Un recuento cuidadoso de la relación entre el gobierno de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional no deja muchas dudas sobre quién es responsable del golpe de Estado de nuevo cuño que se está produciendo en Venezuela.
Sergio Ángel Baquero* – Nastassja Rojas Silva**
Las noticias
Los acontecimientos de los últimos días en Venezuela dejan más dudas que certezas respecto al futuro del país: por un lado marchas del oficialismo y marchas de la oposición; por otro lado aumento del salario mínimo y llamado a huelga general.
La democracia está en la calle y la situación económica, social y política no da espera, de modo que las dos orillas hablan de un golpe de Estado; para el gobierno fraguado por la Asamblea Nacional y apoyado por la oligarquía y el imperio; para la oposición un golpe orquestado desde el ejecutivo y operado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
¿Pero es posible hablar hoy de golpe en Venezuela? ¿Es adecuado el término para describir la situación? ¿Es Venezuela una dictadura o una “democracia protagónica”?
La reconcentración del poder
 Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela. Foto: Wikimedia Commons |
El punto de inflexión se dio sin duda el 6 de diciembre del año pasado (6D) cuando tuvieron lugar las últimas elecciones para la Asamblea Nacional.
Ese día se dio un cambio profundo en la relación de poderes porque el oficialismo perdió su mayoría en el legislativo y la oposición ganó algún poder de negociación. La Mesa de la Unidad Nacional (MUD) obtuvo 112 escaños, y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo 55 escaños, muy por debajo de sus resultados de 2010.
¿Es Venezuela una dictadura o una “democracia protagónica”?
Mientras la oposición celebraba esta victoria tras más de 15 años de reveces electorales, el oficialismo ideaba la manera de bloquear las decisiones de la Asamblea y garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana. Para esto el gobierno efectuó tres movimientos estratégicos entre el 6D y el 5 de enero de 2016 (cuando tomó posesión la nueva Asamblea):
- Mediante la figura de jubilación adelantada por voluntad propia salieron de la Sala Constitucional del TSJ tres de los siete magistrados que acabarían su periodo en diciembre de 2016. Según la Constitución de 1999 el periodo de los magistrados es de doce años, buscando evitar que un mismo gobierno los nombre a todos; pero las presiones del ejecutivo hicieron posible el cambio anticipado.
- Con la salida de esos tres magistrados se incorporan tres alfiles del proyecto bolivariano. El oficialismo garantizó mayorías en esta sala y mantuvo su hegemonía pese a no tener mayorías en el legislativo. Esto se debe a que, dado el diseño institucional, es más importante contar con cuatro magistrados fieles al régimen en la sala Constitucional, que con 84 diputados en la Asamblea (mayoría simple).
- Teniendo en cuenta que los 112 escaños ganados por la MUD le dan la mayoría calificada, la primera decisión del nuevo TSJ consistió en suspender la posesión de los diputados elegidos por el Estado Amazonas sobre la base de un presunto fraude. Esta medida dejó a la oposición con 109 diputados y al oficialismo con 55, frustrando la mayoría calificadas y anunciando un panorama oscuro hacia el futuro.
Los magistrados de la sala constitucional
Según el Artículo 263 de la Constitución, uno de los requisitos para ser magistrado del TSJ es la neutralidad es decir, una fe de juramento donde conste que el candidato no ejerce ninguna militancia partidista. Pero importa dedicarle unos renglones a examinar la trayectoria de cada uno de los actuales magistrados:
– Gladys Gutiérrez. Antes de posesionarse como magistrada en diciembre de 2010, ocupó cuatro cargos cercanos al oficialismo: Directora-Jefa de la Oficina de Secretaría de Ministros en el Palacio de Miraflores, Embajadora en España, Procuradora General de la República, y Representante del poder judicial ante la “Misión Justicia Socialista”. Gutiérrez hizo parte del Movimiento Quinta república que llevó a Chávez a la presidencia y con su aval se presentó en 1998 a la gobernación de Nueva Esparta y en 2005 a la Asamblea Nacional.
– Carmen Zuleta de Merchán. Desde 1999 ha trabajado en distintas instancias del gobierno, fue ratificada en la Sala Constitucional en 2010, después de presidir la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En un fallo de 2007 negó cualquier beneficio a los policías metropolitanos condenados por los hechos del 11 de abril de 2002 (hechos que antecedieron al Golpe).
– Lourdes Suárez Anderson. Conocida por ser la hermana de Danilo Anderson, el fiscal asesinado en 2004. La magistrada colaboró en las investigaciones del lado oficialista y en oposición a sus demás hermanos que señalaban el culpable dentro del gobierno. Es una de las magistradas nombradas en diciembre de 2015.
