Los indígenas del Cauca: ¿Repúblicas independientes o ciudadanos respetables? - Razón Pública
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Los indígenas del Cauca: ¿Repúblicas independientes o ciudadanos respetables?

Escrito por Fernanda Espinosa
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Fernanda_Espinosa_Razon_PublicaUna lectura cuidadosa de la Constitución y los tratados internacionales les da razón a los indígenas y despeja las falacias sobre soberanía nacional y “caguanización” que se invocan en su contra.

Fernanda Espinosa Moreno*

Están en su derecho

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) —al igual que otras comunidades de este departamento— exigen el fin del conflicto y la salida de sus territorios de todos los actores armados, cansada de que estos los usen como escudos. Durante la última semana, la guardia indígena abanderó la destrucción de las trincheras de la Policía y del Ejército que se encuentran en medio de las casas de Toribío, al tiempo que presionaba a la guerrilla para que saliera de sus territorios.

Fernanda_Espinosa_Cauca_comunidadLos indígenas están interpretando las leyes mediante sus propios códigos culturales.   Foto: grupopraxis.blogspot.com  

Los indígenas no están tratando de constituirse en repúblicas independientes, ni este retiro de los armados puede compararse con una zona de despeje, como han venido señalando algunos medios de comunicación: se trata de ejercer la autonomía indígena, reconocida por la Constitución colombiana.

Periodistas, columnistas y otras personas se preguntan “¿por qué los indígenas del Cauca se sienten por encima de las leyes de la República?”. En realidad, los indígenas están interpretando las leyes mediante sus propios códigos culturales.

Colombia se autoproclama como un Estado plurinacional, cuya constitución reconoce la autonomía territorial y el derecho a la paz de las diferentes etnias. Estas son las claves que permiten dar una lectura coherente al debate actual.

Los indígenas han alcanzado su umbral de tolerancia: están cansados de que los actores armados violen las leyes de la República en sus territorios. Tanto el derecho internacional humanitario (DIH) como los derechos humanos reconocidos por nuestra legislación exigen que no se les involucre en el conflicto armado interno.

 

Abandono y desgreño

Desde una perspectiva histórica, los indígenas han sido desconocidos por el Estado como sujetos de derechos políticos, reproduciendo modelos coloniales. En momentos trascendentales de la vida nacional, las élites señalaban que “indígenas y negros eran material no apto" para la construcción nacional, ya que eran “seres inferiores”.

Aunque la constitución de 1991 avanzó en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, la situación real de estas poblaciones sigue siendo dramática en materia de derechos. La pobreza es unos de los problemas más graves del Cauca:

  • El 78 por ciento de la población no tiene satisfechas sus necesidades básicas;
  • más de 100.000 personas -el 13 por ciento de la población- no saben leer ni escribir; y esto afecta sobre todo a las zonas rurales.
  • Cauca es el segundo departamento en cuanto a concentración de la propiedad sobre la tierra;
  • de cerca de 1,2 millones de habitantes, el 21 por ciento son indígenas y el 22 por ciento son afrodescendientes los cuales son propietarios del 30 por ciento de las tierras del departamento.
  • Popayán tiene uno de los más altos índices de desempleo entre las ciudades de Colombia.

Este contexto de desgreño institucional ha sido propicio para el desarrollo del conflicto armado. Es decir, el Estado no ha sido capaz de garantizar los derechos de los pobladores del Cauca.

 

Leyendo la Constitución

La propuesta del movimiento indígena caucano no se encuentra por fuera ni por encima de las leyes, pues la Constitución de 1991 reconoció a los indígenas derechos como la autonomía territorial y la creación de resguardos con autoridades propias. Pero la guerra colombiana se ha convertido en un gran obstáculo para que las comunidades indígenas puedan ejercer efectivamente estos derechos.

Fernanda_Espinosa_Cauca_pobrezaLa pobreza es unos de los problemas más graves del Cauca: el 78 por ciento de la población no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Foto: cms.onic.org.co

El artículo 7 de la Constitución señala que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Colombia se define como un Estado plurinacional, lo cual implica el reconocimiento de naciones y pueblos indígenas en condición de sujetos colectivos.

