Guerra y justicia en Colombia: a propósito del Informe ¡Basta Ya! - Razón Pública
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Guerra y justicia en Colombia: a propósito del Informe ¡Basta Ya!

Escrito por Luz María Sánchez
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LuzMarinaSanchezAún con sus enormes deficiencias, la justicia ha jugado un papel clave en la guerra. Hay avances importantes, pero también muchos retos e incertidumbres.

Luz María Sánchez Duque*

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Foto: UNHCR/ACNUR Las Américas – Víctima de masacre de El Salado.

Actor clave

No es usual que un informe sobre memorias de la guerra dedique un capitulo completo al sistema judicial. Según el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, la justicia ha sido un actor clave en la definición de las rutas de la guerra y de la paz. 

Lo ha sido tanto por acción como por omisión. 

Y lo ha sido por dos características propias del contexto colombiano:

· la tradición legalista del país, y

· la independencia relativa de la rama judicial respecto de los demás poderes públicos, que explica su papel decisivo en algunos momentos del conflicto. 

Tres períodos

 

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Foto: Justin Rudisille -Palacio de Justicia, Bogotá. 
 

El capítulo presenta un panorama general de las transformaciones de la justicia durante las últimas cuatro décadas y su relación con el conflicto armado. 

El texto está dividido en tres secciones, cada una de las cuales corresponde a un período. 

  • La primera abarca desde principios de los setenta hasta 1987, cuando la Corte Suprema declara inconstitucional el juzgamiento de civiles por militares. Durante esta fase impera la lógica del estado de sitio en el manejo de los problemas de orden público y la justicia castrense ocupa un lugar prominente. 
  • La segunda comprende el periodo 1987-1992, el de una grave crisis de la justicia debida sobre todo a la violencia del narcotráfico. También entonces se promueve, debate y expide la nueva Constitución, en parte como respuesta a la crisis. 
  • La tercera coincide con la vigencia de la Constitución de 1991, una época de reajustes institucionales que comienza por la creación de la Fiscalía General, pasa por la adopción del Sistema Penal Acusatorio, por los vaivenes en torno al alcance del fuero penal militar, por los intentos de tecnificar la investigación criminal en derechos humanos, por la Ley de Justicia y Paz y por la creación de los jueces de restitución de tierras. 

En el Informe se identifican cuatro aspectos centrales de la relación entre guerra y justicia durante estos años: 

  • La presencia perturbadora del estamento militar en los asuntos de la justicia.
  • El alto nivel de impunidad a causa de la debilidad de la justicia ante la violación masiva de los derechos humanos. 
  • La extensión de la guerra al campo de la justicia, porque la justicia acabó por reflejar las lógicas del conflicto, o en el peor de los casos, porque ha operado como el brazo legal de la guerra. 
  • El papel protagónico de la justicia en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.    

Militares y justicia

El informe destaca la relación entre el estamento militar y la justicia, que ha tenido una impronta negativa en tres sentidos: 

  1. La extensión de la justicia militar para el tratamiento de los asuntos civiles. A finales de los setentas la justicia castrense llegó a tener la competencia para juzgar alrededor del 30 por ciento de los delitos. Por los Consejos de Guerra pasaron guerrilleros, sindicalistas, estudiantes y opositores políticos acusados de delitos de peligro común, terrorismo y rebelión. 

Este oscuro capítulo llegó a su fin con la declaración de inconstitucionalidad del juzgamiento de civiles por militares en 1987 y la su prohibición expresa en la Constitución de 1991. 

  1. La reducción del campo de acción de la justicia civil sobre los asuntos militares. En este punto es posible identificar tres momentos:
  2. Antes de la Constitución de 1991, con un fuero militar amplio que únicamente dejaba en manos de la justicia civil los actos que no tuvieran conexión con el servicio;
  3. El de la restricción del fuero en virtud de la jurisprudencia constitucional que excluyó de la competencia de los jueces militares las graves violaciones a los derechos humanos; y
  4. El de la ampliación de facto del fuero militar, luego de la reforma constitucional del año pasado. 
  1. Los obstáculos que ha puesto el estamento militar al funcionamiento de la justicia. Durante la época de vigencia casi permanente del estado de sitio, el control militar del orden público dificultaba las investigaciones judiciales.  En virtud de los avances en restringir los estados de excepción, la situación ha sido menos crítica, pero la presión de los militares sigue siendo considerable, especialmente en los casos que involucran su participación en violaciones graves de los derechos humanos. 

