Los escándalos siguen. En la Guajira, en el Chocó, en el Programa de Asistencia Escolar. Las autoridades se cruzan de brazos y la ciudadanía se muestra indiferente mientras la población más vulnerable muere de hambre. Literalmente.
Sara Eloísa del Castillo*
La asistencia alimentaria en Colombia
Los programas de asistencia alimentaria son un instrumento esencial para lograr la seguridad alimentaria y garantizar los requerimientos de calorías, proteínas, vitaminas y minerales de todas las personas, teniendo en cuenta sus preferencias y costumbres. Estos programas deberían, además, servir de apoyo a las comunidades para llevar a cabo otras acciones de mejoramiento de su calidad de vida.
Los programas de asistencia alimentaria estatal en Colombia llevan más de sesenta años y cada nuevo gobierno debe asumir grandes compromisos financieros para superar las cifras de malnutrición y deficiencia de micronutrientes. Sin embargo, entre 2005 y 2010 las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional mostraron que esta situación no ha mejorado a pesar de los recursos invertidos, como consta en los informes de gestión de las entidades estatales.
Pero la asistencia alimentaria se ha convertido en un escenario de enriquecimiento local, en un lugar de ayudas que generan dependencia para la población, o en crueles espacios donde a los “beneficiarios” se les niega el respeto por su cultura alimentaria o sus hábitos alimentarios, que suelen ser rechazados por los funcionarios de las instituciones responsables de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.
En otros casos de robo descarado y de contratistas que acumulan millonarios contratos, se les niega la oportunidad de ser proveedores de sus propios territorios a pequeños productores locales o a iniciativas de organizaciones comunitarias que son ahogadas con requerimientos legales y papeleo.
Contra ellos se usa el débil argumento de que no poseen historia crediticia ni el músculo financiero que le sobra a las empresas grandes para el robo y el desvío de los recursos públicos que deberían estar cubriendo las necesidades nutricionales de las poblaciones, esas mismas que rápidamente registran como beneficiarias de los programas de asistencia alimentaria.
Guajira y Chocó
 Casería en la rivera del río Atrato. Foto: Agencia Prensa Rural |
Los departamentos con altos niveles de corrupción, como Guajira y Chocó, no solo ven en peligro su derecho a la alimentación, sino su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, y en ellos se registran las cifras más altas de necesidades básicas insatisfechas.
En Guajira y Chocó el 81 por ciento de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas y en estos dos departamentos se presentan las más altas cifras de mortalidad infantil del país: ambos superan los 34 niños y niñas muertos por cada mil nacidos. Además, en Guajira y Chocó es poca o nula la disponibilidad de agua potable y de alimentos con calidad nutricional.
Esta situación no es ocasional, sino parte de un ejercicio cotidiano, más allá de escándalos aislados
Recientemente los medios denunciaron que la mortalidad infantil en estos departamentos era de 40 niños y niñas por mil nacidos vivos, una situación muy grave porque significa que la población más vulnerable se encuentra en peligro por la desnutrición y enfermedades como la diarrea o infecciones respiratorias, que tienen como causa asociada la desnutrición, el hambre y la falta de agua potable.
La estadística de talla para la edad es otro buen indicador de la duración de la desnutrición ya que la talla es el parámetro de crecimiento más estable y una vez alcanzada no se pierde. Cuando se presenta desnutrición crónica o talla baja para la edad significa que el individuo se ha sometido a períodos largos de enfermedad o de deficiencias nutricionales.
Como se observa en siguiente gráfica, cinco de los seis departamentos que integran la costa Atlántica: Córdoba (16,4 por ciento), La Guajira (27,9 por ciento), Magdalena (18 por ciento), Sucre (14,3 por ciento) y Atlántico (15,5 por ciento), presentan cifras de desnutrición crónica superiores al promedio nacional (13,2 por ciento).
