Los problemas de la política de seguridad de Petro
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Los problemas de la política de seguridad de Petro

Escrito por Farid Rondon - Andres Felipe Ortega

¿Cuáles son los aspectos positivos, los negativos y los retos de la Paz Total y la Seguridad Humana del gobierno Petro?

Farid Camilo Rondón Raigoza* y Andrés Felipe Ortega Gómez**

Dos políticas ambiciosas

La Paz Total y la Seguridad Humana han sido dos de las banderas fundamentales del gobierno Petro. Sin embargo, como el mandatario ha señalado, el camino para llevarlas a cabo demanda esfuerzos especiales en un escenario complicado y a contrarreloj. El panorama parece adverso. No se concreta del todo una perspectiva por parte de los grupos armados ilegales, hay un desgaste social, no han logrado desarrollarse esfuerzos conjuntos y quedan menos de tres años de la administración.

Ambas políticas son ambiciosas y con matices que las diferencian de las de administraciones precedentes. Por un lado, la Paz Total se basa en la combinación de dos factores:

  • la ejecución del Acuerdo de paz firmado en 2016,
  • y los diálogos con diversos grupos armados, ya sean de negociación o sometimiento.

Por otra parte, la Seguridad Humana cambia la perspectiva que se tenía en dicha temática; las personas, su protección y la garantía de sus derechos son el centro.

Una política desarticulada

No obstante, para cada uno de los componentes el camino ha sido accidentado. Una de las causas es la desconexión que existe entre la política de Paz Total y la política de seguridad. Hasta la fecha, no se ha planteado de forma asertiva una política que logre unir las capacidades de la Fuerza Pública con un esfuerzo de paz, lo cual es necesario para disuadir a los grupos armados, garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables y como base para un posible posconflicto.

hay una falta de delimitación de líneas rojas por parte del gobierno. Por ejemplo, el comandante General de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, señaló que el ELN ha cometido 172 presuntas violaciones al cese, mientras que el Estado Mayor Central 71.

Foto: Facebook: Ministerio de Defensa - Existen discusiones sobre las limitaciones que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cuando se presentó un altercado con la población civil y las disidencias de las Farc en El Plateado.

Asimismo, el gobierno no ha logrado articular sus propios esfuerzos en el tema de la Paz Total y su propósito parece sobredimensionar sus capacidades. Esto es evidente en los diferentes diálogos con grupos ilegales, que avanzan a ritmos diversos. De igual forma, los últimos pronunciamientos del presidente que condicionan los ceses al fuego al desistimiento de acciones criminales y la salida de Danilo Rueda como Alto Comisionado para la Paz muestran un giro positivo dependiendo de cómo se maneje esta nueva etapa.

Esto se complementa con la necesidad de articularse con otras instituciones que han puesto en duda a la Paz Total. Por ejemplo, los constantes roces con la Fiscalía, el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la Ley de Paz Total, el debate sobre la “Ley de Sometimiento” en el Congreso y los llamados al excomisionado de paz y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, a control político y a moción de censura.

No obstante, un aspecto positivo es precisamente la Ley de Paz Total, la cual le dio facultades al ejecutivo para establecer las negociaciones políticas y, de forma general, fue aprobada su constitucionalidad. Aun así, los retos en dicha materia son importantes.

Otro de los puntos críticos es la lectura que se hace de los mensajes que los grupos armados ilegales envían, dado que ha habido mensajes errados en cuanto a su intencionalidad. Esto fue claro en el caso del ELN en el tema de los secuestros y en el pronunciamiento del gobierno sobre un “cese bilateral”.

Además, hay una falta de delimitación de líneas rojas por parte del gobierno. Por ejemplo, el comandante General de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, señaló que el ELN ha cometido 172 presuntas violaciones al cese, mientras que el Estado Mayor Central 71.

De igual forma, el gobierno solo descartó los ceses con las Autodefensas Unidas de Colombia después de su participación en el paro minero del Bajo Cauca y, de forma temporal, con el Estado Mayor Central por el asesinato de cuatro menores indígenas en el Amazonas, pese a los múltiples hechos de violencia que han cometido estas organizaciones ilegales.

Una percepción pesimista

El gobierno nacional ha apelado especialmente a la ciudadanía para justificar varias de sus decisiones. Sin embargo, hay un desgaste social y un mayor pesimismo a la hora de creer en un posible desenlace positivo de las negociaciones con los grupos armados ilegales.

Según la encuesta Polimétrica, solo el 18 % de la ciudadanía considera que los grupos ilegales se someterán a los diálogos de paz, mientras que en la encuesta Invamer se señala que el 63 % de los encuestados piensan que la Paz Total va por mal camino. De igual forma, temas como la implementación del Acuerdo de Paz y el asesinato de excombatientes o de líderes sociales ya no están en la discusión pública.

A esto se le suma un aumento generalizado en la percepción de inseguridad, el cual no debe tomarse como absoluto, dado que hay territorios que se han visto beneficiados por los ceses al fuego bilateral: hubo una disminución de la violencia provocada por los grupos armados ilegales de un 34 % en el segundo semestre del 2023, según la Coordinadora Humanitaria.

El delito que más aumentó fue el del secuestro, alcanzó las cifras más altas desde la firma del Acuerdo de paz. Según el Gaula de Policía, hubo un aumento del 50 %.

De igual manera, existen discusiones sobre las limitaciones que tienen las Fuerzas Armadas en la actual administración, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Militares en el Plateado, donde hubo altercados con la sociedad civil y en el que las disidencias de las FARC se vieron interpeladas por su control territorial.

¿Qué dicen las cifras?

En cuanto a las cifras, la situación es preocupante. Según datos de Indepaz, este año hubo 90 masacres con 289 víctimas, similar a los datos del año pasado con 94 masacres y 300 muertes en todo el año. Asimismo, en 2023 se registraron 179 líderes sociales y 33 firmantes del Acuerdo de paz asesinados. A raíz de ello, la Corte Constitucional declaró el Estado Inconstitucional de Cosas.

El delito que más aumentó fue el del secuestro, alcanzó las cifras más altas desde la firma del Acuerdo de paz. Según el Gaula de Policía, hubo un aumento del 50 %. Otros delitos como la extorsión también aumentaron, así como el hurto a personas. Las muertes violentas también aumentaron un 4,7 % en comparación con 2022. Sin embargo, estos registros sobre las cifras de seguridad no están unificados entre las diversas dependencias del Estado.

Los retos

En el contexto actual, los repertorios de violencia y los grupos encargados de administrarlas se están transformando. Se crean y consolidan gobernanzas armadas que no tienen otro interés que regular y ejercer control social a partir del manejo de economías ilícitas.

El reto para el sector de seguridad y defensa es desarrollar y materializar acciones centradas en las personas, que permitan proteger la vida en entornos urbanos y particularmente rurales, mediante la prevención, la disuasión, la persecución o el combate del control social que las organizaciones criminales nacionales y transnacionales ejercen. Aspectos que están delineados en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Humana del Ministerio de Defensa Nacional y que está en proceso de ejecución.

Por último, es importante garantizar una amplia capacidad técnica y local para el diseño de políticas. Para ello debe de haber recursos y conocimientos que ejecuten estas políticas en una estrategia de articulación nación-territorio.

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