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Los fueros de Uribe

Escrito por José Gregorio Hernández
La bancada del Centro Democrático en el Senado, rechazan el acuerdo de justicia transicional con las FARC.

La bancada del Centro Democrático en el Senado, rechazan el acuerdo de justicia transicional con las FARC.

José Gregorio HernándezGobernador de Antioquia, Presidente de la República, Senador: ¿Quién tiene la competencia para investigar y para juzgar a Álvaro Uribe por las acusaciones que han circulado y específicamente por las que han revivido en estos días?

José Gregorio Hernández Galindo*

De La Habana a El Aro

Desde el mismo 23 de septiembre, cuando el gobierno y las FARC anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre justicia transicional (y por tanto especial), se ha venido planteado la pregunta acerca de la competencia que tendría el tribunal allí planteado.

El punto 5 del comunicado dice: “La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos”.

De inmediato comenzaron las pullas de la oposición contra el acuerdo, las conjeturas improvisadas de funcionarios y asesores, y las especulaciones de tirios y troyanos.

Se dijo que el Tribunal y sus salas no solamente estarían llamados a investigar y a juzgar a los guerrilleros desmovilizados sino a todos los involucrados en el conflicto armado (agentes estatales, miembros de la Fuerza Pública, funcionarios, exfuncionarios y empresarios) por los delitos que hubiesen cometido en el marco del mismo, o por la colaboración, financiación o apoyo a los actores armados ilegales.

Y en este contexto, el primer nombre que salió a relucir fue el del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Inclusive el Centro Democrático llegó a sostener que el objetivo final del convenio entre las FARC y Santos no era otro que encarcelar a Uribe.

Después vinieron las rectificaciones. Pero mientras Humberto de la Calle manifestó que en La Habana nunca se había hablado de someter a juicio al exmandatario, el fiscal Eduardo Montealegre declaró que Uribe podría ser llevado ante el Tribunal Especial de Paz por los hechos punibles de los que fuera sindicado cuando ejerció como gobernador de Antioquia.

Este debate dio más bríos al expresidente y a sus copartidarios para declararse perseguidos por la Fiscalía y  la administración de justicia, tesis que adquirió mayor fuerza cuando el fiscal anunció que se había dirigido a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusaciones de la Cámaras para solicitarles la apertura de una investigación formal contra Álvaro Uribe por su posible participación, como gobernador de Antioquia, en la masacre de El Aro, cometida entre el 22 y el 25 de octubre de 1997.

Para tal efecto, Montealegre remitió a la Corte el expediente de las Fiscalías seccionales de Antioquia y Bogotá sobre el caso. La solicitud de la Fiscalía se basó en la declaración del ex paramilitar extraditado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Bern”, que involucraba a Uribe en la matanza.

…y de El Aro a Orión

Pero eso no fue todo. Una semana después el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, al dictar una sentencia tocante a la actividad de grupos paramilitares, a la Operación Orión y a la toma de la Comuna 13 de Medellín por parte del Ejército y la Policía, decidió compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que esta investigue al expresidente Uribe por graves violaciones de los derechos humanos durante esas operaciones.

El Centro Democrático llegó a sostener que el objetivo final del convenio entre las FARC y Santos no era otro que encarcelar a Uribe.

 Señala el Tribunal que, en su sentir, Uribe “está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del general Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región”. Por tanto “la Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con estos y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”.

También sostuvo el Tribunal que “Las omisiones en la masacre de El Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación, a cuya comunidad no le brindó apoyo durante siete días y cuyas denuncias desmintió luego, así como las realizadas por el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pero que eran ciertas y que él tenía cómo y por qué saberlo”.

Presunción de inocencia

El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.
El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.
Foto:  Fiscalía General de la Nación

Pero ni el Fiscal General ni el Tribunal de Medellín tienen competencia ni por lo tanto se pronunciaron  de fondo sobre  la eventual responsabilidad penal de Álvaro Uribe por los hechos de El Aro ni por los de la Comuna 13.  

Es más: el ciudadano Álvaro Uribe goza de la presunción de inocencia que garantizan la Constitución y los tratados vigentes, y serán los tribunales competentes quienes se encarguen de investigarlo y juzgarlo, condenarlo o absolverlo.

