Más de 20.000 indígenas de distintas etnias bloquearon la vía panamericana durante casi un mes. ¿Por qué protestan y por qué el problema va más allá del gobierno Duque?
Cristian Rodríguez*
Las comunidades indígenas y el Estado colombiano
El pasado viernes el gobierno llegó a un acuerdo preliminar con los indígenas en el Cauca para levantar el bloqueo a la vía Panamericana, que llevaba ya 25 días. Las protestas, en las que participaron más de veinte mil indígenas, tienen su raíz en los incumplimientos históricos del gobierno colombiano hacia esta población.
En el país hay entre quinientos y seiscientos mil indígenas distribuidos en ochenta y un etnias con sesenta y cuatro lenguas diferentes, según el DANE. El grupo mayoritario es el pueblo Páez o Nasa, con alrededor de cien mil miembros. Asentados sobre todo en el departamento del Cauca, los Nasa se unieron con los Yanaconas y los Guambianos en 1971 para formar el CRIC (Concejo Regional Indígena del Cauca), probablemente la organización indígena más importante del país.
A lo largo de la historia, los conflictos entre indígenas y gobierno se han dado alrededor del territorio. En el viejo régimen colonial de tierras existían los denominados “resguardos de indios”, una figura que definía territorios comunales para esa población, pero carecía de un reconocimiento legal de su propiedad. En ese entonces los territorios destinados a ellos eran alrededor de 400 mil hectáreas para 150 mil personas.
Desde la constitución del Estado colombiano es posible identificar tres periodos en su relación de las comunidades indígenas:
- Uno breve, producto de la guerra de independencia, en el cual se reconocieron formalmente algunos derechos como la vida en comunidad;
- La época entre mediados del siglo XIX y XX, que se caracterizó por una agresiva política desde el gobierno central contra las tierras comunales indígenas; y
- A partir de la ley 135 de 1961 (ley de reforma agraria), cuando se inicia el reconocimiento legal de tierras a grupos indígenas.
Bajo la nueva figura de resguardos indígenas se crearon 158 unidades territoriales sobre un área de doce millones de kilómetros, que fueron reconocidos bajo títulos de propiedad colectiva a las comunidades. Gran parte de ellos se encuentran en la amazonia y provienen del régimen de baldíos de la nación.
En el caso particular del Cauca, la concentración de tierra por parte de empresas y particulares impidió el éxito de esa estrategia. Así, el régimen de dotación de tierras sólo fue efectivo en regiones periféricas y con baja densidad de población indígena.
A partir de 1980 empieza a consolidarse el reconocimiento estatal de los derechos especiales de los pueblos indígenas, sobre todo en materia de dotación de tierras, educación y programas de atención en salud. La Constitución de 1991 también fue fundamental, pues reconoció y aceptó la existencia de la diversidad cultural dentro del Estado colombiano y se reconocieron oficialmente los territorios indígenas, si bien de una forma aún demasiado general.
No obstante, hay dos grandes problemas que se han prolongado hasta el día de hoy:
- La capacidad de decisión de los indígenas sobre sus territorios es limitada y no se han dado soluciones para el problema de la colonización de campesinos sin tierra.
- Las dinámicas del conflicto han pauperizado las condiciones de vida de la población indígena.
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Derecho a la tierra: una deuda histórica
Foto: Facebook: CRIC |
Como dije antes, la disputa entre gobierno e indígenas tiene como centro el problema de las tierras. La mayoría de los territorios reconocidos a los pueblos indígenas se encuentran fuera de la frontera agrícola y son estratégicos para el cuidado y la preservación del medio ambiente Se trata de suelos poco productivos y con escasa infraestructura.
Las protestas, tienen su raíz en los incumplimientos históricos del gobierno colombiano hacia esta población.
Además, se trata de zonas que suelen estar bajo el poder de grupos al margen de la ley. El cultivo de coca y la facilidad para su tráfico ponen en una situación de vulnerabilidad a las comunidades indígenas, principalmente en el sur del país. A lo anterior se suma que estos territorios no se encuentran titulados ni cuentan con muchos recursos legales para su protección. Por tal razón, el despojo de tierras se ha vuelto una práctica común entre empresarios y grupos armados.
Mientras tanto, las mejores tierras del país están en manos de grandes terratenientes o de emporios empresariales, sobre todo en la región Andina y en el Pacífico, y probablemente están siendo subutilizadas. De los 114 millones de hectáreas que componen el territorio nacional, 26 millones tienen posibilidades para la producción agrícola, pecuaria y forestal. Pero sólo 6,3 millones de hectáreas tienen actualmente vocación productiva. Y de los suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se usa el 35 por ciento.
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Por el gobierno autónomo y la consulta previa
Otra exigencia del movimiento indígena es que se les permita ejercer de forma plena su autoridad y gobierno propio. Es decir, que no haya una jerarquía entre el gobierno municipal y el jefe del resguardo. La constitución de 1991 abrió esta posibilidad al señalar, en su artículo 286, que las entidades territoriales se encuentran divididas en departamentos, municipios, distritos especiales y territorios indígenas.
