¿Qué sociedad se refleja en el río Bogotá?

La historia de los intentos de recuperación del río es tan negra como sus aguas: inconsecuencias, sobrecostos, incertidumbre. Medio siglo de errores convirtieron en suelo mal urbanizado las mejores tierras agrícolas del país.

Rafael Colmenares *

Negro futuro

El río Bogotá — profundamente degradado y anóxico — es hoy resultado de la forma como se ha venido ocupando el territorio que se articula en torno de su cuenca. Muchas cosas oscuras han pasado, transfiriendo la opacidad de intereses ocultos y de negligencias toleradas a las otrora cristalinas aguas. 

Tras veinte años de anuncios sobre su recuperación, los resultados no solamente no se vislumbran: todo indica que están cada vez más lejos y que podrían resultar cada vez más costosos.

De hecho, cualquier alternativa, incluida la construcción de plantas de tratamiento — bien sea en Canoas, en el Tunjuelo o en Charquito —, no resultará viable por menos de dos billones de pesos.

Aún así, no da lo mismo dónde se localicen, pues esta decisión conlleva notables diferencias en términos de costos, que en últimas afectarán los bolsillos de los usuarios y particularmente de las familias bogotanas, ya agobiadas por una de las tarifas de acueducto y alcantarillado más costosas del país y de América Latina.

Itinerario curvo e incierto

Un primer aspecto que salta a la vista en este proceso, es la forma errática como se ha actuado:

• A comienzos de los noventa y tras analizar varias alternativas, la Alcaldía Mayor de Bogotá tomó la decisión de construir tres Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en forma sucesiva, a fin de tratar las aguas conducidas por el sistema de alcantarillado de la ciudad, incorporando en una primera etapa un tratamiento primario y en una segunda etapa uno secundario.

• Con tal propósito se contrató al consorcio francés Lyonnaise des Eaux – Degrémont, que pasó a constituir una filial en Colombia — la Sociedad Bogotana de Aguas y Saneamiento (BAS) para ejecutar el proyecto, empresa que obtuvo la correspondiente licencia ambiental en 1996.

• Posteriormente, la administración del alcalde Enrique Peñalosa se mostró adversa a esa alternativa. Tras un largo debate público, se optó por la terminación unilateral del contrato con dicha sociedad, medida que tomó el alcalde Antanas Mockus justamente el último día de su segunda administración.
• Fue así como su sucesor, Luis Eduardo Garzón, recibió el poco atractivo legado de pagar a la compañía francesa la cantidad de once millones de dólares, a título de indemnización más las ganancias que le hubieran correspondido en veinticuatro años de ejecución del contrato.

• Curiosamente el alcalde Mockus durante su primera administración había apoyado la alternativa inicial. Sin embargo, los altos costos del contrato con los franceses y los problemas que mostraba la PTAR de El Salitre — la única que se alcanzó a construir en desarrollo de dicho contrato — lo llevaron a cambiar de posición.

• Se procedió entonces a diseñar un nuevo programa de recuperación del río consistente en la ampliación de la PTAR Salitre, la construcción de la PTAR Canoas pocos kilómetros antes del Salto del Tequendama y la construcción de varios interceptores para conducir las aguas residuales a una u otra planta.

• Este nuevo programa, denominado “Plan de Saneamiento del Río Bogotá” fue adoptado en el marco de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante el Decreto 469 de 2003 y posteriormente fue acogido en el Acuerdo Interinstitucional 171 de 2007.

• En la actualidad, ha quedado en evidencia que el programa adoptado en sustitución de la anterior resultó ser aún más costoso [1]. El programa acogido en 1993 (tres PTAR) costaba un billón setecientos mil pesos, frente a tres billones seiscientos mil pesos que acabará costando — si se ejecuta algún día tal como está diseñado — el plan adoptado en la modificación del POT [2].

• Aunque reiteradamente se ha anunciado con bombos y platillos que el Acuerdo Interinstitucional 171 de 2007 garantizará que el río sea recuperado por fin — compromiso firmado entre entidades de orden nacional y distrital y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) — lo cierto es que aún no hay cierre financiero de dicho Acuerdo, lo cual significa simple y llanamente que no se cuenta con los recursos necesarios para construir la PTAR Canoas [3].

Producción insostenible de suelo urbanizable

El trasfondo que se esconde tras el río moribundo es un modelo insostenible de ocupación del territorio y de construcción de ciudad, que se ha desarrollado en función de intereses particulares y especialmente en beneficio de los urbanizadores.

Bogotá ha crecido y la Sabana se ha poblado en forma acelerada. Actualmente, la denominada Sabana Centro concentra el 20 por ciento de la población de Colombia. Este proceso de aglomeración humana y de actividades económicas ha conllevado la incesante conversión de áreas rurales y suburbanas en suelo urbanizable.

