficinas de cobro” catalizan esos valores y actitudes y normalizan la violencia como manera de resolver conflictos, como modo de subsistencia y como forma de vida. Estas bandas se asientan en territorios clave para negocios ilícitos y para el control de corredores. Sus modos de operación se exportan a otros lugares.
Puede leer: ¿Por qué no funciona la justicia penal de adolescentes?
Foto: Defensoría del Pueblo |
Estado ausente
No obstante, la frecuencia y la utilización creciente de niños y de niñas para cometer delitos, Colombia no ha adoptado una política asertiva al respecto, que discrimine los niveles de prevención y no se confunda con simples llamados a una política social (también necesaria) o con pequeñas iniciativas sobre el uso creativo del tiempo libre.
Existen por supuesto algunas experiencias exitosas en materia de prevención de ese tipo de delitos, pero estas suelen abandonarse al cambiar el alcalde o no son evaluadas con el rigor suficiente para aprender sus lecciones.
Una muestra de esta precariedad de las políticas es la multiplicación reciente de los “combos” y de la “guerra fría” entre las bandas de Medellín. El aumento en el número de adolescentes que ingresan al SRPA en el distrito judicial de Cali es otro ejemplo, y podrían citarse más casos, inclusive de ciudades pequeñas, como sucede con las pandillas de Puerto Tejada y el control de corredores del narcotráfico hacia la cuenca del Pacífico.
Promesas y pendientes
En 2011 la Ley de Seguridad Ciudadana dispuso que seis meses después de entrar en vigencia debería existir una política integral de prevención de la delincuencia juvenil, formulada con el concurso de actores y autoridades del SRPA. La necesidad de esta política se había establecido desde el documento Conpes 3629 de 2009, referente a la atención de adolescentes en conflicto con la ley. Su formulación, además, fue un compromiso de los dos planes nacionales de desarrollo anteriores, pero no se concretó bajo el gobierno de Santos (2010-2018).
En las bases del Plan que hoy cursa en el Congreso se repite el compromiso de una estrategia nacional contra las violencias que afectan a la niñez, encabezada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y encaminada a promover una cultura de la legalidad y la convivencia pacífica. Pero tendremos que esperar sus resultados.
Y en todo caso esa apuesta del Estado no se traduce en asignaciones presupuestales o en programas institucionales de suficiente envergadura. Además, se juega en un campo cultural y simbólico donde estarían en ciernes las pedagogías para la paz, muy necesarias tras el acuerdo para desterrar el recurso a la violencia como manera de hacer política.
Hay que dejar atrás las conmociones espasmódicas y convertir la prevención en prioridad nacional.
Por otra parte, la Ley de Seguridad Ciudadana tipificó como delito el “uso de menores de edad para la comisión de delitos” y lo incorporó al Código Penal. Según la Fiscalía General, para 2016 existían 1.634 reportes por este delito, aunque solo se habían registrado 316 condenas. Esta cifra indica las deficiencias en los procesos de investigación y judicialización de organizaciones o redes criminales que utilizan a menores de edad. Se dice por ejemplo que el adolescente capturado en Medellín confesó otros homicidios (al menos 10) a órdenes de la banda conocida como La Torre.
Los hechos y los datos anteriores deberían alejarnos tanto del populismo punitivo (aumentar castigos y reducir las edades penales) como de la condena moral (señalar culpas familiares, como hizo el alcalde de Medellín). Más bien nos están invitando a preguntas que merecen respuestas reposadas, como decir:
- ¿Cómo se está realizando la investigación criminal en estos casos? ¿Priman las actuaciones efectistas y en ausencia de análisis estratégico? ¿O las acciones orientadas a encontrar un responsable, mas no a desmantelar la organización criminal?;
- ¿Qué tan adecuado es el proceso para restablecer los derechos de los niños empleados para cometer delitos? Esta pregunta implicaría evaluar la gestión del ICBF, la capacidad de respuesta institucional y la operación programática, respaldada por recursos técnicos, logísticos y financieros;
- ¿Qué tan corresponsables somos en la protección de niños, niñas y adolescentes, más allá de eventos esporádicos donde se reparten paquetes escolares, dulces o juguetes?
Lea en Razón Pública: El Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes: un fracaso resonante y cómo remediarlo.
Tarea de todos
Foto: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla |
Resulta inútil argumentar que no hay nada que hacer con niños y niñas por debajo de 14 años porque son inimputables penalmente. Todo lo contrario: hay que protegerlos de modo integral y adoptar estrategias asertivas de prevención secundaria (e incluso terciaria) en sus entornos vitales.
Todos debemos remar hacia un mismo puerto y dejar atrás las perversas dicotomías sobre la culpa de familias y escuelas. Muchas de ellas no son entornos protectores, y dejan que la calle se convierta en el agente principal de la socialización. Pero antes que censurar, necesitamos un trabajo conjunto para transformar esos espacios en escenarios seguros y protectores.
Expulsar a hijos y a estudiantes no puede ser la solución porque detrás de cada puerta que se cierra hay otra puerta abierta a la ilegalidad.
Finalmente debo subrayar que los homicidios representan cerca del 2 por ciento de los delitos perpetrados por menores que ingresan al SRPA. Esto no quiere decir que el problema se pueda desatender o menospreciar, pero sí que no debemos perder la perspectiva —con perjuicio en este caso, de los muchos menores cuyos actos no revisten semejante gravedad—.
Hay que dejar atrás las conmociones espasmódicas y convertir la prevención en prioridad nacional, anclada en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y en la protección integral de sus derechos. El problema no da espera, y mucho menos en el entrecruce de violencias y actores ilícitos que capitalizan este valioso activo del país, que ha sido “desechado” como muchos otros.
*Antropóloga con maestría en Estudios Políticos.
