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Participación política frágil, democracia precaria

Escrito por Luis Eduardo Celis
luis eduardo celis

luis eduardo celisUna mirada preocupada y preocupante desde uno de los observatorios políticos que vienen vigilando el desarrollo de un proceso electoral marcado por los tropiezos, las vivezas, las trampas descaradas, pero también un creciente interés por parte de la ciudadanía. 

Luis Eduardo Celis*

elecciones-localesSiguen las trampas

Durante las últimas semanas hemos asistido a una serie de hechos preocupantes con respecto a las próximas elecciones de octubre, en las que se elegirán los gobernantes municipales y departamentales y sus cuerpos colegiados respectivos:

  • Denuncias sobre participación de personas con inhabilidades, sanciones o condenas.
  • Violencia y coerción sobre candidatos.
  • Denuncias de irregularidades y graves fallas en la propia institución encargada de organizar proceso electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Han sido tales la preocupación y las tensiones, que el mismo presidente de la República se ha sumado a las denuncias. No se trata de un tema menor: ni más ni menos la participación política, la gestión de la democracia, la competencia por el poder local y regional. Temas de gran calado, que van al corazón de la confianza ciudadana y de la vida de las instituciones, que ameritan una reflexión fría sobre cómo se desenvuelve esta tensión y su naturaleza, las perspectivas de su evolución y el tipo de correctivos pertinentes.

No se pueden dejar pasar estos hechos si queremos avanzar en la construcción de una democracia de mayor calidad, capaz de orientar a la sociedad hacia un ejercicio más pleno de sus derechos, una mejor calidad de vida y una mayor solidez institucional.

El peso del pasado

La existencia de dos partidos históricos -que monopolizaron la vida política hasta finales de los años setenta- trajo consigo un ordenamiento institucional cortado a la medida de intereses y actores gremiales y regionales, un orden social, político y económico a imagen y semejanza de sus promotores, donde los criterios de exclusión y marginalidad fueron fundamentales.

Liberales y conservadores imprimieron una huella profunda al ejercicio de la política en Colombia, al adoptar prácticas que involucraban mucho de laxitud, en no pocas ocasiones la violencia y hasta la barbarie, con tal de defender sus intereses e imponer sus ideas.

Esta exclusión fue aún más evidente en la confrontación que comenzó a finales de los años treinta y que fue escalándose hasta sumirnos en esa orgía de sangre que se llamó “La Violencia”, y cuyo desenlace provisional sería tramitado mediante un nuevo pacto entre los dos partidos. Se negoció una paz entre liberales y conservadores, mediante un acuerdo excluyente de alternancia en el ejercicio del poder: el Frente Nacional, que trajo cierta paz política y al mismo tiempo fue el embrión de un nuevo conflicto armado, fruto de la exclusión de fuerzas opositoras, tanto del ámbito rural, donde emergerían las FARC, como del ámbito urbano, de donde surgirían el ELN y el M-19.

Desde mediados de los sesenta se iniciaría el ascenso de un nuevo grupo social que entraría a jugar duro en la vida política colombiana, dados su poder económico y su demanda por servicios privados de protección y de seguridad: los narcotraficantes.

Para los años setenta, teníamos en el margen izquierdo del abanico a las guerrillas que intentaban imponer sus agendas mediante la violencia, y desde el margen derecho a los beneficiarios de una economía subterránea pródiga en recursos y ávida de protección que necesitaban intermediarios, bien fueran discretos o abiertamente públicos, para gestionar sus intereses. Pronto se aventuraron por el camino de la política, donde lograron infiltrarse en un bipartidismo laxo y deseoso de recursos para lubricar prácticas clientelares, que asimilaron fácilmente.

Para los años ochenta, la competencia política ya no era la misma: tanto desde la acción armada como desde la penetración de los dineros del narcotráfico, se pusieron en evidencia duras disputas, que fueron escalando la violencia hacia muchas violencias simultáneas.

Esta configuración de las fuerzas en conflicto llevó a la necesidad de plantear aperturas y reformas. Se buscaron salidas distintas a procesos de naturaleza distinta: de un lado, se hizo posible integrar a parte de las organizaciones armadas dentro de un nuevo pacto constitucional; de otro lado se mantuvo el rechazo público al narcotráfico pero en la realidad se fueron tejiendo redes de colaboración que permanecen hasta el día de hoy.

