¿Debe el Estado prohibir que los padres castiguen físicamente a sus hijos? Esta es la propuesta de un proyecto de ley promovido por la sociedad civil, y estas son las razones que sustentan el proyecto.
Rocío Rubio Serrano*
Tradiciones culturales
“La letra con sangre entra”, “lo hago por tu bien”, “no lo lleve en brazos, que lo malcría”, “déjelo llorar, que así tiene mejores pulmones”. Estas expresiones, frecuentes entre nosotros, reflejan la aceptación del uso de la violencia como método para educar a los niños y las niñas. El castigo físico es considerado como un mecanismo idóneo para formar el carácter y desarrollar la personalidad.
La violencia se recibe desde muy temprana edad, pues es común pensar que el ser en formación, no siempre deseado, es un ente defectuoso e incompleto que debe corregirse mediante el castigo corporal, a menudo acompañado de palabras humillantes: “fue lo peor que me pasó”, “bruto”, “me arruinó la vida”, etc.
El uso de la fuerza contra un niño o niña está justificado con argumentos correctivos y disciplinares en muchas regiones del país y en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Padres, cuidadores, maestros y otros adultos significativos, consideran válido un pellizco a tiempo, una bofetada bien dada, un zarandeo oportuno o una palmada pedagógica.
En estas situaciones el golpe le gana espacio al aprendizaje consciente de los comportamientos socialmente aceptables, de los límites en las relaciones con los otros, a la formación de un sujeto de derechos y al trámite pacífico de los conflictos, con consecuencias nocivas para el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. También es indicador de crianzas no respetuosas ni amorosas.
Los maltratadores argumentan que ellos también fueron castigados y que “no les pasó nada”. Pero la realidad es diferente, pues aquellos que recibieron los golpes se convirtieron en gestores de violencia.
Los más vulnerables
Lejos de ser considerados como sujetos de derechos que merecen una especial protección, en Colombia es común que niños y niñas sean considerados como objetos en cuyos cuerpos y mentes inscribimos el signo de la agresión, el cual tiene efectos físicos, emocionales, cognitivos, sociales y políticos.
A temprana edad, cuando la estructura cerebral es más plástica, el maltrato (físico o sicológico) reforma la arquitectura de la red cortical. Esta situación conlleva una pérdida de conexiones importantes en dos regiones cerebrales que funcionan en forma conjunta para mediar en la percepción y la regulación de las emociones e impulsos.
Las víctimas de castigos usualmente presentan lesiones físicas, fracturas, quemaduras, afectaciones respiratorias, accidentes cardiovasculares, entre otros problemas, que pueden amenazar seriamente su integridad física.
También sufren afectaciones emocionales e impactos en su salud mental, tales como sentimientos de minusvalía, pensamientos suicidas, depresiones y trastornos alimentarios o del sueño.
El uso de la fuerza contra un niño o niña está justificado con argumentos correctivos y disciplinares.
Así mismo, demuestran pérdidas de atención y les es difícil lograr momentos prolongados de concentración, lo que afecta sus procesos de aprendizaje. Estas personas son más proclives a comportamientos antisociales, a una mayor dependencia a sustancias psicoactivas y a acudir a la violencia como mecanismo de regulación social.
Foto: ESE Hospital Local Santamaría |
Las vidas de quienes han crecido así quedan entretejidas en cadenas victimizantes: debido a ello los depredadores sexuales acceden más fácilmente a sus víctimas, los explotadores económicos y traficantes perpetran más fácilmente sus delitos y los grupos armados ilegales encuentran abonado su camino para el reclutamiento.
Hay que recordar que la caracterización realizada por la Defensoría del Pueblo y Unicef en 2006 sobre niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado mostró que una de las motivaciones para irse con el actor armado fue la situación de violencia física en sus hogares y cómo eran sometidos a tratos crueles y humillantes antes de su vinculación.
Un reciente estudio de la Universidad de la Sabana mostró que en Colombia un 52 por ciento de los niños y las niñas consultados fueron castigados físicamente y que 60 por ciento lo fueron cuando eran menores de 11 años. En departamentos como La Guajira el 100 por ciento de los participantes afirmó haber sido castigado, y en Antioquia, un 92 por ciento.
