La consulta que acaba de aprobar el Congreso no es perfecta, pero puede ser el primer paso para diseñar y ejecutar las medidas integrales y precisas que nos permitan ir al fondo del problema.
Camilo Enciso*
Preguntas imperfectas
La aprobación de la consulta anticorrupción es un rayo de esperanza.
En medio de tanta podredumbre, surgio en contra de los excesos del clientelismo, el peculado, el cohecho y el tráfico de favores entre las castas políticas de siempre, que actúan guiadas por un apetito burocrático insaciable y por el deseo de participar –a cualquier precio– en la feria de contratos del Estado.
Pero el fervor y la esperanza podrían convertirse rápidamente en frustración. El Partido Verde, que tiene muchas virtudes excepto la humildad, diseñó la consulta anticorrupción de manera endogámica:
- No se tomó el tiempo necesario para redactar con la precisión necesaria las preguntas de la consulta (la cual tendrá un costo de 280.000 millones de pesos)
- Ignoró la necesidad de preparar las preguntas a través de un proceso participativo, lo que hubiera incrementado su legitimidad, al igual que hubiera permitido incluir otras preguntas igual o más necesarias que las que fueron consignadas en la consulta.
- No consultó de forma abierta a veedores, activistas o expertos en administración pública, conflictos de interés, declaraciones juradas y de patrimonio, derecho constitucional, transparencia, gobierno corporativo, derecho penal o lucha contra la corrupción.
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Como resultado, muchas de las preguntas de la consulta presentan graves problemas y deficiencias técnicas que podrían dificultar la ejecución de las reformas-cuando no hacerlas inocuas o simplemente imposibles-. Los Verdes olvidaron que el diablo está en los detalles.
Aún en caso de alcanzar el número de votos necesarios, el desarrollo de algunos de los mandatos ciudadanos requeriría una reforma constitucional y no legal, lo cual no está permitido; en otros casos se duplicarían normas que ya existen; y la ejecución de otros, como reducir el salario de los congresistas (que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción), podría tener efectos adversos, alejando a mucha gente buena de la política.
La consulta representa una gran oportunidad para dejar claro el repudio que siente la gente hacia el país político, el clientelismo y la corrupción.
En un escrito del pasado 17 de abril que hice circular entre los congresistas, Consideraciones sobre la Consulta Anticorrupción, presenté con cierto grado de detalle los argumentos que sustentan la anterior apreciación.
El documento presentaba un balance de los pros y contras de cada una de las preguntas, y sugería que el Senado le pidiera al Comité Promotor de la consulta que procediera a ajustar algunas de ellas. Pero estas y otras varias recomendaciones ciudadanas no fueron tenidas en cuenta, y la consulta fue aprobada sin modificación alguna.
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Sacarle el jugo a la consulta
 Fondos públicos. Foto: Ministerio de Industria y Turismo |
Pero no es momento para llorar. A pesar de sus debilidades, la consulta representa una gran oportunidad para dejar claro el repudio que siente la gente buena y honrada de Colombia hacia el país político, el clientelismo y la corrupción.
Además de las consecuencias jurídicas que se desprenderán de la votación final (esto es, la obligación de adoptar las medidas anticorrupción según el mandato de los electores), están las consecuencias políticas, que se traducirán en una mayor presión sobre todas las ramas del poder público, presión dirigida a impulsar las reformas administrativas y legislativas necesarias.
Por lo tanto debemos aprovecharla, sin perder de vista lo siguiente:
- Debemos votar masivamente y a conciencia cada uno de los puntos, insertando así la lucha contra la corrupción en el primer lugar de la agenda pública de manera definitiva.
- Debemos preparar desde ya, con apoyo de la ciudadanía y de expertos, los proyectos de ley a través de los cuales el Congreso tendrá que adoptar lo que los ciudadanos voten en la consulta. Deberemos prestar especial atención a los detalles de redacción si queremos evitar que las normas sean inocuas, inviables o incluso contraproducentes.
