El eterno debate en torno al Salario Mínimo*

Más allá de los tecnicismos, la distancia entre propuestas refleja profundas tensiones sobre quién debe asumir el costo del ajuste.

El próximo 1.º de diciembre comenzará el proceso por el cual la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) debatirá acerca del incremento del salario mínimo (SM) para 2026. La discusión llega en un contexto particular en el que la inflación, si bien ya no está en los picos de 2022-2023, ha vuelto a mostrar señales de aceleración en lo corrido de 2025, al encadenar varios meses al alza y alejarse de la meta fijada por el Banco de la República.

A esto se suma la divergencia entre los miembros de la CPCPSL. Mientras los gremios empresariales proponen incrementos de entre 5,0% y 7,0%, argumentando la necesidad de proteger el empleo formal y la viabilidad empresarial, el Gobierno ha manifestado aumentos de hasta el 11,0%, basándose en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Por su parte, las centrales sindicales han mencionado cifras cercanas al 15,0% bajo la premisa de que el SM debe acercarse al costo de vida real. Más allá de los tecnicismos, la distancia entre propuestas refleja profundas tensiones sobre quién debe asumir el costo del ajuste.

Independientemente de las cifras, para millones de personas el SM no es una variable técnica, sino la delgada línea que separa la posibilidad de llegar a fin de mes con la necesidad de endeudarse o recortar gastos esenciales que afectan su bienestar. De manera paralela, para las empresas, sobre todo las micro y pequeñas, es un costo de referencia que define la probabilidad de contratar personal de manera formal o si terminan recurriendo a esquemas informales.

Salario mínimo e informalidad: barrera para la inclusión

De los puntos menos discutidos en el debate público es que el SM funciona, en la práctica, como una barrera de entrada al mercado de trabajo formal. No solo por el valor de esta variable en sí, sino por todo lo que viene asociado a ella: la carga de prestaciones sociales, los aportes a seguridad social y a parafiscales, y demás costos no salariales incluidos.

En Colombia, más de la mitad de la población ocupada sigue en la informalidad. No en vano para el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2025, la proporción de ocupados informales fue del 55,0% a nivel nacional. Lo anterior significa que, para el 43,9% de ocupados que devengan menos de un SM, esta variable es un estándar que existe en la norma, mas no necesariamente en la realidad.

En este punto es donde el nivel del SM importa tanto como su intención. Cuando este se fija por encima del nivel óptimo, el cual viene determinado por inflación y productividad, el resultado puede ser un efecto de expulsión de la formalidad hacia la informalidad dado que el empleador que no puede asumir el costo de la formalidad opta por no contratar, o lo hace, pero sin un contrato escrito, sin afiliación al sistema de seguridad social, o con pagos fraccionados o por debajo de lo reportado.

Pero el argumento contrario también tiene fuerza: mantener un SM demasiado bajo en pro de “no afectar el empleo” erosiona el poder adquisitivo y normaliza que un trabajo de tiempo completo no alcance para cubrir una canasta básica de bienes y servicios digna. El verdadero dilema de política no es “salario mínimo alto versus empleo”, sino cómo alinear el SM con la productividad y con una estrategia para elevarla, de modo que el piso no se convierta en una trampa de pobreza, ni en una barrera para la formalidad.

Salario mínimo e inflación: ¿mecanismo de protección?

El segundo eje clave del debate es la inflación. En principio, el SM se ajusta a efectos de proteger el ingreso de los hogares vulnerables y pobres frente al aumento del costo de vida. Pero, en un contexto como el actual, la discusión es más delicada, compleja y no tiene margen de error.

Tras la moderación observada en 2024, cuando la inflación cerró en 5,20%, en 2025 ha mostrado un comportamiento mixto toda vez que inició con una inflación a la baja, pero en los últimos meses la velocidad de crecimiento de los precios se ha acelerado hasta ubicarse en 5,51% anual en octubre, con cuatro meses consecutivos de incrementos y un año corrido de 4,74%. Es decir, la economía aún se encuentra lejos de la meta de inflación de 3,0% fijada por el Banco de la República.

