El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres parecía funcionar razonablemente bien. Pero en el caso de Manizales hubo una serie de acciones irresponsables y de declaraciones acomodaticias por parte de la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de la ciudad que confundieron a los habitantes, agravaron la tragedia y mostraron que en vez de un Estado serio tenemos funcionarios pantalleros.
Camilo Cárdenas*
Todos se lavan las manos
La tragedia originada por el deslizamiento en Manizales deja nuevamente al descubierto el lamentable estado en que se encuentra el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), si algo queda de él. Y, como siempre, el perdedor es el pueblo que pone los muertos, los heridos y la pérdida de sus escasos bienes.
Por la gravedad de lo ocurrido, el presidente Santos pidió públicamente que se investigara a las autoridades municipales de Manizales, aduciendo que previamente habían declarado una alerta roja para el sitio de la tragedia, pero no habían evacuado a la población en riesgo. En respuesta, la Procuraduría General y la Fiscalía anunciaron la apertura de las investigaciones correspondientes.
Por su parte, la Alcaldía de Manizales respondió que no era cierto que la zona del deslizamiento estuviera en alerta roja, ni que hubiera sido identificada como área de alto riesgo. No obstante, miembros de la comunidad afectada manifestaron que desde comienzos de año venían informando sobre el problema, sin obtener respuesta por parte de las autoridades.
Posteriormente, la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio del Interior y la Alcaldía de Manizales informaron de manera conjunta a la opinión pública que debido a los elevados niveles de lluvia, las autoridades municipales habían decretado una alerta roja, pero para todo el municipio —no específica para la zona del desastre— porque no disponían de indicadores de que ésta estuviera en riesgo.
Además, expresaron que esa alerta roja no implicaba que debiera evacuarse a la población en alguna zona en especial, pues su declaratoria solo significaba un alistamiento preventivo de todos los organismos y autoridades en general. De esta manera se buscaba zanjar las diferencias entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Manizales.
Falsedades
Mientras la Procuraduría y la Fiscalía logran aclarar la situación y establecer responsabilidades, es preciso reconocer que ni la información del Presidente, ni la de la Dirección Nacional de Riesgos, ni la de la Alcaldía son totalmente ciertas:
- En primer lugar, la Alcaldía en realidad sí declaró una alerta roja, pero para todo el municipio, no para el sitio específico de la tragedia. Es decir que no era exacta la afirmación del presidente Santos en el sentido que la alerta era para el área del deslizamiento.
- En segundo lugar, es inaceptable, por no decir que falsa e irresponsable la información suministrada por el Director Nacional de Gestión de Riesgos y por la Alcaldía de Manizales, en cuanto a que una alerta roja no implica necesariamente la evacuación inmediata de la población. Aseverar tal cosa implica desconocer las normas y protocolos del SNAPD, confundir a la opinión pública y a los afectados y pretender salvar de responsabilidad a quienes nada hicieron para evitar la tragedia.
- Si esto se afirma desde la Dirección Nacional del Sistema, significa entonces que se han socavado las bases para el manejo de futuras alertas de emergencias en todo el país y que en adelante nadie le va a dar importancia al máximo aviso que se le pueda dar a la ciudadanía para que proteja su vida: las alertas rojas. Nadie tampoco le volverá a poner atención al Presidente cuando tenga que pedir de nuevo a la ciudadanía que evacúe las zonas declaradas en alerta roja.
Amarilla, naranja y roja
Desde hace 23 años, las múltiples entidades que conforman el SNAPD adoptaron oficialmente y en forma colectiva tres niveles de alerta: amarilla, naranja y roja, en total correspondencia con el manejo internacional que se da a las alertas tempranas.
La última, que es la más alta, se aplica cuando hay un riesgo inminente y, por tanto, significa la puesta en marcha del plan de contingencia previamente adoptado, la movilización inmediata de los organismos operativos de respuesta a emergencias y la evacuación de la población en riesgo.
La segunda en importancia, la alerta naranja, significa la preparación de las instituciones y de la población involucrada para una posible evacuación, la revisión de los planes de emergencia y de contingencia y la movilización del personal y los equipos necesarios.
