Aumento de la inseguridad 

La ciudadanía considera que la inseguridad es el segundo problema más importante después del desempleo. Según la última encuesta de Invamer, el 87% de la población cree que la inseguridad va en aumento. Importa precisar que este índice se encuentra respaldado por las cifras de las instituciones de seguridad y justicia. 

El Ministerio de Defensa reporta en su informe de “Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales”, entre enero y noviembre de 2023, una disminución del 1% de los homicidios comparado con el año anterior. Por su parte, Medicina Legal, durante el mismo período, muestra un aumento del 5%. Específicamente, pasamos de 12.045 casos en 2022 a 12.682 en los once meses de 2023.

Estas cifras varían de acuerdo al territorio y teniendo en cuenta las respectivas gestiones de los salientes gobernadores y alcaldes. Por este motivo, muchos de los mandatarios electos han reiterado su compromiso contra la violencia y la delincuencia, en coordinación con el Gobierno Nacional. 

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Políticas de seguridad y realidades locales

Con la posesión de los nuevos mandatarios, se abre la oportunidad de trabajar con las autoridades nacionales de seguridad y justicia para elaborar, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) departamentales y municipales. De acuerdo con el artículo 205 de la Ley 2197 de 2022, los alcaldes y gobernadores deberán formular los PISCC dentro de los primeros seis meses después de su posesión. 

Para que los PISCC respondan a las necesidades de convivencia y seguridad de los territorios, y, además sean coherentes con la percepción de la ciudadanía, deben estar basados en datos verificables que permitan la toma de las decisiones más óptimas. 

Aunque los sistemas de información delictiva o de comportamientos contrarios a la convivencia del país (SIEDCO, Medicina Legal, Registro Nacional de Medidas Correctivas) son relevantes, es trascendental consultar fuentes de información alternas para caracterizar otros tipos de violencias asociados al conflicto armado. Por ejemplo, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo es una herramienta de uso obligatorio. 

Otras bases de datos en donde se registran violencias como la derivada de relaciones interpersonales (datos de las Comisarías de Familia, Casas de Justicia, líneas 123, encuestas de percepción) también deben tenerse en cuenta. Por último, consideramos imprescindible incluir a las comunidades en el proceso de formulación del PISCC para comprender las problemáticas micro territoriales y encontrar sus respectivas soluciones. 

El PISCC tiene que superar la visión tradicional de que los problemas de inseguridad se van a resolver solamente con la acción de la Policía. Por este motivo, es fundamental que se involucren las diferentes secretarías, entidades y actores presentes en el territorio. La anterior decisión permitirá integrar capacidades y recursos e intervenir de forma estructural. 

Por ejemplo, el hurto a personas requiere la intervención de la policía judicial para procesar al delincuente. Sin embargo, es una medida insuficiente si no se trabaja en disminuir el ingreso de los jóvenes en carreras delictivas o en promover la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades.

En definitiva, es necesario establecer Sistemas Locales de Seguridad en los que interactúen armónicamente los responsables de la convivencia y la seguridad. En esta materia, existen experiencias positivas en municipios PDET promovidas por USAID y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) a través de su Programa Somos Comunidad. 

Dicha medida implica la inversión en proyectos de prevención de los diversos tipos de violencia en el PISCC. Aunque no parezca un tema atractivo, o con resultados a corto plazo, si no se actúa seguiremos paliando las consecuencias y no las causas. Vale la pena pensar en lógica de seguridad humana las medidas para garantizar la protección de la población. 

Por último, hay que analizar los problemas de acceso a la justicia al evitar el escalamiento de los conflictos cotidianos y al ampliar la oferta de mecanismos alternativos para solucionarlos. De este modo, hay que explorar otras formas de justicia como la comunitaria, la inclusiva o la restaurativa. A estas medidas hay que añadirle las dificultades generadas por la permanencia y hacinamiento en estaciones de policía, su sostenimiento y los pocos programas de resocialización. 

La gestión territorial

El Departamento Nacional de Planeación, con apoyo de USAID y FUPAD, lanzó la nueva Guía Metodológica para la Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación de los PISCC para que los nuevos mandatarios se orienten en su desarrollo. 

Según el DNP, esta versión incluye: la complementariedad de los temas de justicia y marcos normativos que fortalecen el enfoque preventivo, diferencial y de género; lineamientos para construir un diagnóstico integral de las condiciones de convivencia y seguridad; prácticas para informar el proceso de formulación; y, por último, recomendaciones y consejos para una implementación responsable y articulada.

Igualmente, se creó un módulo en el Sistema de Planeación Territorial (SISPT) para que los mandatarios y la ciudadanía puedan formular y acceder a los Planes de Desarrollo Territorial. Este instrumento le permite a los alcaldes y gobernadores electos acceder a diagnósticos integrales; realizar procesos de priorización, focalización y formulación de manera dinámica; construir planes indicativos y utilizar tableros automáticos para el seguimiento de los PISCC. 

Es positivo que los funcionarios cuenten con estas herramientas para gestionar territorialmente la seguridad.  No solamente porque se promoverán PISCC más técnicos y coherentes con las realidades locales, sino porque facilitará la evaluación de los resultados. La anterior medida es relevante porque diversos estudios afirman que uno de los grandes vacíos en materia de políticas públicas de seguridad, precisamente, es la falta de seguimiento y evaluación. 

Con el uso y reporte de información en la nueva herramienta PISCC, Colombia podrá ser un ejemplo internacional en generación de conocimiento, democratización de la información y rendición de cuentas en lo concerniente a la seguridad ciudadana.

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