Colombia no está sola en los escándalos, pero tampoco en los esfuerzos para combatir un flagelo que parece adueñarse de toda la región. ¿Cuáles son los aciertos y cuáles los desaciertos en esta lucha crucial para los latinoamericanos?
Camilo Enciso*
Un mal común
La mayoría de los países latinoamericanos padecen una misma enfermedad: su cuarto de máquinas está averiado. Utilizo la expresión “cuarto de máquinas” acuñada por Roberto Gargarella, para referirme al sistema de pesos y contrapesos de nuestras democracias.
Si el arreglo institucional es deficiente, el Estado no puede proteger y promover los principios más caros a la democracia: la igualdad de todos ante la ley, una justicia pronta y cumplida, la libertad como garantía y la libertad como oportunidad, entre otros. Pero más grave aún, impera la corrupción como regla y ley.
Tristemente, el sistema de pesos y contrapesos de nuestros países funciona mal. Muy mal. Presidencialismos acentuados, donde el jefe de Estado controla todo; sistemas de partidos hechos para facilitar la navegación de las castas políticas a través del pantano de la politiquería, los contratos y el poder; magistrados, fiscales y procuradores que quieren ser presidentes; presidentes que quieren ser senadores; y políticos expertos en toda clase de mañas para adueñarse del patrimonio público y enriquecerse gracias al tráfico de influencias.
No es de extrañar entonces que la paciencia de la ciudadanía de algunos países latinoamericanos haya llegado a su límite, obligando a sus gobiernos a adoptar medidas de emergencia para evitar el recalentamiento y estallido de los cuartos de máquinas de los Estados. Y especialmente, a ejecutar medidas dirigidas a combatir la corrupción como principal factor de desequilibrio institucional.
En este artículo repasaré las soluciones poco convencionales que han tenido que intentarse en cinco de esos países: Guatemala, Honduras, Argentina, Colombia y México.
Puede leer: ¿Por qué tanta corrupción en Colombia? Una explicación histórica.
Guatemala y Honduras: la eficacia de la intervención internacional
 Consulta Anticorrupción en Colombia. Foto: Ministerio del Interior |
Tras el acuerdo de paz, en diciembre de 2016 se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con apoyo de la ONU.
En principio la CICIG investigaría los crímenes de los “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos” relacionados con violaciones de los derechos humanos. Pero, dado que la corrupción interfería con el cumplimiento de los acuerdos de paz, la CICIG amplió su propia competencia y comenzó a investigar casos de ese tipo, especialmente debido al nexo entre la corrupción, las organizaciones paraestatales y los carteles de la droga.
El diseño institucional de la CICIG es único en el mundo. Con el respaldo directo de la ONU y un equipo de trabajo conformado por juristas, investigadores y peritos de diversas nacionalidades, ha impulsado investigaciones de corrupción de gran impacto y con resultados asombrosos para un país acostumbrado al ejercicio desbordado del poder estatal y a la corrupción. Su labor ha permitido encarcelar a tres expresidentes y capturar a cerca de veinte ex ministros de Estado, entre otros funcionarios y empresarios de alto calibre.
Como es fácil suponer, la CICIG representa un gran desafío para la noción tradicional de soberanía de los Estados, pues la intervención de la comunidad internacional ha sido fundamental para su éxito.
Ese éxito produce irritaciones, tanto así que en 2017 Jimmy Morales, actual presidente de Guatemala, anunció que su gobierno consideraba persona no grata a Iván Velásquez, el implacable jurista e investigador colombiano que se había enfrentado a los grandes carteles de droga y a los parapolíticos aliados de Álvaro Uribe. Pero el respaldo internacional a Velásquez fue tan fuerte que Morales tuvo que echarse para atrás.
Ahora Morales está en problemas. Esta misma semana la Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió tramitar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía y por la CICIG contra el presidente, a causa de la presunta comisión del delito de financiación electoral ilícita por más de un millón de dólares, un hecho sobre el cual ya varios empresarios admitieron responsabilidad. Si la Corte resuelve positivamente la solicitud, el presidente perderá su fuero y podrá ser juzgado. Ya vemos por qué Morales quería expulsar a Velásquez con tanta urgencia.
Otro caso digno de estudio es el de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en enero de 2016 con el respaldo directo de la OEA. Esta misión nació como resultado de la movilización ciudadana de finales de 2015, que siguió a las denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (una organización creada por ley y compuesta por actores de la sociedad civil) con relación al mega escándalo de corrupción del Instituto del Seguro Social.
Durante sus dos años de operación, la MACCIH ha cumplido un papel preponderante en el proceso de mejorar las capacidades del Estado para la detección, investigación y sanción de la corrupción. También ha sido fundamental para crear una jurisdicción especial anticorrupción -algo que aún no logramos en Colombia-, para mejorar la selección de personal, para fortalecer y modernizar la Unidad de Inteligencia Financiera, y para aumentar el uso y eficacia de la Ley de Privación del Dominio.
Alejandro Ordóñez hizo un cuádruple salto mortal en menos de un año: pasó de procurador a procurador destituido por corrupción; después, de procurador destituido a candidato presidencial; y, a embajador ante la OEA.
El mandato inicial de la MACCIH consistía en apoyar el cumplimiento de las obligaciones de Honduras que se desprenden de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Para eso debía además apoyar, fortalecer y colaborar con las instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción; y proponer al Gobierno reformas al sistema de justicia, incluyendo legislación para fortalecer el combate a la corrupción en y desde el sector privado.
Sin embargo, la MACCIH, en cabeza de Juan Jiménez, ex Ministro de Justicia de Perú, intentó ir más lejos todavía. Decía Jiménez a principios de este año: “La CICIG tiene 80 personas y nosotros diez, esperamos llegar a 39 este año y con ello poder mejorar nuestra capacidad de fuego.” Por supuesto, la reacción no se hizo esperar, y el fuego empezó a salir desde otras trincheras.
