Rendición de cuentas en Antioquia: Fajardo, EPM y Orbitel - Razón Pública
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Rendición de cuentas en Antioquia: Fajardo, EPM y Orbitel

Escrito por Libardo Espitia
Libardo Espitia

Libardo-EspitiaRecuento de la Red de Veedurías Ciudadanas sobre un mal negocio para EPM, pero muy bueno para los socios privados de Orbitel.

Libardo Espitia

¿Un caso olvidado?

Recientemente se ha dado una disputa entre el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo y su antecesor Luis Alfredo Ramos, por irregularidades que encontró el recién posesionado y que dejó plasmadas en un "libro blanco".

Pero existe otro libro, con fecha 31 de enero de 2007, donde la administración municipal defendía a capa y espada el polémico negocio de la compra de un paquete de acciones de Orbitel por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuya Junta Directiva entre 2004 y 2007 fue presidida por el propio Fajardo en su calidad de alcalde de Medellín.

Historia del negocio

En 1997, Telecom perdió el monopolio sobre el servicio público de telefonía de larga distancia. Varios socios privados junto con las EPM crearon Orbitel S.A.: un 50 por ciento de las acciones quedó en manos privadas y la otra mitad quedó en poder de la empresa pública.

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A comienzos del 2006 la banca de inversión 
representada por Bruce Mac Master Rojas,
valoró el paquete accionario de Orbitel en
manos privadas.
Foto: Acción Social

A comienzos de 1998 ya era significativo el aumento de los celulares cubiertos por COMCEL (hoy Claro) y por Bellsouth (hoy Movistar), mientras que el servicio prestado por Orbitel no arrojaba los mejores resultados. Por tal motivo, durante la administración de Luis Pérez Gutiérrez y a partir de 2001, los socios privados ofrecieron su paquete accionario a EPM por 215 millones de dólares.

En 2005, tras la expedición del documento CONPES Lineamientos de Política para la utilización de Tecnologías de Banda Ancha inalámbricas en la banda de 3.5G, Orbitel solicitó la asignación de frecuencias al Ministerio de Comunicaciones para prestar servicios de internet bajo la tecnología Wimax y para ello elaboró un ambicioso Plan de Negocios a ser desarrollado entre 2007 y 2013.

En 2004, Fajardo llegó a la alcaldía del municipio. En su calidad de presidente de la Junta Directiva designó a Juan Felipe Gaviria como Gerente General de las EPM. Los socios privados insistieron en sus intenciones de vender su participación a la empresa pública.

A comienzos del 2006, esas intenciones condujeron a contratar la banca de inversión Inverlink, representada por Bruce Mac Master Rojas, para efectuar la valoración del paquete accionario de Orbitel en manos privadas.

La Junta Directiva estaba conformada por Fajardo, Gaviria, Tatiana Aristizábal, Juan Camilo Restrepo, José Mario Restrepo, Carlos Guillermo Álvarez, David Alonso Cardona, Rubén Hernández y Freddy Escobar.

La valoración efectuada bajo la metodología convencional de flujo de caja descontado tuvo como principal insumo el ambicioso Plan de Negocios y estuvo lista para ser presentada a la Junta Directiva el 5 de junio de 2006.

El negocio fue aprobado por unanimidad por una cuantía de 85 millones de dólares, pagaderos 80 millones el día de suscripción del contrato y la cifra restante cuando se alcanzara el enlace o usuario número 50.000.

La Contraloría General de Medellín (CGM) — organismo de control fiscal competente por jurisdicción — señaló en varios comunicados que las EPM habían pagado una cifra muy superior al precio real de las acciones. La denuncia de la Contraloría se basó en el estudio realizado por la firma Signals Consulting, según el vual aquel 50 por ciento de Orbitel tenía un valor del orden de 33,1 millones de dólares, equivalentes a 80.086 millones de pesos.

Sobre la base del concepto de Signals Consulting y los resultados de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial al Proyecto Wimax de Orbitel, la Contraloría — mediante el Auto No. 056 del 6 de febrero de 2007 — dio inicio al proceso de responsabilidad fiscal No. 002 de 2007 por una cuantía equivalente de 108.683 millones de pesos, cifra que resultó de restar al valor pagado los 33,1 millones. La Contraloría decidió que todos los miembros de la Junta Directiva tenían responsabilidad fiscal.

La gestión fiscalizadora adelantada por la Contraloría obviamente no fue bien recibida por las directivas de las EPM, en cabeza de Fajardo y de Gaviria, quienes presentaron queja ante la Auditoría General de la República.

Al no obtener la respuesta esperada, optaron por acudir a la figura del control preferente para quitar la competencia al organismo de control municipal, y entregársela a la Contraloría General de la República (CGR) en ese momento a cargo de Julio Cesar Turbay Quintero.

Ir y venir en las contralorías

La solicitud del control excepcional firmada tanto por el alcalde y presidente de la Junta Directiva de EPM, como por su Gerente General, fue aceptada por la Contraloría General el 17 de septiembre de 2007 (Auto No. 000596) en cabeza de la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Tatiana González Torres, quien a partir del 9 de octubre siguiente asumió el conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal No. 002-2007.

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El actual gobernador Sergio Fajardo,
exige cuentas a su antecesor, más no
las rinde con respeto a su gestión como
alcalde y como presidente de la
Junta Directiva de las EPM.
Foto: Gobernación de Antioquia

Sabiendo que el tema era de alta exigencia técnica la Delegada González, mediante Auto No. 000736 del 27 de noviembre de 2007, decretó que se le prestara apoyo por intermedio de la Contraloría Delegada del Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, con el propósito de realizar una evaluación comparativa de los distintos modelos de valoración utilizados en el proceso de compra accionaria de Orbitel.

