Pese a sus acuerdos exitosos de paz, El Salvador y Guatemala son hoy dos de los países más violentos del mundo. Por tanto hay otras causas profundas de la violencia y la criminalidad que no resuelven los acuerdos de paz- y esta es una lección crucial para Colombia-.
Viviana García Pinzón*
Pronósticos y augurios
La firma del Acuerdo de Paz con las FARC marca un hito en el proceso de poner punto final al conflicto armado interno. Pero esta firma no equivale a la paz: es apenas un avance en el camino hacia una sociedad menos violenta y más incluyente.
Como toda transición, el proceso del llamado “pos-conflicto” – mejor dicho, post-acuerdo- despierta múltiples incertidumbres. Con muchas dificultades empezó el fin de las FARC como grupo alzado en armas, pero todavía no es claro hacia dónde nos llevarán este abandono de las armas y el proceso en su conjunto. Los pronósticos varían, entre los optimistas que piensan en los beneficios del Acuerdo y los catastrofistas que auguran un sinnúmero de desgracias para Colombia.
La oposición afirma que el país será tomado por el socialismo y usan a Venezuela como ejemplo para ilustrar los riesgos del Acuerdo con las FARC. Y aunque en menor medida, también menciona la situación de criminalidad en El Salvador y Guatemala para alertar sobre las formas de violencia que podrían emerger o fortalecerse en la Colombia del posconflicto.
Pero aquí importa advertir que las referencias a estos dos casos han estado plagadas de imprecisiones, y llegan al punto de desestimar por completo los efectos que los procesos de paz tuvieron en cada caso. De ahí la necesidad de hacer un balance informado sobre sus resultados y limitaciones.
El panorama actual: violencia y criminalidad en El Salvador y Guatemala
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Los Acuerdos de Paz entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1992 y los del gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996 marcan el fin de las guerras contra el régimen en estos países –incluyendo Nicaragua-.
Sin embargo, con posterioridad a los acuerdos o la situación social ha estado marcada por el incremento en los niveles de violencia y criminalidad (Ver gráfico).
Fuente: Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito y base de datos de FUNDAUNGO.
En efecto, estos dos países son dos de los más violentos del mundo- e incluso dos de cada tres salvadoreños consideran que el país se encuentra peor o igual que durante el conflicto-.
Pero mientras que la violencia de las últimas décadas del siglo pasado estuvo caracterizada por la lucha de agrupaciones guerrilleras contra regímenes políticos de carácter autoritario, las manifestaciones de la violencia actual son más diversas y abarcan violencia estatal y para-estatal, disputas por la tierra, conflictos socio-ambientales, crimen organizado y narcotráfico, y la violencia de grupos juveniles armados, entre otros.
La manifestación más sobresaliente ha sido la violencia asociada con las pandillas o “maras”. Es importante resaltar que estos grupos no son una versión “reciclada” de las guerrillas, ni están conformadas por excombatientes. Las maras se originan en pandillas de Los Ángeles, cuyos miembros eran jóvenes provenientes de familias desplazadas por la guerra en Centroamérica, quienes posteriormente fueron deportados por las autoridades de Estados Unidos. En sus países de origen encontraron un contexto político y socioeconómico favorable para organizarse en grupos armados y ejercitar la violencia.
Las maras son un complejo fenómeno presente en El Salvador, Guatemala, Honduras y en menor medida, Nicaragua. Aunque en algunos casos toman parte en la cadena de narcotráfico, no son narcotraficantes y su organización interna es muy distinta de la de un cartel. La mayoría de sus ingresos proviene de extorsionar comercios locales, transportadores y a la población de las zonas más vulnerables. Más que una mercado de acumulación millonaria, las maras tienen una economía criminal de sobrevivencia.
Estas organizaciones cuentan con experiencia en guerra urbana, saben cómo proveerse de armas, controlan territorios en áreas urbanas y rurales y, más importante, han desarrollado formas de identidad y legitimidad entre sus integrantes y en las comunidades donde están insertos, así como cierto “capital político” que les permite incidir tanto sobre la política local, como sobre la nacional.
La paradoja: procesos de paz “exitosos” pero aumento en la violencia
 Organización política-guerrillera de El Salvador, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Foto: Wikimedia Commons |
Los procesos de paz en Guatemala y El Salvador hacen parte de una “doble transición”; por una parte, la transición hacia el fin de la guerra interna, por otra parte, la instauración de regímenes democráticos. El alcance y la dinámica de la democratización estuvieron condicionados por la guerra, de manera que la consolidación democrática solo pudo ser alcanzada en el marco del posconflicto.
El mayor reto de todo proceso de paz es evitar la reaparición de la violencia por parte de los grupos armados – y en este sentido es indudable que los procesos de paz en El Salvador y Guatemala funcionaron-. Ninguno de los grupos guerrilleros que firmaron los Acuerdos de Paz ha vuelto a tomar las armas como instrumento político. En el caso de El Salvador, Mauricio Funes fue elegido presidente en 2005 como candidato del FMLN; lo que en la literatura sobre el tema se considera como señal de un proceso de democratización exitoso. Asimismo, uno de los mayores alcances de los procesos de paz para ambos casos fue la transformación del lugar de las fuerzas armadas en el ordenamiento político e institucional y el logro del control civil sobre los cuerpos coercitivos del Estado, los cuales habían sido el aparato fundamental para el sostenimiento del sistema de dominación a lo largo del siglo XX.
Si los procesos de paz lograron dar fin a la guerras contra el régimen y contribuyeron a la democratización ¿Por qué hay tanta violencia en la actualidad? Entre diversas condiciones, hay dos para resaltar: el rol de las elites y la falta de inclusión, y la precariedad del Estado de Derecho.
La perspectiva liberal de la construcción de paz a través de la democratización se ha enfocado en las elecciones libres y competitivas como aspecto clave. Sin embargo, éstas no son condición suficiente para la existencia de una democracia incluyente ni para el fin de la violencia. Para los casos de nuestro interés, varios trabajos señalan que las elites aceptaron el establecimiento de la democracia electoral en tanto no implicara cambios importantes en el modelo económico; a la vez, éstas contaron con un amplio margen de maniobra para bloquear la implementación de reformas contempladas en los acuerdos de paz. Esta perspectiva resalta la relación con el contexto político y económico.
Los altos niveles de impunidad y la debilidad del aparato judicial, así como la persistencia de relaciones entre miembros del Estado, agrupaciones paraestatales y el crimen organizado contribuyen a la violencia. En este sentido, la falta de voluntad política y los intereses de las élites políticas y económicas han constituido un grave obstáculo para llevar a cabo reformas que permitan el fortalecimiento del Estado de Derecho.
North, Wallis, y Weingast afirman que más allá de la adopción de instituciones democráticas, dos aspectos decisivos en la superación de la violencia son la inclusión y la impersonalidad – entendida como el sometimiento de todos los ciudadanos a la ley, incluidas las elites-.
El Salvador y Guatemala ilustran claramente que sin importar lo efectivo que pueda ser un proceso de paz con un grupo armado, las fallas para alcanzar esas dos condiciones engendran la continuidad de la violencia bajo nuevas manifestaciones y actores. Este es un escenario que ya tenemos en Colombia. Lo curioso es que quienes han traído a colación los casos de Centroamérica para criticar el proceso de paz son, en buena medida, los mismos que se oponen a las reformas que se requieren para no seguir una senda similar a la de estos países.
*Research Fellow y miembro del Programa Doctoral del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área GIGA (Hamburgo), estudiante doctoral en la Universidad Libre de Berlin, becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Twitter: vivigarciap