En este contexto, aumentar el SM tiene dos facetas. Por un lado, es la herramienta más visible para evitar que la inflación siga afectando a los hogares vulnerables y pobres en función del ingreso percibido. Por otro, si su incremento se fija muy por encima de la inflación observada y esperada, puede incentivar una espiral de salarios y precios. En este caso, las empresas trasladan el aumento de los costos a los precios pagados por el consumidor final, los precios más altos erosionan de nuevo el poder de comprar y se refuerza la presión por nuevos aumentos salariales.

Aquí el papel del Banco de la República es fundamental. Teniendo en cuenta que su mandato consiste en mantener una inflación baja y estable alrededor de un rango entre 2,0% y 4,0%, para lograrlo emplea una política monetaria que hoy se expresa en una tasa de interés de intervención del orden del 9,25% justificada, entre otras cosas, por el temor a que la inflación se estanque por encima de la meta y a que decisiones con el aumento del SM refuercen estas presiones.

Por eso, la conversación sobre SM no puede darse sin tener en cuenta a la autoridad monetaria. Un incremento responsable debería ser consistente con el proceso de convergencia de la inflación hacia la meta. De lo contrario, el costo de corregir la inflación podría terminar en menor inversión, menores niveles de empleo y, paradójicamente, menor capacidad del mercado de trabajo para sostener los mismos niveles de salario que buscaba proteger.

Indexación: el espejismo del aumento nominal

Un tercer elemento, a menudo subestimado, es la indexación. En Colombia, durante años, una lista de tarifas, cobros y servicios aumentaba automáticamente en la misma proporción en la que subía el SM. En los últimos años el Gobierno ha avanzado en un proceso de desindexación de más de doscientas tarifas y cobros atados a esta variable, precisamente para evitar este efecto dominó de precios.

Sin embargo, la realidad es que la indexación va mucho más allá de los decretos. Contratos privados, arriendos, honorarios, servicios y acuerdos comerciales informales siguen utilizando el SM como referencia implícita o explícita. En estos casos, un aumento se traduce casi que automáticamente en un incremento de precios y tarifas. Lo anterior genera un espejismo, ya que un aumento elevado del SM puede resultar atractivo en términos nominales para los trabajadores, pero, si arrastra consigo el precio de los bienes y servicios indexados, termina deteriorando del SM en términos reales. 

Opciones del debate: ¿qué hacer?

Una primera posibilidad es la de un SM regional o, al menos, diferenciado por grandes zonas económicas. No es lo mismo fijar un piso salarial para una ciudad con alta productividad y costos de vida elevados que para un municipio pequeño donde predominan sectores de baja productividad y alta informalidad. Con un solo SM nacional, el país trata como homogéneos mercados laborales profundamente distintos.

Un esquema regional podría, en teoría, permitir mínimos más acordes con la realidad productiva de territorios rezagados y mínimos más altos en zonas donde los costos y la productividad lo justifican. El riesgo es evidente: consolidar un mapa de “trabajadores de primera y de segunda”, con regiones atrapadas en salarios persistentemente más bajos si no existe una política robusta para cerrar brechas de productividad, infraestructura y capital humano.

Una segunda discusión, todavía más polémica, es si el SM debe seguir siendo el principal instrumento para garantizar ingresos dignos. Algunos plantean que la protección del ingreso podría descansar menos en un precio mínimo del trabajo y más en un sistema de impuestos y transferencias que complemente los ingresos laborales bajos, de forma que se reduzca el riesgo de expulsar de la formalidad a quienes tienen productividad más baja.

Los críticos, con razón, advierten que en un país con instituciones débiles y alta informalidad, cualquier relajación del SM, sin un sistema de protección muy sólido, puede terminar validando salarios de pobreza. En Colombia, donde más de la mitad de las personas ocupadas sigue en condiciones informales, esa preocupación es central.

Abrir estas discusiones no significa adoptar de inmediato salarios regionales ni desmontar el SM. Significa reconocer que el arreglo actual no es intocable y que una política de salarios dignos, baja informalidad y estabilidad de precios exige una caja de herramientas más amplia que la cifra que se negocia cada diciembre.

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* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.