– Calixto Ortega es otro de los nuevos elegidos con una trayectoria clara dentro del oficialismo. Encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Diputado de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2010 en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Diputado Suplente del parlamento Latinoamericano por el mismo partido hasta antes de su nombramiento.
– Luis Fernando Damiani. Magistrado suplente del Tribunal desde 2011, fue nombrado en propiedad en diciembre del 2015. No tiene filiación formal con el partido oficialista pero ha expresado cercanía con el chavismo, ocupando los cargos de rector encargado de la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Viceministerio de Desarrollo académico del Ministerio de Educación Superior.
– Juan José Mendoza. Ingresa al cargo en 2010 aunque su nombramiento fue criticado por no cumplir los requisitos mínimos. En 2005 fue diputado del PSUV. Su gesto más polémico fue señalar que “la participación de los integrantes de las Fuerzas Armadas en actos políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática”.
– Arcadio de Jesús Delgado Rosales. Suplió la falta absoluta de otro magistrado y la Asamblea Nacional lo designó como magistrado titular en 2010. En su discurso de apertura del año judicial 2012 dijo que la construcción del socialismo en Venezuela no era contraria a la Constitución. Su decisión más polémica fue la sentencia que restó a la Asamblea Nacional el poder de supervisión y control sobre los Poderes Judicial, Electoral, Ciudadano y la Fuerza Armada Nacional.
Las Sentencias de la Sala Constitucional
El TSJ es el órgano rector del Poder Judicial y su función principal es “garantizar el estado democrático y social de derecho por medio de la administración de justicia”. Las sentencias de su sala constitucional son obligatorias para todos los órganos del Poder Público Nacional, lo cual le ha permitido actuar como un arma de bloqueo por parte del Ejecutivo, particularmente contra la AN.
A lo largo de este año el Tribunal ha dictado más de 30 sentencias contra actuaciones de la AN, entre las cuales cabe destacar:
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Sentencia
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Función de control político |
Función contralora |
Función Legislativa |
Función organizativa interna |
Función constituyente |
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N° 3 |
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X |
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N° 9 |
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X |
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N° 269 |
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X |
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N° 225 |
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X |
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N°264 |
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X |
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N°274 |
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x |
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N° 327 |
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X |
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N° 343 |
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X |
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N° 411 |
X |
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N° 460 |
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X |
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N°478 |
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N° 618 |
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x |
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N° 797 |
x |
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x |
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N° 808 |
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X |
x |
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Como se puede apreciar, la función de la AN que ha sufrido más bloqueos es la legislativa. Aquí se incluyen las capacidades de reformar la Ley Orgánica del TSJ, de decretar amnistías y de expedir leyes en materia socio-económica. Entre las sentencias tocantes a las funciones organizativas internas se destaca la no incorporación de los diputados del Estado Amazonas. Las sentencias referidas a funciones de control político, contralora y constituyente han bloqueado las capacidades de dirigirse a órganos internacionales, desaprobar los estados de Excepción y Emergencia Económica dictados por el Presidente de la República, emitir voto de censura, investigar e interpelar al Poder Ciudadano, electoral, judicial, estatal y a la Fuerza Armada Nacional, controlar al Banco Central de Venezuela, desaprobar la Ley de Presupuesto Nacional y proponer una enmienda constitucional.
El renovado estilo de golpe constitucional
Venezuela se encuentra en medio de una crisis de constitucionalidad con la evidente ruptura de los principios de separación y autonomía de los Poderes Públicos, y donde el Presidente ha contenido cualquier acción por medio de los tribunales y las autoridades electorales.
El punto de inflexión se dio sin duda el 6 de diciembre del año pasado (6D) cuando tuvieron lugar las últimas elecciones para la Asamblea Nacional.
El TSJ ha desconocido de manera sistemática la autoridad parlamentaria de la Asamblea Nacional, particularmente al sentenciar en el mes de septiembre que todos los actos de esta “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica” (Sentencia N° 808).
La democracia no es una cuestión de formas sino de respeto efectivo a la separación de los poderes y al ejercicio diario de los derechos. Por lo tanto el gobierno de Nicolás Maduro ha dado un nuevo tipo de golpe constitucional al suspender funciones esenciales del legislativo a través del control de constitucionalidad del TSJ.
Un golpe que se gesta desde las elecciones legislativas y se extiende durante todo el año 2016 a través de cada una de las sentencias proferidas contra la Asamblea.
* Profesor e investigador de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. sergio.angel.baquero@gmail.com
** Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque, candidata a Doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. nastassjarojas@gmail.com
