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Colombia y los dilemas de la justicia transicional

Escrito por Bernardo Vela
Bernardo Vela

Bernardo Vela Entre ética y pragmatismo, Uribe no dudó. Pero ante la internacionalización de los derechos humanos y la globalización económica, la tensión entre cuidar de las víctimas, negociar con los armados y reducir la desigualdad que alimenta el conflicto se ha vuelto cada vez más intensa.

Bernando Vela Orbegozo *

Derechos de las víctimas, ahora prioritarios

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En el pasado, los procesos de paz en el contexto de un conflicto interno se iniciaban usualmente tras acuerdos que contenían concesiones y reconocimientos mutuos entre las partes, incluyendo amnistías e indultos para los alzados en armas. Estas amnistías o indultos eran un tema central de las negociaciones, un interés decisivo para los alzados en armas y una condición esencial para la culminación exitosa del proceso.

Sin embargo, en el contexto actual de internacionalización de los derechos humanos, un proceso de paz debe considerar un interés adicional y diferente de los intereses de las partes en conflicto. En efecto, los derechos de las víctimas [1] y, en general, los derechos de la sociedad afectada por el conflicto armado [2], deben ser garantizados para que tal proceso resulte legítimo.

Entre ética y el pragmatismo

Ahora bien, dadas las circunstancias de Colombia, puede afirmarse que las autoridades se encuentran en un dilema: por un lado deben garantizar los derechos de las víctimas, pero por otro lado garantizar esos derechos implicaría exigir que los alzados en armas respondan por sus acciones, lo cual naturalmente dificulta los acuerdos de paz.

Bernardo Vela casas La desigualdad y la exclusión están directamente relacionadas con los procesos que desencadenan inestabilidad política y conflictos armados internos. 
Foto: urnadecristal.gov.co

Es el viejo dilema entre acatar los principios éticos y las obligaciones jurídicas que garantizan los derechos de las víctimas y la construcción de una sociedad diferente, por un lado, y por el otro lado el pragmatismo para lograr un acuerdo que satisfaga a los alzados en armas.

Este dilema se ha vuelto más agudo con la internacionalización de los derechos humanos, porque para un país con conflicto interno como Colombia, significó mayores obligaciones internacionales del Estado. En efecto:

  • El Estado debe asegurar mecanismos que hagan efectivos los derechos de las víctimas y establezcan la responsabilidad de los agresores, sean agentes del propio Estado o particulares que actúan en nombre o en connivencia con las autoridades estatales [3].
  • Al mismo tiempo sin embargo disminuye considerablemente la capacidad del gobierno para negociar con los alzados en armas. Sus posibles ofertas están limitadas por el derecho internacional, pues ningún gobierno puede conceder amnistías o indultos a los alzados en armas que hayan participado en crímenes de lesa humanidad [4].

Ahora bien, para afrontar de manera creativa este dilema entre los deberes jurídicos y el pragmatismo político, se ha propuesto la idea de una justicia transicional que, como dice Rodrigo Uprimny, “(…) hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz” [5].

Pragmatismo uribista

El gobierno anterior, que paradójicamente negaba la existencia del conflicto interno, tomó el camino del pragmatismo, esto es, la propuesta de una política de desmovilización más que la de una política de paz. Por esa razón, la reinserción de los paramilitares prevalecía sobre la búsqueda de una paz duradera y la protección de las víctimas de la guerra.

La denominada Ley de Justicia y Paz [6] puso en evidencia ese pragmatismo. Esta afirmación conduce, a su vez, a una pregunta: ¿tiene la Ley de Justicia y Paz — que no es el producto final de un acuerdo entre las partes en conflicto sino un instrumento de alternatividad penal para ser ejecutado en medio del conflicto — la virtud política de propiciar la paz?