Dónde estamos

El nuevo pacto constitucional tenía los propósitos de construir un Estado social de derecho, hacer el tránsito de la gastada democracia representativa hacia una democracia participativa y lograr un sistema de partidos fuertes y balanceados. Pero hoy estamos lejos de lograrlo.

Ni el grado de participación, ni las instituciones que debe soportar y garantizar el ejercicio de la competencia política son satisfactorios. No hemos logrado superar la violencia ni las prácticas fraudulentas y criminales. La ciudadanía sigue esperando vivir de manera digna y en derecho, de acuerdo con la Constitución del 91. Hay más deseos que realidades consolidadas.

Hemos avanzado en un orden de mayor calidad, pesos y contrapesos institucionales, de normatividad más sofisticada, de cierta cultura de la legalidad, y sin embargo aún falta mucho para poder afirmar que vamos por la senda apropiada.

Hemos vivido de manera simultánea un proceso de modernización, con el reconocimiento normativo de derechos sociales, económicos y culturales, y otro proceso de consolidación de poderes mafiosos mediante la lógica de las dinámicas criminales y la captura de rentas legales e ilegales, en un complejo entramado de acción social y política.

La tradición clientelar del bipartidismo clásico sirvió de nido a un nuevo clientelismo narco-para-político que se extendió con mayor o menor intensidad al conjunto del sistema de partidos, abriendo paso a formas de acción que ya no se ajustan a la legalidad ni a un proyecto civilista e incluyente, pues en realidad priman los intereses particulares, de grupo o facción sobre los intereses colectivos.

La motivación más generalizada para participar en la vida política es la acumulación de riqueza y de poder, no la propuesta de una gestión pública que mejore la vida de las comunidades y consolide un Estado responsable y profesional.

En estos veinte años el sistema de partidos se fragmentó hasta alcanzar la escandalosa cifra de 74 partidos con reconocimiento legal en el año 94; hoy solo 12 partidos compiten por el poder local y regional, quedando aún pendiente la tarea de promover partidos nacionales, organizados y coherentes.

El esfuerzo por democratizarse, por decantar los programas y la organización, no ha sido despreciable, pero tampoco suficiente para erradicar la influencia de ilegales y corruptos, como se hizo evidente en el escándalo que sacude hoy al Polo Democrático Alternativo y que ha perdido merecidamente la confianza ciudadana y torna a una izquierda minoritaria y muy marginal.

Para las próximas elecciones de octubre, nada garantiza la legalidad, la transparencia ni el apego al proyecto constitucional del 91: los ilegales, las mafias, los corruptos, están bien activos, hacen parte o se han camuflado en casi todos los partidos políticos.

Con seguridad, conservarán una buena representación y quedarán al frente de muchos entes territoriales. No resulta exagerado afirmar que su presencia será determinante en por lo menos un tercio de los municipios.

Para dónde vamos

Colombia no puede doblegarse ante el crimen, la violencia y la corrupción. Tiene enormes reservas sociales y políticas para enfrentarlos. Es urgente mejorar la articulación entre la ciudadanía, el liderazgo de los partidos y las instituciones estatales para superar los retos que enfrentamos: superar la violencia y la corrupción en la participación política y mejorar la gestión pública, tareas de dimensión histórica. Los principales retos son:

  • Tejer una ciudadanía de mayor calidad y apegada a un orden civilista.
  • Impedir que en tantos territorios los ilegales y violentos sean tan poderosos.
  • Atacar la complacencia de las comunidades frente a esos grandes capitales.
  • Eliminar su capacidad de incidir en la economía y en el desarrollo del país.
  • Dar orden y rigor a los partidos políticos para que sean coherentes como organizaciones y como gestores de intereses colectivos.
  • Desarrollar instituciones electorales verdaderamente profesionales, imparciales y que garanticen el rigor de la competencia electoral.
  • Lograr que se investigue, se juzgue y se sancione a quienes hacen política de manera fraudulenta, violenta o corrupta.

Las elecciones de octubre están a la vuelta de la esquina. No todos los corruptos y violentos pudieron colarse, pero aún así ya han hecho mucho daño.

 

* Coordinador de la línea de incidencia política de la Corporación Nuevo Arco Iris.

 

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