Venezuela: ¿cómo entender las movilizaciones por el revocatorio? - Razón Pública
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Venezuela: ¿cómo entender las movilizaciones por el revocatorio?

Sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ubicada en la ciudad de Caracas.

Nastassja RojasSergio AngelTres años del gobierno de Nicolás Maduro. Las reglas para el referendo revocatorio, los argumentos de la oposición, las maniobras dilatorias del gobierno y las implicaciones de hacerlo ahora o hacerlo el año entrante.    

Nastassja Rojas* – Sergio Angel**

Las preguntas

La movilización de fuerzas opositoras en Venezuela para exigir el cumplimiento de los plazos legales del referendo revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro plantea cuando menos dos preguntas:

  • ¿Cuál es el procedimiento constitucional para llevar a cabo el referendo?
  • ¿Qué tan ciertos o validos son los motivos que se invocan para justificar el referendo, es decir, qué tan aguda ha sido la “precarización” de la economía  bajo el gobierno de Maduro?

El proceso

La economía venezolana ha sufrido una inflación crítica durante el mandato del Presidente Nicolás Maduro.
La economía venezolana ha sufrido una inflación crítica durante el mandato del Presidente Nicolás Maduro.
Foto: Luigino Bracci

Según el Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los cargos de elección popular son susceptibles de revocación por voluntad del pueblo.

Para poder poner en marcha el respectivo mecanismo constitucional deben cumplirse dos  condiciones (1) Que ya haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario, y (2) que se recoja el 1 por ciento de firmas y huellas del padrón electoral en cada uno de los estados.

El primer requisito explica por qué apenas en abril de este año pudo hacerse la solicitud formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) de los formatos para recolectar las firmas: el periodo presidencial comenzó en abril de 2013 y hasta ese momento se cumplió la mitad del periodo de seis años de gobierno.  

Pero si la oposición logró reunir 1.850.000 firmas –  cuando sólo se necesitaban 195.721(correspondientes al 1 por ciento)  ¿por qué no ha sido puesto en marcha el mecanismo que llevaría al referendo? La respuesta no es otra que el control del poder ejecutivo sobre el poder electoral: Tibisay Lucena, la presidenta del CNE, y cuatro de sus cinco rectores son alfiles del gobierno.

¿Pero por qué tanta prisa con el referendo? La premura radica en que -según el Artículo 233 de la Constitución-  si se pasa de este año quien reemplazaría al presidente sería su vicepresidente, mientras que la revocatoria en este año implicaría llamar a elecciones universales en un plazo no mayor de treinta días.

Así las cosas, una vez que el CNE avale las firmas, el proceso sería como sigue:

1. El CNE debe instalar unos puestos de validación de huella, para que aquellos que firmaron vayan a validar las firmas.

2. En caso de que las primeras firmas sean validadas, debe procederse a la recolección del 20 por ciento de las firmas de los inscritos en el registro electoral en un lapso de tres días, que en términos del censo electoral del 2015, representa casi 4 millones de firmas.

3. El CNE debe proceder a validar estas últimas firmas.

De esta manera si se llegara a realizar el referendo, la oposición triunfaría sí -y solo sí- (1) logra la mayoría simple (mitad más uno) de los votos, y (2) el total de votos es igual o mayor que el registrado en favor de Maduro en las elecciones de 2013 (7.587.879).

De lo anterior se infiere que estaríamos ante un proceso bastante complejo en el que las trabas del Ejecutivo servirían para demorar los tiempos y que el revocatorio se celebrara durante los dos últimos años de gobierno –es decir que Maduro sería remplazado por su vicepresidente y no se tendrían nuevas elecciones-.

Por lo demás – y aun en el caso de que las presiones sociales e internacionales logren su cometido- habría que recordar que Venezuela ya vivió un revocatorio en el 2004, cuando la oposición pretendía sacar del poder al presidente Hugo Chávez. Aun cuando la oposición tuvo más votos que los de Chávez en las elecciones del 2000, el refrendo fue ganado por el oficialismo con un 59,10 por ciento de la votación, de manera que Chávez  permaneció en su cargo.   

Precarización económica

En la visión de la CEPAL, la inflación es uno de los problemas más graves que hoy enfrenta Venezuela. Pese al control de precios, el gobierno no ha podido controlarla y los niveles moderados de 2010 se han vuelto críticos en los últimos años.

Otro problema central es el desabastecimiento de bienes de primera necesidad como decir alimentos, medicamentos y productos de higiene personal u hogareña. De acuerdo con la encuestadora Datanálisis, cada semana los venezolanos van en promedio a cuatro supermercados distintos y dedican cinco horas a hacer colas para comprar alguno de esos  productos.