La Constitución consagra el carácter multiétnico y pluricultural del país, la garantía de los derechos territoriales y culturales de los indígenas. También reconoce el ejercicio judicial con autonomía, según lo expresa en el Artículo 246.

Sobre la autonomía territorial encontramos los artículos 285, 286, 287, y en particular el artículo 330, donde se señala que: “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.”

Además, el artículo 22 establece que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” Es decir que siendo ciudadanos de Colombia tenemos derecho a la paz. Según la ACIN, la actuación de las fuerzas militares en el Cauca viola ese derecho. Es más: si la paz es un deber, las acciones encaminadas a expulsar a todos los actores armados de sus territorios constituyen el cumplimiento del deber de construir la paz por parte de las comunidades del Cauca.

Por último, en lo que se refiere al orden público el margen es muy limitado, pues el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Pero este monopolio ha entrado en colisión con la autonomía indígena, en tanto la permanencia de la Policía y del Ejército en sus territorios pone en riesgo la vida de la población civil (por ejemplo, instalaciones militares junto a las viviendas).

El derecho internacional

El Estado colombiano no está respetando normas internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues está involucrando a la población civil en un conflicto armado. En su Artículo 30, esta Declaración es perentoria: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.”

En el marco del DIH también existe la prohibición explícita de mantener "instalaciones militares" en medio de los cascos urbanos o donde pongan en peligro a la población civil.

No es otro Caguán

Algunos han opinado que los indígenas estaban desconociendo la soberanía nacional. Vale la pena recordarles lo que la Constitución dice al respecto: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes”. Las acciones de las comunidades del Norte del Cauca son justamente un ejercicio de soberanía territorial.

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La guerra colombiana se ha convertido en un gran obstáculo para que las comunidades indígenas puedan ejercer efectivamente estos derechos.    Foto: Cric  

Por otro lado, se ha intentado deslegitimar la propuesta de la ACIN insinuando que se pretende “caguanizar” el Cauca. Por ejemplo, el mayor general Alejandro Navas, Comandante General de las Fuerza Militares, dijo que "los que están realizando esta agresión contra la Fuerza Pública están infiltrados por las FARC. Ahí hay milicianos…Lo que quieren es que la Fuerza Pública salga para ellos quedar soberanos ahí. Todo eso está sucediendo porque las FARC quieren 'caguanizar' el Cauca con el argumento de la autonomía indígena".

La propuesta del movimiento indígena no tiene nada que ver con “caguanizar” el Cauca, pues se trata justamente de que salgan todos los actores armados – incluidas las FARC. Todo lo contrario de la zona de despeje de San Vicente del Caguán, otorgada por el gobierno Pastrana mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, para adelantar un proceso de paz con las guerrillas.

Un Estado plurinacional

Hoy por hoy la construcción de un Estado plurinacional no es sólo un reto, sino además una necesidad: son necesarias la participación de todos en las políticas públicas, las distintas formas de pertenencia a un territorio y la construcción de la paz desde las localidades.

El Estado debe pues reconocer a las autoridades indígenas como autoridades constitucionales que son, reconocer la autonomía territorial, proteger la diversidad étnica y cumplir las normas del DIH. Por eso mismo debe concertar con las autoridades indígenas el cómo hacer presencia militar o policial si es necesario y sin poner en riesgo a la población civil. El presidente Santos cuando se reunió con el concejo de ministros en Toribío el 11 de julio pasado se negó a concertar, sino sencillamente a conversar con la comunidad indígena.

La resistencia civil de los indígenas es un auténtico llamado a la paz: un mensaje a todo el país. La salida a este conflicto solo puede encontrarse en el respeto a la vida y a la autodeterminación de los pueblos.

La propuesta de los indígenas es una apuesta de paz, no para fortalecer a uno de los actores armados ni para “caguanizar” ni para instituirse en repúblicas independientes, sino para poder conservar su cultura, ejerciendo su autonomía territorial y construyendo paz.

* Historiadora, estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional e investigadora de la Asociación MINGA.

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