El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés también interesó mucho a otros tres países: Bolivia, Chile y Perú. Interesante explicación sobre la compleja historia de una obsesión territorial.
Viviana García Pinzón*
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Otro intento
El pasado 29 de abril, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) comunicó la admisión de la demanda de Bolivia contra Chile por una salida soberana al Océano Pacífico.
Dicha demanda hace parte de un proceso iniciado en 2011, cuando el gobierno del presidente Morales creó la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, en un nuevo intento por recuperar una salida al Océano Pacífico.
¿Será la CIJ el camino para resolver de una vez por todas este conflicto legendario?
Bolivia, Chile y el mar
La disputa por la salida de Bolivia al mar se remonta a la Guerra del Pacífico y al Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado por Chile y por Bolivia. Este instrumento estableció los límites entre los dos países: tras la derrota, Bolivia se vio obligada a renunciar a su territorio sobre el Océano Pacífico.
Años después surgió el reclamo de Bolivia para recuperar una salida soberana al mar. Los esfuerzos de este país han fluctuado entre tratar de aclimatar en espacios mundiales e interamericanos la tesis de revisar el tratado de 1904, y el despliegue diplomático para acercarse y negociar directamente con Chile.
Aunque las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia están formalmente rotas desde 1978, siempre ha existido interacción entre ambos países y se han buscado mecanismos para llevar adelante iniciativas de interés común.
Una de esas iniciativas fue la Agenda de los Trece Puntos, pactada en junio de 2006 por el presidente boliviano Evo Morales y la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La Agenda definía una hoja de ruta entre ambos Estados, abordando los principales temas de interés conjunto, entre ellos el espinoso tema marítimo.
La Agenda se presentó como la vía para una solución definitiva. No obstante, en marzo de 2011, en el marco de la conmemoración del Día del Mar, el presidente Morales anunció intempestivamente la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima. Poco después el gobierno boliviano anunció la intención de acudir ante la CIJ a defender “su derecho al acceso soberano” al mar. Obviamente, estos hechos marcaron un punto de inflexión en la relación bilateral.
Para Chile, los acercamientos con Bolivia buscan construir confianza mutua, desarrollar iniciativas conjuntas en temas estratégicos y, en términos generales, sostener una relación cordial con su vecino.
Para Bolivia, el acercamiento y la instancias de cooperación bilateral tienen sentido en tanto representen un avance para lograr respuesta a su demanda marítima.
Bolivia considera que la salida soberana al Océano Pacífico es un derecho. En palabras del presidente Morales: “la reparación de una injusticia histórica”. El tema marítimo fue incluido en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 y hace parte de las prioridades de su política exterior.
Dado que tras cinco años de firmada la Agenda de los Trece Puntos, la tan anhelada respuesta no llegó, desde la perspectiva de Bolivia se agotó este mecanismo: el diálogo ya no es la estrategia.
Los argumentos bolivianos
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La demanda de Bolivia no se basa en impugnar el tratado de 1904. En efecto, este no sería un camino viable ya que el Pacto de Bogotá, que establece la jurisdicción de la CIJ, no se extiende a los asuntos resueltos antes de 1948.
A lo largo del siglo XX — en los acercamientos directos entre Bolivia y Chile — la opción de una cesión territorial fue planteada una y otra vez en la mesa de negociación. A lo largo del proceso esta opción fue central en cuatro momentos: 1920, 1950, 1975 y 1987. Concretamente, lo que había sido planteado como una posibilidad por parte de Chile es ceder un corredor de 10 kilómetros cuadrados al norte de la región de Arica-Parinacota.
Para Bolivia, la oferta de la cesión territorial no sólo constituye el reconocimiento del conflicto y la deuda pendiente por parte de Chile, sino que crea la obligación de cumplir lo prometido.
Por ello, la demanda está basada en la Teoría de los actos unilaterales, según la cual un Estado puede asumir obligaciones jurídicas por medio de una declaración unilateral y, por tanto, tendría que cumplir lo que antes aceptó. El texto de la demanda afirma que “más allá de sus obligaciones generales bajo el derecho internacional, Chile mismo se ha comprometido, más específicamente a través de tratados, práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a sus representantes del mayor nivel, a negociar el acceso soberano al mar para Bolivia. Chile no ha cumplido con esta obligación y, es más, a la fecha presente, Chile niega la existencia de esa obligación”.
En consecuencia Bolivia solicita a la CIJ que reconozca la obligación chilena de negociar con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.
Por su parte, el gobierno chileno sostiene que la Corte no es el escenario adecuado para resolver el diferendo, sino que éste debe ser resuelto mediante el diálogo y el acuerdo bilateral. Recientemente, el presidente Piñera planteó la posibilidad de dar a Bolivia un enclave en la zona fronteriza, una vez que Chile gane el litigio que tiene con Perú sobre la delimitación marítima ante la misma CIJ.
