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Los abusos de los policías durante las protestas en Colombia

Escrito por Miguel Silva Moyano
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Un examen detallado de los hechos y de las reacciones del presidente, la alcaldesa de Bogotá y los propios policías sugiere varias preguntas y reformas distintas de las que muchos proponen.

Miguel Silva Moyano*

El malestar

La última encuesta de Invamer muestra que hay un “malestar” en Colombia. Durante la última década ha aumentado el porcentaje de personas que considera que “las cosas en Colombia están empeorando”.

En diciembre del año pasado, antes de la pandemia, este indicador llegó al 79%. Ese malestar se ha traducido en protestas, como las de noviembre de 2019.

El pesimismo no es el único factor. Las personas tampoco confían en las instituciones. La misma encuesta muestra que en la última década ha empeorado la imagen de la Policía. Sobre todo, durante el gobierno de Duque: en agosto la imagen desfavorable de la Policía alcanzó el 57%.

Las protestas

Sin embargo, ni el malestar de la población, ni la imagen desfavorable de la Policía explican por completo las protestas y la reacción de algunos policías los pasados 9 y 10 de septiembre.

El sociólogo Charles Tilly observó que un error muy frecuente entre los observadores es simplificar los episodios de violencia. Como dice en su libro Violencia Colectiva, esta violencia “se parece al tiempo atmosférico: complicada, cambiante e impredecible en ciertos aspectos, pero consecuencia de causas similares combinadas de formas distintas en distintos tiempos y lugares”.

El asesinato de Javier Ordoñez el 9 de septiembre a manos de policías indignó a un sector de la población. Esto se sumó a la frustración de muchas personas que han denunciado crímenes cometidos por policías, sin que la institución tome cartas en el asunto.

Según Claudia López, de las 141 denuncias de abuso policial remitidas por el gobierno distrital a la Policía durante este año, apenas 38 fueron investigadas. Esto podría explicar porqué las protestas del 9 de septiembre empezaron alrededor de los CAI de la ciudad.

El presidente Duque fue blando en el rechazo al asesinato de Ordóñez y respondió de una manera torpe a las manifestaciones. Además, subestimó la gravedad de los hechos y fue desafiante, pues se vistió de policía en señal de apoyo a la institución.

Esto aumentó la indignación contra la impunidad. La actitud de Duque intensificó la polarización: o con la Policía o contra la Policía. Grave error, pues la rabia se convirtió en violencia.

Foto: Alcaldía de Bogotá La alcaldesa Claudia López actuó mejor de lo que lo hizo el presidente Iván Duque.

¿Quién manda a quién?

Cerca de 12.700 personas participaron en las protestas del 9 y 10 de septiembre en 169 eventos violentos. Nueve personas fueron asesinadas con arma de fuego y resultaron heridos 305 civiles y 216 policías. Además, la mitad de los CAI fueron destruidos y una persona fue asesinada por vándalos.

La violencia no fue la misma en estos 169 eventos. Por ejemplo, la tercera parte de los homicidios con arma de fuego (tres de nueve) sucedieron en las protestas alrededor del CAI de Verbenal.

Algunos insisten en que se trató de un intento de ‘golpe de Estado’ a la alcaldesa. Otros dicen que se trató de un plan contra el Gobierno Nacional por parte de grupos de izquierda. En ambos casos, parece que hay un afán de politizar la tragedia.

Este tipo de confrontaciones crea un ambiente favorable para los oportunistas en ambos bandos. Por una parte, están aquellos sujetos que se ocultaron entre los manifestantes para atacar a los policías. Por otra parte, algunos policías vieron la oportunidad de actuar ‘a su manera’ por fuera del reglamento.

La respuesta estatal al desbordamiento de la violencia sacó a la luz que no es claro:

  1. Quién imparte las órdenes a la Policía, ni
  2. Cómo mantener el control sobre los medios coercitivos.

La alcaldesa dijo que en ningún momento los altos mandos de la Policía ordenaron usar armas de fuego contra los manifestantes y que, por el contrario, se les ordenó a los patrulleros que no pusieran en riesgo su vida protegiendo los CAI.

Sin embargo, un par de días después de las protestas, la Policía informó la apertura de 59 investigaciones y la identificación de 92 policías que presuntamente habrían violado el reglamento.

Así, quedó en entredicho la capacidad gubernamental para mantener el control sobre la Policía. Esto quedó claro en las protestas de septiembre, y en las denuncias de los recurrentes abusos de autoridad que ni siquiera llegan a ser investigados.

Después de las protestas, ha vuelto a ser tema de discusión el mando sobre la Policía y el papel de los gobiernos locales. Según el diseño actual de las instituciones, el presidente es el jefe de la Policía Nacional y la alcaldesa de Bogotá es la primera autoridad de la Policía en la ciudad. Según el artículo 315 de la Constitución: “la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.

Según esto, la Policía debe buscar un equilibrio entre lo que diga el Gobierno Nacional y lo que diga el gobierno local. Sin embargo, también se debe reconocer que las protestas del 10 de septiembre fueron mucho menos violentas que las del día anterior. Esto se debió en buena parte a las decisiones tomadas entre la alcaldía y la Policía.

A diferencia de Duque, Claudia López y los generales Vargas y Rodríguez han jugado un papel importante y han sabido calmar los ánimos. Aunque tienen diferencias, se han concentrado en reconocer que en ambos bandos hubo exceso de violencia y han invitado a resolver el conflicto a través de otros canales.

La diferencia entre ellos es su opinión sobre la reforma a la Policía.

Foto: Twitter Julián Rodríguez S El presidente Duque se mostró desafiante al ir y visitar a policías en uno de los CAI en Bogotá y ponerse la chaqueta de la indumentaria.

La reforma a la Policía

La idea de reformar la Policía y ‘desmilitarizarla’ no es nueva. En el pasado, se propuso sacarla del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio del Interior. De hecho, en varios sectores ha circulado la idea de crear una tercera fuerza, guardia nacional o gendarmería, que cumpla las funciones de control territorial hoy traslapadas entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Es necesario revisar el diseño de las instituciones de seguridad y de defensa y pensar en las necesidades actuales del Estado colombiano. Necesitamos un debate serio acerca del control sobre la Policía y sobre la posibilidad de que sea la justicia ordinaria quien actúe en estos casos.

Pero la discusión no se puede quedar allí. Debemos revisar si efectivamente la Policía cuenta hoy con los recursos necesarios para cumplir a cabalidad las múltiples funciones que se le han asignado. Al respecto, se han identificado algunos problemas como:

  • el insuficiente tamaño del pie de fuerza, y
  • las precarias condiciones para la prestación del servicio (salarios, ascensos y descansos).

Sin embargo, también debemos repensar cuáles habrían de ser sus competencias en el contexto actual. En este caso, por ejemplo, se debe revisar su desempeño en relación con el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, y si se debe seguir combinando este papel con el de la lucha contra la delincuencia.

En conclusión, es evidente que se necesita mejorar la seguridad urbana en Colombia y para eso se necesita revisar la Policía como institución. Esto no se puede quedar en el cambio del fuero de la Policía.

Es necesario revisar la distribución de competencias entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales. Por ejemplo, la política penitenciaria y carcelaria, las competencias de los alcaldes sobre la Policía, la eficiencia de los fondos de seguridad e incluso la posibilidad de ampliar el pie de fuerza.

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