No en vano el Concejo Distrital ha aprobado numerosos acuerdos de legalización de barrios informales y ha ampliado varias veces el perímetro urbano: el área de la ciudad se duplicó en 20 años, pasando de un poco más de 16.000 hectáreas en 1980 a 38.430 hectáreas, que corresponde al área comprendida dentro del perímetro urbano definido en el POT en el año 2000.

A su vez, la urbanización en zonas rurales ha ido avanzando en los municipios vecinos, contraviniendo la destinación prioritariamente agropecuaria y forestal de la Sabana de Bogotá, declarada de “interés ecológico nacional” en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993. El suministro de agua potable — mediante la modalidad de “venta de agua en bloque” — ha sido determinante en la aceleración del cambio de uso del suelo [4].

La tragedia de El Muña

Los requerimientos de una expansión urbana descontrolada han ido moldeando otros factores de la tragedia que se materializa en la actual situación del río Bogotá: por ejemplo, desde los años 1950 se decidió aprovechar el agua del río para generar energía eléctrica y -con el objeto de garantizar los volúmenes necesarios en épocas de estío- se construyó el embalse de El Muña.

En la medida en que las aguas del río se fueron contaminando, aquel reservorio que alguna vez fue escenario de deportes náuticos y de regatas se convirtió en un mar muerto cargado de desechos urbanos de todo tipo.

Ante tamaño desastre ambiental — que incluye la tragedia de los habitantes del municipio de Sibaté, sometidos a las consecuencias de la contaminación de El Muña — no solo no se buscó la forma de ponerle fin a semejante pesadilla, sino que por el contrario, se construyó una segunda cadena de generación de energía eléctrica, que entró a operar en 1992, cuando ya las aguas que llegaban al embalse estaban altamente contaminadas [5].

Hoy en día, el llamado Plan de Saneamiento del río Bogotá incluye la construcción de una costosa estación elevadora que permita seguir generando energía eléctrica en la mencionada cadena dos — conocida irónicamente como Paraíso–La Guaca— que opera Emgesa [6] y cuya inversión obviamente correrá a cargo de todos los bogotanos, quienes pagaremos sus costos escondidos en la tarifa de alcantarillado.

Como lo advierte la Contraloría General de la República, lo razonable sería hacer todo lo contrario: ahorrar costos buscando alternativas viables a la construcción de la mencionada estación  [7].

La última prioridad

La urbanización desbordada de Bogotá y sus alrededores ha ido arrasando los humedales y sepultando bajo el cemento y el pavimento los afluentes del río. Los Cerros Orientales de Bogotá, donde se inicia el viaje del agua hacia el río, han sido sometidos a diversos procesos destructivos: urbanización legal e ilegal, deforestación, prácticas de artillería, explotación intensiva de arcilla, de arena y de otros materiales de construcción a cargo de las transnacionales Holcim y Cemex y la Fundación San Antonio de la Curia Arquidiocesana. Otro tanto viene ocurriendo con los sistemas montañosos que circundan la cuenca en jurisdicción de los municipios vecinos. Las heridas en los cerros están a la vista.

La creciente desigualdad social se expresa espacialmente: en las zonas más vulnerables se aglomeran los pobres, víctimas de los urbanizadores piratas, donde se someten a las peores condiciones con tal de tener una precaria vivienda. Luego, toda la ciudad paga los costos de dotar de servicios públicos, particularmente de agua potable, a estas zonas de difícil acceso.

Las inundaciones de los últimos dos años demostraron que el río y la gente más pobre figuran como la última prioridad. Aquel es visto como cloaca, como proveedor de agua para la generación eléctrica, incluso como fuente para riego, a pesar de la contaminación de sus aguas. El río ha dejado de serlo: yace sepultado bajo los oscuros intereses que imponen el tipo de sociedad, y de Estado, que oscurece sus aguas.

A estas alturas, la construcción de costosas megaplantas de tratamiento parece inevitable. Sin embargo, ninguna planta dará abasto si la ciudad continúa creciendo, si los grandes usuarios, que a su vez son los grandes contaminadores, no tratan sus aguas residuales en la fuente, si no se corrigen las conexiones erradas, si no se adoptan sistemas de reutilización del agua y si no se recupera la estructura ecológica principal de la Sabana.

En síntesis, si no se replantea la forma actual de construir ciudad y se avanza en un plan de ordenamiento territorial regional con sentido ambiental.

* Ambientalista y asesor externo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. No obstante, las opiniones aquí expresadas no comprometen a la EAAB.