¿Se está frenando la locomotora minero-energética? - Razón Pública
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¿Se está frenando la locomotora minero-energética?

Escrito por Fernanda Espinosa
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En el río Ranchería, en Cajamarca, en Santurbán, en el Quimbo, en Marmato, las comunidades se oponen y se resisten a los grandes proyectos mineros o energéticos. Un análisis somero de los casos, argumentos y acciones de los pobladores.

Fernanda Espinosa*

Las cifras económicas confirman que el sector minero-energético es la locomotora de la “prosperidad democrática” que más rápido avanza. De esta locomotora sin embargo se derivan riesgos sociales, culturales y ambientales que han aumentado la oposición, cuando no la resistencia, de las comunidades residentes en los territorios respectivos.

A continuación revisaré los principales casos donde se ha hecho evidente una gran inconformidad social y donde se exponen argumentos fuertes contra los proyectos mineros o energéticos.

Desviar el río Ranchería

El Cerrejón es una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Sus principales propietarios son las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American.

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El Cerrejón es una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Sus propietarios son BHP Billiton, Xstrata y Anglo American.
Foto: Tomada de la Sala de Prensa de Cerrejon.

Los problemas de El Cerrejón son de vieja data: la escasa irrigación de las regalías para la región, la contratación insuficiente de mano de obra local, y los reasentamientos forzados de las poblaciones del Viejo Oreganal y de Tabaco.

Por otra parte – y a pesar de que los programas de desarrollo sostenible que ha emprendido la compañía – la explotación misma ha provocado efectos nocivos: la emisión de gases, la extinción de flora y fauna, el ruido, y la mala gestión del agua sobre el río Ranchería.

Actualmente se debate la conveniencia del proyecto de expansión: espera extraer 500 millones de toneladas de carbón ubicadas justamente debajo del río, por lo cual habría que desviarlo 26 kilómetros de su cauce natural…

En el libro Resumen del Proyecto de Expansión, El Cerrejón reconoce que la pérdida del agua sería de aproximadamente 40 por ciento, además del aumento de la descarga de sólidos sobre el río, aunque la empresa afirma tener planeado un programa para reducir la erosión al mínimo

El proceso de preconsulta entre las comunidades indígenas que se verían afectadas por la expansión ha puesto ya en evidencia la alta probabilidad de una negativa por parte de los pobladores. Además, ya se han radicado denuncias por el ofrecimiento de chivos, vacas, hilos y máquinas a cambio del “Sí” de los wayuu.

La oposición al proyecto se expresó en el marco del Foro: Impactos de la Mega minería del carbón en la Guajira y la Nación y en la movilización nacional del pasado 1 de agosto. Actualmente el Río Ranchería se ha convertido en un símbolo de la resistencia guajira.

Fiebre del oro en Cajamarca, Tolima

El proyecto de explotación de oro en el municipio de Cajamarca, Tolima, conocido como la mina La Colosa, ha despertado bastante oposición. Las pruebas realizadas por la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti sugieren que en este territorio el oro está superficialmente disperso en un área de cerca de 515 hectáreas, las cuales explotarían por el método de minería a cielo abierto.

Los cálculos señalan que a lo largo de los 15 años que durará la explotación en Cajamarca, la empresa utilizará alrededor de 1'000.000 de toneladas de explosivos. Se estima que se removerán 600.000 toneladas diarias de suelo.

En franca oposición a la mina, los pobladores de la zona han realizado consultas, campañas informativas y actividades de movilización como: La “minga de resistencia social y comunitaria” del 7 y 8 de mayo de 2011, el Carnaval en Ibagué para impedir La Colosa del 3 de junio de 2011, la Segunda Marcha Carnaval del 13 de octubre de 2011 y una tercera marcha realizada este año.

Demolición en el Páramo de Santurbán

La compañía canadiense Greystar Resources Ltd. proyectaba pasar este año a la fase de explotación de la mina de oro "Angostura", en el municipio de California, en Santander. Este proyecto fue desarticulado gracias a la presión social, pero todo indica que sus promotores contra–atacan bajo un nombre políticamente más correcto: Eco Gold.

Fernanda_Espinosa_mineria_rancheriaActualmente el Río Ranchería se ha convertido en un símbolo de la resistencia guajira.
Foto:rio-rancheria.blogspot.com

La explotación minera en una típica zona de páramo sería nefasta. Santurbán es un ecosistema excepcional entre los sistemas de alta montaña en el mundo. Colombia cuenta con legislación que busca proteger y conservar estas reservas.

Pero el debate se prolonga por la falta de claridad sobre el límite preciso del páramo, donde se produce agua para Cúcuta, Bucaramanga y más de 30 municipios, cuyo suministro está obviamente amenazado.

El 21 de noviembre de 2011 tuvo lugar una segunda audiencia sobre el proyecto. A ella asistieron cerca de 1.300 personas divididas entre quienes se oponen rotundamente al proyecto y quienes celebran el regreso de Greystar.

La oposición ha sido particularmente fuerte en Bucaramanga. El 18 de noviembre de 2011, ocho mil personas salieron a protestar a las calles en esta ciudad: ya era la tercera vez que se movilizaban.