Al respecto, existe un criterio internacional: si no se sabe qué acciones deben realizar las instituciones de socorro y las comunidades al declarar cualquier nivel de alerta temprana, es mejor no declararla, pues solo conduciría a descontrolar a los ciudadanos y a la organización del Estado.
Muchas preguntas incómodas
En consecuencia, ¿por qué el Presidente hizo una acusación que resultó inexacta y solicitó la apertura de una investigación? Y ¿con qué fin decretó la Alcaldía la alerta roja para todo el municipio sin adelantar las acciones que correspondían a uno u otro tipo de alerta? Y, ¿por qué la Alcaldía y el Director Nacional de Riesgos plantean ahora que fue un malentendido y que lo que falta es que el municipio ponga en concordancia sus normas con las de orden nacional?
Ninguna de esas tres posiciones es fácil de entender. Confiemos que la Procuraduría y la Fiscalía las esclarezcan y asignen responsabilidades a quienes no hicieron lo que les correspondía.
- ¿Informará el Primer Mandatario a los órganos de investigación que quien le dio la falsa información fue el Director Nacional de Gestión de Riesgos?
- ¿Y este último, qué motivos tendría para hacerlo?
- ¿Tal vez lo hizo para salvar responsabilidades y descargarlas totalmente en el municipio, pues hasta el día del desastre la Dirección Nacional no había hecho nada de lo que le correspondía como entidad rectora del Sistema, a pesar de que la alerta roja fue declarada para todo el municipio con mucha antelación?
- ¿Tal vez el Director Nacional, sin confirmar la información, decidió congraciarse con el Gobierno Nacional ya que se iba a nombrar al nuevo Director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, recién creada, cargo en el que efectivamente fue nombrado en fecha reciente?
- En cuanto al origen de la declaratoria de alerta roja por parte de la Alcaldía y del Comité Municipal para la Prevención y Atención de Desastres, tal vez pensaron que al declararla quedarían exentos de responsabilidad sobre lo que pudiera ocurrir, tiro que, como se dice, les salió por la culata, pues se limitaron a declarar la alerta y ahora tendrán que responder por lo que dejaron de hacer.
En estas condiciones, Manizales dejará de ser el referente que era en América Latina, por su largo historial de trabajo preventivo, para convertirse en un municipio más en el cual las actividades preventivas dejaron de tener prioridad en esta administración.
La gente tenía razón
Y esto ha quedado claro, de una parte, por la reciente y delicada crisis de agua en Manizales y, de otra, por el desmentido de los afectados por el deslizamiento e inclusive del Personero Municipal en el sentido que, desde el mes de febrero y hasta una hora antes del deslizamiento, la comunidad sí venía solicitando la intervención del municipio por los problemas estructurales y de filtración de aguas en la parte alta de la zona afectada, sin obtener respuesta de la Alcaldía, ni del Comité Local, a pesar de que el municipio estaba en alerta roja desde el 30 de octubre.
Por su parte, después de una inspección técnica y mediante oficio del 12 de abril pasado, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS) confirmó con meridiana claridad que tenían razón los habitantes del sector en cuanto al anuncio de agrietamientos en las viviendas y de irregularidades en el manejo de las aguas en la parte alta de la zona afectada. Pero ni la Corporación ni ninguna otra entidad atendieron las recomendaciones formuladas en el mencionado oficio.
Entonces, ¿quién responde?
¿Por qué razón aparecieron el Director Nacional de Riesgos del Ministerio del Interior y la Alcaldía de Manizales con un acuerdo hecho público en cuanto a que, por un lado, no se había emitido alerta roja para la zona afectada, sino para todo el municipio y, de otra, que la alerta roja no implicaba evacuar las comunidades amenazadas?
Respecto de lo primero, fue cierto que la alerta era para todo el municipio. Pero en cuanto a lo segundo, tan absurda explicación no era admisible; el problema que le creó el Director Nacional de Riesgos al Primer Mandatario con la Alcaldía de Manizales tenía que resolverse de alguna manera, sin que a la vez le cayera el agua sucia al Alcalde de Manizales por su inoperancia ante el riesgo evidente. Ello se logró con la inaceptable e incoherente declaración de las dos partes.