La justicia desbordada

 

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Foto: Wikimedia Commons -La justicia penal ha detenido algunas dinámicas del conflicto armado como la parapolítica, en la imagen firmantes del Pacto de Ralito. 
 

La complejidad y magnitud de las violaciones de los derechos humanos  en el marco del conflicto armado han desbordado la capacidad de respuesta de las instituciones judiciales, débiles y asediadas. 

Muchas de las fórmulas ensayadas para enfrentar la situación fracasaron estruendosamente, como sucedió con la jurisdicción de orden público y con la justicia sin rostro, que se concentraron en los delitos de muy bajo impacto – los más fáciles de procesar- y que además lo hicieron al costo de desmejorar las garantías procesales. 

En el caso de la guerrilla la judicialización fue campo de combate, y en de los paramilitares la respuesta judicial fue tardía; apenas si comenzó bajo el gobierno Samper (1994-1998) con el Bloque de Búsqueda de los Grupos de Justicia Privada

El informe también muestra las diferencias en el tratamiento a los actores armados: mientras a los guerrilleros se les ha reconocido la condición de delincuentes políticos, la extensión de la categoría fue negada a los paramilitares. 

Pero no todo es negativo: 

· Se destaca el compromiso personal de funcionarios judiciales que lograron ciertos avances en casos como el de las masacres de Segovia y La Rochela. Un gran esfuerzo en medio de amenazas, restricciones presupuestales y precariedad de los medios de investigación. 

· También se resaltan algunos avances en  modernización. Algo va de los jueces de instrucción criminal a una Fiscalía que cuenta con Unidad de Derechos Humanos (a este propósito es importante el compromiso de poner en marcha las Unidades de Contexto, para abordar casos de macro-criminalidad). 

Aciertos y desafíos

La justicia también ha tenido momentos de protagonismo en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Se destaca la ya citada sentencia de la Corte Suprema sobre inconstitucionalidad del juzgamiento de civiles por militares; también el empeño de los jueces de instrucción en  investigar las masacres de finales de la década de 1980 que, pese a la ausencia de resultados concluyentes, mostró un alto nivel de independencia judicial. 

Bajo la vigencia de la Constitución de 1991 sobresalen tres eventos: 

  • Las decisiones de la Corte Constitucional que garantizan los derechos de las víctimas, en particular las referentes al desplazamiento forzado y a la Ley de Justicia y Paz
  • La judicialización de la parapolítica, aunque en este punto el Informe advierte que las investigaciones emprendidas por la justicia constituyen apenas una pequeña porción del fenómeno. 

Los desafíos son enormes y de nuevo parecen superar la capacidad de la justicia: 

  • Bajo la Ley de Justicia y Paz solo se han dictado catorce sentencias.
  • En materia de restitución de tierras, en un año y medio se han dictado sentencias en menos del 1 por ciento de los casos en reclamación. 

En contraste, el Informe también muestra los avances en materia de contribuciones a la verdad: “39.546 hechos confesados; 12.869 casos compulsados a la justicia ordinaria, de los cuales 1.124 han ido a la Corte Suprema de Justicia para el juzgamiento de políticos relacionados con el paramilitarismo; y 3.929 fosas exhumadas con 4.809 cadáveres encontrados a diciembre del 2012”. 

Los desafíos en ambos procesos son enormes. Si a esto se suma un eventual acuerdo con las guerrillas, la justicia tendrá en los años siguientes un lugar protagónico. 

Ojalá que sea para bien.   

* Abogada de la Universidad de Caldas y magíster en Derecho de la Universidad Nacional. 

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