En el caso de la región del Pacífico, la situación no solo es crítica para el departamento del Chocó sino para tres de los cuatro departamentos que integran la región: Cauca (23,0 por ciento), Chocó (15,7 por ciento) y Nariño (16,9 por ciento), que presentan cifras de desnutrición crónica superiores al promedio nacional (13,2 por ciento).
Adicionalmente, estos departamentos muestran la tendencia más marcada de disminución del área cosechada total, probablemente por la substitución paulatina del cultivo de alimentos básicos por el cultivo de palma africana o por actividades mineras. La Guajira y el Chocó son otra vez los lugares más afectados por esta situación, no solo en lo referente a cultivos sino a disponibilidad de agua y producción de especies menores.
En cuanto a la productividad de alimentos básicos de la región, se encuentra la misma tendencia que en el área cosechada, y se registra igualmente una disminución importante en la productividad a partir del año 2010, como lo muestran los resultados del Censo Agropecuario.
Hambre y corrupción
 De 350 reservorios en el municipio guajiro de Uribía solo uno tiene agua. Foto: Defensoría del Pueblo |
En 1996, con ocasión de la Cumbre Mundial por la Alimentación, el relator especial de Naciones Unidas Jean Ziegler sostuvo que la corrupción es uno de los siete grandes obstáculos para satisfacer el derecho a la alimentación, y que su incidencia era comparable a la de las guerras que desabastecen territorios y causan la muerte de miles de personas por falta de alimento.
En el mismo informe el relator mostró que la corrupción reviste muchas formas, y que ellas van desde “el simple soborno hasta la delincuencia organizada, y existe tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Pero es en los países más pobres donde son más graves las consecuencias sociales, y sobre todo las consecuencias nefastas para la seguridad alimentaria”.
En Colombia esto ha sucedido repetidamente con los programas de alimentos para las personas de los territorios más pobres. Y esta situación no es ocasional, sino parte de un ejercicio cotidiano, más allá de escándalos aislados como los que se han destapado recientemente en la Guajira y en Chocó, o n relación con el Programa de Alimentación Escolar.
Las entidades nacionales se tiran la pelota y se echan la culpa mutuamente, sin llegar a plantear soluciones. Mientras tanto, los niños y niñas pobres de estas regiones sufren las peores consecuencias.
Esto lo han documentado varios medios nacionales, aunque solamente cuando se sabe que muere otro niño o niña o se destapa una situación que ya todo el mundo sabía que se estaba dando desde antes.
Sin embargo, mientras la situación no le interese a los entes de control y al gobierno nacional, que deberían ser los principales garantes del derecho a la alimentación para todos y todas, esta se mantendrá como uno más de los peores flagelos de la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana.
Otras formas de corrupción
En los dos departamentos identificados como aquellos donde impera la corrupción local en los programas estatales, también se presentan las cifras más altas de pobreza, hambre y malnutrición. Esto demuestra la existencia de una asociación perversa, que a la vez le ha servido al gobierno central para lavarse las manos y proponer soluciones facilistas al problema.
Sin embargo, también es necesario destacar otras formas de corrupción sutiles, como la indiferencia. Muchas veces, en estas ocasiones nadie hace nada o se prefiere pensar que esto “siempre ha sido así” y no va a cambiar.
En otras formas, aún más sutiles de corrupción las entidades estatales no solo gastan en programas que no le llegan a la gente, sino que grandes cantidades se quedan en los gastos de administración de sus operadores. Esto se da en una cadena de tercerización de los programas oficiales, en la cual participan entidades que reciben jugosos contratos para llevar a cabo los programas sociales.
Esta es una de las peores formas de corrupción: guardar silencio cómplice, porque nadie muerde la mano del que le da de comer. Y todo esto a pesar de que el objetivo de estas instituciones es garantizar el derecho básico a que la gente no muera de hambre.
* Nutricionista, Máster en Desarrollo Social y Ph.D. en Ciencias Sociales, profesora del Departamento de Nutrición Humana y Coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia.