Queda también por aclarar si existió responsabilidad de la empresa Aguas de Manizales, implicada en las dos emergencias antes señaladas.
Después de que el Presidente informó públicamente que sí había alerta roja para la zona de desastre y que no se había evacuado a la población, ¿quiénes y cómo van a responder por las demandas que se le vienen a la Nación y al Municipio por los muertos, los heridos y la pérdida de bienes de la población afectada?
Queda entonces un delicado e intenso trabajo en manos de la Procuraduría y de la Fiscalía, porque no pueden las autoridades nacionales y territoriales seguir irresponsablemente tomando medidas superficiales y distractivas, cuyos únicos resultados son los de poner en riesgo real la vida, la salud y los bienes de los ciudadanos.
Una alerta es delicada
Pero si los lectores pensaban que ya se había concluido la historia de las alertas, pues andaban descaminados, porque allí no termina.
En todas partes del mundo las alertas tempranas son declaradas por las autoridades políticas, nacionales o territoriales, precisamente por todas las implicaciones que tienen sobre la responsabilidad y la actuación de las entidades públicas y privadas vinculadas con el manejo de las emergencias, sobre la ciudadanía afectada por los riesgos que le dan origen a la alerta y sobre la normalidad en el funcionamiento del territorio en cuestión.
Para tal declaratoria, dichas autoridades cuentan con el conocimiento, la información, las recomendaciones y el soporte de las entidades científico-técnicas responsables de la vigilancia de los fenómenos naturales, como lo son en Colombia el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), entre otros.
No es cuestión del IDEAM
Desde la creación del Sistema Nacional, en 1988, quedaron establecidas la autonomía y la responsabilidad de los órganos científicos en la vigilancia de los fenómenos naturales o tecnológicos y también quedó formalmente definido que en el momento cuando estos fenómenos se volvieran peligrosos por los daños que pudieran causar —es decir, cuando se convirtieran en amenazas para los territorios— la información pública científico-técnica debía ser manejada a través de las autoridades del SNPAD y la declaratoria de alertas correspondía exclusivamente a las autoridades políticas nacionales y territoriales.
De no procederse de esta manera, resultaría muy difícil exigir responsabilidades a las autoridades territoriales frente a decisiones de un organismo de carácter científico, ante eventos como el ocurrido en Manizales.
No obstante, pese a haber recibido repetidos reconocimientos internacionales y de haber funcionado el mecanismo relativamente bien en Colombia durante más de veinte años, hoy en día no parece ser así.
Para confirmarlo, basta con enterarse por los medios de comunicación de las numerosas zonas declaradas en alerta roja por el IDEAM, lo cual parece desconocer la Dirección del Sistema Nacional.
¿No saben esta Dirección y las autoridades territoriales que esa es su responsabilidad y no la del IDEAM? Pero lo que sí sabemos es que al Director del IDEAM le gusta aprovechar la información que maneja su institución para darse sus pantallazos en los medios de comunicación.
¿Estaremos tan mal en el país que no existe una autoridad nacional capaz de poner orden en el Sistema Nacional antes de que ocurran más eventos como el de Manizales?
Por lo menos, el Director Nacional de Gestión de Riesgos debería pedirle al Presidente Santos que exhorte públicamente y pida que se investigue a las autoridades de todos los municipios declarados en alerta roja, porque en ninguno de ellos se han puesto en marcha los respectivos planes de contingencia, ni se han movilizado las instituciones operativas y, menos aún, se han evacuado las poblaciones que están en alto riesgo en esas zonas.
Como no podemos confiarnos en que el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres esté en condiciones de protegernos, será necesario repetir lo dicho por el señor Presidente en la pasada temporada invernal: ¡Que Dios nos proteja!
* Ingeniero Civil de la Universidad Nacional, primer Director del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, consultor en Reducción de Riesgos Socio-naturales.