Cuatro explicaciones insuficientes y una exigencia al gobierno: reconocer que las BACRIM son un actor armado del conflicto colombiano, producto de la desmovilización deficiente de los paramilitares.
María Victoria Uribe*
La extorsión está carcomiendo a los finqueros y reforzaron una de las hipótesis que podría explicar la masacre: que el dueño de la finca se habría negado a pagar a Los Rastrojos.
Foto: traslacoladelarata.com
Por no pagar la vacuna
El jueves 15 de noviembre de 2012, La Silla Vacía publicó una fotografía que bien pudiera ser la de un matadero municipal con el piso lleno de charcos de sangre. Durante la semana se nos informó por diferentes medios que diez campesinos — nueve hombres y una mujer, cuyos nombres nunca fueron publicados, ni se hizo la menor referencia a sus circunstancias personales — fueron acribillados por tres hombres que irrumpieron en el patio de una finca donde se cultiva tomate de árbol, armados con fusiles y portando granadas, una de las cuales segó la vida de los campesinos. La finca está ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, a hora y media de Medellín.
Desde entonces, los trabajadores de las tomateras deambulan temerosos por el pueblo: mientras no haya garantías, no volverán a sus labores. Campesinos entrevistados dijeron a las autoridades que la extorsión está carcomiendo a los finqueros y reforzaron una de las hipótesis que podría explicar la masacre: que el dueño de la finca se habría negado a pagar una extorsión, impuesta al parecer por la banda criminal de Los Rastrojos, asentados en Santa Rosa de Osos desde enero de este año. De ser cierto, el incumplimiento en el pago de la extorsión tuvo un costo muy alto: diez vidas.
La explicación parece suficiente para que el país se sacuda su amodorramiento rutinario. Pero al fin y al cabo ¿a quién, a excepción de sus padres, hijos y hermanos, le importan esos diez campesinos?
Resulta necesario repasar las diferentes interpretaciones con el fin de constatar, una vez más, la banalidad del mal.
Cuatro interpretaciones incompletas
Como todo hecho de sangre en Colombia, han circulado diversas interpretaciones acerca de las causas de esta nueva masacre, cuyo contenido difiere notoriamente, según quién las formule.
- Se conocen algunas versiones sobre lo que ocurrió antes de la matanza: que tres hombres vestidos de negro, con armas largas, llegaron a la residencia del administrador de la finca, reunieron a 11 trabajadores en el corredor de la casa y les preguntaron si el patrón había pagado la vacuna. Al parecer, uno de los campesinos respondió que su patrón, dueño de 30 fincas, no había pagado el dinero. Ante esto los hombres lanzaron la granada y desenfundaron las armas asesinando a diez campesinos.
- Por otro lado, Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, dijo que la matanza estaría relacionada con el enfrentamiento entre bandas criminales y la captura, hace una semana, de alias Jorge 18, cabecilla de Los Rastrojos. También el secretario añadió que en la vereda Caruquia de Santa Rosa de Osos fueron capturados otros dos integrantes de la misma organización criminal, alias “Papas” y alias “Hambre”. Si no estuviéramos refiriéndonos al asesinato aleve de diez personas indefensas, podríamos pensar que se trata de una parodia o de una comedia de equivocaciones.
- De acuerdo con la Policía de Antioquia, la zona de la matanza está ubicada en un corredor que conecta los municipios de Belmira, Don Matías, San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, este último con conexión a Urabá y con el Valle de Aburrá. Además la zona, según la Policía, hace parte de una rica región de explotación lechera, agrícola y minera.
¿Qué tipo de explicación es ésta, que echa mano del manido argumento del corredor que conecta o que permite escapar y que aduce que la masacre se debió a la riqueza agrícola y minera de la región? Al parecer todos los espacios del terror en Colombia son corredores de entrada y salida de drogas y armas, un argumento que para el caso de este próspero municipio lechero resulta muy poco convincente.
- Otra hipótesis que se ha ventilado: al parecer los Renacentistas — nombre de guerra de los perpetradores — venían extorsionando a la comunidad y a los dueños de algunas fincas y confundieron a los campesinos muertos con un grupo de autodefensa que se estaría armando para oponerse a las extorsiones, según ellos. Como puede verse, ante estos dramas siempre surgen múltiples interpretaciones que se construyen a partir de lugares comunes poco cuestionados y a punta de eufemismos que pretenden explicar los hechos, pero que solo los ocultan.
