Pese al acuerdo de paz, la violencia política persiste y amenaza los próximos comicios. Pero el mapa es distinto y en algunos sentidos, sorprendente. Estas son las cifras y los rostros detrás de las cifras.
Daniela Garzón* Esteban Salazar**
Las cifras
Faltan siete meses para las elecciones legislativas, pero la violencia político-electoral ya tiene sus primeras victimas y la pausa que surgió del acuerdo con las FARC se quedó en el pasado.
Según el reciente informe sobre violencia electoral de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entre el 13 de marzo y el 23 de agosto de este año hubo al menos una víctima de violencia electoral cada cuatro días.
Este conteo se refiere a hechos como los homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y demás delitos que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos de miembros de partidos, funcionarios de cargos de elección popular, veedores y periodistas. En menos de seis meses se contabilizaron 29 casos y 36 víctimas.
Se desconocen los perpetradores del 72 % de los hechos de violencia. En el 28 % restante se identificaron como presuntos perpetradores a grupos paramilitares como las ‘Autodefensas Gaitanistas’, las ‘Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada’, las ‘Autodefensas Unidas de Medellín’ y ‘Los Caparros’.
Los casos más alarmantes ocurrieron en Santa Marta, Caucasia, Tuluá, Cali, Florencia y Valle del Guamuez; se trata de seis homicidios.
En el 2019, durante el periodo previo a las elecciones subnacionales, se alertó sobre un aumento de la violencia político-electoral con respecto de 2018. En ese momento, Pares contabilizó 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 de los 32 departamentos de Colombia.
Antes y ahora las ‘Águilas Negras’ han sido los presuntos responsables de algunos casos, siendo los panfletos una de sus principales formas de intimidación.
El pico de casos se registró en junio, cuando hubo nueve hechos reportados y catorce víctimas. Aunque disminuyó en julio y agosto, el panorama no es alentador. Justo antes de los comicios en 2019 cada día y medio había una nueva víctima.
En Antioquia y en el Valle
El informe muestra además los departamentos que concentran más del 60% de los casos: Antioquia (5), Magdalena (5), Bogotá (4), Valle del Cauca (4), Atlántico (3) y Tolima (3). Estos departamentos no eran focos del conflicto armado, pero ahora parece que allí se concentra la violencia política.
Los 29 hechos reportados cubren quince departamentos de Colombia; Antioquia presenta la mayor cantidad de casos. En dos ocasiones pudo identificarse a los presuntos perpetradores.
El primer grupo poco conocido son las ‘Autodefensas Unidas de Medellín’, que amenazaron al alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero. El otro grupo son ‘Los Caparros’ de quienes se presume que están detrás de las amenazas al alcalde de Tarazá y que aparecieron cuando él los denunció por reclutamiento forzado.
También se encontró a un grupo autodenominado ‘Las Panteras’, quienes amenazaron al alcalde del municipio de San Benito Abad, en Sucre. Pares no tenía registro sobre la presencia o las acciones de este grupo, pero se logró identificar que esta banda se dedicaba al robo de automóviles y fue desarticulada en 2020.
La situación en el Valle del Cauca preocupa mucho; es uno de los departamentos que más casos registra desde 2019. Al parecer ni Clara Luz Roldán ni Jorge Iván Ospina han hecho lo suficiente para frenar la violencia en esta zona.
Afectados de todos los partidos políticos
Un elemento adicional que llama la atención es la procedencia partidista de las víctimas: el 15,42 % pertenece a colectividades que son parte de la coalición de gobierno, el 10,28 % son de oposición y el 7,19 % de partidos declarados en independencia. El restante 4,11 % permanece sin definición.
Los partidos más afectados son la Alianza Verde (29 %), seguido del Partido Liberal (17 %), de la Colombia Humana-UP (12 %) y de MAIS (13 %). Los partidos más perseguidos siguen siendo los alternativos, progresistas y de centroizquierda.
De igual forma, casi la mitad de las víctimas (47 %) son funcionarios de elección popular y los concejales fueron los más afectados: seis en total. Les siguen seis alcaldes, dos ediles, dos diputados y una representante a la Cámara, la congresista Katherine Miranda de la Alianza Verde.
Los miembros de partido que no ejercen un cargo de elección popular reportaron a cinco víctimas y también hubo cuatro periodistas.
La violencia se recrudece a medida que se acercan las elecciones. Los homicidios o asesinatos selectivos son la práctica más implacable.
Rostros humanos
Pero los asesinatos no son apenas una cifra. En seguida se presentan los perfiles de seis víctimas de este flagelo:
Germán Medina Triviño: miembro del Partido Liberal, gobernador entre 2010 y 2011; fue asesinado el 30 de marzo en la puerta de su residencia en el barrio de Torazo de Florencia, Caquetá. Medina sustituyó en el cargo a Luis Francisco Cuéllar, quien fue asesinado por las FARC.
El exgobernador no había denunciado amenazas ni tenía seguridad. Para el momento del asesinato, ejercía como asesor del alcalde de ese municipio, Luis Antonio Ruiz.
Luis Octavio Gutiérrez: exgerente del hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, fue víctima de un ataque ‘sicarial’ que lo dejó herido. Murió poco después de llegar al hospital. Su asesinato esta relacionado con las denuncias de corrupción que Gutiérrez realizaba en el municipio antioqueño.
Francisco Giacometto Gómez: reconocido dirigente estudiantil del departamento del Magdalena, miembro de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), Unes-Unec, del Partido Comunista y uno de los fundadores de la Unión Patriótica (UP). Fue asesinado el 18 de abril en Santa Marta, donde realizaba actividades de organización política.
“Giacometto era el testigo presencial y directo del asesinato del joven estudiante Nicolás David Neira el día 1 de mayo de 2005 en la ciudad de Bogotá, en el marco de la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores y cuyos padres están exiliados por las amenazas de los organismos del Estado…”, según reportaron varios medios.
José Alonso Valencia: fue candidato al Concejo Municipal de Tuluá por el partido Comunes. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de la Moralia, donde adelantaba programas sociales con la comunidad, cuando fue asesinado en la cancha de fútbol el 6 de junio.
José William Mayoral Castillo: líder social y comunal en el Valle del Guamuez, Putumayo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza y militante del partido MAIS. Fue candidato al concejo del municipio con dicho partido y apoyó en la elección al actual alcalde, Jhon Rosero, y al gobernador, Buanerges Rosero Peña. Fue asesinado el 14 de junio.
Óscar Iván Suárez Riascos: edil de la comuna 15 de Cali por el partido Liberal. Falleció el 14 de julio tras sufrir un atentado ‘sicarial’ en el barrio Mojica 2, al oriente de la ciudad. Su asesinato tuvo relación con las labores que ejercía dentro de su comuna.
