La incertidumbre de la transición siria

La transición siria se encuentra en un momento crítico que definirá el futuro del país. El éxito dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para mantener la unidad territorial y la paz y de su voluntad para construir instituciones verdaderamente inclusivas y democráticas.

A cuatro meses de la caída del régimen de Bashar al-Assad, el gobierno de transición, encabezado por Ahmed al-Sharaa y su grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), enfrenta los mayores desafíos para la construcción de una nueva Siria. Tras unos primeros meses de relativa tranquilidad –una luna de miel donde la esperanza de un nuevo gobierno, reformas y reconciliación nacional predominaba en la sociedad siria–, el aumento de las tensiones sectarias, la violencia de milicias y grupos armados, y el desencanto ante las reformas constitucionales anunciadas avivan los temores de un posible fracaso del proceso de transición.

El resurgimiento de la violencia sectaria constituye uno de los principales desafíos para el nuevo régimen. Estos temores se materializaron a principio de marzo en la región costera de Latakia, zona de minoría alauita a la que pertenece al-Assad, cuando milicianos fieles al antiguo régimen emboscaron un convoy de las fuerzas sirias. La contraofensiva gubernamental, que incluyó tanto fuerzas oficiales como milicias armadas, dejó más de mil muertos, principalmente alauitas y cristianos, entre ellos mujeres y niños. A pesar de que al-Sharaa anunció una investigación sobre la masacre, prevalece una tensa calma y el temor a una espiral de violencia sectaria.

Durante la guerra civil siria, el sectarismo fue fundamental para movilizar a las fuerzas leales a Bashar al-Assad y radicalizar a la oposición. Las protestas, que inicialmente fueron pacíficas y prodemocráticas, cedieron el protagonismo a grupos islamistas como Jabhat al-Nusra. Así, el conflicto se convirtió en una lucha existencial entre alauitas (chiitas) y sunitas, que atrajo a miles de combatientes extranjeros: Hezbollah e Irán desplegaron sus fuerzas desde Líbano e Irak para proteger sitios sagrados chiitas como la Mezquita de la Sayyidah Zaynab, mientras Al-Qaeda y clérigos en países del Golfo convocaban a la yihad en Siria.

Para al-Assad, la sectarización del conflicto sirvió como herramienta para cohesionar sus fuerzas y desacreditar a la oposición al tildarla de estar compuesta por terroristas e islamistas radicales. Sus ataques siguieron patrones sectarios y de castigo colectivo contra la población sunita, particularmente en las zonas rurales de Hama, Homs, las afueras de Damasco y Alepo durante los primeros años de la guerra. Asimismo, las milicias alauitas del régimen perpetraron masacres contra los sunitas, como la ocurrida en Baniyas, Latakia, en 2013.

Esta violencia sectaria se guiaba por el lema “Assad o quemamos el país”, un mensaje que las fuerzas leales al régimen dejaban tras las masacres y la destrucción de pueblos. Ahora, Latakia vuelve a ser el epicentro de estas tensiones, donde milicias pro Assad buscan reavivar la violencia sectaria.

La violencia en las zonas costeras también revela otra problemática: la impunidad y las dificultades del nuevo gobierno para consolidar su control. Desde mediados de diciembre de 2024, al-Sharaa había ordenado la disolución e integración de todas las milicias y grupos rebeldes en las fuerzas armadas. Sin embargo, este proceso ha resultado complejo y poco exitoso, pues el panorama de seguridad sirio mezcla actores estatales, milicias, redes criminales y comunidades locales armadas con intereses diversos y lealtades fluctuantes.

En este sentido, el descontento de los grupos yihadistas que apoyaron a HTS representa un desafío particular. Estas facciones se oponen a varias reformas del nuevo gobierno, como permitir el uso de símbolos cristianos, la apertura de bares y ciertas celebraciones de otros grupos religiosos, además de ser señalados como responsables de ataques contra alauitas y otras minorías. Al-Sharaa debe entonces equilibrar la represión de estos grupos indisciplinados sin provocar una nueva ola de violencia o un conflicto abierto.

A esto se suma la resistencia de otros grupos a integrarse al nuevo ejército sirio, especialmente aquellos vinculados con países extranjeros como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Se destaca el caso de Ahmad al-Awda, figura prominente del Ejército Libre Sirio que controla una facción rebelde en la provincia de Daraa. También están las milicias locales de autodefensa drusas y cristianas, que han tenido enfrentamientos con las fuerzas del nuevo régimen. Un ejemplo fue el choque a principios de marzo en Jaramana, en las afueras de Damasco, que dejó un muerto.

