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Perspectivas de la economía colombiana en 2024

Escrito por Jorge Armando Rodríguez

Mucho se ha hablado de una recesión en el año que comienza. ¿Qué tan crítica es la situación?

Jorge Armando Rodríguez Alarcón*

¿Qué ha pasado después de la pandemia?

Todavía afectada como todo el mundo por los coletazos del cataclismo económico y social del covid-19, Colombia comienza el 2024 en medio de fuentes de incertidumbre nuevas y viejas, empezando por las de creación humana, como las guerras de fuera y las violencias de dentro. Avivados a nivel global por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación y el desempleo con los años han ido cediendo terreno.

Sin embargo, el aumento del costo de vida en 2023, del orden de 9,6%-9,8%, aún está lejos de la meta del 3 % fijada por el Banco de República, mientras que el desempleo, de alrededor de 10%, tampoco da pie para declarar misión cumplida. 

Sin entrar en tecnicismos, puede decirse que el sufrimiento macroeconómico sigue siendo más agudo que en 2019, justo antes del covid-19. 

En el 2023 el crecimiento económico del país apenas compensó o superó por algún tanto el crecimiento de la población, cercano del 1%, de acuerdo con estimaciones preliminares. Una desaceleración económica marcada en el segundo semestre del año ha enturbiado el panorama. 

Altibajos de la coyuntura

La preocupación por una eventual recesión económica ha llegado ya a editorialistas y caricaturistas. Vista en conjunto, la evidencia disponible apunta a que la economía colombiana pasa por una fase contractiva, pese a que es muy temprano para saber su duración y profundidad. Teniendo en cuenta lo errático de la actividad económica en el corto plazo, no es aconsejable ponerles mucho énfasis a sus fluctuaciones puntuales.

la decisión de diciembre pasado de reducir la tasa de intervención a 13%, 25 puntos básicos por debajo de la vigente previamente, está bien encaminada. Es una señal, supone uno, de que el Emisor quiere llevar gradualmente la inflación hacia la meta, propiciando en el entretanto la reactivación económica.

Foto: Área Metropolitana Valle de Aburrá - Aunque se han liberado recursos mediante la eliminación de los subsidios al consumo de la gasolina, se tendrán que hacer más ajustes de gasto para cumplir con el objetivo de déficit que establece la regla fiscal.

Entre los aspectos de la coyuntura que terminarán definiendo si ha habido o habrá o no recesión figuran los siguientes: 

  • Advirtiendo que no me parece una buena idea centrarse exclusivamente en ese criterio, según la convención internacional una “recesión técnica” se configura cuando el PIB registra crecimientos negativos durante dos o más trimestres consecutivos (removidos los efectos estacionales).

El PIB del tercer trimestre de 2023 cayó 0,3% con respecto al mismo trimestre de 2022, pero aumentó 0,2% con respecto al segundo trimestre de 2023. Según la convención internacional, la comparación apropiada sería frente al trimestre inmediatamente anterior, no frente al año anterior.

En estas condiciones, hasta el momento se habría esquivado por poco la “recesión técnica”. De cualquier modo, ¿tales ritmos de crecimiento deberían ser motivo de complacencia? 

  • El mercado laboral ha dado muestras de debilitamiento, con cierto rezago, ante el deterioro de la actividad económica. La tasa de desempleo (desestacionalizada) ha subido por tres meses seguidos, pasando de 9,4% en agosto a 10,2% en noviembre de 2023. Con todo, estos resultados son mejores que los registrados en 2022. 
  • La inversión en capital fijo (fábricas, maquinaria, tecnología, etc.) es clave en la ampliación de la capacidad productiva y suele marcar las fluctuaciones de corto plazo de la actividad económica y el empleo. 

Esta variable salió lesionada de la pandemia:  ha rondado el 19% del PIB desde el 2021, frente al 22% del mismo agregado en el periodo 2010-2019. 

Lo llamativo ahora es que la inversión, en su serie desestacionalizada, lleva cuatro trimestres consecutivos de decrecimiento, contando hasta octubre de 2023, una tendencia sin antecedentes al menos desde el 2005, excluido el periodo de pandemia. 

  • Es importante mirar cómo evoluciona en el 2024 la correlación de fuerzas entre los sectores en contracción y en expansión. 

La industria manufacturera, la construcción y el comercio, que dan cuenta de la tercera parte de la generación de valor agregado nacional, han sido los más afectados por la contracción reciente; en contraste, el sector financiero y la minería han crecido. 

Al contrario de estas tendencias, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente propugna por la reindustrialización y “la disminución de la dependencia de los hidrocarburos y la minería”. 

Conviene mantener en el radar estas variables agregadas y sectoriales en el año que comienza.

