Las cifras no son claras, pero la confianza en las instituciones está en bancarrota. Urge esclarecer los hechos y adelantar los debidos procesos.
Andrés Felipe Ortega Gómez*
Farid Camilo Rondón Raigoza**
Lina Paola Faciolince Betancourt***
Cifras contradictorias
El número de asesinatos perpetrados por la Fuerza Pública durante el paro nacional varía dependiendo de la fuente u organización que los reporte. A continuación, resumimos los informes emitidos por cuatro instituciones en las últimas semanas:
– El 16 de junio, el Ministerio de Defensa señaló 21 muertes relacionadas con las movilizaciones, entre las cuales se cuentan la de dos policías y un funcionario de la Fiscalía. Así mismo mencionó un total de 11 asesinatos en proceso de verificación y añadió que en estos días se habían producido otras 19 muertes violentas pero no relacionas con el paro. Estas cifras se basan en el informe elaborado conjuntamente por la Fiscalía General y la Policía Nacional.
-Pero el 9 de junio, la ONG Human Rights Watch había anunciado un total de 68 muertes asociadas con el paro, 34 de las cuales fueron producto de las movilizaciones: 31 civiles, 2 policías y un integrante del CTI. Según esta ONG, existe evidencia de que la Policía es responsable de por lo menos 16 asesinatos.
-El 15 de junio, Indepaz reportó que 70 personas habían sido víctimas homicidio durante las manifestaciones, 38 a manos de la policía dentro de los cuales 20 fueron a manos del ESMAD.
-Un día antes, la inspección General de la Policía reportó un total de 204 uniformados que están siendo investigados por presuntos abusos de autoridad, incluyendo 14 homicidios. La Fiscalía dice en cambio que hay cuatro investigaciones en curso relacionadas con homicidios: dos están siendo procesados dentro de la institución y dos ante la justicia penal militar (pese a que existe un conflicto de competencias entre las dos entidades).
Al comparar las cifras de Indepaz y las de la Fiscalía, encontramos que de los 21 casos reportados por la institución gubernamental, cuatro están ausentes del registro de Indepaz: los dos miembros de la Policía, el del CTI y un civil. Son 17 casos en los que coindicen Indepaz y la Fiscalía, 16 de los cuales Indepaz registra como presuntos victimarios a agentes de la Policía en sus diferentes formas: regular y unidades especiales como el ESMAD.
Es importante señalar que ambos informes coinciden en que la mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en el área metropolitana de Cali. Podemos pues afirmar que Cali ha sido el epicentro de las protestas y de la violencia ejercida por la Policía y por los civiles.
Los organismos de control interno
Los organismos de control de la Policía vigilan –o deberían vigilar– el comportamiento de sus miembros.
La Inspección General es la encargada de supervisar internamente las actuaciones de los policías. Pero la investigación de los homicidios debe ser excluida de su jurisdicción por el simple hecho de ser parte de la misma entidad y por lo tanto compartir su cultura inatitucional. Además de lo cual, esta Inspección tiene serias deficiencias y está en mora de ser reestructurada.
Human Rights Watch había anunciado un total de 68 muertes asociadas con el paro, 34 de las cuales fueron producto de las movilizaciones
También se necesita un mecanismo de control disciplinario que vaya más allá de la Policía Nacional, para que no uniformados ejerciten un control adicional sobre los uniformados.
Por otra parte y según la Constitución, la Policía está amparada por el fuero penal militar, que se aplica a los actos de servicio relacionados con la confrontación de un enemigo, pero no es extensible a los ataques contra los manifestantes. Para tener un mínimo de credibilidad, hay por eso que excluir de la justicia penal militar el juzgamiento de todos los hechos referentes al paro.
Los cambios anteriores son difíciles para la Policía, pero también son la oportunidad de oro para establecer una nueva relación con la ciudadanía que se base en la confianza y el respeto.
El papel de la Fiscalía
La Fiscalía tiene la obligación de adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento (artículo 250 de la Constitución).
Por eso mismo la Fiscalía tiene todas las facultades para investigar los presuntos delitos asociados con el Paro Nacional y en consecuencia debería esclarecer los hechos cuanto antes. Pero la Fiscalía se ha limitado a emitir opiniones sesgadas sobre las manifestaciones. Y esto pone en entredicho la imparcialidad de sus investigaciones, como también justifica la desconfianza de una gran parte de la población. Por eso urge
- Esclarecer las cifras,
- Adelantar o acelerar los debidos procesos.
- Atender las peticiones y denuncias que ciudadanos y organizaciones sociales han interpuesto ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Fiscalía tiene opiniones sesgadas sobre las manifestaciones. Y esto pone en entredicho la imparcialidad de sus investigaciones
Se trata de una oportunidad única para que la Fiscalía cumpla su labor y recupere la confianza de los ciudadanos que ha perdido en los últimos meses.