En este contexto, vale la pena mencionar que Israel ha utilizado la defensa de la comunidad drusa como justificación para bombardear Siria y expandir su control en los Altos del Golán y la provincia de Quneitra. Además, ha advertido que no permitirá la presencia militar del nuevo gobierno sirio en las provincias al sur de Damasco (Quneitra, Daraa y Suwayda). Al-Sharaa ha condenado estas acciones como una violación flagrante de la soberanía, ha denunciado intentos de ocupación y exigido el rechazo internacional. Asimismo, la comunidad drusa se ha manifestado en contra de las acciones israelíes en las provincias de Damasco, Daraa y Suwayda, argumentando que estas buscan dividir el país. Recientemente, se anunció un acuerdo entre el gobierno sirio y líderes drusos de Suwayda para garantizar su participación en el nuevo gobierno (al menos, localmente).

Finalmente, resta abordar los aspectos de la reforma constitucional siria, una que logre garantizar la unidad territorial, la participación democrática y el reconocimiento pleno de todos los grupos minoritarios. Así, a mediados de marzo, tras un proceso calificado como lento y precedido por una Conferencia de Diálogo Nacional en febrero, al-Sharaa presentó la constitución provisional que regirá por cinco años. Esta mantiene el nombre de “República Árabe Siria”, adopta la bandera revolucionaria como oficial, establece el Islam como fuente del marco legal, instaura un sistema parlamentario, defiende la integridad territorial y rechaza modelos federalistas o autonómicos.

Sin embargo, surgen dudas sobre la capacidad del gobierno de transición para satisfacer las demandas de inclusión, diversidad e integración de la sociedad siria. Preocupa la concentración de poder en al-Sharaa, quien ocuparía los cargos de presidente, primer ministro, jefe militar y de seguridad nacional, además de tener facultades para nombrar jueces, ministros y miembros del parlamento. Grupos sociales, activistas y organizaciones humanitarias denuncian esto como una reproducción del autoritarismo. Además, la orientación islamista en la legislación, aunque reconoce las religiones abrahámicas, limita aquellas prácticas que podrían “amenazar el orden público”, y generan inquietud entre chiitas (alauitas), cristianos y drusos, además de imponer la sharía en comunidades como la kurda, en la que el papel de la mujer es fundamental. Igualmente, las restricciones a la libertad de expresión, aunque dirigidas contra el separatismo y la alabanza al régimen de al-Assad, podrían usarse para reprimir el disenso.

La transformación de la administración pública genera una preocupación adicional. El despido masivo de trabajadores, funcionarios y soldados vinculados al antiguo régimen evoca los errores cometidos en Irak, donde una purga similar de funcionarios del gobierno de Saddam Hussein provocó el colapso institucional y el surgimiento de insurgencias. Aunque al-Sharaa promete un proceso inclusivo y tecnócrata, los datos mostraban una realidad preocupante. El nuevo gobierno era predominantemente sunita, dominado por exmiembros de HTS –algunos, extranjeros señalados como terroristas–, con limitada formación y experiencia gubernamental restringida al gobierno de HTS en Idlib, y escasa representación femenina. 

No obstante, es importante destacar que el pasado 30 de marzo se anunció el nuevo gobierno de transición que dirigirá a Siria durante los próximos cinco años. La composición ministerial, con 23 carteras, muestra una estructura diversa: once ministros provenientes de la sociedad civil, nueve vinculados a HTS y tres que sirvieron bajo el régimen de al-Assad antes de 2011. En cuanto a la representación sectaria, esta incluye un ministro cristiano (Asuntos Sociales y Empleo), un kurdo (Educación), un alauita (Transporte), un turcomano-árabe (Información) y un druso (Agricultura). Entre los nombramientos más destacados está el de Hind Kabawat, una veterana opositora cristiana y la única mujer en el Gobierno, quien asumirá el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo. Cabe destacar que la mayoría de los nuevos ministros son tecnócratas con formación occidental y experiencia en sus campos, aunque los ministerios más influyentes (Exterior, Defensa, Interior y Justicia) permanecen bajo el control de HTS. En consecuencia, esta composición ha generado reacciones mixtas: mientras algunos ven una señal de inclusión y profesionalización, otros cuestionan la verdadera profundidad de la transformación política.

De tal modo, la transición siria se encuentra en un momento crítico que definirá el futuro del país. Los desafíos son múltiples y complejos, desde la violencia sectaria que amenaza con resurgir, hasta la resistencia de diversos grupos armados a integrarse en las nuevas estructuras estatales. El proceso constitucional, aunque representa un paso hacia adelante, genera preocupaciones sobre la concentración del poder y la verdadera inclusión de todas las comunidades sirias.

La ventana de oportunidad para una transformación positiva sigue abierta, pero se estrecha rápidamente. El éxito de esta transición dependerá no solo de la capacidad del nuevo gobierno para mantener la unidad territorial y la paz, sino también de su voluntad para construir instituciones verdaderamente inclusivas y democráticas. Todo esto en un escenario donde las tensiones regionales, los intereses internacionales y las dinámicas locales continúan ejerciendo una influencia decisiva en el futuro de Siria.