La vivienda es un derecho constitucional, y sin embargo más del 15 por ciento de los bogotanos no la tienen. La administración de la ciudad ha relegado esta necesidad a renglones secundarios, pero es mucho lo que puede y debe hacerse, tanto respecto del entorno externo que es decisivo para la vivienda como en su mejoría “de puertas para adentro”.
Alejandro Florián Borbón*
Una política en crisis
La política de vivienda popular o vivienda de “interés social” en Bogotá pasa por una época entre gris y oscura, tanto en lo relativo a su lectura e interpretación, como en cuanto a su eficacia respecto de los cuantiosos recursos presupuestales e institucionales que convergen en la ciudad de forma privilegiada:
- Subsidios nacionales.
- Subsidios distritales.
- Subsidios de las Cajas de Compensación.
- Todas las entidades financieras públicas y privadas.
- Todos los gremios del sector y la mayor parte de sus principales actores.
- Centros universitarios de primer orden.
El mal momento que atraviesa esta política se debe tanto al agotamiento del modelo de intervención sectorial -gobernado por intereses gremiales- como a la incapacidad de gestionar correctamente los instrumentos y recursos con que cuenta la administración de la ciudad. La crisis se ve agrava por la pérdida de confianza que acompaña a los escándalos que han afectado la administración del alcalde Samuel Moreno.
Y así, mientras las autoridades siguen en la indolencia, la ciudadanía sigue resolviendo como puede sus necesidades habitacionales, de manera espontánea en la gran mayoría de los casos es decir a través de mecanismos alternativos (informales) con graves consecuencias sobre la calidad de vida, la convivencia y el presupuesto público.
El lastre de la informalidad
En efecto: de las 817.000 viviendas producidas durante el período inter-censal 1993-2005, 440.000 (el 54 por ciento) fueron informales. La informalidad en materia de vivienda no solo es un problema de calidad de vida para los ciudadanos que habitan en tales condiciones, sino que propicia un ambiente para justificar y legitimar comportamientos que deterioran la convivencia y apalancan los conflictos.
Además todas las carencias que conlleva la informalidad se traducen inevitablemente en costos fiscales crecientes, que arrastramos como un pesado lastre y pagamos por décadas todos los ciudadanos.
La vivienda es un derecho
Las acciones de gobierno deberían adoptar la perspectiva de la vivienda como derecho fundamental, tal como lo ordena la Constitución de Colombia: la vivienda es un derecho ciudadano y no una simple mercancía; el Estado tiene obligaciones que se traducen en competencias legales y en recursos institucionales.
Ha sido justamente la Corte Constitucional quien ha desarrollado la interpretación sobre el contenido y la exigibilidad de este derecho, en particular para aquellos grupos cuyas condiciones son vulnerables y requieren protección especial para lograr la igualdad, no solo formal sino material en el goce del mismo.
El contenido y alcances del derecho a la vivienda se rigen por un conjunto de normas dispersas, tanto nacionales como locales, además de los compromisos derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Colombia mediante Ley 74 de 1968 [1]. Dada la gran complejidad que significa satisfacer el derecho a la vivienda, es muy amplio el conjunto de normas que buscan garantizarlo:
- Normas de ordenamiento territorial y planificación (acciones y funciones públicas directamente relacionados con la generación de suelo y con condiciones de acceso y calidad a infraestructuras adecuadas);
- Normas sobre condiciones y mecanismos de financiamiento de la vivienda;
- Normas referentes a la construcción y a la sismo-resistencia que deben tener las edificaciones;
- El derecho a la vivienda digna está consagrado en el artículo 51 de la Constitución [2].
De conformidad con el texto constitucional, el Estado colombiano debe promover:
a) planes de vivienda,
b) sistemas adecuados de financiación a largo plazo, y
c) formas asociativas de ejecución de estos programas.
Sin embargo, como dije, satisfacer este derecho implica un complejo conjunto de componentes y atributos, lo cual significa que una política que pretenda garantizar este derecho, así sea de forma progresiva, debe partir de una definición de la “vivienda digna”.
Como instrumento para interpretar el derecho a la vivienda, la Corte Constitucional adoptó la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. [3]
En este documento se destaca la noción de adecuación en el contexto dinámico de la progresividad del derecho a la vivienda, atendiendo la complejidad y diversidad de factores que en distintos continentes y culturas interactúan, para hacer posible o impedir el acceso y disfrute de una vivienda adecuada, en particular para los sectores de población más vulnerable.
Dos tipos de atributos y de esfuerzos
El concepto de vivienda adecuada implica pues satisfacer un cierto número de cualidades parametrizables, que en conjunto son y significan mucho más que una mercancía, y más que un simple techo con cuatro paredes:
-Un subconjunto de los atributos de la Observación No 4 pueden calificarse como atributos colectivos, y son aquellos externos a la vivienda; por ejemplo, las redes de servicios públicos, los accesos, la localización.
-Un segundo grupo podría calificarse de atributos internos de la vivienda o propiamente domésticos, y son aquellos que se dan “de puertas para adentro” (sus condiciones de habitabilidad, por ejemplo).
Los atributos colectivos o externos deberían ser la prioridad de la política pública y de los esfuerzos gubernamentales, por su naturaleza determinante para lograr el objetivo y por la dificultad para ser garantizados. En efecto: estos atributos suponen recursos de planeación, inversión y gestión que están más allá de la capacidad individual de cada familia, y al mismo tiempo son los que en el largo plazo tienen mayor impacto sobre la calidad de vida de todo el vecindario.