Sí son actores armados
Los perpetradores de esta nueva masacre se caracterizan como miembros de una banda criminal (BACRIM), un eufemismo de nuevo cuño que hace parte de una fenomenología que nombra sin nombrar. Algo similar a lo que ocurre con palabras como “violencia” o “terrorismo”, que tienen la propiedad de sustraer cualquier tipo de agencia política a los perpetradores de atrocidades.
Desde la masacre, los trabajadores de las tomateras deambulan temerosos por el pueblo: mientras no haya garantías, no volverán a sus labores.
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La expresión BACRIM esconde la naturaleza de unas organizaciones armadas en crecimiento, su estructura y su modus operandi, desconociendo que sus acciones violentas lesionan gravemente derechos fundamentales de los ciudadanos.
Con estas palabras, directas y concisas, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, puso de nuevo sobre la mesa un viejo debate: “las BACRIM son mucho más que simple delincuencia”. En un documento enviado al ministro de Defensa y rotulado como “urgente”, el Defensor del Pueblo fue aún más directo al sostener que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, las BACRIM deben ser caracterizadas como un actor armado.
Con este argumento, Otálora pasó a engrosar la lista de voces que vienen insistiendo en que el gobierno nacional deje de considerar a las BACRIM como bandas al servicio del narcotráfico, es decir como delincuentes comunes, categoría que utilizan las Fuerzas Armadas para referirse a Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas y las Águilas Negras.
Basado en informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas elaborados a lo largo del año, el Defensor del Pueblo señaló que tener poder sobre los cultivos ilícitos o las rutas del narcotráfico no es el único interés de estas organizaciones. Al contrario, cada vez resulta más evidente que también les interesa el control de la población y castigar a las personas de quienes sospechan que colaboran con sus enemigos.
Tal como lo han hecho sistemáticamente en Colombia tanto los paramilitares como la guerrilla, esas bandas criminales provocan desplazamientos forzados de campesinos y ejecutan asesinatos colectivos y selectivos.
Según estimativos de la Defensoría del Pueblo, Los Rastrojos y Los Urabeños se han ensañado con los habitantes del Nordeste antioqueño y son responsables del éxodo forzado de cerca de 365 personas en Segovia y Remedios, dos de los municipios mineros, en lo que va corrido del año. El mismo informe dice que otras 268 personas han sido asesinadas en esos mismos municipios.
El supuesto autor intelectual de la masacre de Santa Rosa de Osos sería alias Jorge 18 quien hace parte de un grupo que se hace llamar Renacer del Nordeste o Ejército Renacentista, una supuesta disidencia de Los Rastrojos.
Mirando hacia otro lado
Organizaciones como Human Rights Watch llevan buen tiempo llamando la atención sobre este asunto. Desde 2010, esta ONG internacional ha señalado que las BACRIM no son más que herederas de los paramilitares, un resultado “predecible de una desmovilización deficiente”. Según el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, “operan en las mismas regiones y tienen vínculos con el narcotráfico”.
El Secretario de Gobierno de Antioquia,
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Juan Carlos Jiménez, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que los paros armados o la aparición de una nueva BACRIM en El Catatumbo “son sólo algunos ejemplos recientes que demuestran la dimensión que está tomando el nuevo fenómeno paramilitar”.
Como su antecesor Álvaro Uribe, el presidente Santos se ha inclinado por caracterizar a las BACRIM como bandas delincuenciales. Sin embargo, a finales de agosto de este año, se radicó en el Congreso una nueva iniciativa legislativa que pretende subsanar uno de los problemas señalados por el Defensor del Pueblo al ministro de Defensa: que las Fuerzas Militares no combaten a las BACRIM porque consideran que no son actores del conflicto armado, por lo cual delegan esta misión en la Policía.
Ante la masacre de Santa Rosa de Osos, con sus secuelas de terror, el gobierno debe decidirse de una vez por todas a combatir a esta nueva generación de paramilitares, que siembran el terror y la incertidumbre en zonas que ya no resisten más violencia e impunidad, y terminar con la vergonzosa actitud de las autoridades: mirar hacia otro lado cuando se trata del asesinato de campesinos y de gente pobre.
* Antropóloga, profesora de la Universidad del Rosario.
