Las amenazas de hoy son distintas de las que el gobierno y las FARC tienen en mente. Análisis perceptivo de los avances en los preacuerdos y de los serios problemas que aún quedarían pendientes.
Juana M. Hofman Quintero* – Andrés Pérez-Carvajal**
Tema crucial pero poco debatido
Pese a la intensa cobertura que los medios le han dado al proceso de La Habana, han sido pocos los espacios para analizar la incidencia de las negociaciones sobre un asunto tan importante como las amenazas que pesan sobre la democracia en los entornos regionales y locales.
El problema no debe pasar desapercibido, pues la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia local son fundamentales para la sostenibilidad del proceso de paz. No hay dudas sobre el impacto del conflicto armado sobre las prácticas políticas en muchos municipios y regiones, de modo que la apertura de espacios democráticos para los sectores tradicionalmente excluidos es una condición básica para que puedan funcionar los acuerdos.
Sin olvidar que aún falta discutir algunos de los puntos más sensibles –comenzando por la participación política de los ex guerrilleros- los acuerdos preliminares nos permiten apreciar la perspectiva desde la cual los dos equipos negociadores se aproximan al problema de la democracia y la participación local durante el posconflicto.
Acá resultan relevantes las observaciones de entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) ya que ofrecen elementos para que en las negociaciones entre el gobierno y las FARC se analicen los problemas que hoy afectan el funcionamiento de los sistemas políticos locales.
¿Existe o no correspondencia entre los problemas de la democracia local y las fórmulas que se han propuesto en La Habana?
 Votantes durante la jornada electoral de las elecciones presidenciales para el periodo 2014-2018. Foto: Globovisión |
Las amenazas
En sus informes de 2011 y 2014, la MOE llama la atención sobre dos fenómenos relevantes para nuestro análisis:
1. La entidad advierte que desde 2011 los mapas de riesgo electoral registran una reducción sostenida en el número de municipios amenazados por los grupos armados ilegales (guerrillas y paramilitares), mientras que los ataques ejecutados por otros agentes contra candidatos, activistas, políticos y personal administrativo ha crecido de forma sustancial.
Esta tendencia obedecería, por un lado, a las dificultades para detectar la presencia de los actores armados tradicionales y, por el otro, a la atomización o “particularización” de los fenómenos de intimidación y criminalidad que afectan los procesos de participación política local.
Se vuelve más necesario oír la voz de las comunidades para entender sus problemas actuales.
Según concluye la MOE, los actores armados vienen perdiendo protagonismo mientras crece la importancia de otras amenazas igualmente peligrosas pero mucho más difíciles de identificar y de atacar, puesto que responden a las particularidades de cada región y cada espacio democrático.
2. Los riesgos de fraude electoral han aumentado de manera significativa. Fenómenos como la manipulación de tarjetones no marcados y de los declarados como nulos se han vuelto bastante más comunes, hasta llegar a ser hoy la principal amenaza contra la democracia local en Colombia.
El panorama que describe la MOE pone en tela de juicio el optimismo de quienes piensan que la sola desmovilización de las guerrillas revivirá la democracia local. La atomización de la violencia y la manipulación electoral han de ser preocupaciones igualmente importantes para los negociadores de La Habana.
Avances
Veamos pues cuáles son las reformas que se han propuesto en La Habana y de qué modo encararían las amenazas detectadas por la MOE.
Los acuerdos preliminares entre el gobierno y las FARC parecen indicar que se avanza en la dirección correcta, pues ellos buscan profundizar la participación local directa y mejorar las condiciones para la actividad política de las organizaciones populares.
-Para empezar con el primer punto de la agenda de la Habana – “desarrollo agrario integral”- se estableció la participación de las comunidades en la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos.
-En relación con el punto cuarto –“solución al problema de las drogas ilícitas”- el preacuerdo prevé que los ciudadanos podrán adelantar iniciativas en la sustitución de cultivos ilegales y ejecutar proyectos de producción alternativos.
-Y por supuesto en materia de “participación política” (punto dos de la agenda de la Habana) es evidente la voluntad de los negociadores para mejorar las condiciones del ejercicio democrático. Los preacuerdos aluden, entre otros asuntos, a
· Nuevos escenarios para la divulgación de plataformas políticas,
· Intervención de las nuevas organizaciones en la planeación municipal y en las veedurías ciudadanas,
· Participación en el diseño del estatuto de oposición, y
· Mejores condiciones de seguridad para los líderes comunitarios en el ejercicio de su actividad política.
· No menos importante, los pre-acuerdos incluyen la posibilidad de que estas organizaciones proyecten al ámbito nacional los intereses de las comunidades afectadas, mediante las “circunscripciones electorales especiales de paz”.
 Jornada de atención a reclamantes de tierras en Cali. Foto: Unidad de Restitución de Tierras |
Faltantes
Y sin embargo los avances son tímidos frente a la magnitud del desafío.
La necesidad imperiosa de prevenir el fraude electoral se desdibuja ante la idea de reformar el sistema electoral como un todo. Aquí se corre el riesgo de transitar caminos ya recorridos por nuestro sistema político-electoral, caracterizado por el reformismo constitucional exacerbado y sin que las reformas tengan impacto en el plano local.
El problema de la atomización de la violencia tampoco es claro en las posturas de los negociadores. Ambos equipos parecen suponer que las grandes organizaciones armadas ilegales son la amenaza principal, y por lo mismo desconocen la incidencia de otras fuerzas que obstaculizan la democracia a nivel municipal.
De lo anterior se desprende la importancia de la localización territorial de los acuerdos, pues hoy las amenazas son distintas de las que tradicionalmente solían asociarse con el conflicto armado. Los acuerdos deben concentrarse en construir una cultura del control político local.
Escenarios posibles
Al tiempo que la mesa de negociaciones se apresta a abordar el último punto de la agenda (“implementación, verificación y refrendación de los acuerdos”), se vuelve más necesario oír la voz de las comunidades para entender sus problemas actuales.
No menos importante es comprender que el posconflicto requerirá de fórmulas creativas, no apenas de volver a ensayar los caminos trillados que no han sido exitosos.
Por lo menos en el plano del discurso, el gobierno ha dado una señal alentadora, pues en su controvertido Plan de Desarrollo (donde se da por sentado el acuerdo de La Habana) insistió en la necesidad de reconocer las diferencias y necesidades particulares de cada territorio durante el posconflicto.
Estas palabras sin embargo están lejos aún de convertirse en estrategias realmente innovadoras, que logren consolidar el sistema democrático en el territorio nacional.
*Abogada de la Universidad del Rosario, coordinadora del Observatorio de la Opinión y de la Información de Interés Público – OPIP, del Centro de Estudios Políticos e Internacionales. juana.hofman@urosario.edu.co
**Politólogo de la Universidad del Rosario, en doble titulación con la Escuela de Ciencias Humanas en el programa de Historia, investigador del Observatorio de la Opinión y de la Información de Interés Público – OPIP, del Centro de Estudios Políticos e Internacionales.perez.andres@urosario.edu.co