La CEPAL y el Fondo Monetario Internacional pronostican que en 2024 la economía colombiana experimentará una leve recuperación, con un crecimiento de o cercano al 2%, por debajo del desempeño de América Latina y el Caribe y del conjunto de países en desarrollo. La proyección de la OCDE es de 1,4%. 

A nivel local, el PND se basa en una proyección más optimista (2,8%); si esta previsión gubernamental resulta exagerada, las expectativas de recaudo tributario del Gobierno Petro sufrirían un revés y sus planes de gasto se verían trastocados. 

Contratiempos fiscales

Varios acontecimientos obligan a revisar las cuentas del fisco, aparte de la desaceleración económica. 

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024 se aprobó con la expectativa de que los ingresos tributarios del Gobierno nacional alcanzarán “un máximo histórico de 18,6% del PIB”, pero montos significativos de esos recursos seguramente no se van a materializar. 

Tal es el caso de los recaudos previstos allí por “arbitramento de litigios” entre la DIAN y los contribuyentes ($15 billones, equivalentes a casi 1% del PIB), procedimiento que requiere una ley cuyo trámite no se ha iniciado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha calificado ese rubro como incierto y ha cuestionado su carácter permanente. 

En la misma dirección operará el reciente fallo de la Corte Constitucional en contra de la prohibición de deducir las regalías de la base gravable de impuesto sobre la renta: unos $3 billones menos (0,2% del PIB), según el Ministerio de Hacienda.  

Puesto que la regla fiscal exige que los nuevos gastos permanentes se cubran con ingresos adicionales también permanentes, la merma de los recaudos tributarios frente a los anticipados pone en aprietos a los planes de gasto del Gobierno nacional para el 2024. 

A pesar de que se han liberado recursos para otros fines mediante la disminución de los subsidios al consumo de gasolina, según estimaciones del CARF “se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4% del PIB ($23 billones) para cumplir con el objetivo de déficit establecido por la ley de la regla fiscal”. 

El efecto lo resentirían los programas de gobierno. Para que no se afecten más, de llevarse a cabo la reforma tributaria que se discute por estos días, la pérdida de recaudo que ocasionaría el recorte de la tarifa nominal del impuesto de renta de las sociedades tendría que compensarse con recursos derivados de otras fuentes. 

Autoridades económicas al tablero

Para contribuir a la reactivación económica, la política fiscal debería ser mesuradamente expansiva, o por lo menos no contractiva. Con los ajustes de gastos e ingresos que se requerirían para cumplir con la regla fiscal, es dudoso que tal cosa se pueda conseguir. Y como cambiar las reglas de juego en medio del partido tendría sus bemoles, resolver el acertijo no luce nada fácil. 

Lo llamativo ahora es que la inversión, en su serie desestacionalizada, lleva cuatro trimestres consecutivos de decrecimiento, contando hasta octubre de 2023, una tendencia sin antecedentes al menos desde el 2005, excluido el periodo de pandemia.

Mejorar la ejecución de la inversión pública ayudaría, pero parece insuficiente. Políticas sectoriales que favorecerían la reactivación, como la de reindustrialización, están en las fases iniciales de adopción o implementación. 

La deuda neta del Gobierno nacional ha disminuido y ahora ronda el nivel que la regla fiscal considera prudencial (55% del PIB). Cabe preguntarse si ello no debería abrir algún espacio para el manejo contracíclico de la deuda pública, en particular en lo relativo a la financiación de gastos de inversión.

Aunque la Junta Directiva del Banco de la República advirtió que no necesariamente debería esperarse “el inicio de un ciclo continuo de recortes a la tasa de interés de política”, la decisión de diciembre pasado de reducir la tasa de intervención a 13%, 25 puntos básicos por debajo de la vigente previamente, está bien encaminada. Es una señal, supone uno, de que el Emisor quiere llevar gradualmente la inflación hacia la meta, propiciando en el entretanto la reactivación económica. 

Es cierto que varias de las críticas a los proyectos de reforma laboral, pensional y de la salud que cursan en el Congreso son en realidad defensas de un statu quo reprobable y de intereses particulares que se lucran de él. Pero también lo es que las iniciativas gubernamentales a menudo desaprovechan los avances en el conocimiento sobre regulación económica y diseño institucional (p.ej., ADRES, AFP, gobernanza y asignación de recursos del sistema de salud), confiando demasiado el logro de propósitos colectivos a las prescripciones y las buenas intenciones. 

Más allá de lo que hagan las autoridades monetarias y fiscales, la suerte que corra la agenda legislativa en el 2024 moldeará el ambiente para los negocios, incluidos los de la economía popular, para no hablar de otros factores que influyen sobre la inversión y el empleo, como la seguridad física de empleadores y trabajadores. 

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