La Misión Electoral Especial: una oportunidad para repensarse la participación - Razón Pública
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La Misión Electoral Especial: una oportunidad para repensarse la participación

Escrito por Carolina Camelo

Votaciones, parte fundamental de lo electoral

Carolina CameloEsta semana se conoció el borrador de la propuesta de reforma electoral derivada del Acuerdo de La Habana. Por eso importa examinar el contexto, la situación actual, el alcance y las limitaciones de este tipo de reformas.    

Carolina Camelo*

Hablar de lo electoral

Una de las mejores maneras de entender la historia de la administración pública de Colombia es estudiando la organización y el funcionamiento del sistema electoral. En este campo se encuentran varias características recurrentes, por ejemplo:

  • El desprecio por lo público y la apropiación privada de la tierra a cambio de legitimidad política, como ocurrió a comienzos de la Colonia española;
  • El clientelismo como método para captar votos.
  • La apatía, la idealización e incluso la ignorancia sobre el tema por parte de los sectores progresistas, lo cual acaba por marginarlos o excluirlos del poder;
  • El pragmatismo y el descaro de la clase política, cuya maquinaria se adapta a todos los cambios o supuestos intentos de reforma y sigue ganando las elecciones.

Uno de los logros del proceso de paz que se viene adelantando con las FARC – EP fue poner lo electoral en el centro de la agenda nacional, volver a dialogar sobre la participación ciudadana en la política y sobre las instituciones que regulan y encauzan esa participación. Para estos efectos el Acuerdo de La Habana decidió erigir a la Misión Electoral Especial, compuesta por siete miembros elegidos por instituciones con amplia trayectoria académica sobre el particular.  

Crisis y reforma

Consejo de Estado colombiano.
Consejo de Estado colombiano.  
Foto: Consejo de Estado

Las reformas electorales suelen responder a crisis de legitimidad política: en 1991, con el narcotráfico y la Asamblea Constituyente; en el 2003, con Uribe en su disputa de poder con “la oligarquía”; entre 2005 y 2009, con el furor de la parapolítica; en 2015, con la reestructuración del equilibrio de poderes que había sido roto por la reelección.

Esto explica el momento histórico que atravesamos y la oportunidad o desdicha que nos espera. Las reformas políticas se traducen en cambios en la estructura formal de las instituciones y tienen repercusiones directas sobre la realidad electoral en todos los rincones del país.   

En consonancia con el Acuerdo de La Habana, las reformas cuyo primer borrador presentó la Misión Electoral  esta semana buscarían la apertura política y el respeto a la diferencia,  reafirmando o reviviendo las directrices de la Constitución de 1991.

  • Con todo y eso, el mar de complejidades que envuelve lo electoral en Colombia (comportamientos, costumbres, identidades, instituciones, información) hace que las propuestas sobre umbrales de votación, personerías jurídicas o financiación de las campañas resulten insuficientes. Tal vez más importante habría sido y es examinar temas como la organización interna de los partidos (con miras a fortalecerlos como vehículos de participación social); la apertura formal del sistema electoral a los movimientos y organizaciones sociales; los controles y ejercicios de veeduría ciudadana; y la educación política. 

El entramado institucional

Este es uno de los puntos más álgidos del debate que concierne a la conformación de un poder electoral. Para evaluar las propuestas debo iniciar recapitulando las instituciones que se encuentran hoy relacionadas con lo electoral:

  • La Registraduría Nacional del Estado Civil, que está a cargo de la identificación y el registro civil, además del desarrollo de los procesos electorales (desde la fase de registro hasta el conteo de los votos);
  • El Consejo Nacional Electoral, encargado de la regulación de los partidos, y ser el órgano máximo de vigilancia de la organización electoral (competencias administrativas de resolución de recursos);
  • El Consejo de Estado en su Sección Quinta, encargado de las nulidades en algunos procesos electorales;
  • La Procuraduría, que se encarga del tema disciplinario, y
  • La Fiscalía General, que está a cargo del procesamiento de los delitos contra los mecanismos de participación ciudadana y contra la administración pública.

La primera y evidente conclusión que resulta de esta lista es la dispersión o fragmentación de tareas entre cinco entidades muy distintas. Conociendo la experiencia colombiana en materia de coordinación institucional y administrativa es muy fácil hacerse una idea de cómo funciona el “sistema” electoral y de porqué los “choques de trenes” resultan tan frecuentes.

Por eso urge concentrar los temas electorales en un solo organismo – sin menoscabo del principio de pesos y contrapesos y con la debida desconcentración territorial -, pues la dispersión es hoy por hoy una fuente de deslegitimación de lo electoral y con ello del Estado mismo. A esto apuntaría la propuesta inicial de la Misión en el sentido de crear un Consejo que se ocupe de lo administrativo y una Corte exclusiva para lo judicial.  