Sin embargo, Bolivia no está dispuesta a aceptar una opción distinta de la salida soberana al mar.
Perú en el diferendo
Si el Tratado de 1904 restableció la paz entre Chile y Bolivia, lo mismo había ocurrido entre Chile y Perú, mediante el Tratado de Ancón de 1883. Uno de los aspectos más importantes del Tratado fue la entrega definitiva de Perú a Chile del territorio correspondiente a la provincia de Tarapacá, mientras que los territorios de Tacna y Arica quedaron temporalmente bajo la tutela de Chile.
Tras un proceso de arbitraje, Perú aceptó quedarse con Tacna y que Arica fuera para Chile. Las condiciones y términos del acuerdo quedaron plasmados en el Tratado de Lima de 1929.
De interés particular para la demanda boliviana es el artículo 1° del protocolo complementario del tratado, que sostiene: “Los gobiernos de Chile y Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, a través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales”.
Al involucrar a Perú, este artículo marcó el cierre de la salida al Pacífico para Bolivia: en otras palabras, Chile puso el candado y le entregó la llave al Perú, como dice el autor chileno Sergio González[1].
Desde entonces, toda posibilidad de cesión territorial de Chile a Bolivia debe contar con la aprobación del gobierno peruano. Por su parte, Perú se encuentra en medio de su propia demanda contra Chile ante la CIJ y, de hecho, el fallo definitivo debería estar listo para junio o julio de este año. En este caso, la discusión se refiere a cuál debe ser el criterio para fijar los límites marítimos entre ambos Estados en el Océano Pacífico.
Una vez ratificada la Convención sobre el Derecho del Mar, Chile registró su límite marítimo con Perú con las coordenadas 18º21’00”, basado en aplicar una línea paralela o recta. Pero, según Perú, debe aplicarse la línea bisectriz (o inclinada), en cuyo caso ganaría 35 mil kilómetros cuadrados más de territorio marítimo.
Perspectivas de la demanda boliviana
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El fallo de la CIJ en el litigio entre Colombia y Nicaragua fue recibido como un campanazo de alerta por parte del gobierno chileno y con entusiasmo por parte de los gobiernos de Perú y Bolivia.
El hecho de que la decisión de la Corte incluyera elementos subjetivos, que van más allá del método que el derecho internacional dicta para establecer una delimitación marítima, abrió nuevas posibilidades para las demandas de Perú y Bolivia [2].
A la vez, puso en evidencia que para gozar de un fallo favorable ya no es suficiente el argumento basado en la intangibilidad de los tratados suscritos y el respeto a las normas internacionales vigentes, sostenido por Colombia y por Chile al defender sus posiciones.
La CIJ ya ha aceptado la demanda de Bolivia. Sin embargo, el camino que resta es largo. La Corte ha citado para el próximo 12 de junio a los agentes de Bolivia y Chile para un primer encuentro, con el objetivo de fijar los plazos y el procedimiento que seguirá la demanda.
Luego vendría un período de un año y dos meses para presentar la memoria boliviana. Entonces, Chile tendrá tres meses para pedir que la Corte se declare incompetente. Si ésta se declara competente, se pasaría a la fase oral y luego a la resolución, lo que podría tomar hasta cinco años.
Al conocer de la demanda y los argumentos de Bolivia, la respuesta de Chile se ha centrado en defender el principio de respeto al derecho internacional y la vigencia de los tratados, insistiendo en que los asuntos limítrofes fueron resueltos mediante el Tratado de 1904. Respecto a la Teoría de los actos unilaterales, se rechaza el argumento de que las ofertas en el marco de una negociación generan una obligación jurídica para el Estado.
Ahora bien, un factor clave para que prospere la demanda boliviana es el fallo en el litigio de Perú y Chile por la delimitación marítima. Si Perú perdiera la demanda contra Chile y a su vez, Bolivia ganara su litigio, de todas formas es necesaria la aprobación peruana para hacer cualquier concesión a Bolivia.
Por otra parte, si Perú resulta favorecido por el fallo en La Haya, las cosas se complicarían para Bolivia, ya que la porción marítima que le podría ser cedida en el Pacífico justamente hace parte del territorio que Perú reclama a Chile. Hasta ahora, Perú ha adoptado una posición neutral con respecto a la demanda interpuesta por Bolivia.
La aspiración de Bolivia a una salida soberana al mar involucra varios elementos y actores que reducen las posibilidades reales de obtener satisfacción. Sin embargo, la reivindicación marítima hace parte del imaginario colectivo de la sociedad boliviana y hasta que no haya una respuesta satisfactoria, el país seguirá buscando una salida, ya sea en los tribunales internacionales, en escenarios multilaterales o mediante la negociación directa con Chile.
* Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (GISDE) de la Universidad Nacional.
