Esperanza que se esfumó

El Acuerdo con las FARC trajo consigo la esperanza para centenares de niños y niñas de crecer y desarrollarse integralmente en entornos seguros. Pero cada vez son más quiénes se ven forzados a una experiencia bélica que pone en riesgo su integridad y dignidad. Estas experiencias afectan la esfera personal y familiar, con impactos en sucesivas generaciones y con repercusiones socioeconómicas y políticas.

La Procuraduría ha señalado el subregistro de los delitos de reclutamiento y utilización de menores de edad, debido al temor de comunidades y familias de denunciarlos ante la ausencia de garantías de protección y una efectiva judicialización.

Por eso es difícil precisar la magnitud del fenómeno, pero las evidencias dispersas sugieren que estos delitos siguen perpetrándose ante la indiferencia social y una errática acción pública.

En 2022 Colombia volvió a estar incluido en el informe sobre los Niños y los Conflictos Armados del secretario general de Naciones Unidas, junto con Afganistán, el Congo, República Centroafricana, Israel y el Estado de Palestina, entre otros países donde la niñez padece y es protagonista de una guerra que no le corresponde.

Este informe verificó 130 casos de reclutamiento perpetrados por las disidencias de las FARC-EP, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas y el grupo de los Caparrapos, e indicó que el ICBF atendió a 220 niños y niñas desvinculados de una vida en armas.

Datos que demuestra un notorio aumento si se compara con los 88 reportados dos años antes. Además, son similares a los de 2015, un año antes de la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, grupo identificado como el mayor reclutador de niños y niñas en Colombia.

El secretario general de Naciones Unidas también alertó sobre el aumento de los casos de violencia sexual contra niñas reclutadas, con 36 víctimas identificadas. Así mismo, verificó 25 ataques contra bienes protegidos, de los cuales el 88 % fueron realizados contra escuelas, evidenciando cómo uno de los principales entornos de protección de la niñez es amenazado y ocupado por los armados, a pesar de la adhesión del país a la Declaración de Escuelas Seguras.

Además, en lo corrido del primer semestre del 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 147 casos de reclutamiento y el Ministerio de Defensa, en el primer trimestre, reportó 54 casos de niños y niñas desvinculados. Si se realizara un ejercicio a mano alzada, al final de año la cifra de casos sería superior a los verificados para el 2022.

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Delito que persiste

En Colombia el reclutamiento es un delito, una violación de los derechos de la infancia e infracción del DIH condenable desde todo punto de vista. Se trata de una práctica de vieja data, cuya sistematicidad es incuestionable e inequívoca señal de la degradación del conflicto.

De hecho, el estudio liderado por la Unicef y el ICBF, que caracterizó la niñez desvinculada entre 2013 y 2022, concluye que se trata de un delito persistente, continuo y en aumento.

Este delito se lleva a cabo de manera generalizada en todo el territorio nacional, aunque su expresión territorial está acentuada en las zonas rurales dispersas, como el eje dibujado por los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca, el corredor oriental y aquel configurado entre los departamentos de Antioquia y Chocó.

Aunque las dinámicas del fenómeno se han transformado en función de los conceptos de uso y utilización, mantienen muchas de sus continuidades en términos de reclutamiento.

Además, se reportan mayores riesgos en niños, niñas y adolescentes afrocolombianos e indígenas, al igual que entre quienes son víctimas de una vulneración permanente de sus derechos.

Recientemente, en zonas de frontera y en centros urbanos en los que no se ha logrado la acogida e inclusión, se ha observado el aumento de reclutamiento de niños no acompañados en el marco de procesos migratorios. Situación que se acentúa en territorios y corredores estratégicos para el despliegue de economías y tráficos ilícitos.

Estos casos también se presentan en regiones que han experimentado procesos de desarme, dejación de armas y desmovilizaciones, con fallas e incumplimientos en la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz.  Allí son más recurrentes nuevos reclutamientos y reciclajes de sujetos que vistieron de camuflados y para quienes una vida civil resultó ser un espejismo desgarrador.