Estos porcentajes muestran una forma de actuar cotidiana que, además, luego se interioriza, pues el 79 por ciento de las voces infantiles expresó que sí se debía recurrir al castigo corporal: lanzar un objeto, dar una palmada, aplicar un pellizco, infligir una cachetada o halar el pelo. Pero estas prácticas producen sentimientos de tristeza, rabia, miedo, culpa, odio y vergüenza.
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Por un mejor trato
En contraste, una crianza respetuosa de la dignidad e integridad de niños y niñas desde su primera infancia fomenta seres humanos con altas competencias ciudadanas y confianza en el otro, capaces de atesorar grandes capitales sociales. Además, crea conexiones y alternativas de solución a favor de la paz, el desarrollo y la prosperidad nacionales.
En buena hora, por tanto, llega la iniciativa legislativa orientada a prohibir el castigo físico, cruel, degradante y humillante contra niños y niñas en Colombia, impulsada por la Alianza por la Niñez Colombiana y acogida por el ICBF. Debe ser un imperativo normativo, ético y político acoger esta iniciativa en la próxima legislatura.
Esta norma busca eliminar excepciones o justificaciones de la agresión física o psíquica; es decir, quiere erradicar toda interpretación subjetiva que avale el castigo corporal o emocional, anclada en referentes culturales que naturalizan la violencia.
Tal prohibición no es sinónimo de promover crianzas permisivas o negligentes. Su horizonte de sentido no apela al universo de lo punitivo, sino al escenario de lo pedagógico. Penas y sanciones a diversas formas de violencia contra niños y niñas ya están consignadas en el Código Penal, incluyendo la reciente Ley 1959 de 2019 y la Ley 1771 de 2015, entre otras.
Esta iniciativa apuesta por medidas de sensibilización, difusión, comunicación y formación de pautas de crianza alternas, regidas por la disciplina positiva, en donde los límites sean claros, consensuados, entendidos, aprehendidos y compartidos. En este escenario, de acuerdo a la edad, las consecuencias del comportamiento y las responsabilidades se asumen en un ambiente amoroso que fomente el desarrollo de apegos, vínculos y relaciones.
Eliminar el castigo físico, cruel, degradante y humillante es profundizar el “derecho a la no violencia” consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Así mismo, atiende las observaciones generales n.º 8 y 13 del Comité de los Derechos del Niño, donde se plantea que dicho derecho implica la protección contra los castigos corporales y otras formas crueles y degradantes.
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Un pequeño paso para el niño
En 1979, Suecia fue el primer país en abolir esta práctica y hoy es el mejor lugar para crecer como niño o niña. En 2017 eran diez los países miembros de la Organización de Estados Americanos que habían eliminado, normativamente, el castigo; es decir, que han señalado que se trata de una práctica ilegal. Recientemente, Francia se sumó a esta apuesta y ahora es el 56° país en prohibir estos castigos. Es el turno para Colombia.
Foto: Personería de Cali |
Es cierto que este tipo de normas no tienen un efecto inmediato en transformar realidades socioculturales e institucionales. Sin embargo, que no exista tal prohibición perpetúa y avala el ejercicio de la violencia contra la población más vulnerable del país: niños y niñas. Su efecto inicial es simbólico, pero los saldos a favor de los derechos de la infancia y del desarrollo humano son invaluables.
Una crianza respetuosa fomenta seres humanos con altas competencias ciudadanas.
Vale recordar que hasta mediados del siglo XX “guahibiar”, es decir, cazar indígenas o seres considerados sin alma, era común en los Llanos Orientales colombianos y estaba avalado culturalmente. Solo hasta 1991, con la nueva Constitución, esta práctica quedó abolida.
En 1936, el Código Penal permitía la golpiza terapéutica contra las mujeres, así como algunas formas de atenuantes penales, como la ira y el intenso dolor, en el caso de crímenes pasionales.
Todos nos merecemos vivir en una Colombia mejor. Hoy construimos ese ideal y un paso significativo es alentar y apoyar la abolición del castigo físico, cruel, degradante y humillante.
La historia de la infancia en este país debe dejar de ser una tragedia narrada sin mayor asombro, cuya fatalidad, al final del día, nos impacta a todos. “Por tu bien y el mío no te lastimo ni te pego, te respeto” es la consigna que debe animar el debate y el trámite de tan valiosa iniciativa legal.
* Antropóloga con magister en Estudios Políticos.
