Aunque se beneficia de generosas concesiones y exenciones del Gobierno Nacional, la Drummond no cumple sus deberes tributarios, laborales y ambientales en detrimento del César y del país, según el ex Directivo del Banco de la República y Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Salomón Kalmanovitz
La Drummond es una sociedad familiar residenciada en Alabama, no sometida siquiera a los protocolos de responsabilidad social de que hacen gala muchas corporaciones trasnacionales en el mundo. Entre 1995 y 2007 ha extraído 160 millones de toneladas de carbón de alta calidad del Departamento del Cesar. En 2007, la empresa vendió 1.150 millones de dólares y despacha 8 millones de dólares diarios.
En junio de 2007 el contralor Julio César Turbay Quintero notificaba que estudios técnicos adelantados por su entidad demostraban cómo se ha registrado un posible detrimento patrimonial para la Nación, de más de 70 millones de dólares (140 mil millones de pesos) que se resolvió posteriormente por 33 millones en un tribunal de arbitramento. Más recientemente, las regalías que debía pagar la empresa al departamento y a los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná fueron mal liquidadas a su favor y tuvo que pagar una multa de 48 millones de dólares en septiembre de 2008.
Las utilidades de la empresa son mejoradas por ventajas tributarias como la devolución del IVA y del impuesto a la renta. Está exenta del pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial sobre 10.000 hectáreas que han sido desentrañadas de carbón a cambio de una regalía del 10% a boca de mina.
Tres dirigentes del sindicato de la Drummond fueron asesinados por paramilitares en 2004 y el crimen no ha sido esclarecido en Colombia. "Jorge 40" fue acusado del asesinato, pero su extradición obstaculizó el proceso en su contra. Por un esguince de la ley norteamericana sobre piratería en ultramar, la demanda fue acogida por un tribunal de Alabama y la empresa fue exonerada de responsabilidad. Mientras allá se llevó a cabo un juicio rápido y eficiente con enormes dificultades para aportar pruebas, poniendo en duda su certitud, acá la justicia se demora tanto que resulta negada.
El historial laboral de la empresa es bastante conflictivo, con huelgas en 1998 y en 2006. A pesar de precios record en la historia de la industria del carbón en 2008, la empresa no quiso atender las peticiones del sindicato y este decretó una huelga que duró sólo 6 días. En su pliego solicitaban que se cumpliera la ley en materia de seguridad industrial a causa de frecuentes accidentes, lesiones y enfermedades, estabilidad laboral (otra vez las cooperativas de trabajo en acción) ajuste salarial por encima de la inflación – que no al precio internacional del carbón – e inversión social que paliara los daños infligidos a los habitantes de los municipios donde se asienta la mina y a quienes viven a lo largo del corredor carbonífero.
Las FARC perpetraron ataques sistemáticos al ferrocarril que utilizaba la Drummond en los años 2000 y 2001, lo cual despertó la solidaridad de la población hacia ella. Sin embargo este apoyo se diluyó por la polución sistemática que hace la empresa. Se recuerda un paro cívico en La Jagua, como reacción a la presencia de enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, especialmente entre niños y ancianos que respiran el polvillo negro, algo de lo que también se quejan los afectados por el tráfico vehicular y de trenes. El mismo polvillo ha deteriorado la calidad de las playas de Santa Marta y desvalorizado las propiedades que allí se asientan. Consulté la página WEB del Ministerio del Medio Ambiente, pero no lleva registro público de infracciones contaminantes ni menos de sanciones a sus perpetradores. Sin embargo, el Ministerio sí multó con 100 millones de pesos – menos de 50.000 dólares – a la firma American Port Company, filial de la Drummond por contaminar las playas alrededor de El Rodadero en septiembre de 2007.
Es evidente el descuido ambiental de la empresa. El carbón es conducido en tractomulas o en el ferrocarril de trocha angosta de vagones pequeños, y se pasa a barcazas que se adentran en el mar Caribe para entregar su contaminante carga. Cada traspaso y cada viaje liberan mineral pulverizado a la atmósfera que es nocivo para la salud humana, de animales y de plantas. La Procuraduría determinó recientemente que aunque se registran mejoras en el cuidado medio ambiental, los índices de partículas en la atmósfera monitoreados están muy por encima de niveles considerados como seguros para la población, la fauna, el ganado y los cultivos que afectan.
La Drummond anunció recientemente que duplicará su producción en el futuro, con la concesión que les hiciera el gobierno de las minas de El Descanso, Rincón Hondo y El Hatillo, 17.000 hectáreas adicionales. Según el vocero de la empresa, "Colombia tendrá la mina a cielo abierto más grande del mundo y con los estándares ambientales más severos", reflejando la confianza inversionista en el país. Busqué información en el Ministerio de Comercio a ver si esta nueva inversión había recibido tratamiento de zona franca, con mayores exenciones tributarias aún, pero son datos que no se hacen públicos.
El ministro del medio ambiente, Juan Lozano, resaltó que el permiso estaba condicionado: "la Drummond tendrá que garantizar las más altas compensaciones y estándares ambientales impuestos dentro del marco de la ley para explotar la mina… (y) estos estándares se tendrán que aplicar en lo sucesivo a toda la industria del carbón", algo que parece depender más del auto-control de la industria que de la política de ojos cerrados frente a los inversionistas que practica el gobierno.
