Ante la ola de escándalos de corrupción, un proyecto de ley proponía recompensas por denunciar estos delitos. La idea fue eliminada del proyecto, pero funciona en Estados Unidos – y también en la Superintendencia de Industria y Comercio-. ¿Por qué no revivirla?
Camilo Enciso*
¿La eficacia o la ética?
El destape de diversos y costosos episodios de corrupción en Colombia- como el de Odebrecht o el del llamado “cartel de la toga”- ha reavivado el debate sobre la pertinencia de otorgar incentivos económicos a quienes denuncian delitos de este tipo:
- Quienes defienden esta estrategia sostienen que ofrecer recompensas económicas a los denunciantes ayuda a disminuir la corrupción porque aumenta la probabilidad percibida de detección de los corruptos, es decir que muchos se abstienen de delinquir porque creen que existe una mayor probabilidad de ser descubiertos.
- Quienes se oponen a la medida argumentan que los ciudadanos no deberían denunciar un delito porque se les conceda una remuneración económica, sino porque velar por el bien común es parte de su responsabilidad ética y social. Así mismo señalan que este tipo de incentivos podría tener un efecto contraproducente al generar la sensación de que para escapar de la justicia basta con denunciar cuando se ha sido descubierto.
En el marco de esta discusión, el Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes que el gobierno radicó en el Congreso a mediados del año pasado perdió uno de sus artículos principales: el que promovía la concesión de incentivos económicos a quienes denunciaran actos de corrupción en sectores de interés público como la alimentación escolar, la infraestructura y la industria extractiva.
Pero la duda quedó abierta: ¿será que la Ley de Protección de Denunciantes es más efectiva con ese artículo o sin él? Para dar una respuesta rigurosa e informada, es necesario examinar escenarios similares en los que esta medida u otra similar haya sido aplicada con el fin de identificar las consecuencias positivas o negativas que trajo consigo.
En Estados Unidos y en Colombia
 Debates sobre casos de corrupción en Colombia. Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción |
El False Claims Act es una norma estadounidense reconocida globalmente como un hito en la lucha contra la corrupción. Esta ley permite otorgar recompensas económicas a quienes denuncien reclamos fraudulentos contra el Estado instaurados por particulares y actos corruptos en procesos de contratación estatal.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante los últimos cuatro años el gobierno recaudó más de tres mil quinientos millones de dólares anuales en juicios y acuerdos relacionados con los dos casos mencionados anteriormente; entre enero de 2009 y octubre de 2015 el total de recursos adquiridos superó los veintiséis mil cuatrocientos millones de dólares; y desde que el False Claims Act fue reformado en 1986, el gobierno norteamericano ha recuperado cerca de cuarenta y ocho mil cuatrocientos millones de dólares que han ido a parar a las cuentas del Departamento del Tesoro.
El artículo eliminado del Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes estipulaba que el dinero utilizado para recompensar a los denunciantes proviniera de las multas recaudadas.
Es importante mencionar que en el caso colombiano, el artículo eliminado del Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes estipulaba que el dinero utilizado para recompensar a los denunciantes proviniera de las multas recaudadas. Esto con el objetivo de no comprometer los recursos públicos.
En el contexto nacional, la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sido ampliamente celebrada por la opinión pública, pues en los últimos años ha impuesto castigos ejemplares a numerosos carteles de corrupción como el del cemento, los pañales, el azúcar y el papel higiénico.
Los logros de la SIC son producto de cambios en las normas y de un complejo proceso de transformación interna que esta institución ha experimentado de unos años para acá. Las principales reformas para combatir la corrupción de una manera más eficaz y contundente han sido:
- El fortalecimiento de su sistema sancionatorio,
- La expedición de normas que promueven la denuncia (en especial la Ley 1340 de 2009 y los Decretos 1074 y 1523 de 2015);
- La conformación de un excelente equipo de trabajo, y
- La consolidación de un laboratorio de talla mundial para la captura, el procesamiento y análisis de información.
Entre los esfuerzos mencionados, la expedición de normas que promueven la delación amerita especial atención. Ésta consiste, por un lado, en rebajar o eliminar las sanciones monetarias a las personas implicadas en casos de corrupción que denuncien y brinden colaboración plena a la justicia; y por otro, en aumentar las multas a aquellos que no denuncien.
Desde que esta medida fue adoptada, el número de denuncias relacionadas con la violación del derecho de competencia y las actividades de colusión por parte de empresas públicas y privadas ha aumentado de modo significativo. Y así mismo el país y los consumidores se han beneficiado de las altas multas impuestas a los demás actores involucrados en la conducta ilícita.
Tal ha sido el éxito del sistema de delación empleado por la SIC, que según la Ley Antisoborno de 2016, deberá ser replicado por la Superintendencia de Sociedades.
Indudablemente, el uso de incentivos económicos como estrategia para combatir la corrupción constituye un tema espinoso lleno de aristas y dilemas ético-políticos. La posibilidad de otorgar recompensas económicas a quienes han estado involucrados en actos ilegales no resulta fácil de digerir. Sin embargo, es innegable que en los casos expuestos anteriormente esta medida tuvo efectos contundentes.
Apuntes y aportes al Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes
 Campañas de fortalecimiento del “Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes”. Foto: Función Pública |
Si bien la denuncia constituye un deber cívico y debería ser motivada por el interés de proteger el bien común y no por el interés económico, ejemplos como el del False Claims Act y la SIC demuestran que los ciudadanos responden de forma más efectiva a incentivos económicos que a incentivos éticos.
La lucha contra la corrupción en Colombia será exitosa una vez las instituciones gubernamentales adquieran las herramientas jurídicas adecuadas para detectar, investigar y sancionar los actos corruptos.
Aunque el debate ético y político por supuesto conserva su vigencia, también debe entenderse que ciertos tipos de normas o medidas arrojan mejores resultados que otras.
Además de lo anterior, es importante señalar que el pago de incentivos económicos como instrumento para disminuir los niveles de corrupción cuenta con un gran respaldo popular:
- En enero de este año, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción realizó un sondeo por Twitter a 12,767 personas de las cuales el 90 por ciento manifestó estar “de acuerdo con entregar beneficios económicos a quienes denuncien corruptos”, el 5 por ciento expresó estar en desacuerdo, y el 5 por ciento restante escogió la opción “no sabe, no responde”.
- Así mismo, la cadena televisiva RCN transmitió un debate sobre el tema en cuestión y posteriormente interrogó al público sobre su posición al respecto. El 80 por ciento de los televidentes afirmó estar de acuerdo con la concesión de beneficios económicos a los denunciantes de episodios de corrupción.
Tanto los escenarios revisados como la alta aprobación popular descrita anteriormente permiten afirmar que la Ley de Protección de Denunciantes sería más efectiva si el artículo que promovía la concesión de incentivos económicos a denunciantes no hubiese sido suprimido. Por lo tanto, el Congreso, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría deberían reevaluar la decisión de eliminar esta estrategia y estudiar cuidadosamente la posibilidad de reinsertarla en la Ley de Protección de Denunciantes.
El debate sobre la Ley de Protección de Denunciantes es de vital importancia porque la lucha contra la corrupción en Colombia sólo será exitosa una vez las instituciones gubernamentales adquieran las herramientas jurídicas adecuadas para detectar, investigar y sancionar los actos corruptos.
Combatir la corrupción es, además de una tarea fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, una deuda con quienes, día a día, se juegan la vida denunciando este mal.
*Ex Secretario de Transparencia y Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.