La Procuraduría General señaló que la Ley 975 de 2005: “(…) no es una ley de verdad ni tampoco es una ley de reparación (…) Su expedición obedece a la necesidad de establecer reglas al proceso de negociación desarrollado por el gobierno con grupos paramilitares, una de las estructuras armadas ilegales que existen en el país. Efectivamente, debido a que gran parte de sus integrantes eran responsables de la comisión de crímenes no amnistiables e indultables, se requería crear un marco jurídico que, en aras de avanzar en la construcción de la paz, les otorgaba beneficios a dichos grupos que se habían comprometido a i) Abandonar todas sus actividades ilícitas, dentro de ellas las vinculadas al narcotráfico, y ii) Desmovilizarse y entregar las armas” [7].

El impacto de la globalización

La cuestión central sigue vigente: ¿tiene el actual gobierno una verdadera voluntad de paz y reconciliación? Si eso fuera cierto, ¿están las autoridades estatales y los alzados en armas considerando los derechos de las víctimas para legitimar un proceso de negociación?, ¿tiene la sociedad colombiana una actitud positiva frente a ese eventual proceso?

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sostenido que “en el camino hacia la paz es central la atención a las víctimas, y para garantizar la pertinencia y la eficacia de la atención del Estado es necesaria la participación activa de las víctimas como sujetos sociales a quienes se les han vulnerado sus derechos” [8].

Ahora bien, a este dilema surgido del proceso de internacionalización de los derechos humanos es necesario agregar una consideración adicional que torna aún más complejo el análisis de la situación y la toma de decisiones.

Bernardo Vela Uribe Alvaro Uribe y su gobierno negociaron un acuerdo con los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. 
Foto: Presidencia.

Se trata de la internacionalización económica, y específicamente del impacto que sobre países como Colombia tiene el modelo de desarrollo prevaleciente en el mundo, fundado en criterios neoliberales, y que ha implicado aperturas y desregulaciones con costos políticos y sociales muy altos. En este sentido, se puede afirmar que el modelo económico prevaleciente en el mundo ha generado una desigual distribución de los costos y beneficios del proceso de internacionalización de la economía de mercado y, en este contexto, cada vez se hace más grande el contraste entre el derecho y los hechos, esto es, el contraste entre las ideas y disposiciones sobre humanización del desarrollo promovidas por las Naciones Unidas y, por otro lado, la práctica generalizada basada en las ideas de la ortodoxia económica del liberalismo [9].

En efecto, la globalización económica hace más crítico el dilema que se ha planteado porque la pobreza y, sobre todo, la desigualdad y la exclusión sociales que favorecen el nuevo modelo de desarrollo, están directamente relacionadas con los procesos que desencadenan inestabilidad política y conflictos armados internos [10].

El desarrollo, el mejor antídoto

Estas razones han permitido a Ian Bannon afirmar que “(…) si hay algo que hayamos aprendido al estudiar conflictos y sobre lo cual hay consenso, es que el mejor antídoto para el conflicto y la violencia es el desarrollo” [11]. En otras palabras, no se puede construir un proceso de transición legítimo sin propiciar un modelo de desarrollo equitativo e incluyente [12].

Estas razones conducen a plantear la misma pregunta del principio con un mayor grado de complejidad: ¿cómo lograr un equilibrio deseable entre paz y justicia, esto es, un acuerdo entre las autoridades estatales y los alzados en armas que garantice la paz, pero que no signifique el desconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado y, además, cómo propiciar las condiciones de desarrollo adecuadas para acabar con las desigualdades y las exclusiones que propiciaron el conflicto y que siguen alimentándolo?

En otras palabras, ¿está claro para el gobierno actual, para los alzados en armas y, en general, para la sociedad toda, que el camino de la paz, como decía Gandhi, está asociado con la justicia en sentido político, en sentido social y en sentido económico?

*Abogado especializado en Gerencia de Asuntos Públicos del Externado de Colombia y de Columbia University, D.E.A. en Derecho, Economía y Sociedad en la Unión Europea y doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Salamanca, profesor e investigador del Externado de Colombia. 

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