Recuperar la legitimidad

La respuesta de la alcaldesa Claudia López a la violencia en las protestas ha sido errática:

-Por una parte, varias organizaciones la criticaron por falta de contundencia en rechazar los excesos de miembros de la fuerza pública. Esto fue precisamente lo que sostuvo Andrés Idárraga, el director de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno, en su carta de renuncia.

-Por otra parte, algunos sectores la critican por no hacer lo suficiente para evitar la vandalización de las estaciones y portales de Transmilenio, especialmente en las Américas, donde se perdió el control del territorio durante varias semanas. La administración distrital ha intentado desactivar esas confrontaciones violentas mediante espacios de diálogo, por ahora, sin éxito.

López quedó a mitad de camino: se dejó coger ventaja de los violentos y sus caminos para atender la crisis parecen agotados. El fondo de la discusión es el uso legítimo de la fuerza. El Estado no puede renunciar a él; hacerlo implica entregar el territorio y destruir las instituciones de la democracia. Pero para que sea legítimo, debe ser proporcional y respetuoso de la ley. Cuando no es así, el uso de la fuerza acaba destruyendo las instituciones democráticas.

Por eso es tan importante que la Policía recupere su legitimidad, reconociendo sus errores, actuando con severidad ante el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de los derechos humanos, y mejorando sus procesos y procedimientos internos de inspección. La reforma a la Policía es urgente: no para que el Estado se cruce de brazos sino para que recupere la legitimidad del uso de la fuerza.

En este sentido, la alcaldía debe ser aún más contundente al controlar los excesos de la fuerza pública y resolviéndolos por los canales institucionales, no a través de los micrófonos o las redes sociales. La justicia debe actuar de manera ejemplar contra los funcionarios corruptos, que con sus acciones destruyen la legitimidad de la fuerza pública.

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Enfrentar a las violentos

Por otro lado, la alcaldesa no debe dudar en enfrentar a los violentos cuando peligren la vida o la integridad de los ciudadanos. Los casos de abuso de autoridad por parte de miembros de la policía, posiblemente, llevaron a la alcaldesa a dudar de su respuesta frente a los violentos. Esa duda es una oportunidad para estos últimos.

Una cosa es la protesta social, que es legítima y necesaria, pero otra muy distinta es la violencia destructiva, que de ninguna manera se debe romantizar. Sin importar sus motivaciones, la violencia debe ser rechazada por la sociedad y enfrentada por las fuerzas del Estado. El camino de la paz exige una condena a cualquier forma de violencia, sin importar sus justificaciones. Incluso aquella que pretende esconderse tras reivindicaciones sociales y políticas. A estas alturas, como sociedad, ya deberíamos estar de acuerdo en que ninguna idea vale una vida.

La alcaldía debe abrir espacios de diálogo con la ciudadanía para gestionar adecuadamente el malestar social. Espacios a donde sean convocados los diversos sectores y se puedan expresar sin la violencia. Se necesita un diálogo con la ciudadanía y entre la ciudadanía, a través de mecanismos novedosos de participación como las asambleas.

Se equivoca la alcaldía si le da el micrófono a los violentos. Se equivocan los violentos destruyendo el transporte público y atentando contra la movilidad de los más vulnerables. Curiosa revolución esa que, para corregir las desigualdades, acaba por agravarlas.

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Colombia Humana no es el problema

Perseguir falsas utopías a través de la violencia y la destrucción ya ha dejado muchas víctimas en Colombia. Pero también lo ha hecho la estigmatización que han padecido varios movimientos políticos, especialmente de izquierda. Es pues de lamentar que la alcaldesa acabara incurriendo en esta práctica. En su afán por encontrar culpables más allá de su propio gobierno, responsabilizó al movimiento político Colombia Humana por la violencia en la ciudad.

Si bien algunos líderes de este movimiento aportaron cascos y otros implementos a los manifestantes, es impreciso culparlos por el escalamiento de la violencia. El fenómeno que hemos visto estas semanas en Bogotá es multicausal. En este tipo de violencia colectiva participan diversos sujetos y sectores, con intereses distintos, con alguna capacidad de coordinación, pero que no constituyen una sola organización o siguen instrucciones de un sólo mando.

El señalamiento de López aumenta el riesgo, ya considerable, para los militantes de Colombia Humana. Además, elude los verdaderos factores que permiten la perpetuación de la violencia, entre los cuales alguno son responsabilidad de las autoridades distritales. En este caso, la alcaldesa hizo una generalización sin suficientes evidencias. Algo similar a cuando estigmatizó a los migrantes venezolanos.

Hay que tener en cuenta que el escalamiento de la violencia se dio, en buena parte, como respuesta a los casos de abuso de autoridad por parte de miembros de la Policía y la torpeza del régimen para responder a la tensión.

Seguridad y responsabilidad distrital

Pero hay un punto mayor referente a las condiciones que favorecen la reproducción de la violencia y está más allá de las capacidades de quienes participan en el conflicto.

Durante los últimos meses de la alcaldía de Enrique Peñalosa se venía advirtiendo un leve deterioro de la seguridad, que se hizo más evidente y preocupante bajo esta administración. El problema estaría relacionado con un retroceso en el control territorial del Estado. Esto parece indicarlo, por ejemplo, el aumento en la concentración territorial de homicidios. Las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar tienen el 21% de la población de la ciudad, pero allí se concentró casi el 40% de todos los homicidios de Bogotá durante mayo. En 2017 la concentración de homicidios en estas localidades fue del 24%.

La medición de delitos como el hurto es mucho más difícil, porque depende de la denuncia. El hurto que no se denuncia, no se conoce y no figura en la estadística oficial. Puede que siga habiendo un número similar de hurtos, pero no se están reportando. Hoy no tenemos cómo saberlo, porque la administración no ha querido medir la victimización.

Allí radica la mayor desconexión entre la alcaldía y la ciudadanía. Y no es sólo un problema de los medios de comunicación, como insinuó la administración distrital hace un año. La alcaldía comete el error de guiarse por las denuncias formales y desestima la percepción de la gente en la calle. ¿Cuántas víctimas de delitos están denunciando de manera formal? En especial si tenemos en cuenta el aumento de la desconfianza por la labor de la policía durante los últimos meses.

Aun así, parece que hay un leve aumento de los hurtos. El dato de 2020 puede ser engañoso si tenemos en cuenta que se contabilizan semanas enteras de cuarentenas estrictas, restricciones a la movilidad y a las actividades económicas. Al disminuir las aglomeraciones de personas, es comprensible que disminuyan los hurtos denunciados. Lamentablemente, contamos con pocas herramientas para determinar las dimensiones del subregistro de hurtos.

Más allá de las motivaciones de las personas, hay condiciones que inciden en la extendida práctica de la violencia organizada. Es probable que los hechos de vandalismo sistemático estén afectando la capacidad operacional de la policía. A su vez, esto puede tener efectos negativos en las labores de control y vigilancia, cediendo terreno a organizaciones delincuenciales que encuentran en el caos una oportunidad.

Este es un contexto favorable para los mercados del crimen que operan en Bogotá. La política de capturas anunciada por la policía hace unos meses no parece estar teniendo un impacto real en la reducción del delito y la violencia. ¿Quiénes están detrás de los homicidios en Ciudad Bolívar y Kennedy? Los señalamientos temerarios de Claudia López, con claras motivaciones electorales, no responden a esta pregunta.