En vez de fortalecer los controles a los proyectos de inversión que afectan al ambiente y a las comunidades, algunos congresistas están buscando reducirlos. ¿En qué consiste –y hasta dónde llega- su propuesta?
Andrés Ángel*
Irresponsabilidad centralizada
En materia ambiental, en Colombia el verbo ‘agilizar’ se ha convertido en un eufemismo para ‘desregular’.
Así lo confirma el desafortunado proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso, y que entre otras cosas propone centralizar aún más la gestión ambiental, eliminar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y convertir la consulta previa en una mera formalidad.
Bajo el título inocuo de “agilización de las licencias ambientales”, la exposición de motivos del proyecto empieza lamentándose porque “el panorama de desarrollo [de las industrias extractivas] no ha sido mejor”, y caracterizando los trámites ambientales actuales como un obstáculo para “el desarrollo oportuno de todos estos proyectos”.
Los autores del proyecto recuerdan luego la dificultad para sustraer áreas de las reservas forestales en Colombia, mientras insisten en que su intención es asegurar la sostenibilidad y la mejor protección ambiental.
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La propuesta principal de los promotores de dicho proyecto, consiste en que la licencia de cualquier proyecto “promovido, gestionado, contratado o desarrollado por o ante entidades de orden nacional” sea otorgada, modificada, negada, revocada y/o suspendida exclusivamente por la autoridad central, es decir, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Esto significa que las Corporaciones Autónomas Regionales quedan limitadas a cumplir las funciones anteriores en proyectos, obras y actividades “que sean desarrollados o promovidos ante entidades del orden departamental o municipal”.
En materia ambiental, en Colombia el verbo ‘agilizar’ se ha convertido en un eufemismo para ‘desregular’.
Dicho de otra manera: los proponentes se suman a las iniciativas que cada vez pretenden hacer menos plural y participativa la toma de decisiones sobre asuntos que comprometen seriamente el bienestar ambiental del país. Ya existen ejemplos de esta clase de iniciativas: las apresuradas e infundadas decisiones sobre la Reserva Van der Hammen en Bogotá —que tienen repercusiones para todas las reservas forestales del país—, el blindaje de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE) o el fallo de la Corte Constitucional que limita las consultas populares y que analiza Amylkar Acosta en esta misma entrega de Razón Pública.
Tanto es el afán de los autores del proyecto por entregarle al gobierno central la gestión ambiental que entre las disposiciones transitorias incluyeron el traslado a la ANLA de todos los trámites en curso en un plazo máximo de tres meses.
Sin diagnóstico y sin alternativas
 Mina Foto: Agencia Nacional de Licencias Ambientales |
Como su nombre lo indica, el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) es un instrumento para exigirle al proponente de un proyecto que presente opciones diversas para llevarlo a cabo. Esto con el ánimo de escoger la que menor impacto ambiental signifique.
En desarrollo de ese DAA, los reguladores están autorizados para solicitar información sobre:
- La ubicación y las características ambientales y sociales del entorno al cual se refieren las alternativas, y
- Un análisis de los riesgos e impactos de esas distintas alternativas, incluyendo potenciales medidas de control y mitigación.
O sea que, si un particular desea adelantar un proyecto, el DAA asegura que identifique una manera de hacerlo después de evaluar varias, y que las autoridades se cercioren de que se trata del derrotero con menores impactos ambientales. Surgen entonces dos preguntas ante la propuesta de acabar con el requisito:
- ¿Cómo ayuda la eliminación del DAA a tomar decisiones más responsables en materia ambiental?
- ¿Qué tan efectivo y responsable sería eliminar ese diagnóstico previo cuando solo es exigible para proyectos de gran impacto y/o riesgo como exploración sísmica, transporte, conducción y terminales de entrega de hidrocarburos, construcción de refinerías, de represas o embalses, de centrales eléctricas, aeropuertos, centrales nucleares, etc.? e incluso para este tipo de proyectos, la responsabilidad de los proponentes se limita a preguntar si se necesita del DAA. Si la autoridad determina que no es indispensable, no se realiza, como ocurrió en Hidroituango.
Finalmente, el proyecto propone que la consulta previa se lleve a cabo de manera simultánea con la evaluación de la licencia ambiental y que “una vez terminado el proceso de protocolización de la consulta previa, con o sin acuerdos” se ponga en conocimiento el informe a la autoridad correspondiente y que sea tenida en cuenta para su análisis, expedición o modificación.
¿Pasa la consulta previa a ser entonces un simple requisito de difusión? ¿Se puede tener en cuenta para su expedición el protocolo realizado así no haya acuerdos? Para una licencia se necesita tener listo el estudio de impacto ambiental ¿Cómo pedirles a las comunidades un concepto al tiempo que se adelantan actividades en su territorio si éstas casi siempre les implican perturbaciones serias a ellas y a los ecosistemas? ¿No es como tocar a la puerta del vecino y entrar sin esperar la autorización?