Esto no quiere decir que el Estado ceda parte de su soberanía. Al contrario, debería concebirse como una forma de propiciar la descentralización que buscaba la Constitución del 91. Ese sería un escenario para la mejor gestión de los asuntos e intereses de estas comunidades y para transitar hacia la paz.
Otro punto tiene que ver con el derecho a la consulta previa. Durante este gobierno, al igual que en los anteriores, la explotación de recursos minero-energéticos va a tener un papel relevante dentro de las finanzas públicas, pues el Estado cuenta con esos recursos para subsanar su déficit fiscal.
El problema es que muchos de los proyectos extractivos se encuentran en zonas importantes para las comunidades indígenas, ya sea por su significado religioso o por su valor ambiental. Por esa razón, aunque la propiedad del subsuelo corresponde al Estado, la Corte Constitucional (Sentencia SU123/18) estableció que en esos casos debe primar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa.
Ello no significa cerrar la puerta al desarrollo económico del país. Se trata más bien de ampliar la participación de las comunidades directamente afectadas, evitando que desde Bogotá se tomen decisiones sin tener en cuenta las particularidades de los territorios.
La consulta previa no impide que se lleven a cabo los proyectos. En el 2013, por ejemplo, de 2119 obras o proyectos que fueron certificados por la Dirección de Consulta Previa, 278 registraron presencia de comunidades étnicas, con las cuales se llegó a 580 acuerdos. De esos, 56 proyectos y 22 por ciento de los acuerdos corresponden al sector minero.
Sin embargo, hay que tener cuidado con la larga tradición de algunas multinacionales de legitimar sus proyectos forzadamente, llegando a acuerdos con individuos que no representan a la comunidad y burlando así su derecho.
El ejercicio de la consulta previa es necesario sobre todo si tenemos en cuenta que Colombia tiene uno de los índices más altos del mundo en número de conflictos socio ambientales. Para el año 2015 ocupó el primer lugar en Latinoamérica y actualmente se encuentra en el tercer puesto.
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Foto: Ministerio del Interior |
Acuerdos incumplidos en el Plan Nacional de Desarrollo
Un punto de conflicto concreto entre los indígenas y el gobierno actual tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. El documento desestima los reclamos que los pueblos originarios han hecho durante décadas, pues en materia de atención a la población indígena se limita a las transferencias de dinero, alimentado el imaginario colectivo de que “los indígenas solo piden plata”.
La mayoría de los territorios reconocidos a los pueblos indígenas se encuentran fuera de la frontera agrícola suelos poco productivos y con escasa infraestructura.
Al contrario, se trata de abrir a la discusión sobre las formas de gestión del territorio, establecer las necesidades prioritarias de la población y elaborar de manera conjunta planes de acción e intervención para mejorar la calidad de vida de estas personas sin reñir con sus cosmovisiones y cultura.
A propósito, en enero se llevó a cabo un espacio de concertación con un nutrido número de grupos indígenas, con el fin de conocer sus demandas e integrarlos al capítulo indígena del PND. El resultado fueron 281 acuerdos agrupados en seis ejes, según la ONIC. No obstante, los líderes han denunciado la ausencia de algunos de ellos en el documento base y el articulado del DNP.
Conflicto armado, objeciones a la JEP y líderes asesinados
Las objeciones de Duque a la JEP, columna vertebral y piedra angular del acuerdo de paz con las FARC, crean incertidumbre entre los habitantes que más han sufrido el flagelo del conflicto armado.
Más allá del debate jurídico alrededor de dichas objeciones, lo cierto es que las comunidades indígenas en el Cauca han visto una relativa mejora en sus condiciones de seguridad luego de la dejación de armas. Sin embargo, la presencia de diferentes grupos que aún operan en la zona genera preocupación.
De un lado está el ELN, con quien no hay voluntad de negociación, por lo menos en el corto plazo. También se encuentran en la zona equipos de las Fuerzas Militares, la mayoría de los cuales tienen una tradición antisubversiva que propicia escenarios de vulneración de los derechos de las comunidades, ocasionando riñas entre las instituciones nacionales y el orden indígena tradicional.
Otro punto preocupante son los asesinatos a líderes sociales, el 30 por ciento de los cuales han sucedido en el Cauca. Ello hace necesario tomar acciones para garantizar la vida en comunidad no solo de los pueblos indígenas sino de todos los habitantes de la región.
Foto: Presidencia de la República de Colombia. |
En síntesis, la minga no debe interpretarse como un desafío a las instituciones ni a un presidente en particular. Al contrario, es la oportunidad para exigir el cumplimento de prerrogativas que se han discutido por años, de saldar las deudas históricas del Estado colombiano hacia los pueblos indígenas y de plantear debates que amplíen los escenarios de participación con el fin de mejorar la vida de los habitantes del sur del país.
* Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.