- Podríamos asignarle a la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción (regulada por la Ley 1474 de 2011) la función de custodiar milimétricamente el cumplimiento de los mandatos ciudadanos resultantes de la consulta.
- La Comisión debería buscar un acuerdo con los medios de comunicación para que se comprometan a difundir el estado de avance de dichos mandatos, sometiendo al escarnio público a quienes los obstaculicen.
Por último, aprovechando el momentum de la consulta, la Comisión debería impulsar una seria de iniciativas adicionales, a través de un Acuerdo Amplio de Lucha contra la Corrupción en el que participen todos los poderes públicos y la sociedad civil, que podría incluir:
- Expedir la Ley de Protección de Denunciantes (en curso en el Congreso).
- Expedir la Ley de Probidad (en curso).
- Expedir la Ley de Cabildeo (en curso).
- Expedir la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
- Expedir la Reforma al Sistema Político y Electoral.
- Crear el Registro de Citas de Funcionarios con Particulares y Congresistas.
- Fortalecer las superintendencias de economía solidaria, salud y servicios públicos.
- Crear un Registro Centralizado de Beneficiarios Reales.
- Adoptar y ejecutar un Plan Nacional de Pedagogía en Valores.
- Diseñar y expedir la Política Pública Anticorrupción para el periodo 2018-2030.
- Expedir una reforma que permita confiscar (todo) el patrimonio de los corruptos.
- Expedir una reforma al Preámbulo y artículo 2 de la Constitución que incluya la lucha contra la corrupción como uno de los fines del Estado.
La corrupción nos concierne a todos
 Licitación pública. Foto: Observatorio en transparencia y anticorrupción |
Dicho lo anterior, es importante que la ciudadanía tome conciencia de que una lucha exitosa contra la corrupción requiere un esfuerzo sostenido y profundo, que involucre a todas las fuerzas de la sociedad.
La votación y aprobación de la consulta no resolverán por sí mismas el problema de la corrupción. La corrupción que padece Colombia es sistémica, histórica, cultural y profundamente enraizada en nuestra sique colectiva.
La votación y aprobación de la consulta no resolverán por sí mismas el problema de la corrupción.
Desde los padres que le hacen las tareas de sus hijos o los empresarios que evaden el pago de impuestos o los ciudadanos que no pagan los servicios públicos; pasando por quienes le pagan coimas a policías de tránsito, funcionarios de aduanas, fiscales, jueces o magistrados; llegando a quienes disfrutan ilícitamente los beneficios de la burocracia o contratación pública gracias a sus nexos con agentes poderosos, cientos de miles de colombianos participan consciente o inconscientemente de un sistema social corrompido, que ha convertido a la riqueza fácil en un motivo de aplauso en lugar de vituperio.
Es de su interés: Corrupción y cultura de la legalidad.
Colombia debe embarcarse en un profundo e intenso proceso de reingeniería cultural, de transformación de valores y de construcción de cultura política y ciudadana.
Debe realizar un esfuerzo verdadero por autocorregirse, por formar ciudadanos de verdad, con todo lo que ello implica. Ciudadanos que entiendan que no sólo tienen derechos, sino deberes. Que deben votar, denunciar la corrupción, rechazarla socialmente, dar ejemplo con su conducta, actuar siempre con integridad y honestidad.
La consulta anticorrupción es, en resumen:
- Una oportunidad para impulsar algunas transformaciones jurídicas que pueden tener algún efecto positivo sobre la lucha contra la corrupción, si trabajamos desde ya en la carpintería legal necesaria para lograrlo.
- Una oportunidad para reafirmar la voluntad y el mandato que el pueblo soberano le da al Estado para desempeñar sus funciones con pulcritud y atendiendo al interés público.
- Y una oportunidad para iniciar la transformación cultural que Colombia necesita, rechazando cualquier forma de ilicitud y ventajismo, que atente contra la ética y el interés público.
*Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. camiloencisov@yahoo.com
