La reacción más vergonzosa ante la ola de asesinatos es negar su gravedad y sus causas políticas. Pues esta es la reacción de la Fiscalía. Y estos son los motivos para alarmarse.
Paula Villa*
Lo que dijo el fiscal
Fueron muy desafortunadas las palabras de Luis González León, el actual director nacional de Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación, el pasado 31 de enero en La W radio: dijo que un 24 por ciento de los 253 homicidios de líderes sociales reportados por Naciones Unidas entre 2016 y 2019 son atribuibles a razones personales y no a su trabajo social.
Para sustentar su afirmación, González presentó tres casos donde la Fiscalía había demostrado que la muerte no tuvo nada que ver con la actividad social o política de la víctima. Además, puso en tela de juicio su misma condición de “líderes sociales”, y afirmó que los cuarenta y cinco millones de habitantes de Colombia podrían ser considerados como tales. También dijo que todos los homicidios deben ser igual de importantes para la Fiscalía y que no es posible hacer una investigación sobre el conjunto de los asesinatos o amenazas de líderes sociales —precisamente porque no se sabe quiénes califican como tales—.
A pesar de todo lo que había dicho antes, el director de Fiscalías reconoció que al sumar y contrastar las varias fuentes de información en poder del Estado, las de la sociedad civil y de Naciones Unidas, el número de asesinatos asciende a 480 casos.
Los exabruptos
 Luis Eduardo González, Director de Fiscalías. Foto: Fiscalía General de la Nación. |
Por supuesto que todos los homicidios deben ser investigados por igual. Pero las palabras del fiscal muestran un desconocimiento de la particularidad de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia, en tanto niegan de partida su posible carácter sistemático —y por lo tanto renuncian a la posibilidad de conocer las causas de estos, al igual que las luchas sociales de quienes son asesinados—.
Pero además la actitud de González hace aún más difícil esclarecer la identidad de los perpetradores y —sobre todo— de los determinadores (instigadores o “autores intelectuales”) de estos crímenes atroces.
Y nos falta lo más preocupante. Las palabras del director de Fiscalía implican que no es posible y además no es necesario conocer el verdadero objetivo de los asesinatos selectivos en Colombia. O sea, en plata blanca: se trata de acallar las voces que demuestran inconformidad ante las injusticias que suceden en Colombia.
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Una cuestión personal
La única manera de darle la razón al señor Luis González cuando dice que a los líderes sociales los matan por temas personales es entender que, en efecto, esa lucha es “personal” porque la vida de estos líderes estaba dedicada a defender valores y principios en los cuáles creían de manera ferviente.
El número de asesinatos asciende a 480 casos.
En efecto. En la mayor parte de los casos, la decisión de estos líderes no es una opción, sino la única salida frente a las graves amenazas que se ciernen sobre las propiedades, la salud o el bienestar de las comunidades por los cuales luchan: de esta manera es cómo la realidad política afecta a los líderes sociales en su vida personal y familiar.
La sistematicidad negada
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Las noticias sobre líderes asesinados que recibimos con frecuencia creciente tienen un aire perverso de “conteo progresivo” donde vamos identificando voces acalladas de los sectores vulnerables, que en su mayoría residen en el campo (algo que el mismo fiscal reconoció en su entrevista).
Igualmente encontramos que las luchas sociales que venían liderando estas víctimas se refieren a temas como:
- Sustitución de cultivos ilícitos,
- Resistencia y denuncia de proyectos minero-energéticos,
- Restitución de tierras,
- Protección de recursos naturales u otros temas ambientales.
En resumen, luchas relacionadas con el derecho a la tierra y al territorio.
Pero González también le resta importancia al asunto cuando afirma que el 63 por ciento de los crímenes son perpetrados por organizaciones criminales locales y no resalta el carácter sistemático de los crímenes. ¿Quién con un poco de conocimiento del país se atreve a considerar al Clan del Golfo como una organización criminal de carácter local?
Invisibilidad y subregistro
Las declaraciones del fiscal González ponen en evidencia otros problemas de las autoridades nacionales en relación con el tratamiento de los asesinatos de líderes sociales.
Lo primero es hacer invisible el problema, pues González resaltó que el 24 por ciento de las muertes no tienen nada que ver con el liderazgo de la víctima, en vez de concentrarse en el 76 por ciento de casos donde hay razones suficientes para concluir que el homicidio se debió a ese papel de liderazgo.
Ignorar este porcentaje es quitarle importancia a la tan grave situación de seguridad de los líderes, reconocida tanto por el alto comisionado de los Derechos Humanos como por el relator especial de Naciones Unidas —para mencionar apenas dos ejemplos—. Además, ayuda a divulgar la idea de que el problema es menos grande de lo que parece.
Las palabras del director de Fiscalías también apuntan al problema del subregistro. González dice que es difícil saber quién es líder social o defensor de derechos humanos y quién no. A esta aseveración se suman otras declaraciones del alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales cuando indicó que no encontraron cifras del gobierno saliente, pues la categoría de líder social no existía.
Las noticias sobre líderes asesinados que recibimos con frecuencia creciente tienen un aire perverso de “conteo progresivo.”
Esta posición no es concebible cuando existen pronunciamientos de Naciones Unidas que dan claridad al Estado sobre qué debe entenderse como líder social y como defensor de derechos humanos. Asimismo, hay hallazgos de investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar a la compresión del concepto y al registro.
El subregistro también se alimenta de la desconfianza frente al investigador que existe en los territorios. Por esta razón las personas prefieren omitir información, ya que hablar puede ser un riesgo para sus familias y organizaciones. Por eso no conocemos la magnitud del problema.
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Ojalá fueran más
Ese desconocimiento se agrava cuando dice González que cuarenta y cinco millones de colombianos podríamos estar en la categoría de “líderes sociales”. Me gustaría poder compartir esta afirmación y decir que en cada colombiano hay un líder que defiende lo público y el territorio, y es capaz de denunciar las injusticias a su alrededor.
Pero la verdad es que tenemos un país donde los liderazgos son escasos, ya sea por el temor, por la estigmatización o por desidia. Por eso la muerte de cada muerte cada líder significa una gran pérdida personal, social y política para la cohesión y la construcción de la paz.
Falta más voluntad
Si el Estado tiene intenciones serias de proteger a los líderes sociales, lo primero que debe hacer es un reconocimiento público de su labor, sus logros e, incluso, de su creatividad para impulsar procesos sin recursos de ninguna índole.
El gobierno también debería hacer un llamado a sus funcionarios para que eviten dar declaraciones que los pongan en mayor riesgo.
Lo importante, más allá de crear conceptos sobre lo que debe entenderse como un líder social, es enviar mensajes a las instituciones para que los funcionarios en el territorio entiendan la importancia de registrar y atender a las personas en peligro.
Un claro ejercicio de voluntad llevaría a un proceso de recolección y sistematización de información que permita identificar los patrones que rodean al hecho. No solo hay que esclarecer quién y cómo se perpetran los crímenes contra los líderes, sino quién y qué los determinó.
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También hay que enviar a los funcionarios de todo el territorio lineamientos claros y metas al respecto. Si no es así, seguiremos en un ciclo de violencia donde la impunidad será la reina.
Por último, la Fiscalía debería gastar menos energía en defenderse de los escasos resultados de sus investigaciones y dedicarse a demostrar una voluntad real de garantizar justicia.
*Coordinadora del equipo de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas. Abogada de la Universidad de Antioquia y maestrante en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