Para hacer frente al aumento inclemente de los precios, el gobierno ha decretado aumentos sustanciales del salario mínimo – e incluso varias veces durante un mismo año-. Pero estas medidas han sido infructuosas y en efecto realimentan el proceso inflacionario.  

Es verdad que la crisis económica venía gestándose con anterioridad al gobierno de Maduro, pero no cabe duda de que ha llegado a sus niveles críticos bajo su presidencia.  Esto puede probarse con tres indicadores (Cuadro1)

  • La inflación, que durante los últimos tres años del gobierno Chávez oscilo entre  26,9  y  20,1 por ciento, mientras que en el gobierno de Maduro ha fluctuado entre  52,6 y 180,9 por ciento (según cifras del gobierno).  
  • El índice de escasez (o acaparamiento, en la lógica de guerra económica que proclama el gobierno desde 2015) que pasó de 16,3 por ciento en 2012 a un alarmante 87,0 por ciento en 2015.
  • El salario mínimo, que durante los últimos tres años del gobierno de Chávez (2010- 2012) pasó de Bs.F.1.064,25 a Bs.F.2.047,52, en lo que va del gobierno de Maduro ha aumentado de Bs.F.2.972,95 en 2013 a Bs.F.15.051 en 2016.

Cuadro 1. Evolución del poder adquisitivo en Venezuela entre 2010 y 2015

Año

Salario

Aumento en %

Inflación anual

Índice de escasez

2010

Bs.F.1.064,25

25%

26.90%

16,3%

Bs.F.1.223,89

2011

Bs.F.1.548,22

26,5%

27,6%

15,2%

2012

Bs.F.2.047,52

32,25%

20,1%

16,3%

2013

Bs.F.2.972,95

40%

56,2%

22,2%

2014

Bs.F.4.889,11

63%

64,5%

35,0%

2015

Bs.F.9.648,16

75%

180,9%

87,0%

2016

Bs.F.11.578

50%

S/I

S/I

Bs.F.15.051

Fuente: Basado en Venelogía, 2016.

Queda pues claro que las condiciones socioeconómicas de los venezolanos han desmejorado sustancialmente bajo el gobierno de Nicolás Maduro y que este hecho de por sí explicaría el descontento creciente de la población y el triunfo opositor en las pasadas elecciones para la Asamblea Nacional. La dilación del referendo revocatorio viene a ser una respuesta perfectamente predecible por parte del gobierno.

Estado de excepción “constitucional”

El Ex presidente Chávez obtuvo un 59,1% de votos a su favor durante el proceso revocatorio del año 2004.
El Ex presidente Chávez obtuvo un 59,1% de votos a su favor durante el proceso revocatorio del año 2004.
Foto: Antonio Marín Segovia

Las mismas condiciones económicas llevaron a que el pasado viernes 14 de mayo, el presidente decretara el Estado de Excepción y Emergencia Económica. Pero importa  recordar que esta medida se había dado ya en enero de este año cuando – pasando por encima de la desaprobación de la recién elegida Asamblea Nacional- fue declarada vigente y valida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este tribunal ratificó la constitucionalidad del segundo Decreto de Maduro, lo cual causó el predecible  malestar entre los opositores.

La decisión del TSJ puede ser leída de dos maneras, según quién crea uno que ha de tener la última palabra a este respecto: algunos piensan que deber ser la Asamblea y otros piensan que esa palabra compete al Tribunal Supremo (en cualquier caso el TSJ fue elegido por la anterior Asamblea y es favorable al gobierno).

Por lo demás y por mandato constitucional, el presidente puede decretar los estados de excepción siempre y cuando los someta a aprobación de la Asamblea dentro de los ocho días siguientes, y siempre que la Sala Constitucional los encuentre ceñidos a la Constitución. Pero no hay que olvidar que según la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (Artículo 34) la Sala en mención  omitirá todo pronunciamiento si la Asamblea Nacional desaprueba el decreto de estado de excepción o deniega su prórroga.

Es claro entonces que el bloqueo de las funciones de la Asamblea a través del TSJ, no solo resulta inconstitucional sino que además concentra el poder en el ejecutivo y suspende el mandato popular de las elecciones parlamentarias de 2015.

Bajo estas circunstancias las movilizaciones pacíficas son el único mecanismo para reclamar por una salida democrática al malestar de los venezolanos.

 

* Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad EL Bosque, estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Correo: nastassjarojas@gmail.com

** Profesor e investigador de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Correo: sergio.angel.baquero@gmail.com

 

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