El grupo de apoyo se pronunció mediante informe técnico en marzo de 2008, concluyendo que existían errores en algunas variables utilizadas por Inverlink que inflaban el valor de la valoración: el valor máximo del paquete accionario no debió haber superado los 66 millones de dólares.

A partir de entonces y hasta diciembre de 2008, el informe técnico sirvió de base para el cruce de comunicaciones entre la Contraloría y el abogado Ricardo Hoyos Duque (apoderado de los investigados y la banca Inverlink) quien pretendía que el informe técnico fuera modificado y se corriera el modelo de valoración con otras variables.

Finalmente, la Delegada para Investigaciones -desconociendo el informe técnico y sin ordenar la evaluación del Plan de Negocios y demás elementos que probaban el daño patrimonial a las EPM- dictó el Auto No. 00124 del 5 de marzo de 2009 mediante el cual cesó la acción fiscal y archivó el proceso iniciado por la Contraloría General de Medellín.

Esta decisión fue confirmada en grado de consulta por el Contralor General, Julio Cesar Turbay Quintero, y por sus funcionarios de apoyo Luis Guillermo Candela Campo, Iván López Dávila y Pedro Antonio Tinjacá Guerrero el 8 de junio de 2009.

Veeduría ciudadana

Al conocer la decisión y los recursos públicos involucrados, la Red de Veedurías abrió investigación sobre el tema.

Como lo indica el cuadro siguiente, la información suministrada por la Contraloría General de Medellín hacia evidente el incumplimiento del Plan de Negocios por parte de Orbitel; y sin embargo la Contraloría General ignoró el hecho y dictó auto de archivo:

Evolución de los enlaces por trimestre

Durante la administración de Luis Pérez Gutiérrez y a partir de 2001, los socios privados ofrecieron su paquete accionario a EPM por 215 millones de dólares El grupo de apoyo se pronunció en marzo de 2008 y concluyó que existían errores en algunas variables utilizadas por Inverlink que inflaban la valoración. El incumplimiento del Plan de Negocios era evidente. Para diciembre de 2011,  se debían haber alcanzado 488.985 enlaces, pero solo se habían logrado 18.637.

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Fuente: Contraloría General de Medellín.

 La ley dispone que el control preferente es de carácter temporal y ha de versar sobre temas definidos, de modo que él no vacía la competencia territorial: una vez la Contraloría General de la República toma las decisiones de fondo, la competencia regresa a la contraloría de origen. De manera que a partir de junio de la competencia retornó a la Contraloría General de Medellín.

La investigación iniciada por la Veeduría involucró la gestión de ambas contralorías y la inspección de todo el expediente del proceso de responsabilidad fiscal, enfocando su intervención esencialmente en el Plan de Negocios, las pruebas decretadas por la CGR y las valoraciones efectuadas.

La investigación que tuvo una duración de dos años encontró que la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva no decretó prueba alguna que evaluara la base de la valoración, es decir, el cumplimiento del Plan de Negocios, puesto que éste había sido el soporte para que Inverlink tasara el paquete accionario en 88 millones de dólares. La Contraloría General de Medellín tampoco había adelantado gestión alguna.

El incumplimiento del Plan de Negocios era evidente. Este proyectaba todas las cifras de la actividad comercial de Orbitel sobre un horizonte de siete años (2007-2013). Todas las metas anuales de ventas fueron incumplidas. Para diciembre de 2011, se debían haber alcanzado 488.985 enlaces, pero solo se habían logrado 18.637.

La Contraloría General de Medellín indicó a la Veeduría la realidad de los resultados del Plan de Negocios, mediante comunicación del pasado 7 de marzo, donde se registra la siguiente información:

 

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Fuente: Contraloría General de Medellín.

Silencio, dudas… y mucha rapidez

La investigación adelantada por la Veeduría fue comunicada a las entidades competentes: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Medellín y la Fiscalía General de la Nación.

Para la Procuraduría, los hechos escapan de su facultad disciplinaria al haber transcurrido más de cinco años, aunque en ningún momento desconoció que el Plan de Negocios sigue vigente.

La Veeduría sigue pendiente de la respuesta de la Contraloría de Medellín, mientras que la Fiscalía General de la Nación dispuso abrir la respectiva investigación, de la cual se esperan resultados concretos.

Resulta paradójico el silencio del actual gobernador Sergio Fajardo, quien exige cuentas a su antecesor, más no las rinde con respeto a su gestión como alcalde y como presidente de la Junta Directiva de las EPM, con obvia influencia sobre los demás miembros.

No puede pasarse por alto un hecho curioso: la Junta Directiva aprobó por unanimidad el proceso de compra del paquete accionario el 5 de junio de 2006 (como consta en el Acta no. 1457). En la sesión siguiente, dos miembros solicitaron información sobre la tecnología Wimax que habían aprobado, dando a entender o bien que no sabían lo que habían aprobado o que habían sido inducidos a un error por las directivas en cabeza del presidente de la Junta Directiva, del Gerente General y de la propia banca de inversión, Inverlink.

Otro hecho curioso: no es usual en el mundo de los negocios, y sobre todo en Colombia, que en un mismo día se firme el contrato, se gestione un préstamo bancario, se haya autorizado la destinación y se haya pagado…

* Ingeniero industrial, especialista en servicios públicos domiciliarios, con estudios de posgrado en Gestión y Auditorías Ambientales. Actualmente es el Director de Servicios Públicos de la Red de Veedurías de Colombia.
 

 

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