Jiménez encontró fuerte oposición a su trabajo en Honduras y más aún en la misma OEA. Después del escándalo de corrupción que estalló a principios de este año, que involucra a cerca de 164 diputados y más de treinta organizaciones no gubernamentales, y tras protagonizar un altercado serio con Luis Almagro, quien se negó a recibirlo, Jiménez decidió renunciar a su cargo, saliendo de la MACCIH en febrero de este año. Pero la MACCIH sigue y su lucha continúa.
Argentina y Colombia: oficinas presidenciales anticorrupción y otras iniciativas
La Oficina de Ética Pública de Argentina fue creada en 1997 como una dependencia de la Presidencia, y en 1999 fue rebautizada como Oficina Anticorrupción, ahora adscrita al ministerio de Justicia y con funciones tanto de detección e investigación de casos de corrupción, como de formulación de políticas de transparencia, integridad y anticorrupción. La Secretaría de Transparencia de Colombia, que cumple funciones parecidas, fue creada en 2011.
A diferencia de la CICIG y la MACCIH, estas oficinas no cuentan con el respaldo de la comunidad internacional, sino que pertenecen a la rama ejecutiva es decir, que, en últimas, le rinden cuentas al presidente, lo cual limita su independencia.
Con todo, los logros alcanzados por ambas oficinas en materia legislativa y de diseño de políticas son innegables. Hoy por hoy ambos países cuentan con leyes que protegen la transparencia y el acceso a la información pública y que castigan duramente el soborno transnacional. Así mismo, estas oficinas han sido actores fundamentales para desmantelar redes de corrupción y han tenido papeles decisivos en grandes escándalos como el de los Kirchner en Argentina o el caso de Odebrecht en Colombia.
Puede ver: El escándalo Odebrecht: ¿la posibilidad de un cambio?
En el caso colombiano, la Secretaría de Transparencia logró diseñar y ejecutar la Política Pública de Integridad, Transparencia y Anticorrupción pese a tener un presupuesto inferior a los mil millones de pesos anuales. Sin lugar a duda, los trescientos mil millones de pesos invertidos en la malograda Consulta Anticorrupción habrían sido de gran ayuda para esa oficina.
Vale la pena mencionar la importancia de la Consulta Popular Anticorrupción, con siete preguntas, que se votó este domingo en Colombia. Si bien la consulta no fue aprobada, los más de once millones de votos afirmativos son una prueba del hastío de los colombianos ante la corrupción y dejan clara la necesidad de encontrar caminos que hagan gala de un mayor compromiso, seriedad e innovación en la lucha contra ese flagelo.
En esta edición: Consulta Anticorrupción: ¿una derrota con sabor a victoria?
México: la casa de la primera dama
 Captura de ministros en Guatemala por casos de corrupción. Foto: Gobierno de la República de Guatemala |
Después de los graves escándalos de corrupción en México que involucraron a la administración de Enrique Peña Nieto y a la primera dama, el país impulsó una profunda reforma constitucional. Esa reforma creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un serio esfuerzo interinstitucional para la acción concertada de las entidades encargadas de prevenir y combatir la corrupción, con el concurso del sector privado y de la academia. El SNA está en proceso de implementación y reglamentación, y es, sin duda, un caso de estudio muy interesante, que dará mucho de que hablar.
Diagnóstico final
Los países mencionados de América Latina han buscado soluciones diversas para combatir los mega escándalos de corrupción que involucran a sus dirigentes y a las altas capas del sector privado. Aunque cada país ha obtenido resultados diversos, ellos tienen en común que han logrado poner a actores poderosos, otrora intocables, en la mira de la justicia o tras las rejas.
La pregunta que vale la pena hacerse ahora es si esas reformas y acciones son suficientes para corregir las debilidades y fallas estructurales de nuestros cuartos de máquinas. Doy un ejemplo: en Colombia ha hecho carrera la idea de que un Procurador, Fiscal, Contralor o Magistrado es presidenciable; así como que se puede saltar de la rama ejecutiva a la judicial o a los órganos de control, sin ninguna restricción.
En esta edición de RP encuentre: Elección de contralor: entre la técnica y la política.
Esa puerta giratoria entre justicia y política es muy dañina porque politiza la justicia y genera desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrarla y de ejercer control fiscal y disciplinario. Prohibiciones constitucionales y periodos de enfriamiento obligatorios para esos funcionarios después de dejar sus cargos, son indispensables si queremos despolitizar la justicia y que los esfuerzos contra la corrupción funcionen.
Ya vimos el daño que implica tener a una persona como Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, pontificando sobre religión, moral y política todos los días, para después verlo como candidato presidencial, y ahora como embajador de Colombia ante la OEA. Ordóñez hizo un cuádruple salto mortal en menos de un año: pasó de procurador a procurador destituido por corrupción; después, de procurador destituido a candidato presidencial; y, finalmente, de candidato presidencial quemado a embajador ante la OEA (uno de cuyos principales órganos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos valores el señor Ordóñez desprecia).
En conclusión, nuestros países han dado pasos importantes en la lucha por la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero aún faltan por resolver muchos de los problemas estructurales, incluyendo el de la puerta giratoria, el sistema político y electoral, el cabildeo entre el sector público y privados, o los sistemas de control fiscal y disciplinario.
A pesar de lo que muchos puedan creer, vamos por buen camino: caen los que antes eran intocables y la ciudadanía se levanta. Si aprovechamos esta oportunidad, lograremos construir caminos libres de corrupción para nuestras democracias.
*Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. camiloencisov@yahoo.com