En este punto – y al contrario de lo que hace poco aseveró el Consejo de Estado– hay que aclarar que la idea de una Corte Electoral no contraría la Constitución del 91 sino que ayudaría a cumplir objetivos pendientes de la misma, como lo es la descentralización. Existen casos de nulidades en elecciones locales que acaban siendo revisadas por el Consejo de Estado porque no existe un órgano local que resuelva estos casos.

También hay que desmentir la desacreditación que se ha hecho respecto a los tribunales electorales en América Latina. Hoy existen tribunales especializados en 18 de los 23 países de la región, que concentran la mayoría de las funciones electorales: competencias administrativas (órgano judicial de cierre), nulidades, regulación de los partidos políticos y manejo logístico de las elecciones. Algunos de ellos incluso tienen competencias penales y legislativas, como ocurre en Panamá y El Salvador.

Además, como se sabe, la elección de los magistrados de las altas Cortes en Colombia no es producto de la meritocracia sino de alianzas políticas y redes de contactos. Por eso es necesario asegurar la elección de personas más competentes y sin tantas deudas personales con sus patrocinadores. Para esto podrían adoptarse metodologías como el concurso de méritos o inclusive la cooptación, donde la Rama Judicial sea quien escoge a los integrantes de la Corte Electoral. 

Los retos

Jornadas electorales.
Jornadas electorales.  
Foto: Personería de Medellín

La Misión Electoral Especial tiene claro que la negociación política es la clave para llevar a cabo cualquier reforma, y por eso su primer borrador es el fruto de conversaciones con los partidos y organizaciones sociales de distintas orientaciones ideológicas.  

Entre las propuestas que han sido esbozadas hay que destacar el reconocimiento de las coincidencias y de los desencuentros entre distintos intereses políticos y el que se piense en construir una institución que lleve a cabo los procesos electorales de manera abierta y sin dar lugar a que se pongan en duda la idoneidad y el profesionalismo de sus empleados.

A esto se agregarían los contrapesos de juntas elegidas por concurso y con funciones y límites precisos, que no estén atravesadas por intereses partidarios. Esto ayudaría a darle un mejor manejo a las tardanzas que se dan al procesar los resultados y al resolver las controversias judiciales, así como a compensar el desequilibrio que suele darse entre movimientos políticos cuando se trata de mayorías.

Es imposible que la Misión Electoral Especial resuelva todos los problemas en este campo, teniendo en cuenta las muchas variables que carecen de dirección definida (por ejemplo los intereses económicos en las elecciones).  Pero su trabajo será sin duda un aporte muy valioso.

Con todo hay que decir que la Misión Electoral no se ha acercado lo bastante a ese país desconocido y regional porque parece haberse reducido a unas conversaciones algo centralistas.  A los expertos en lo electoral les hace falta más contacto con las personas que en las regiones de nuestro país se abstienen de votar o regalan su voto por el condicionamiento letárgico del sistema político o porque desconocen su capacidad de organizarse para cambiar ese sistema.

Por ejemplo, en una investigación que realizamos recientemente, haciendo un ejercicio comparativo de las reformas electorales propuestas en 1991 y en 2003, se encontró que la figura de los “Grupos Significativos de Ciudadanos” no reconocidos legalmente como partidos constituyó a menudo una búsqueda legitima de representación y participación política, impulsada por intereses de diversa índole, que podían ir desde los cacicazgos tradicionales hasta la defensa del salón comunal del barrio.

Esto cuestionó hipótesis bien sentadas y demostradas por expertos con base en las elecciones nacionales (como Pizarro), en donde se consideraba la eliminación de requisitos para convertirse en partido como una decisión desastrosa para la gobernabilidad del país y causa central de la multiplicación de las empresas electorales y la fragmentación de los partidos políticos. Que los Grupos Significativos hayan tenido un impacto igual o más considerable en lo local que los partidos, a pesar de no acceder a las mismas ventajas en materia de financiación y reconocimiento legal, nos hace caer en cuenta de las profundas diferencias y la falta de investigación que existe frente a las realidades locales.

Este es un elemento que La Misión Electoral debería considerar ahora que debe comenzar la “construcción de una paz estable y duradera”. 

 

* Abogada, politóloga y Magíster en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido investigadora en proyectos de derecho penal y penitenciario, además de derecho electoral y políticas públicas en el Ministerio de Justicia y del Derecho y en la Misión de Observación Electoral.

twitter1-1@eccamelos

 

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