Este año, el 16 de marzo se realizó también una movilización en defensa del agua y de los páramos. Además, se crearon el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo, el Comité de Defensa del Agua y algunas juntas de acción comunal, aglutinadas frente al proyecto, quienes reconocen que la fortaleza de la resistencia se debe a que se han ido ganando grupos ambientalistas y de izquierda junto con académicos y actores políticos locales.

Hidroeléctrica El Quimbo: represar el Magdalena

Emgesa, cuya composición accionaria a 31 de marzo de 2011 aparece en el cuadro siguiente, ha venido ejecutando este proyecto hidroeléctrico, bajo una fuerte oposición de las habitantes de la región y el silencio prudente de las autoridades de Bogotá, su principal beneficiaria.

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Fuente: Tomado de:
http://www.emgesa.com.co/econtent/Library/Images/
Composicion_Accionaria_31_DE_MARZO_2011.pdf

Las obras fueron inauguradas oficialmente el 25 de febrero de 2011, con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que la hidroeléctrica ofrece la oportunidad de convertir al país en una “potencia energética”.

Sin embargo, en los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Tesalia, y Paicol — los más afectados — la inconformidad se ha expresado de muchas formas, especialmente debido a la reubicación de 456 familias, la mayoría de las cuales sobreviven de actividades agropecuarias en el área de la ribera del río Magdalena, que deberá ser represado. Les preocupan también los impactos ambientales, como los deslizamientos de tierra ya evidentes y el bajo monto de la compensación.

A la cabeza de la oposición se encuentra la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo (Asoquimbo), que se creó hace más de tres años y ha denunciado irregularidades en la licencia ambiental y en las compensaciones forestales.

Cabe recordar el debate nacional que suscitó la difusión del video-reportaje con imágenes del violento desalojo de campesinos y pescadores que se negaban a abandonar sus predios y se oponían al proyecto.

Oro en Marmato, Caldas

En este municipio, los intereses de la empresa aurífera canadiense Medoro Resources han entrado en abierta confrontación con los de la comunidad. Medoro Resources estima que en esta mina — ya explotada desde tiempos pre–coloniales — existen reservas del orden de 7 millones 49 mil onzas de oro.

Fernanda_Espinosa_mineria_resistenciaCajamarca: los pobladores han realizado consultas, campañas informativas y actividades de movilización como: La “minga de resistencia social y comunitaria”.
Foto: amediacuadra8.blogspot.com

El gobierno y la empresa consideran urgente trasladar el pueblo entero, argumentando que está ubicado en una zona de alto riesgo, aunque sus pobladores señalan que la verdadera razón es bien diferente: se busca en realidad explotar las minas a cielo abierto. De otra parte, si bien es cierto en 2006 se presentó un deslizamiento de tierra, Corpocaldas dictaminó que el riesgo es mitigable.

Los pobladores y pequeños mineros en contra del traslado y de la explotación a cielo abierto, conformaron el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, exigiendo una consulta previa con las comunidades negras e indígenas en la región [1] y resaltan que el pueblo fue declarado patrimonio histórico.

En junio de 2010 la población se declaró en paro contra la compañía, el 21 de enero de 2011 los pequeños mineros organizaron un mitin y en mayo de 2011 hubo una protesta de 4.000 personas. La tensión aumentó el 1º de septiembre de 2011 a raíz del asesinato del cura del pueblo, José Reinel Restrepo Idárraga, quien lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato.

Más vale frenar a tiempo

Los riesgos ambientales de estos megaproyectos son de sobra conocidos. Basta con retener los siguientes datos: para extraer 1 gramo del oro es preciso que las compañías mineras remuevan y destruyan 1 tonelada de suelo. Cada kilo de oro ha requerido el consumo de 380.000 litros de agua pura, además del daño generado por los residuos de mercurio y de cianuro, utilizados en el proceso.

Pero además deben mencionarse los riesgos sociales: expropiación de las tierras, impactos sobre la salud, alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento, desplazamientos y desintegración social.

En cuanto al incentivo económico, tampoco es favorable: las “grandes” regalías prometidas son bastante menores que los incentivos tributarios otorgados a las empresas.

En el caso de Colombia, preocupa que muchas de las zonas coincidan con presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas vulnerables. En estas – como ordena la Constitución- debería realizarse consulta previa, pero hay malos manejos o desconocimiento [2].

Por otro lado están los casos de las comunidades campesinas, que están siendo presionadas por diferentes megaproyectos: se resisten al cambio cultural y a la pérdida de sus tierras, pero constitucionalmente no tienen derecho a la consulta previa.

La acción del Estado — en su papel de garante de derechos — debe ser interceder en este conflicto. Sin embargo, se ha ignorado la oposición de las comunidades en estos cinco casos mencionados y en otros (como en Chocó y en Cauca) donde se están entregando títulos mineros.

Finalmente, si el gobierno insiste en impulsar la locomotora a pesar de los frenos que intentan aplicar las comunidades, el choque de trenes será inevitable, como ya está ocurriendo en Perú.

¿Conviene a largo plazo al Estado y a las compañías mineras intentar forzar la ejecución de proyectos a pesar de la oposición expresa de las comunidades locales?

* Historiadora, estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional e investigadora de la Asociación MINGA.

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