Tal es el caso de la localización adecuada, el de la seguridad respecto de riesgos físicos o ambientales, el de los espacios verdes y de recreación, el de la conectividad vial y el transporte, el de los servicios públicos –principalmente agua y energía–, y los servicios sociales de salud, educación, cultura, etc.
Para que la vivienda cumpla con los atributos referidos a la casa en sí misma, “de puertas para adentro”, se requiere de otro tipo de esfuerzos, donde también es necesario el concurso del Estado, en un grado y función diferentes, pero con la posibilidad de contar con el esfuerzo propio de las familias, en un amplio abanico de opciones financieras, cuyo suministro y gestión aportan los mercados y a los cuales se accede según las capacidades y condiciones socio-económicas de cada grupo poblacional.
De tal manera que el apoyo estatal para alcanzar la adecuación de una vivienda en cuanto a sus atributos internos, puede ir desde aquellas familias que requieren apoyo en todos los componentes, hasta aquellos que requieren solo un pequeño apalancamiento financiero.
Como demuestra la propia experiencia de Bogotá, las familias han mejorado con su esfuerzo individual -en la medida de las posibilidades y con enormes limitaciones técnicas- las condiciones materiales de muchas viviendas consideradas individualmente, pero difícilmente pueden, por sí mismas, lograr la cobertura y la calidad de otros atributos como los servicios públicos, la localización adecuada, la conectividad y la movilidad adecuadas, el acceso a los servicios sociales, la recreación, la seguridad etc.
De hecho Bogotá ha tenido que invertir billones de pesos en desmarginalización y mejoramiento de barrios.
El déficit de vivienda
¿Quiénes no han podido satisfacer dignamente el derecho a la vivienda en Bogotá? ¿Donde están localizados?
- Bogotá tiene en total 1.978.528 hogares y solo 1.713.437 viviendas [4].
- En términos convencionales cuantitativos, el universo de hogares bogotanos que no tienen satisfecho su derecho a una vivienda digna asciende a 307.945 [5] (15,56 por ciento del total).
- En principio, 145.822 hogares del universo no poseen, pero teóricamente aspiran a poseer vivienda propia [6].
- 162.124 hogares bogotanos presentan algún tipo de carencia o insatisfacción de su derecho a la vivienda, constituyendo el llamado deficit cualitativo [7]: estructura, hacinamiento, servicios públicos.
Aun cuando la ciudad cuenta con buenos instrumentos de medición, que arrojan incluso información desagregada por localidades, las definiciones básicas sobre el significado y alcance de las categorías del déficit no alcanzan a dar cuenta precisa de los fenómenos que habríamos de identificar y cuantificar: o no se establece la representatividad estadística de la muestra o se presentan contradicciones entre diferentes fuentes “oficiales”, fenómeno que se aprecia incluso en las líneas de base que adoptó el presente plan de desarrollo.
En efecto, el plan de desarrollo de la administración Moreno, incluyó nuevas categorías en el déficit cualitativo, para atender realidades de gran impacto:
- el reconocimiento de viviendas construidas sin licencia;
- el refuerzo estructural;
- el mejoramiento de condiciones de habitabilidad;
- el mejoramiento de barrios;
- el mejoramiento de vivienda rural y
- la presencia del arrendamiento como opción habitacional para un importante número de bogotanos (más del 50 por ciento en estratos uno y dos).
Sin embargo las líneas de base no han sido revisadas ni validadas, tarea sin la cual cualquier propuesta de política en materia de vivienda social resulta incompleta y sesgada.
Soluciones interesantes dentro del portafolio de competencias que ya cuenta con definiciones legales.
Profundizar en la eficacia y reducción de los costos de transacción de los instrumentos de ordenamiento y gestión de suelo, como los planes parciales y zonales, la declaratoria de desarrollo prioritario, el anuncio de proyecto, la recuperación de plusvalías etc, es un imperativo para el adecuado cumplimiento del principio legal de la “función Pública del Urbanismo”.
Varios trabajos académicos demuestran el potencial existente para redensificar de forma inteligente la ciudad, reestructurando zonas urbanas y mejorando barrios y viviendas, sin tener que expulsar a sus actuales ocupantes, pero ampliando y optimizando la opción del arrendamiento, mediante esfuerzos orientados a aprovechar al máximo los atributos colectivos que ya la ciudad brinda en infraestructura, transporte, salud y educación.
Sin embargo, para lograr este propósito se necesita:
- Superar la barrera que implica la captura de la institucionalidad por parte de los gremios o de los intereses partidistas.
- Propiciar un trabajo más integral, técnico y ponderado, que dé cuenta tanto del costo social como del costo fiscal de la inequidad y de la segregación socio-espacial en el mediano y en el largo plazo.
- Ampliar el concepto de cierre financierodel individuo y del proyecto a la ciudad como un todo, para restablecer la equidad en materia habitacional y para dar a los ciudadanos de menores ingresos oportunidad de invertir en otras necesidades que mejoren su calidad de vida y contribuyan a dinamizar la economía local.
- Generar, bajo el liderazgo de la administración, suelo urbanizado y opciones de edificabilidad en áreas de renovación y mejoramiento para soluciones de vivienda de interés social y de interés prioritario.
- Reconocer el arrendamiento como opción habitacional, de interés social y trabajar en los mecanismos institucionales para superar sus limitaciones y conflictos derivados de la informalidad.
* Abogado Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en diferentes aspectos de la producción social de vivienda desde 1982. Fue director ejecutivo de Fedevivienda entre 1992 y 2008 y actualmente es Director Regional del Centro para El derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE). Ha participado además en varios espacios directivos en organizaciones como la junta del Inurbe 1996-1998 y Metrovivienda 2000-2003 y actualmente en el Consejo de Directores de la Coalición Internacional Hábitat.
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