Los casos se agudizan o exacerban en zonas de disputa territorial. Muchos de estos escenarios comparten características tales como precaria presencia estatal, falta de confianza institucional, con oportunidades socioeconómicas reducidas y con un actuar estatal disruptivo y sin integralidad.

Finalmente, se apalanca en factores o motivaciones relacionados con vulneraciones previas a un ejercicio efectivo de derechos. En este contexto, el riesgo de reclutamiento es mayor entre quienes han sido víctimas de diversas violencias, como la sexual, la psicológica, la basada en género y la intrafamiliar; al igual que de graves violaciones en ocasión al conflicto armado.

Para estas víctimas, el acceso a la realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación no se ha dado o se presenta de modo fragmentado e inconcluso.  Así mismo, entre quienes vivencian procesos de deserción escolar e imposibilidad material de asistir a la escuela; y entre quienes se ven sometidos a situaciones de explotación laboral y de las peores formas de trabajo infantil.

De otro lado, el riesgo es mayor en aquellos niños y niñas cuyos espacios vitales están filtrados por socializaciones bélicas, por las cuales se presenta como promisorio un proyecto de vida en armas.

La legislación existe

Lo descrito contrasta con un robusto marco normativo y pertinentes enunciados de política pública en el país, anclados en el principio del Interés Superior del Niño. Así mismo, con la edificación de un andamiaje institucional con competencias no solo para la atención de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados y su tránsito a procesos de reincorporación, reintegración e inclusión social, sino para el restablecimiento de sus derechos y la reparación integral, que conlleva la aplicación de medidas que consoliden las garantías de no repetición de los hechos y, por ende, trabajen estrategias con enfoque preventivo.

Los referentes son claros, los enfoques han sido enunciados y debatidos al igual que la hoja de ruta trazada desde diversas orillas; sin embargo, el reclutamiento persiste y aumenta ante la ausencia de una verdadera conmoción e indignación de la sociedad, la intencionalidad estratégica de los reclutadores y de una respuesta estatal pasiva y reactiva, como asertivamente lo afirma la Comisión de la Verdad, en el capítulo sobre niñez y conflicto armado: “No es un mal menor”.

Lo que necesita la niñez

La niñez colombiana necesita que se honre el mandato constitucional relativo a la prevalencia de sus derechos, su realización y la corresponsabilidad en su protección integral.

Bajo este marco, iniciativas de desarmar ejércitos ilegales y configurar una paz total deben partir de la exigencia por parte del Gobierno Nacional de liberar a todos los niños y niñas ya reclutados y el compromiso tácito de los armados de no reclutar, usar o utilizar a esta población, independientemente del devenir de las conversaciones.

La condena política y pública del reclutamiento es un requisito esencial de cualquier actuación, pero allí no termina el compromiso por trazar una vida lejana a las armas para niños y niñas en Colombia.

Es necesario ejecutar promesas electorales como el impulso de los puntos del Acuerdo de Paz, lo que también implica fortalecer y consolidar los procesos de reincorporación y reparación.

Así mismo, hay que pasar del enunciado de un compromiso a su ejecución real, en particular en lo relativo a implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el plan de acción de Escuelas Seguras. Se trata de una gestión pública integral y diferenciada, articuladora y transformadora en materia de prevención y de protección, que propicie actuaciones conjuntas Nación-territorios.

En este orden de ideas, la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) debe ser más que un escenario de encuentro analítico y técnico. Sus hallazgos deben permear actuaciones al interior de las entidades que la conforman. Se precisa de su despliegue operativo y táctico bajo objetivos compartidos, con capilaridad territorial.

Esta premisa implica revisar capacidades técnicas, los procesos de toma de decisión, los recursos asignados y los diseños institucionales internos al igual que competencias, de suerte que se pase a desarrollos oportunos, proactivos y estratégicos. Por supuesto no solo se trata solo de un trabajo institucional, sino también de fortalecimiento de familias, comunidades y redes protectoras.

Si se logra afinar la acción pública de modo asertivo y se deja atrás la indiferencia social, quizá la esperanza retorne. Ni un niño o niña más en la guerra.

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