Pero es posible adelantar algunas reflexiones acerca de la jurisdicción al respecto, dado que el doctor Uribe ha desempeñado varios cargos y ha gozado y goza del fuero previsto por la Constitución. La pregunta es entonces: ¿de  cuál fuero hablamos?

Los posibles fueros

La Constitución de 1991 estableció cuatro fueros distintos:

  1. El fuero constitucional especial, que en el texto original se preveía para el presidente de la República o quien haga sus veces; para los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura; y para el fiscal general de la Nación. Pero a partir del Acto Legislativo número 2 de 2015 este fuero no cobija a los magistrados, ni al fiscal, aunque se conserva para el jefe del Estado o quien haga sus veces y para quienes sean miembros de la Comisión de Aforados que introdujo esa reforma constitucional.

Este fuero se extiende tanto a los delitos cometidos en ejercicio de las funciones oficiales como a los delitos comunes y a las causales de indignidad por mala conducta que hubieran tenido lugar durante el ejercicio del cargo correspondiente. Previa investigación de su Comisión de Acusaciones, la Cámara de Representantes es quien decide si acusa o no al funcionario ante el Senado, que pasa a juzgar el caso pero no puede imponer sino las penas de destitución y suspensión o privación definitiva de los derechos políticos; finalmente la Corte Suprema de Justicia entra a juzgarlo en las materias propiamente penales. 

  1. El Acto Legislativo 2 de 2015 creó un fuero distinto para los magistrados y el fiscal general. En realidad, los “bajó” del escenario político y estableció que serán investigados por la Comisión de Aforados, que podrá acusarlos ante la Cámara de Representantes (con segunda instancia en el Senado) si los cargos son disciplinarios, o ante la Corte Suprema de Justicia, ya sin pasar por el Congreso, cuando se trate de delitos.
  2. El fuero reconocido a los congresistas en 1991, que sustituyó la inmunidad parlamentaria de la Constitución anterior. Los congresistas solo pueden ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que puede ordenar su detención (Artículos 185 y 235 de la Constitución).

El artículo 235, numeral 4, fue modificado en 2015, y se añadió al vicepresidente de la República, que no tenía fuero. En virtud de esta reforma y previa acusación de la Fiscalía, corresponde a esta Corte Suprema juzgar al vicepresidente de la República, a los ministros, al procurador general, al defensor del pueblo y a los agentes del Ministerio Público ante la propia Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales.

También le corresponde a la Corte juzgar a los directores de los Departamentos Administrativos, al contralor general de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de Tribunales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

  1. También está el fuero militar, aplicable únicamente a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Estos son investigados y juzgados por cortes marciales o tribunales militares, compuestos por militares en servicio o en retiro, siempre que se trate de actos real e íntimamente ligados con su actividad oficial. El Acto Legislativo 1 de 2015 ha introducido la figura del fuero policial.

¿Cuál es el fuero aplicable?

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: selenasd

Ahora bien, el doctor Álvaro Uribe, dependiendo del cargo que desempeñe o haya desempeñado en el momento de ocurrencia de hechos punibles de los cuales sea sindicado gozará de uno u otro fuero: el de gobernador, el de presidente de la República, o el de congresista.

Sin embargo las normas aplicables a un gobernador son hoy distintas de las que fueron mientras Uribe ocupó la Gobernación de Antioquia.

Uribe únicamente podría ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia en relación con los hechos sucedidos mientras ocupó la Gobernación de Antioquia.

De esta manera, en estricto sentido, por los hechos ocurridos en 1997 le correspondería el fuero de los gobernadores (ser investigado por la Fiscalía o más específicamente- como establece el  Acto Legislativo 2 de 2015- ser investigado por el Fiscal General, el vice-fiscal o los delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia).

Pero en virtud del principio de favorabilidad penal, y teniendo en cuenta su alto rango,  hoy se acepta la tesis del propio fiscal Montealegre, según la cual Uribe únicamente podría ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia en relación con los hechos sucedidos mientras ocupó la Gobernación de Antioquia.

Para lo referente a delitos que pudieron ser cometidos durante sus períodos presidenciales, sigue siendo competente el Senado por acusación de la Cámara. Y después de ese requisito de procedibilidad (el juicio político), la competente es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo propiamente criminal.

Pero quedamos a la espera de las decisiones de la Corte Suprema, para verificar si esta doctrina se mantiene o se modifica.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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