¿Proyecto de ley amañado?
Es evidente que los autores del proyecto no acostumbran a sopesar alternativas cuando:
- En vez de fortalecer el control y vigilancia sobre las CAR, proponen centralizar los procesos en la ANLA.
- En vez de agilizar los trámites aumentando la capacidad técnica e institucional, proponen acabarlos, ignorando la utilidad de una evaluación de riesgo.
- Y en vez de promover una mayor interacción entre comunidades y empresas, intentan restarle importancia a la consulta previa.
Lejos de ser un proyecto de ley técnico, este proyecto le apuesta a una gestión menos técnica, a menos ciencia, menor análisis y a desestimar los riesgos. Su prioridad evidente es reducir costos monetarios y de tiempo para los solicitantes de licencias ambientales, eliminando requisitos que mejoran el diagnóstico de impactos como el DAA— y haciendo que otros sean más “flexibles”.
Eliminarlos, lejos de ayudar a tomar decisiones responsables, resta sustento científico y limita la capacidad del Estado para establecer responsabilidades en caso de que se presenten percances de cualquier índole.
El proyecto no busca ‘agilizar’ los trámites. Busca aprobarlos.
En vez de proseguir ese camino, los congresistas deberían estar pensando en cómo robustecer e independizar este tipo de instrumentos cuyo objetivo es disminuir el detrimento patrimonial en que incurre el país con la implementación de ciertos proyectos.
Un ejemplo obvio de esta necesidad son los estudios de impacto ambiental (EIA). En ningún caso, los EIA deberían ser directamente pagados por las compañías. Esto les resta independencia ya que quien quiere desarrollar el proyecto es quien da la información que sustenta los análisis de costo-beneficio. En Estados Unidos existe evidencia, para el caso del sector minero, de que laboratorios que han dado resultados desfavorables a las empresas en términos de impacto a calidad de aguas no vuelven a ser contratados por el sector.
Otro punto fundamental que debería buscar el licenciamiento es incluir metodologías de valoración integral de las funciones de los ecosistemas y, ojalá algún día, estimaciones de valor intrínseco que den cabida a una transición a la sustentabilidad fuerte.
El proyecto de ley no contiene nada de eso porque no busca ‘agilizar’ los trámites. Busca aprobarlos. Cuando nos enfrentamos a proyectos con alta incertidumbre, riesgos elevados y condiciones de vulnerabilidad en el territorio, el principio de precaución y la solidez de la evidencia científica han de primar sobre el afán económico y la premura de los proponentes.
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Algunas propuestas
 Represa de Urrao Foto: Agencia Nacional de Minería |
No hay un solo camino para garantizar procesos eficientes que procuren el menor impacto posible y que logren un correcto balance entre las consideraciones económicas, ecológicas y sociales. Dejo aquí algunas reflexiones para los proponentes del proyecto de ley:
- En vez de eliminar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, deberían proponer que las entidades del Estado estén en condiciones de hacerlo en forma más expedita, con equipos multidisciplinares de amplia experiencia, y minimizando el riesgo de puerta giratoria con evaluaciones de conflictos de interés.
- Desistan de la banalización de la consulta previa. Este es el requisito más importante para llevar a la práctica la licencia social de la que tanto hablan las empresas, así como para evitar conflictos, que en últimas son la superposición de varias visiones incompatibles sobre el uso de un mismo territorio. ¿Por qué debilitar un instrumento que puede prevenir conflictos en un país como Colombia, donde éstos abundan?
- Empecemos a dotar a los EIA de independencia. En varios países, estos estudios son contratados y verificados por instituciones públicas previo pago de las empresas a éstas. De esa manera, sus autores pueden ejercer su labor investigativa sin presión económica. Alejar cualquier sombra de duda sobre la evaluación aumenta la legitimidad tanto de las empresas como del Estado. Así todos ganan.
- Finalmente, si realmente queremos fortalecer al sector ambiental, redactemos un proyecto de ley que destine más recursos a investigación de línea base ambiental en todas las matrices. Ampliar y modernizar nuestra red de monitoreo puede ser la mejor herramienta para ejercer un control ambiental efectivo.
Es una lástima que ninguno de los anteriores puntos sea contemplado en el proyecto de ley. En palabras del Decreto 1076/2015, el objeto del DAA —y agrego, de la gestión ambiental en su conjunto— es “optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos que puedan generarse”. Parece que los legisladores entendieron que el sujeto de esa oración eran las empresas y no la Nación.
*Geólogo, M.A en Gestión Pública y Gobernanza, investigador de conflictos socioecológicos y procesos de defensa de territorio, asesor científico del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
